SOBRE LA IMPUTACIÓN

Una prueba de los niveles altos de corrupción que hay en nuestro país es la revisión a la baja que, con el paso del tiempo y la sucesión ininterrumpida de casos, ha sufrido la figura legal de imputado. En este sentido, la presión de la comunicación de los políticos implicados y sus fieles terminales mediáticas, ese cuarto poder hacia el que la sociedad española aún no ha enfocado su espíritu crítico, han jugado un papel esencial a la hora de mitigar lo que significa ser imputado.

Y por supuesto que ser imputado no significa ser culpable ni condenado, pero tampoco significa lo contrario y digo ésto en lo que respecta a la asunción de las responsabilidades políticas de quién, y como consecuencia de la investigación de un juez de instrucción, resulta imputado.

En pocas palabras, la imputación es la atribución de un delito o una acción e implica la acusación formal a una persona de un delito.

El juez tras un proceso de instrucción termina por atribuir de forma motivada y fundamentada un delito a una persona, es decir, le imputa... y lo hace porque existen indicios... Este es el aspecto que la responsabilidad política no resiste. Tanto sea culpable como inocente, un representante político no puede permitirse el lujo de verse implicado en un sumario que implica comportamientos delictivos. Por supuesto que puede resultar no culpable o inocente pero éso no debería bastar. Un político no debería soportar ser  inocente si se deduce que en torno a su inocencia se ha producido una trama delictiva. Una de las labores de los representantes políticos es mantenerse alerta de posibles comportamientos irregulares que suceden a su alrededor, deben ser conscientes de la imperfección del ser humano y del carácter goloso del espacio de poder que detentan.

Los territorios de la legalidad y de la moralidad nunca coinciden al 100% cuando son superpuestos y es en esas zonas de no coincidencia donde rige la responsabilidad política. No basta con ser inocentes, hay que parecerlo y sacrificar todo lo que sea necesario para transmitir la seguridad de que el entorno donde el político desarrolla su labor es fiable para los ciudadanos.

En este sentido el territorio de la imputación es claramente el territorio de la responsabilidad política.

Me atrevo a afirmar que ni tu ni yo, en nuestras pequeñas vidas, seremos probablemente jamás imputados. Nada hay en nuestras vidas y su entorno que atraigan a los corruptos, pero la esfera política es otra historia. Asi, la obligación del político no sólo debe ser inocente sino también asegurarse en la medida de lo posible de que su entorno lo sea. Y eso les obliga a ser un poco más estrictos en sus usos y costumbres que a cualquiera de nosotros.

Ser inocente dentro de una trama de ladrones, ser inocente y estar lo suficientemente cerca de esos ladrones como para que puedan ser imputados o estos le imputen nunca será ejemplo de buena práctica política.

Ejercer la responsabilidad política es un deber para el político. Tiene que ver con el ejemplo y con la didáctica, aspectos esenciales de la política desde los griegos.

Todo político que se precie no puede permitirse ser imputado. Si es inocente, significa que ha fracasado. Y solo por autoestima y por respeto a lo que significa su labor desde un punto de vista social debería dimitir. De hecho, estos dos aspectos son elementos esenciales de esa responsabilidad política de la que tanto se habla.