Chile llevó la privatización de las pensiones más lejos que ningún otro país. Sus fondos lograron altas rentabilidades, pero sus jubilados recibieron pensiones insuficientes y el Estado tuvo que recuperar la protección pública para corregirlo. Una advertencia para el debate español.
Las pensiones han entrado en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido de que el sistema público puede «petar». Vox ha ido más lejos: ha calificado de «zombi» el sistema de reparto, en el que las cotizaciones de quienes trabajan pagan las pensiones de quienes ya se han jubilado, y defiende dar más peso a la capitalización privada, en la que cada trabajador ahorra para su propia pensión en una cuenta individual. Pero antes de presentar la privatización como respuesta a los problemas de las pensiones públicas, convendría examinar los resultados del país que llevó ese experimento neoliberal más lejos: Chile.
El experimento de Pinochet
En 1980, la dictadura de Augusto Pinochet aprobó el Decreto Ley 3.500, que entró en funcionamiento en mayo de 1981. Impulsada por José Piñera, ministro de Trabajo y representante del neoliberalismo chileno, la reforma sustituyó el antiguo sistema de reparto por otro de capitalización individual obligatoria para los nuevos trabajadores civiles.
Los asalariados debían destinar el 10 % de su salario a cuentas personales administradas por empresas privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estas invertían el dinero en los mercados financieros y cobraban comisiones por gestionarlo. La promesa era que la rentabilidad de esas inversiones proporcionaría mejores pensiones que el reparto público.
La transformación fue radical: la seguridad en la vejez dejaba de descansar en una responsabilidad colectiva para depender del ahorro que cada trabajador lograra acumular.
Grandes fondos financieros, pensiones miserables
Durante cuatro décadas, las AFP acumularon enormes patrimonios y contribuyeron al desarrollo de los mercados financieros chilenos. Pero un sistema de pensiones debe juzgarse por las pensiones que paga a los trabajadores, no por el dinero que administra.
Los resultados son demoledores. Un estudio oficial de la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos de Chile, publicado en enero de 2024, analizó a las personas que se jubilaron entre 2015 y 2022. Midió su tasa de reemplazo, es decir, qué porcentaje de su salario en el último año de trabajo representaba la pensión. La mitad de esos jubilados obtuvo de sus ahorros una pensión equivalente, como máximo, al 17 % de su salario. Entre los hombres, esa cifra alcanzó el 27 %; entre las mujeres, apenas el 11 %.
El mismo estudio ofrece una comparación todavía más reveladora. La pensión mediana que pagaban los propios ahorros era de 73.705 pesos chilenos al mes, unos 65 euros. Al sumarle la Pensión Garantizada Universal (PGU), una prestación pública financiada con impuestos, ascendía a 278.535 pesos, unos 250 euros. El Estado multiplicaba casi por cuatro lo que el ahorro individual era capaz de pagar.
Estos resultados no son un accidente, sino consecuencia del diseño. La cotización, del 10 % del salario y pagada solo por el trabajador, era insuficiente para financiar una pensión digna. Además, en un sistema de cuentas individuales solo se ahorra mientras se cotiza, y los trabajadores chilenos cotizan, de media, poco más de la mitad de su vida laboral por el desempleo, el trabajo informal o los cuidados. Las comisiones de las AFP restaban otra parte, y las mujeres resultaban especialmente perjudicadas por sus menores salarios, su jubilación más temprana y su mayor esperanza de vida.
El problema no fue la gestión de las inversiones: los fondos obtuvieron rentabilidades cercanas al 8 % anual por encima de la inflación. La promesa de rentabilidad se cumplió; la de buenas pensiones, no. La capitalización individual solo puede ofrecer pensiones suficientes a quien cotiza mucho durante muchos años, y en Chile ni siquiera eso bastó: incluso la quinta parte mejor pagada de los jubilados obtuvo de sus ahorros apenas una cuarta parte de su salario. En un mercado laboral precario, un sistema sin solidaridad convierte cada salario bajo y cada mes sin cotizar en una pensión menor.
Las insuficiencias del sistema terminaron provocando un rechazo masivo. En 2016, el movimiento No Más AFP protagonizó manifestaciones multitudinarias reclamando otro modelo de pensiones.
El Estado tuvo que corregir el experimento
La evolución posterior del sistema chileno confirma las insuficiencias del proyecto original.
Chile no ha eliminado las AFP, pero gobiernos de distinta orientación política han tenido que devolver al Estado buena parte de la protección que la capitalización individual no había conseguido garantizar.
La advertencia para España
Chile construyó una poderosa industria financiera con el ahorro obligatorio de sus trabajadores. Las AFP cobraban sus comisiones sobre cada salario, subieran o cayeran los fondos, y las grandes empresas encontraron en ese ahorro una fuente estable de financiación. Los trabajadores, en cambio, cargaron con todos los riesgos y recibieron pensiones insuficientes, hasta que el Estado tuvo que recurrir de nuevo a la solidaridad colectiva para corregirlas.
Esa es la experiencia que debería tenerse presente antes de presentar la privatización como solución para las pensiones españolas.
Este artículo es grosero en su sesgo anti-AFP; se omiten groseramente los detalles que contradigan el relato que se monta y se escogen con pinzas números de estudios inicialmente sesgados. Tampoco se molesta en contrastar el sistema actual con el anterior (¿crees que éste es malo? ¡Revisa el antiguo!). Qué vergüenza.
ResponderEliminarPuedes llamarlo «sesgo anti-AFP», pero para discutirlo necesitamos algo más concreto. ¿Qué cifra del artículo es falsa? ¿Qué estudio está sesgado y por qué? ¿Qué dato relevante he omitido que cambie la conclusión?
EliminarY que el sistema anterior fuera malo no responde a la cuestión planteada. El artículo no sostiene que antes de las AFP Chile tuviera un sistema perfecto. Analiza si el modelo de capitalización individual cumplió lo que prometía: convertir décadas de cotización y rentabilidad financiera en pensiones suficientes.
Ese es precisamente el problema: puede haber contribuido al desarrollo del mercado de capitales y haber obtenido rentabilidades relevantes, y aun así producir pensiones insuficientes para una parte importante de los jubilados. Una cosa no refuta la otra.
Si tienes datos que contradigan los que utilizo, encantado de discutirlos. Pero «sesgado», «grosero» y «qué vergüenza» no son todavía argumentos.