La desproporcionada recompensa que obtuvo Aldama por delatar ha creado un modelo a imitar. Julio Martínez lo está siguiendo con Zapatero, sin aportar una sola prueba, y eso es exactamente lo que la máquina del lawfare necesitaba.
España vive una campaña de lawfare contra el Gobierno: un circuito de incentivos —penales, judiciales, mediáticos, políticos— que produce condenas públicas sin necesidad de sentencia. Ese circuito incorpora una nueva pieza que sin duda mejora todo proceso de lawfare: el delator premiado, dispuesto a poner un nombre político en un expediente a cambio de salir bien parado. Víctor de Aldama es esa pieza. Julio Martínez, señalando ahora a Zapatero en el caso Plus Ultra sin una sola prueba concreta, acaba de demostrar que el modelo se replica.
El delator como pieza del sistema
El delator premiado no es un fenómeno exclusivo de los regímenes autoritarios, pero cumple ahí la misma función que aquí: convertir una acusación interesada en un instrumento con apariencia de legitimidad institucional. En un sistema sin garantías, esa apariencia basta porque no hay nada que la contraste. En España sí existen garantías —doctrina de corroboración, tribunales de apelación, prensa que puede investigar y desmentir—, y sin embargo el mecanismo produce el mismo resultado práctico: el señalado tiene que defenderse antes de que exista una sola prueba en su contra. Las garantías están en la ley. El circuito mediático-político que rodea al lawfare las sortea sin necesidad de suprimirlas.
Esa es la utilidad exacta de una figura como Aldama para quienes libran esta batalla contra el Gobierno: no hace falta debilitar el Estado de derecho para instrumentalizarlo. Basta con que alguien dentro de una causa penal esté dispuesto a hablar, que los medios repitan lo que dice y que la investigación judicial, al abrirse, se lea como confirmación en lugar de como lo que es: el primer paso de una comprobación que puede no llegar a ninguna parte.
Una colaboración menos decisiva de lo que la sentencia sugiere
El Tribunal Supremo aplicó a Aldama la atenuante analógica de colaboración muy cualificada del artículo 21.7 del Código Penal, alegando que su aportación —documentación sobre viajes, ingresos económicos y contratos de arrendamiento, sometida a análisis pericial— fue decisiva para el esclarecimiento de los hechos. Conviene no tomar esa valoración como un hecho cerrado.
Eldiario.es reconstruyó qué aportó realmente Aldama frente a lo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya tenía acreditado antes de que él empezara a hablar, y su conclusión es incómoda para la sentencia: de los delitos que el Supremo da por probados —la adjudicación de mascarillas, la remuneración mensual de Ábalos y Koldo García, los arrendamientos en Marbella y La Línea de la Concepción— Aldama no aportó nada relevante que la UCO no hubiera descubierto ya, salvo su propia autoinculpación. Su confesión llegó además en noviembre de 2024, un mes después de que ingresara en prisión por otra causa distinta —el fraude de hidrocarburos—, y parte de la documentación adicional que entregó sobre obra pública fue después cuestionada porque algunas obras no correspondían siquiera al periodo en que Ábalos estuvo al frente del ministerio.
Con ese contexto, la generosidad de la sentencia resulta todavía más llamativa. El fiscal jefe Alejandro Luzón pidió siete años de cárcel para Aldama; la acusación popular, liderada por el PP, pidió cinco años y dos meses. El Tribunal terminó imponiendo cuatro años y seis meses, con la pena suspendida: por debajo de lo que pidió incluso la Fiscalía.
Ábalos, Koldo García y Aldama formaron, según la propia sentencia, la misma organización criminal con «un preciso reparto de funciones». Aldama no era un tercero ajeno que aportó pruebas desde fuera. Era uno de los tres responsables de la trama, y salió de ella prácticamente indemne, absuelto además del delito de aprovechamiento de información privilegiada y librado de devolver los 3,7 millones de comisiones que se embolsó. Si su colaboración fue, como sugiere eldiario.es, menos decisiva de lo que la sentencia da a entender, la recompensa no se explica por el mérito de lo que entregó. Se explica por a quién señaló.
El efecto llamada
Esa desproporción es la que convierte a Aldama en un modelo. Y esta semana el propio Supremo ha reforzado la lección: levantó las medidas cautelares que aún pesaban sobre él en la causa mascarillas —ya puede salir de España sin autorización y ha viajado a Paraguay—, aunque sigue sujeto a restricciones en el caso hidrocarburos, la causa paralela que ni siquiera pesó en su contra a la hora de concederle el beneficio máximo en la primera. Aldama está libre ahora mismo, con otro proceso abierto, después de una colaboración cuya decisividad ha sido puesta en duda por la investigación periodística.
Un caso desproporcionado, por llamativo que sea, no basta para hablar de un patrón. Lo que convierte a Aldama en factor —en pieza reproducible del engranaje del lawfare— es que Julio Martínez lo está imitando ahora mismo, sin ni siquiera necesitar aportar algo verificable. Martínez no ha entregado documentos, ni fechas, ni una sola gestión concreta que pueda contrastarse. Ha entregado un nombre —«marcaba los pasos a seguir»— y con eso le ha bastado para que Zapatero ya esté defendiéndose en los medios de una acusación que ni siquiera él, quien la formuló, es capaz de precisar.
Ese es el factor Aldama funcionando en estado puro: ni siquiera hace falta aportar pruebas para que el mecanismo cumpla su función. Basta con señalar al nombre adecuado.
Las garantías que existen y no impiden nada
La doctrina del Tribunal Constitucional es clara: la declaración de un coimputado no basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, y la declaración de un coimputado no puede corroborar por sí misma la de otro. Las Sentencias 56/2009 y 72/2001 lo establecen sin margen de duda. Esa doctrina existe, y en el proceso penal formal se aplica. Pero en el espacio público donde se libra el lawfare, la afirmación se presenta como revelación y la apertura de diligencias, como confirmación —y ninguna de esas dos cosas necesita esperar a que la doctrina constitucional haga su trabajo.
Fórmulas genéricas —«marcaba los pasos», «estaba al tanto de todo»— apenas tienen valor incriminatorio en sede penal si no se traducen en hechos delimitados en espacio, tiempo y forma, pero en el debate político funcionan precisamente por su indefinición: si la acusación no identifica una fecha, un documento o una llamada concreta, el señalado se enfrenta a demostrar un hecho negativo indeterminado, una auténtica probatio diabolica. La carga de la prueba, que corresponde constitucionalmente al acusador, se traslada así al acusado, y esa inversión es, precisamente, el objetivo político del ejercicio: no ganar el juicio, sino obligar al adversario a defenderse de algo que no puede desmentir.
No hace falta una conspiración para que esto funcione, solo una cadena de incentivos compatibles: el delator acusa porque espera mejorar su situación; el juez investiga porque debe comprobar los hechos, sin que eso signifique que los da por ciertos; los medios afines a esta campaña amplifican porque cada nuevo nombre alimenta el relato; la oposición explota el caso porque desgasta al Gobierno. Cada actor puede estar cumpliendo su función formal sin salirse de ella, y el resultado agregado sigue siendo una condena política sin prueba ni sentencia.
El factor Aldama
Aldama no inventó la colaboración premiada ni la declaración del coimputado. Lo que hizo fue demostrar, con una desproporción que ni siquiera la propia Fiscalía había pedido, que una pieza central de una organización criminal puede salir de ella casi indemne —libre de verdad, viajando a Paraguay mientras otra causa sigue abierta contra él— a cambio de señalar los nombres adecuados en el momento adecuado, aunque buena parte de lo que aportó ya estuviera en manos de la UCO. Esa lección no se le escapó a nadie que estuviera mirando, y Julio Martínez es la prueba de que el lawfare ya ha encontrado a su segundo delator, esta vez sin necesidad siquiera de aportar algo que se pueda comprobar.
La acusación todavía debe probarse, pero el acusado ya debe defenderse.
Esa es la función del factor Aldama en el lawfare contra este Gobierno: mientras la recompensa por señalar siga siendo tan generosa como la que el propio Aldama consiguió, seguirá habiendo quien calcule que merece la pena intentarlo, tenga o no algo real que ofrecer a cambio.
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