Aspero mundo

Lo que puede deducirse del caso antes de que se publique la sentencia La filtración del fallo del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, sin acompañarlo de la sentencia íntegra, ha abierto un debate público inmediato. Pero sin conocer los fundamentos —el “por qué”— la discusión siempre se llena de ruido. Mientras llega la sentencia, solo cabe analizar lo que sí está disponible y, sobre lo que se conoce, cuál es la hipótesis de fundamento de culpabilidad más probable. En una entrada anterior sobre este tema en el blog, “ Guía rápida para formarse una opinión ” , se defendía un criterio básico: para valorar un asunto conviene esperar a los hechos completos. La filtración del fallo del Supremo —sin explicar su motivación— contradice ese principio. Conocemos el resultado. Pero no conocemos la argumentación jurídica que lo sustenta. Esa asimetría permite que cada quien rellene el vacío según su posición ...

No se trata de un caso de corrupción ni de un pacto oculto. El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta dos principios básicos del Estado de derecho: el deber de reserva y el deber de transparencia institucional . Entender qué se discute realmente es la única manera de opinar con fundamento. Todo comienza cuando el empresario Alberto González Amador , pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, envía a la Fiscalía un correo electrónico reconociendo haber cometido dos delitos fiscales y ofreciendo un acuerdo de conformidad. Poco después, algunos medios difunden que la Fiscalía habría pactado secretamente con él un trato de favor. Para desmentirlo, la Fiscalía General del Estado publica una nota informativa explicando que no existió tal pacto y que el correo lo había enviado el propio empresario. Esa nota es el origen del caso: el juez instructor interpreta que al publicarla, el fiscal general reveló datos reservados de un procedimiento, y lo...

Bajo la superficie del relato oficial de la Transición —pactos, consenso, reconciliación— se esconde un actor que rara vez ha ocupado el centro del debate: el poder judicial. Heredero directo del aparato franquista, sin depuración ni reforma profunda, fue mucho más que un árbitro de la legalidad. Con toga y martillo, fijó los límites del cambio, protegió los pilares del viejo orden y escribió, desde los tribunales, el guion silencioso de la nueva democracia. En un trabajo anterior analizamos cómo, durante la Segunda República (1931–1936), el poder judicial español abandonó progresivamente cualquier pretensión de neutralidad institucional para convertirse en un actor político de primer orden: intervino selectivamente en la persecución penal, obstaculizó las reformas impulsadas por el poder legislativo y, en última instancia, operó como un instrumento de la contrarrevolución legal frente al proyecto democratizador republicano. Aquella experiencia evidenció que la llamada “división de pod...

Durante siglos, la división de poderes ha sido presentada como la garantía última de la democracia liberal: un delicado equilibrio que impide los abusos y mantiene a raya al poder. Pero cuando la historia se examina sin mitos, el relato se resquebraja. En los momentos de crisis —cuando el orden social se ve amenazado— el poder judicial no siempre actúa como árbitro neutral. Con frecuencia se convierte en actor político activo , que interviene para proteger a los de arriba y castigar a quienes intentan cambiar las reglas. La Segunda República española ofrece un ejemplo tan elocuente como inquietante En el artículo anterior del que este brota con vocación ejemplificadora sostuve —como también lo hace la sociología jurídica crítica , desde autores como Otto Kirchheimer, Pierre Bourdieu o Jürgen Habermas — que la llamada “división de poderes”, presentada durante siglos como pilar de la democracia liberal, funciona más como mito legitimador que como descripción de la realidad política. Los...

Lo que se presenta como un pilar de la democracia —la división de poderes— ha sido, en realidad, un dispositivo para mantener intacto el orden social y económico. Detrás de su apariencia neutral, el poder judicial actúa como guardián de límites que la voluntad popular no puede cruzar. Pocas ideas han tenido tanta fuerza en la construcción del mundo político moderno como la división de poderes. Desde que Montesquieu formuló su célebre teoría en El espíritu de las leyes (1748), hemos aprendido a verla como el corazón mismo de la democracia liberal: el mecanismo que impide el abuso del poder, protege la libertad y garantiza el equilibrio entre las instituciones del Estado. Se nos enseña que dividir el poder es un acto de neutralidad, una garantía universal contra la tiranía. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si, más allá de su apariencia técnica y su lenguaje jurídico, la división de poderes fuera, en realidad, otro mito fundador del orden burgués , tan ideológicamente cargado como la idea del...