Aspero mundo

Crítica técnica a la sentencia del caso FGE Anatomía de una condena en única instancia basada en una más que dudosa sentencia construida sobre inferencias Una sentencia que condena al Fiscal General del Estado sin poder identificar quién filtró exactamente, cómo lo hizo ni cuándo, utilizando una fórmula tan amplia que permite cerrar el círculo sin cerrar la prueba. Un tribunal dividido, un voto particular demoledor, y una arquitectura probatoria que se sostiene sobre indicios ambiguos y alternativas sin descartar. Este es el análisis de una condena que, más allá de ideologías, plantea preguntas incómodas sobre cómo funciona el derecho penal cuando las consecuencias políticas son masivas y la revisión judicial es imposible. 🔍 En un vistazo: La sentencia del caso FGE tiene un problema serio: no es que el Fiscal General no debiera filtrar información reservada (eso es obvio), sino que el tribunal le atribuye la filtración mediante un relato de i...

Serie Krátos (V): La Mayoría Organizada Del deber de sigilo legítimo a la construcción probatoria forzada: análisis de una condena en única instancia Este artículo cierra un tríptico sobre el caso García Ortiz. En una entrada anterior expuse el mecanismo general del Lawfare: no hace falta inventar delitos, basta con elegir objetivo, marco interpretativo y ritmo procesal. Después, analicé el fallo filtrado del Supremo sin sentencia íntegra y advertí de la asimetría informativa y de la tentación de llenar el vacío con narrativa política. Hoy, con la sentencia publicada, el problema se precisa: la nota puede ser reprochable, pero la atribución de la filtración en única instancia no puede sostenerse sobre un relato indiciario frágil. 🎯 La tesis central: El FGE podía tener un problema penal por la Nota; el Supremo decidió convertir ese problema en una condena cerrada por una unidad de acción que exigía atribuirle también la filtración del correo; y ...

Cómo el choque entre Supremo y Constitucional reveló la verdadera ausencia de transición en la Justicia española Entre 1978 y 1985, el Tribunal Supremo siguió aplicando leyes franquistas incompatibles con la Constitución y negó la exigibilidad directa de los derechos fundamentales. Durante esos años decisivos, la Constitución existía sobre el papel, pero no en los tribunales. El recién creado Tribunal Constitucional tuvo que imponer la nueva legalidad sentencia a sentencia, corrigiendo al Supremo y forzando una transición judicial que este se negó a asumir por sí mismo. La resistencia silenciosa: siete años en los que la Justicia española se negó a aplicar plenamente la Constitución La imagen idealizada de la Transición presenta un país que cambia de régimen casi por consenso, con instituciones que aceptan sin fricciones el nuevo marco democrático. Pero basta mirar a la Justicia para que ese relato se derrumbe. Entre 1...

Cuando el único error que se persigue es el políticamente conveniente La condena al Fiscal General del Estado demuestra algo inquietante: el sistema judicial español tiene herramientas para castigar filtraciones, pero solo las activa con esta intensidad cuando el objetivo es institucionalmente relevante. El delito existía. La selectividad también. La justicia no es neutral: es el mecanismo de último recurso que protege a la minoría propietaria frente al poder numérico de la mayoría. Esa frase no describe solo este caso: resume la arquitectura institucional de las democracias modernas. El lawfare no es una anomalía; es la expresión extrema de un diseño contramayoritario nacido en la democracia censitaria del siglo XIX y adaptado al siglo XXI, cuyo centro es el poder judicial. Pero antes de analizar el caso español del Fiscal General del Estado (FGE) como ejemplo concreto, conviene aclarar un punto crucial que la investig...

No es un abuso, ni una anomalía: es el mecanismo contramayoritario que sostiene el poder real. El lawfare no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando como fue diseñado: un aparato judicial no electo capaz de frenar, inhabilitar o descarrilar a actores políticos mediante procesos interminables, interpretaciones expansivas y ciclos mediático-judiciales. Lo que sigue no es teoría: es el patrón real, documentado y operativo de cómo se construye una persecución legal con apariencia de neutralidad democrática. La justicia no es neutral: es el mecanismo de último recurso que protege a la minoría propietaria frente al poder numérico de la mayoría. Esta frase resume no solo este artículo: resume el diseño institucional de las democracias modernas. El lawfare no es una desviación del Estado de Derecho; es la expresión contemporánea y extrema de una arquitectura que nació contramayoritaria y sigue siéndolo. Su función hi...

Lo que puede deducirse del caso antes de que se publique la sentencia La filtración del fallo del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, sin acompañarlo de la sentencia íntegra, ha abierto un debate público inmediato. Pero sin conocer los fundamentos —el “por qué”— la discusión siempre se llena de ruido. Mientras llega la sentencia, solo cabe analizar lo que sí está disponible y, sobre lo que se conoce, cuál es la hipótesis de fundamento de culpabilidad más probable. En una entrada anterior sobre este tema en el blog, “ Guía rápida para formarse una opinión ” , se defendía un criterio básico: para valorar un asunto conviene esperar a los hechos completos. La filtración del fallo del Supremo —sin explicar su motivación— contradice ese principio. Conocemos el resultado. Pero no conocemos la argumentación jurídica que lo sustenta. Esa asimetría permite que cada quien rellene el vacío según su posición ...

No se trata de un caso de corrupción ni de un pacto oculto. El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta dos principios básicos del Estado de derecho: el deber de reserva y el deber de transparencia institucional . Entender qué se discute realmente es la única manera de opinar con fundamento. Todo comienza cuando el empresario Alberto González Amador , pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, envía a la Fiscalía un correo electrónico reconociendo haber cometido dos delitos fiscales y ofreciendo un acuerdo de conformidad. Poco después, algunos medios difunden que la Fiscalía habría pactado secretamente con él un trato de favor. Para desmentirlo, la Fiscalía General del Estado publica una nota informativa explicando que no existió tal pacto y que el correo lo había enviado el propio empresario. Esa nota es el origen del caso: el juez instructor interpreta que al publicarla, el fiscal general reveló datos reservados de un procedimiento, y lo...

Bajo la superficie del relato oficial de la Transición —pactos, consenso, reconciliación— se esconde un actor que rara vez ha ocupado el centro del debate: el poder judicial. Heredero directo del aparato franquista, sin depuración ni reforma profunda, fue mucho más que un árbitro de la legalidad. Con toga y martillo, fijó los límites del cambio, protegió los pilares del viejo orden y escribió, desde los tribunales, el guion silencioso de la nueva democracia. En un trabajo anterior analizamos cómo, durante la Segunda República (1931–1936), el poder judicial español abandonó progresivamente cualquier pretensión de neutralidad institucional para convertirse en un actor político de primer orden: intervino selectivamente en la persecución penal, obstaculizó las reformas impulsadas por el poder legislativo y, en última instancia, operó como un instrumento de la contrarrevolución legal frente al proyecto democratizador republicano. Aquella experiencia evidenció que la llamada “división de pod...