No hace falta creer en el cambio climático: basta con mirar lo que está ardiendo para hacer algo al respecto.

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Mientras se escriben estas líneas, España vive el incendio más grave de su historia reciente. Las comunidades autónomas conocían el riesgo, conocían las deficiencias y tenían la obligación de actuar. Llegar hasta aquí con los mismos problemas ya no es imprevisión: es una decisión política.

En un vistazo

→ 152.678 hectáreas quemadas en España en lo que va de 2026, seis veces más que en la misma fecha de 2025.

→ El incendio de Ávila (Burgohondo-Navaluenga) es ya el más grave de la historia reciente del país.

→ 106.000 personas desalojadas; emergencia de interés nacional declarada en Madrid y Ávila.

→ 2025 cerró con 354.793 hectáreas quemadas, el peor año en tres décadas. No se corrigió nada.

Mientras escribo esto, España está ardiendo. El incendio de Ávila, en Burgohondo y Navaluenga, se ha convertido en el más grave de la historia reciente del país. Más de 106.000 personas han sido desalojadas. El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila. El presidente ha tenido que instalarse en un puesto de mando avanzado. Y todavía no es agosto, el mes que en 2025 concentró lo peor de la temporada.

Cada año ocurre lo mismo: arden decenas de miles de hectáreas, se evacuan pueblos, los servicios de extinción quedan desbordados y los responsables políticos explican que el calor, el viento y la sequedad de la vegetación han creado unas condiciones extraordinarias.

Todo eso puede ser cierto. Pero no responde a la pregunta principal: ¿qué hicieron las administraciones desde el incendio anterior para impedir que las mismas condiciones produjeran otra vez las mismas consecuencias?

España acumula ya 152.678 hectáreas quemadas en 2026, frente a las 24.133 que había en la misma fecha de 2025. El número de grandes incendios —los que superan las 500 hectáreas— es de 32, cuando la media de la última década para estas fechas es de 9. Nadie podía decir que no estaba advertido.

No hacía falta predecirlo

En 2025 ardieron oficialmente 354.793 hectáreas forestales, más del triple de la media de la década anterior. Fue el año con mayor superficie afectada en tres décadas, pese a que el número total de incendios fue inferior a la media. Hubo menos fuegos, pero algunos adquirieron dimensiones descomunales.

Ese dato debería haber alterado por completo la política de prevención. No porque demostrara una determinada teoría climática, sino porque demostraba algo mucho más elemental: los dispositivos existentes, la gestión del territorio y la preparación de las poblaciones no bastaban para afrontar los incendios que estaban produciéndose.

Pero el debate climático, siendo legítimo, tiende a opacar uno anterior y más urgente: el de la gestión. Discutir sobre las causas globales del calentamiento resulta más cómodo que discutir sobre una comunidad autónoma concreta, un plan de prevención concreto y un incumplimiento concreto — porque el primero no señala a nadie y el segundo sí. Se crea o no en el cambio climático, las hectáreas quemadas deberían bastar por sí solas para exigir prevención y gestión: son un dato de hechos, no de creencias.

Quien atribuya la gravedad de los incendios al calentamiento global debería exigir una adaptación inmediata de los medios y de la política forestal. Quien rechace esa explicación debería llegar a la misma conclusión observando las hectáreas calcinadas, las evacuaciones y los operativos desbordados. Puede discutirse la causa del aumento del peligro. Lo que no puede discutirse es que el peligro existe y se repite, cada vez con más fuerza, y que sea cual sea la explicación, la obligación es la misma: prepararse para lo que ya se sabe que va a ocurrir.

Las hectáreas quemadas no prueban por sí solas la negligencia. La prueban el plazo legal incumplido y el testimonio de quienes apagan el fuego. Pero sí bastan, y de sobra, para exigir la pregunta.

La responsabilidad sí tiene dueño

En España, la prevención y extinción ordinaria de los incendios forestales corresponde a las comunidades autónomas. Son sus gobiernos quienes aprueban los planes, organizan los dispositivos, contratan a los bomberos forestales, programan los trabajos preventivos y determinan los recursos destinados a cada campaña.

La Ley de Montes no deja esta responsabilidad en el terreno de las buenas intenciones. Obliga a las comunidades a aprobar antes del 31 de octubre los planes de prevención, vigilancia y extinción del año siguiente. Esos planes deben aplicarse de manera continua durante todo el año y contemplar el dispositivo operativo, las infraestructuras, las actuaciones preventivas y las condiciones que obligan a intensificar los medios.

La pregunta, por tanto, no es si en julio hizo demasiado calor. La pregunta es qué aprobaron las comunidades antes del 31 de octubre de 2025, cuánto de aquello ejecutaron y con qué resultados han llegado al verano de 2026.

→ ¿Aumentaron las plantillas permanentes? ¿Mejoraron las condiciones de los bomberos forestales?

→ ¿Se ejecutaron los desbroces y tratamientos selvícolas previstos?

→ ¿Se mantuvieron cortafuegos, pistas y puntos de agua? ¿Se revisaron las franjas de protección próximas a las poblaciones?

→ ¿Se exigió a los municipios en riesgo que actualizaran sus planes de emergencia?

Responder anunciando el presupuesto total destinado a incendios no basta. Una cifra que mezcla prevención, extinción, salarios, vehículos y medios aéreos puede impresionar en una rueda de prensa, pero no demuestra qué se hizo sobre el terreno.

Prevenir no es consignar una cantidad. Es poder señalar qué trabajos se ejecutaron, dónde, cuándo y con qué grado de cumplimiento.

Las mismas denuncias

Un año después de la peor campaña de la década, los bomberos forestales volvieron a denunciar abandono, improvisación y precariedad. En junio de 2026 hablaban de centros de trabajo sin condiciones básicas y afirmaban que, después de un año, nada sustancial había cambiado.

Ese es el dato políticamente decisivo.

Los grandes incendios no se combaten únicamente durante las horas en las que avanza el frente. Se combaten durante el invierno, gestionando el combustible, manteniendo infraestructuras, formando plantillas, preparando evacuaciones y creando discontinuidades que permitan intervenir cuando llegue el fuego.

No todo el bosque puede ni debe convertirse en un terreno despejado. Pero entre la fantasía de limpiar cada metro de monte y la pasividad actual existe toda una política forestal: desbroces selectivos, tratamientos selvícolas, pastoreo, quemas prescritas, mantenimiento de cortafuegos, pistas accesibles y franjas de seguridad alrededor de viviendas y poblaciones.

La ejecución material puede corresponder, según el terreno, a la Administración, a un ayuntamiento o a un propietario privado. Pero la responsabilidad de planificar, inspeccionar, exigir el cumplimiento y garantizar que el sistema funcione sigue siendo pública. Una comunidad autónoma no puede declararse incompetente ante una finca abandonada y esperar después que los bomberos resuelvan en unas horas lo que nadie gestionó durante años.

El termómetro no contrata bomberos

El cambio climático puede explicar que aumenten las temperaturas, se alarguen los periodos secos o aparezcan condiciones más favorables para la propagación. No explica la temporalidad de una brigada, la falta de maquinaria, un cortafuegos abandonado o un municipio sin preparación suficiente.

El clima determina parte del peligro. La política determina con qué grado de vulnerabilidad se afronta.

Convertir el cambio climático en la explicación total de cada catástrofe produce una cómoda desaparición de las responsabilidades. El incendio pasa a presentarse como un fenómeno inevitable, casi exterior a las decisiones humanas: hizo demasiado calor, sopló demasiado viento, la vegetación estaba demasiado seca.

Pero precisamente porque esas condiciones son conocidas, la obligación de prepararse es mayor. Si los incendios son ahora más rápidos, extensos y difíciles de apagar —como demuestra que 2026 vaya camino de superar a 2025—, mantener los mismos operativos y la misma política forestal no es prudencia presupuestaria. Es gestionar una realidad nueva con medios concebidos para una realidad que ya no existe.

No se puede utilizar el cambio climático para justificar la falta de adaptación al cambio climático.

Cuando la imprevisión deja de serlo

No todos los incendios pueden evitarse. Tampoco puede asegurarse que un monte bien gestionado no vaya a arder en condiciones extremas. La prevención no elimina el fuego, pero puede dificultar su propagación, ofrecer oportunidades de control y reducir el peligro para las poblaciones.

Por eso la acusación no consiste en responsabilizar a las comunidades autónomas de cada rayo, cada imprudencia o cada incendio provocado. Consiste en responsabilizarlas de aquello que sí controlan: la preparación del territorio, las condiciones de sus operativos y el cumplimiento de sus propios planes.

Una mala campaña puede atribuirse a una combinación excepcional de circunstancias. La repetición de las mismas carencias después de conocer sus consecuencias —y con un incendio en curso que ya bate récords— ya no admite esa explicación.

Cuando una administración conoce el riesgo, dispone de competencias, tiene obligaciones legales y recibe advertencias reiteradas de sus propios profesionales, no actuar deja de ser una equivocación. Es una elección.

Puede discutirse si esa elección alcanza en algún caso la categoría de responsabilidad penal. Eso exige identificar deberes, responsables y omisiones concretas. Pero políticamente cabe hablar de una gestión criminal cuando se aceptan conscientemente deficiencias cuyas consecuencias previsibles incluyen la destrucción de territorios, viviendas y vidas.

Basta con mirar

Nadie pide a un presidente autonómico que reduzca la temperatura, cambie la dirección del viento o haga llover. Se le pide que llegue al verano con suficientes bomberos forestales, con medios en condiciones, con trabajos preventivos ejecutados y con las poblaciones preparadas.

Se le pide, en definitiva, que haya aprendido algo del verano anterior. Y este verano, con España viviendo ya el incendio más grave de su historia reciente, la respuesta a esa pregunta se está escribiendo sola.

No hace falta creer en el cambio climático. Hace falta creer en lo que está ardiendo esta semana, y actuar en consecuencia.

Cuando una administración sabe que la catástrofe volverá y decide mantener las condiciones que agravan sus consecuencias, ya no estamos únicamente ante una tragedia natural. Estamos ante una decisión política.