Aspero mundo

Crítica técnica a la sentencia del caso FGE Anatomía de una condena en única instancia basada en una más que dudosa sentencia construida sobre inferencias Una sentencia que condena al Fiscal General del Estado sin poder identificar quién filtró exactamente, cómo lo hizo ni cuándo, utilizando una fórmula tan amplia que permite cerrar el círculo sin cerrar la prueba. Un tribunal dividido, un voto particular demoledor, y una arquitectura probatoria que se sostiene sobre indicios ambiguos y alternativas sin descartar. Este es el análisis de una condena que, más allá de ideologías, plantea preguntas incómodas sobre cómo funciona el derecho penal cuando las consecuencias políticas son masivas y la revisión judicial es imposible. 🔍 En un vistazo: La sentencia del caso FGE tiene un problema serio: no es que el Fiscal General no debiera filtrar información reservada (eso es obvio), sino que el tribunal le atribuye la filtración mediante un relato de i...

Serie Krátos (V): La Mayoría Organizada Del deber de sigilo legítimo a la construcción probatoria forzada: análisis de una condena en única instancia Este artículo cierra un tríptico sobre el caso García Ortiz. En una entrada anterior expuse el mecanismo general del Lawfare: no hace falta inventar delitos, basta con elegir objetivo, marco interpretativo y ritmo procesal. Después, analicé el fallo filtrado del Supremo sin sentencia íntegra y advertí de la asimetría informativa y de la tentación de llenar el vacío con narrativa política. Hoy, con la sentencia publicada, el problema se precisa: la nota puede ser reprochable, pero la atribución de la filtración en única instancia no puede sostenerse sobre un relato indiciario frágil. 🎯 La tesis central: El FGE podía tener un problema penal por la Nota; el Supremo decidió convertir ese problema en una condena cerrada por una unidad de acción que exigía atribuirle también la filtración del correo; y ...

Cuando el único error que se persigue es el políticamente conveniente La condena al Fiscal General del Estado demuestra algo inquietante: el sistema judicial español tiene herramientas para castigar filtraciones, pero solo las activa con esta intensidad cuando el objetivo es institucionalmente relevante. El delito existía. La selectividad también. La justicia no es neutral: es el mecanismo de último recurso que protege a la minoría propietaria frente al poder numérico de la mayoría. Esa frase no describe solo este caso: resume la arquitectura institucional de las democracias modernas. El lawfare no es una anomalía; es la expresión extrema de un diseño contramayoritario nacido en la democracia censitaria del siglo XIX y adaptado al siglo XXI, cuyo centro es el poder judicial. Pero antes de analizar el caso español del Fiscal General del Estado (FGE) como ejemplo concreto, conviene aclarar un punto crucial que la investig...

No es un abuso, ni una anomalía: es el mecanismo contramayoritario que sostiene el poder real. El lawfare no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando como fue diseñado: un aparato judicial no electo capaz de frenar, inhabilitar o descarrilar a actores políticos mediante procesos interminables, interpretaciones expansivas y ciclos mediático-judiciales. Lo que sigue no es teoría: es el patrón real, documentado y operativo de cómo se construye una persecución legal con apariencia de neutralidad democrática. La justicia no es neutral: es el mecanismo de último recurso que protege a la minoría propietaria frente al poder numérico de la mayoría. Esta frase resume no solo este artículo: resume el diseño institucional de las democracias modernas. El lawfare no es una desviación del Estado de Derecho; es la expresión contemporánea y extrema de una arquitectura que nació contramayoritaria y sigue siéndolo. Su función hi...

Lo que puede deducirse del caso antes de que se publique la sentencia La filtración del fallo del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, sin acompañarlo de la sentencia íntegra, ha abierto un debate público inmediato. Pero sin conocer los fundamentos —el “por qué”— la discusión siempre se llena de ruido. Mientras llega la sentencia, solo cabe analizar lo que sí está disponible y, sobre lo que se conoce, cuál es la hipótesis de fundamento de culpabilidad más probable. En una entrada anterior sobre este tema en el blog, “ Guía rápida para formarse una opinión ” , se defendía un criterio básico: para valorar un asunto conviene esperar a los hechos completos. La filtración del fallo del Supremo —sin explicar su motivación— contradice ese principio. Conocemos el resultado. Pero no conocemos la argumentación jurídica que lo sustenta. Esa asimetría permite que cada quien rellene el vacío según su posición ...

Durante siglos, la división de poderes ha sido presentada como la garantía última de la democracia liberal: un delicado equilibrio que impide los abusos y mantiene a raya al poder. Pero cuando la historia se examina sin mitos, el relato se resquebraja. En los momentos de crisis —cuando el orden social se ve amenazado— el poder judicial no siempre actúa como árbitro neutral. Con frecuencia se convierte en actor político activo , que interviene para proteger a los de arriba y castigar a quienes intentan cambiar las reglas. La Segunda República española ofrece un ejemplo tan elocuente como inquietante En el artículo anterior del que este brota con vocación ejemplificadora sostuve —como también lo hace la sociología jurídica crítica , desde autores como Otto Kirchheimer, Pierre Bourdieu o Jürgen Habermas — que la llamada “división de poderes”, presentada durante siglos como pilar de la democracia liberal, funciona más como mito legitimador que como descripción de la realidad política. Los...

  En España y en la mayoría de democracias modernas, un juez no puede abrir una investigación simplemente “por si acaso”. La ley exige un hecho concreto con apariencia delictiva y unos indicios razonables. Pero ¿de dónde viene esta prohibición? ¿Por qué está tan firmemente arraigada en nuestra tradición jurídica? La respuesta nos lleva a una larga historia de abusos y a una clara frontera entre sociedades democráticas y regímenes totalitarios. 2. El pasado: causas generales como norma Durante siglos, lo normal fue lo contrario. La Inquisición abría procesos contra comunidades enteras de conversos o sospechosos de herejía, sin necesidad de hechos probados. En la monarquía absoluta , los tribunales podían instruir sumarios generales contra colectivos o gremios bajo sospecha. En todos estos casos se trataba de investigaciones prospectivas : no se perseguía un delito ya cometido, sino que se buscaba si había algo que incriminar, sobre la base de la sospecha, la ideología o ...