Ceuta es una frontera que genera avisos de forma rutinaria, y la nota que existía antes del 30 de julio no se diferenció de ese ruido: asignaba al escenario que finalmente ocurrió la menor probabilidad de los tres que contemplaba. Leerla hoy como una profecía cumplida, con la información que solo tenemos después, es la base de una interpretación tan presentista como interesada.
La acusación parece sencilla. La Policía había advertido de que podían producirse entradas irregulares en Ceuta. El Gobierno recibió el aviso, no reforzó suficientemente la frontera y decenas de miles de personas consiguieron atravesarla. Después apareció un informe policial que describía una movilización planificada y apuntaba a la colaboración de agentes marroquíes. La conclusión estaba servida: el Gobierno sabía lo que iba a suceder, decidió no impedirlo y posteriormente trató de proteger a Marruecos.
Es un relato poderoso. También es, con la información que hoy existe, indemostrable.
No porque no existieran avisos. Existieron. Tampoco porque deba descartarse la intervención marroquí: hay indicios que obligan a investigarla. El problema es otro. Se están usando dos tipos de documentos como si fueran intercambiables: uno, elaborado antes del suceso, con la incertidumbre propia de quien no sabe qué va a pasar; otro, elaborado después, con la ventaja de conocer ya el desenlace. Y hay un tercer elemento, más resbaladizo todavía, que se cuela entre los dos: un aviso cuya propia existencia y destino están hoy en disputa dentro del Gobierno, y que se está dando por confirmado sin que nadie lo haya confirmado.
Dos documentos que no deben confundirse
El primero es la nota TIFA-3136, elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Partía de convocatorias detectadas en fuentes abiertas y contemplaba tres escenarios.
Hubo, por tanto, una advertencia concreta. Pero la nota no calculaba cuántas personas participarían, no anticipaba una entrada de decenas de miles, no describía el colapso de la frontera y no atribuía nada al Estado marroquí.
El segundo documento es el informe de 55 páginas que el CENIF remitió a la Audiencia Nacional, a petición de la jueza María Tardón, para determinar si la conducta marroquí pudo ser constitutiva de delito contra la independencia del Estado. Reconstruye la crisis mediante vídeos, fotografías, mensajes y redes sociales. Sostiene que la movilización no fue espontánea, describe una estructura por niveles y fases, y apunta a un "guiado activo" de agentes marroquíes uniformados y de paisano. En su nivel más alto —la "dirección estratégica"— el propio informe reconoce que no ha podido individualizar autoría ni imputar formalmente al Estado marroquí.
Es un documento relevante, y debe investigarse a fondo. Pero fue encargado y elaborado después del 30 de julio, con materiales cuyo significado solo pudo reconstruirse a la luz de lo ya sucedido. No puede exigirse al Gobierno que actuara el 29 de julio conforme a un conocimiento que se construyó, judicialmente, más de un mes más tarde.
Es distinto avisar de un riesgo medio que avisar de una catástrofe, y es distinto también reconstruir después, con el resultado ya en la mano, qué fragmentos de ese aviso "en realidad" apuntaban a ella.
"Ya te lo dije": el truco del desenlace
Aquí está el mecanismo que hay que nombrar con precisión, porque es el que sostiene buena parte de la indignación pública. No consiste en inventar un aviso que no existió. Consiste en coger un aviso real —de riesgo medio, o de probabilidad media-baja— y, una vez ocurrido lo peor, presentarlo como si hubiera anunciado exactamente eso.
La nota TIFA-3136 nunca dijo "va a haber una entrada masiva de setenta mil personas". Dijo que el escenario extremo era posible pero poco probable. Que ese escenario acabara materializándose no reescribe retroactivamente su probabilidad: la convierte, como mucho, en el ejemplo de un riesgo de cola que se cumplió, no en una profecía ignorada. Juzgar la decisión del Gobierno el 29 de julio exige juzgarla con la información que existía el 29 de julio — no con la que solo tenemos hoy, sabiendo ya cómo terminó.
Este mismo mecanismo aparece, con un formato distinto, en la disputa que ha estallado dentro del propio Gobierno sobre un supuesto aviso del CNI.
El aviso que nadie confirma haber recibido
Se ha hablado de un aviso del CNI, también del 29 de julio, sobre un grupo digital de origen marroquí que movilizaba a más de 180.000 personas en redes sociales. Conviene precisar qué es exactamente esa cifra: no una previsión de cuántas personas cruzarían físicamente la frontera, sino el alcance estimado de una campaña de movilización viral. Los cruces reales, muy por debajo de esa cifra, lo confirman.
A día de hoy, no existe ningún aviso confirmado —ni por su emisor ni por su receptor— que anticipara la magnitud de lo ocurrido con la precisión suficiente para exigir un despliegue extraordinario. Lo que existe es una nota de riesgo bajo para el escenario más probable, un informe reconstructivo posterior, y una disputa interna sobre un tercer aviso que el propio destinatario alegado niega haber recibido. Tratar cualquiera de estos tres elementos como si fuera una advertencia clara y aceptada es, cuando menos, prematuro.
Lo que todavía no sabemos
Ceuta es una frontera compleja, y una frontera compleja genera tráfico de avisos como parte de su funcionamiento ordinario: convocatorias detectadas en redes, notas de riesgo, alertas repartidas entre los distintos cuerpos de seguridad. No es un fenómeno excepcional ni exclusivo del 29 de julio — apenas dos semanas después del asalto volvió a circular una convocatoria prácticamente idéntica para el 15 de agosto, con el mismo patrón de reclutamiento en redes ya usado antes de julio. Es una plantilla operativa recurrente de esta frontera, no un aviso singular.
Si eso es así, la pregunta relevante no es si hubo un aviso, sino si ese aviso se diferenciaba de la rutina burocrática informativa lo suficiente como para exigir una respuesta distinta a la habitual. La propia nota TIFA-3136 no lo hace: reparte la probabilidad entre tres escenarios, coloca el más grave en el nivel de menor probabilidad y no aporta ninguna magnitud que la distinga de una alerta más entre las muchas que este tipo de frontera produce. Decir "avisé" solo tiene fuerza acusatoria si ese aviso se distingue del ruido habitual — y este, con lo que hoy sabemos, no lo hizo.
El propio informe del CENIF, cuando alega que hubo "ocho alertas" enviadas a Interior antes de la crisis, mezcla en esa cuenta comunicaciones posteriores al 30 de julio —hasta el 4 de agosto— con las anteriores, sin que se conozca públicamente el contenido de cada una ni si formaban, antes del suceso, un patrón reconocible como distinto de lo ordinario. Es, otra vez, la misma operación: compilar después señales dispersas y presentarlas como si ya entonces hubieran dibujado el contorno claro de lo que iba a pasar.
Un juicio serio exige conocer cuántas notas como la TIFA-3136 emite el CENIF en un año normal, qué proporción contempla escenarios de riesgo extremo, y qué distingue —si algo distingue— a la que precedió al 30 de julio del resto. Mientras esa comparación no exista, la certeza con la que unos exculpan al Gobierno y otros lo acusan de complicidad pertenece más a la posición política de quien habla que al análisis de los hechos disponibles.
Entre la alerta y la profecía
El Gobierno fue advertido, a falta de nuevas revelaciones y con lo que hoy sabemos, de que podían producirse entradas irregulares en Ceuta, dentro de un escenario al que la propia Policía asignó la menor probabilidad de los tres que contempló. Eso está acreditado. Lo que no está demostrado es que fuera advertido de una movilización de decenas de miles de personas, del colapso de la frontera o de una operación dirigida por el Estado marroquí. Y el único aviso adicional que se ha invocado con una cifra mayor —los 180.000 del CNI— es hoy una disputa sin resolver que el propio destinatario alegado niega.
Convertir un riesgo medio en una profecía cumplida es fácil una vez se conoce el final. Es también, precisamente, el mecanismo sobre el que se sostiene la lectura de un golpe de estado blando: no hace falta fabricar pruebas cuando basta con releer las que ya existían proyectando sobre ellas el desenlace, y presentar como advertencia inequívoca lo que en su momento fue una posibilidad entre varias, y no la más probable. Es el error que hay que negarse a cometer si lo que se quiere es investigar responsabilidades reales y no prestarse, sin saberlo, a esa misma operación.
Puede haber existido un fallo grave de inteligencia. La alerta pudo ser infravalorada. España pudo confiar irresponsablemente en que Marruecos controlaría una frontera cuya seguridad había delegado parcialmente en su vecino. Todo eso debe investigarse.
En Ceuta hubo una alerta. Lo que todavía no sabemos es si hubo una advertencia. Y esa diferencia separa la investigación de la propaganda.
Investigar exige reconstruir qué sabía cada institución antes de los hechos, no colocar sobre su mesa, retroactivamente, el conocimiento que solo se produjo después.
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