Aspero mundo

Lo que puede deducirse del caso antes de que se publique la sentencia La filtración del fallo del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, sin acompañarlo de la sentencia íntegra, ha abierto un debate público inmediato. Pero sin conocer los fundamentos —el “por qué”— la discusión siempre se llena de ruido. Mientras llega la sentencia, solo cabe analizar lo que sí está disponible y, sobre lo que se conoce, cuál es la hipótesis de fundamento de culpabilidad más probable. En una entrada anterior sobre este tema en el blog, “ Guía rápida para formarse una opinión ” , se defendía un criterio básico: para valorar un asunto conviene esperar a los hechos completos. La filtración del fallo del Supremo —sin explicar su motivación— contradice ese principio. Conocemos el resultado. Pero no conocemos la argumentación jurídica que lo sustenta. Esa asimetría permite que cada quien rellene el vacío según su posición ...

Durante siglos, la división de poderes ha sido presentada como la garantía última de la democracia liberal: un delicado equilibrio que impide los abusos y mantiene a raya al poder. Pero cuando la historia se examina sin mitos, el relato se resquebraja. En los momentos de crisis —cuando el orden social se ve amenazado— el poder judicial no siempre actúa como árbitro neutral. Con frecuencia se convierte en actor político activo , que interviene para proteger a los de arriba y castigar a quienes intentan cambiar las reglas. La Segunda República española ofrece un ejemplo tan elocuente como inquietante En el artículo anterior del que este brota con vocación ejemplificadora sostuve —como también lo hace la sociología jurídica crítica , desde autores como Otto Kirchheimer, Pierre Bourdieu o Jürgen Habermas — que la llamada “división de poderes”, presentada durante siglos como pilar de la democracia liberal, funciona más como mito legitimador que como descripción de la realidad política. Los...

  En España y en la mayoría de democracias modernas, un juez no puede abrir una investigación simplemente “por si acaso”. La ley exige un hecho concreto con apariencia delictiva y unos indicios razonables. Pero ¿de dónde viene esta prohibición? ¿Por qué está tan firmemente arraigada en nuestra tradición jurídica? La respuesta nos lleva a una larga historia de abusos y a una clara frontera entre sociedades democráticas y regímenes totalitarios. 2. El pasado: causas generales como norma Durante siglos, lo normal fue lo contrario. La Inquisición abría procesos contra comunidades enteras de conversos o sospechosos de herejía, sin necesidad de hechos probados. En la monarquía absoluta , los tribunales podían instruir sumarios generales contra colectivos o gremios bajo sospecha. En todos estos casos se trataba de investigaciones prospectivas : no se perseguía un delito ya cometido, sino que se buscaba si había algo que incriminar, sobre la base de la sospecha, la ideología o ...

En España, el acceso a la carrera judicial se presenta como la expresión máxima de la meritocracia: una oposición exigente, abierta a todo aquel dispuesto a prepararse con constancia. Sin embargo, los datos muestran otra realidad: el origen social de los jueces es marcadamente homogéneo y reproduce los privilegios de clase. La judicatura española, lejos de reflejar la pluralidad social, está compuesta en su mayoría por personas de familias de clase media-alta, con fuertes vínculos con el mundo jurídico, académico o con el funcionariado de élite. Este sesgo de origen plantea una pregunta incómoda: ¿puede una justicia formada casi exclusivamente desde los mismos entornos sociales cumplir con el ideal democrático de representar a toda la ciudadanía? 1. El perfil social de los jueces españoles El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado varios estudios que permiten trazar un retrato sociológico de la magistratura. Según el Estudio sociológico de la Carrera Judicial (2009), ...

En el imaginario democrático, el poder judicial se presenta como un cuerpo neutral que encarna la diversidad social y actúa como contrapeso frente a abusos del poder político. Sin embargo, la evidencia sociológica sugiere algo distinto: la judicatura no es un espejo de la sociedad, sino un grupo profesional cuya composición responde a un patrón social muy específico. Los jueces, en su mayoría, no provienen de entornos populares ni de trayectorias vitales heterogéneas. Por el contrario, su origen se concentra en sectores medios-altos, con recorridos educativos homogéneos y con valores afines a la estabilidad institucional. Comprender este sesgo de origen es fundamental para explicar la orientación conservadora del poder judicial y su tendencia a priorizar la preservación del orden sobre la transformación social. 1. Un reclutamiento sesgado Históricamente, el acceso a la carrera judicial ha estado condicionado por variables de clase. Preparar una oposición judicial requiere tiempo, recur...

La imagen extendida del poder judicial en las democracias contemporáneas es la de un cuerpo neutral, técnico y autónomo. Un poder del Estado cuya función consiste en aplicar la ley de manera imparcial, garantizando así la justicia y actuando como contrapeso frente a los abusos de los otros poderes. Sin embargo, numerosos estudios sociológicos han mostrado que esta visión es más mito que realidad. La judicatura no es un espacio abstracto ni neutro, sino una clase profesional con rasgos propios, estrechamente vinculada a los sectores privilegiados de la sociedad. Entender a los jueces como clase social permite explicar fenómenos que, de otro modo, parecerían anomalías: el conservadurismo sistemático de la jurisprudencia, la resistencia a las transformaciones sociales, e incluso el lawfare , entendido no como desviación puntual, sino como cristalización de una lógica profunda. 1. Origen social y trayectorias homogéneas La mayoría de quienes acceden a la carrera judicial provienen históric...

El concepto de lawfare —fusión de law (derecho) y warfare (guerra)— se ha vuelto recurrente en el debate político contemporáneo. Se refiere al uso estratégico del derecho y de los tribunales como armas de combate político, sustituyendo el espacio de la confrontación democrática por el del proceso judicial. Lo que en teoría debía ser un instrumento neutral de garantía de derechos se transforma en un mecanismo de persecución, desgaste o anulación de adversarios. La paradoja es clara: según Montesquieu, el poder judicial debía ser el gran contrapoder, un freno frente a las derivas autoritarias del ejecutivo o las mayorías legislativas. Pero la historia reciente y remota muestran algo distinto: la judicatura ha tendido a ser conservadora, aliada del orden establecido, rara vez del lado de quienes intentan transformarlo. Esta contradicción atraviesa el fenómeno contemporáneo del lawfare . 1. Montesquieu y el ideal ilustrado En El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu formuló la céle...