La "prioridad nacional" es otro ejemplo de que la derecha, ante la duda, prioriza el país que imagina frente al país real — y al hacerlo ignora la precariedad de los propios españoles. El resultado es una legislación censitaria y de clase que premia un tipo de trabajador ideal cada vez más minoritario.
La pereza del titular fácil
Cada vez que la derecha radical propone una medida como la "prioridad nacional", la izquierda mainstream responde con la misma pereza mental: va a lo formulario, busca el titular fácil, saca la comparación con el nazismo y el fascismo, y ahí se detiene. Es una respuesta cómoda porque no exige trabajo. No exige leer el articulado, no exige entender el baremo, no exige preguntarse qué criterios concretos va a aplicar la administración para decidir quién cobra una ayuda y quién no. Basta con la etiqueta y el titular, y la indignación ya está servida. Esa conducta no busca generar un debate real sobre lo que la medida hace: busca alimentar la polarización, porque la polarización moviliza ya los votos con mucho menos esfuerzo que lo que un análisis concienzudo supone.
El problema es que nadie analiza lo que la medida hace de verdad. Y es precisamente ahí, en el terreno de la practicidad —los meses de empadronamiento, los requisitos de arraigo, el articulado que se va a aplicar en Valencia mañana mismo—, donde aparece la sorpresa. La prioridad nacional no es solo una medida discriminatoria contra el extranjero. Es, sobre todo, otro ejemplo de un patrón que se repite en la derecha española: ante la duda, prioriza el país que tiene en la cabeza frente al país que existe.
Ese error de diagnóstico, cuando se traduce en un baremo administrativo real, empieza a explotarle entre las manos antes de lo que sus autores esperaban.
Cómo se aplica, en concreto
No hablamos de una hipótesis. Los presupuestos de la Comunitat Valenciana, aprobados el 22 de julio de 2026 con los votos de PP y Vox, incorporan la "prioridad nacional" como principio normativo, y lo hacen con un mecanismo tan simple como un número: el requisito de empadronamiento previo para acceder a determinadas ayudas, que ya subió de doce a quince meses en una reforma anterior, se abre ahora la puerta a llevarlo hasta tres años. No hace falta legislar sobre nacionalidad. Basta con mover un dial de meses.
El texto evita hablar de nacionalidad y habla de "arraigo real, duradero y verificable", de "vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa" con el territorio. La discusión jurídica está servida, pero es la discusión menos interesante de las dos que plantea esta norma.
El ciudadano que el legislador tiene en la cabeza
Un baremo de "arraigo real, duradero y verificable" presupone un tipo de vida muy concreto: alguien que nace, trabaja y envejece en el mismo municipio, con una trayectoria de cotización ininterrumpida, un domicilio estable durante años y una biografía laboral que se puede resumir en una línea limpia. Es el ciudadano-modelo de mediados del siglo pasado —el que entraba en una empresa a los veinte años y se jubilaba en la misma, el que compraba una casa donde había nacido y no volvía a mudarse. Ese ciudadano existió, en una época de empleo industrial estable y contratos indefinidos como norma. El baremo se ha escrito como si ese país siguiera ahí.
No sigue ahí. Y el legislador que redacta "arraigo verificable" no está describiendo la vida laboral española de 2026: está describiendo la que él cree que sigue existiendo, o la que le conviene políticamente seguir imaginando.
El país que existe
El país real es otro. Empieza, de hecho, por un colectivo que nadie tenía en mente al redactar el baremo: los militares. La prensa ya lo ha documentado con nombre propio: por la naturaleza misma de su carrera, cambian de destino y de municipio de empadronamiento con una frecuencia que ningún requisito de "arraigo continuado" contempla. Es la primera grieta visible, y sirve de aviso de lo que viene después. El país real es también el interino que cambia de centro de trabajo cada curso escolar. Es el sanitario que rota entre hospitales según cubra bajas o refuerzos estacionales. Es el temporero que sigue la cosecha de comunidad en comunidad. Es el joven que se muda tres veces en cinco años porque el alquiler sube más rápido que su sueldo. La temporalidad, la rotación de contratos y la movilidad forzada no son la excepción del mercado de trabajo español: son, cada vez más, su forma normal de funcionar.
Cuanto más se precariza ese mercado, más crece la proporción de españoles que no pueden acreditar la biografía limpia que el baremo exige. No es un efecto colateral raro del diseño de la norma. Es su trayectoria previsible: cada punto de deterioro laboral añade gente a la lista de quienes, siendo plenamente nacionales, no encajan en la imagen administrativa del "arraigo" que el poder ha decidido premiar.
Y ahí aparece la otra cara de la moneda, la que menos se discute pero es igual de decisiva: esta legislación se convierte en legislación de clase. La precariedad no cae al azar sobre la población; golpea con más fuerza a quien menos margen tiene para sostenerla —al trabajador peor pagado, al que no puede permitirse rechazar un contrato temporal, al que no elige mudarse sino que se ve obligado a hacerlo para sobrevivir. El baremo, sin proponérselo como objetivo explícito, excluye por abajo: castiga precisamente a quienes el propio modelo económico ya ha perjudicado más, y les añade encima el castigo administrativo de no encajar en el arraigo que exige el Estado.
La paradoja que se vuelve contra su propia base
Ahí está el fallo de origen de la prioridad nacional, y no es un fallo jurídico —ese ya lo dirimirán los tribunales—, sino un fallo de diagnóstico. Una política vendida como blindaje para "los de aquí" ha definido "aquí" de una forma que una proporción creciente de los propios "de aquí" no puede cumplir. No hace falta ser extranjero para caer del lado equivocado del baremo. Basta con tener la vida laboral que el propio modelo económico impone a cada vez más gente: la del contrato corto, el municipio que cambia, la biografía que no cabe en una casilla de "arraigo continuado".
El resultado es una ironía que sus autores no parecen haber previsto: cuanto peor le vaya al mercado de trabajo español, más votantes de la propia prioridad nacional acabarán excluidos por ella. El filtro que se diseñó para separar al nacional del extranjero empieza a separar, dentro de los propios nacionales, a quienes tienen una vida estable de quienes no la tienen. Y esa segunda frontera crece sola, sin que nadie tenga que legislarla, solo con que el mercado laboral siga por donde va.
Vistos juntos, el inmigrante recién llegado y el español de vida laboral inestable no son dos víctimas distintas de dos políticas distintas. Son la misma víctima con dos pasaportes. El baremo no traza, en el fondo, una frontera entre nacionales y extranjeros, sino una frontera de clase disfrazada de frontera nacional: separa a quien puede acreditar estabilidad de quien no puede, y la estabilidad, cada vez más, es también una cuestión de renta y de tipo de contrato.
Es una forma de legislación censitaria actualizada: no exige ya un patrimonio o una cuota tributaria para participar de la vida pública, exige un arraigo que solo puede permitirse quien tiene una vida laboral sólida. Su efecto es el mismo que el de cualquier censo restrictivo: expulsar de la protección del Estado a los desheredados, sean del país que sean.
Legislar para el país imaginado
No es que no conozcan el país real. Es que legislar para el país imaginado les resuelve un problema que legislar para el país real no les resolvería. El país imaginado —estable, arraigado, de biografía limpia— no exige explicar por qué la vivienda es inasequible, por qué los contratos son cada vez más cortos o por qué una carrera profesional ya no garantiza estabilidad. Solo exige señalar a quien acaba de llegar. El país real, en cambio, obligaría a hablar de especulación inmobiliaria, de reforma laboral, de financiación de los servicios públicos —problemas estructurales que no se resuelven con un requisito de empadronamiento.
Por eso el baremo no es un error de cálculo. Es una elección: es más rentable políticamente construir la política sobre el ciudadano que ya no existe que enfrentarse al que sí existe. La factura de esa elección, sin embargo, no la pagará solo el inmigrante al que iba dirigida. La pagará, cada vez más, el propio español precario al que decían proteger.
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