Cuando el gobierno autonómico adopta los mismos criterios de rentabilidad que el capital privado, no solo prioriza mal: renuncia a la función que justifica su existencia como Estado. El monte es lo que queda fuera de esa confluencia perversa.
Cada verano, cuando vuelven los incendios forestales, regresan también las mismas explicaciones. El calor extremo, la sequía, el cambio climático, el abandono rural, la acumulación de combustible. Todas contienen una parte de verdad. Ninguna, sin embargo, responde a una pregunta anterior: ¿por qué la prevención parece encontrarse siempre por debajo de las necesidades que todos reconocen?
La hipótesis de este artículo es la siguiente: los gobiernos autonómicos del Partido Popular comparten con el capital privado un mismo interés de fondo —privatizar y gestionar lo público allí donde resulta rentable— y ese interés compartido concentra la atención de ambos en los sectores más trillados y lucrativos: sanidad, grandes infraestructuras urbanas, energías renovables. El cuidado del monte no compite con eso. No porque alguien decida excluirlo, sino porque nadie tiene motivos para mirar hacia allí mientras hay negocio más jugoso en otra parte. Por pura priorización, no por decreto, la prevención de incendios queda relegada, y a veces ese relegar se convierte en olvido.
No porque no se gaste dinero en ella. El problema es más profundo: el servicio sigue existiendo nominalmente, con consejería, plan y presupuesto, mientras la capacidad real para cumplir su función se erosiona por debajo de la superficie, sin que nadie lo haya decidido expresamente.
Un mismo interés, dos actores
La privatización contemporánea rara vez consiste en vender una empresa pública de la noche a la mañana. Avanza de un modo menos visible: la Administración conserva la competencia, la responsabilidad jurídica y la financiación, pero traslada progresivamente la capacidad de ejecución hacia fuera. Las plantillas estables se reducen, los medios propios se sustituyen por contratos o por encargos a empresas públicas que operan como subcontratas, y gestionar deja de ser prestar el servicio para pasar a ser redactar pliegos y resolver incidencias con proveedores.
Esta transformación no es aleatoria. Avanza donde coinciden dos apetitos: el de un gobierno que quiere reducir lo público y mostrar eficiencia, y el de un capital que busca activos rentables donde colocarse. La sanidad atrae a ambos porque hay grupos hospitalarios y aseguradoras dispuestos a entrar. Las ciudades atraen inversión en servicios urbanos porque la densidad de población hace rentable cualquier contrato. Las renovables atraen capital internacional buscando activos que colocar. En estos sectores el gobierno autonómico no tiene que crear el mercado: solo abre la puerta a uno que ya está llamando.
El monte disperso de una comarca despoblada no genera esa llamada. No hay industria esperando para gestionarlo, porque ahí no hay negocio suficiente. Y si el capital no lo reclama, el gobierno autonómico tampoco tiene ningún incentivo, ni ideológico ni práctico, para dedicarle la misma energía que dedica a lo que sí atrae inversión. No hace falta que nadie decida activamente abandonar la prevención. Basta con que todos los actores relevantes —gestores autonómicos y capital privado— estén ocupados en otra parte.
Esa coincidencia de intereses no es solo ineficiente. Es perversa, porque invierte la función que justifica la existencia de una Administración pública.
Un gobierno autonómico no está ahí para perseguir lo mismo que persigue el capital: está ahí, precisamente, para cubrir lo que el capital no tiene ningún interés en cubrir, para sostener aquello que el mercado no puede ni quiere sostener por su cuenta. Cuando una comunidad autónoma adopta como propios los criterios de rentabilidad del capital privado y dirige su atención hacia donde el capital ya mira, no está gestionando mal una parte de sus competencias: está renunciando a la razón misma de ser Estado, porque deja de ser el actor que compensa los vacíos del mercado para convertirse en un actor más que los reproduce.
Se pueden contratar tareas, pero no comprar prevención
Una comunidad autónoma puede contratar una cuadrilla, un desbroce, la vigilancia de una zona, el alquiler de una aeronave. Cada tarea puede facturarse. Pero la prevención no es la suma de esas actuaciones: exige conocer el territorio, mantener plantillas con experiencia acumulada, gestionar la vegetación durante todo el año y sostener capacidad de intervención antes de que el riesgo se convierta en emergencia. Nada de eso se compra con un contrato puntual, por bien redactado que esté.
Madrid ilustra esa distancia con una precisión incómoda.
Se puede gastar más dinero y tener, al mismo tiempo, menos capacidad, porque el dinero sostiene la forma del servicio, no su función.
El caso de Madrid no es aislado. En Galicia, agentes con años de experiencia denuncian que muchas brigadas trabajan con dos o tres efectivos cuando el propio plan autonómico exige siete. En Castilla-La Mancha, los sindicatos describen a bomberos forestales cubriendo solos turnos que deberían ser de equipo. El patrón se repite: salarios que rozan el mínimo, contratos limitados al verano, servicios subcontratados a través de encargos a empresas públicas o del sector privado. Una Administración puede disponer de numerosos contratos y carecer, al mismo tiempo, de control suficiente sobre el servicio que dice garantizar.
Lo que no compite por la atención, pierde
La prevención evita pérdidas de viviendas, bosques, biodiversidad y vidas, y reduce el gasto posterior en extinción y reconstrucción. Tiene, por tanto, un valor social enorme. Pero ese valor no se traduce en ingresos privados identificables: el beneficiario no es un cliente, es el territorio entero. Y su resultado —lo que no ocurrió— no produce imágenes que un gobierno pueda exhibir ni activos que una empresa pueda explotar.
Por eso pierde sistemáticamente frente a cualquier sector donde sí exista esa doble demanda de gobierno y capital. No hace falta ningún cálculo consciente de descarte. Basta con que la atención política, técnica y financiera de una comunidad autónoma sea un recurso limitado, y que ese recurso se dirija, de forma casi automática, hacia donde hay negocio esperando. El resultado es un servicio nominal: hay consejería, plan, presupuesto, brigadas y medios aéreos sobre el papel, pero la capacidad real depende de preguntas menos cómodas. Cuánto personal propio se conserva. Cuánto conocimiento permanece dentro de la Administración. Qué parte del presupuesto anunciado llega realmente a ejecutarse en desbroces antes de la temporada de riesgo.
El incendio como momento de revelación
Mientras no ocurre nada, esa insuficiencia permanece oculta. El monte parece simplemente estar ahí. El incendio cambia eso: convierte en pocos días años de prioridades dispersas en una consecuencia visible. Entonces llegan los medios extraordinarios, la declaración de emergencia nacional, los refuerzos europeos, las promesas de reconstrucción.
La Administración demuestra entonces una gran capacidad para gestionar la catástrofe, aunque haya perdido buena parte de la capacidad para impedir que alcanzara esa dimensión. El cambio climático no invalida esta hipótesis: la vuelve más exigente. Si el riesgo aumenta mientras la atención pública real se dispersa hacia otros sectores, la distancia entre el servicio nominal y el servicio efectivo se hace cada vez mayor.
Una hipótesis que debe probarse, pero que ya tiene un caso
Esta relación no puede darse por demostrada con un solo verano ni con una sola comunidad. Habría que estudiar sistemáticamente la evolución de plantillas, el gasto realmente ejecutado frente al anunciado, y las diferencias entre gobiernos autonómicos de distinto signo y distinta intensidad privatizadora.
Pero el patrón de este julio en Madrid —presupuesto al alza, desbroces a la mitad, plantilla precarizada durante quince años, huelga indefinida coincidiendo con el mayor incendio de la historia de la región— no es una coincidencia menor. Es la forma que adopta el olvido por priorización: nadie decidió que el monte importara menos. Simplemente, durante años, todo el mundo —gobierno y capital— tenía la mirada puesta en otra parte.
Y ese olvido no es exclusivo de la gestión autonómica española. Repite, a escala pequeña, un mecanismo más viejo. El capitalismo nunca ha incluido en sus costes el mantenimiento de aquello que hace posible su propia actividad: descuenta la naturaleza, el clima, el suelo, el agua, como si estuvieran ahí de forma gratuita y permanente, sin nadie a cargo de reponerlos. Cuando esa misma lógica se traslada a la gestión de lo público, produce el mismo descuento: el cuidado de la naturaleza queda fuera del esfuerzo monetizador, mientras la atención de gestores y capital se concentra en los sectores que sí devuelven negocio. Lo público, en el proceso, se convierte en una sucesión de servicios externalizados sobre un territorio que todos daban por garantizado.
No es que el monte le importe poco a nadie en particular. Es que, mientras no arde, no le importa a nadie lo suficiente.
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