Del mismo modo que existen unos Presupuestos Generales del Estado con valor de Ley Orgánica deberían existir unas Proposiciones Generales de Proyecto de Estado con el mismo valor de ley.
Los programas electorales deberían tener valor de ley unas vez que el partido que gana las elecciones obtiene el gobierno.
Los programas deberían convertirse en Proposición General de Proyecto de Estado en base a la cual elaborar la correspondiente ley de presupuestos.

Los programas electorales deberían ser ley.

Pondrían en valor las campañas electorales evitando que se conviertan en una subasta de buenas palabras y malas intenciones.
Controlarían el valor político de quienes se presentan obligándoles a presentar un planteamiento ajustado, político y serio de su proyecto político.
Evitarían las tentaciones totalitarias de hacer exactamente lo contrario a lo que han prometido o, como mínimo, habría un control de la gestión de los cambios especialmente en casos de mayoría absoluta como el que nos ocupa.

La soberanía reside en el pueblo y no en sus representantes, que la detentan temporalmente sin que ésto sea una especie de sacerdocio que les habilita como propietarios y exégetas de la misma.

La representación existe por motivos prácticos... y por nada más. Y cuantas más medidas se adopten para que quién es verdaderamente soberano tenga más control de su destino más fuerte será la democracia.

Es necesario controlar a los representantes. Habría que profundizar en la división de poderes de Montesquieu y el legislativo también debería tener su propia división de poderes evitando el mandato plenipotenciario de los representantes cada cuatro años.