"Sorprende, por una parte, la facilidad con la que, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, la jerarquía eclesiástica establece la relación directa entre pecado y delito exigiendo las consiguientes sanciones penales para las mujeres y sus colaboradores, y, por otra, la dificultad a la hora de hacer lo mismo con los abusos sexuales cometidos por personas consagradas a Dios..."
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