Cuando la ofensiva interna del PP contra Sánchez empieza a coincidir con los intereses de Washington y Tel Aviv, España reproduce un mecanismo que América Latina conoce demasiado bien: la radicalización de la oposición y el golpe blando.
Durante la guerra contra Irán, España dejó de limitarse a formular críticas diplomáticas. El Gobierno negó a Estados Unidos la utilización de las bases de Rota y Morón para atacar territorio iraní y convirtió la soberanía española en un obstáculo material para las operaciones norteamericanas.
La decisión no fue meramente simbólica. Según informó Reuters, quince aeronaves estadounidenses —principalmente aviones cisterna destinados al reabastecimiento aéreo— abandonaron ambas bases y fueron trasladadas en su mayoría a Ramstein, en Alemania. España obligó a Estados Unidos a modificar parte de su dispositivo militar.
A esta negativa se sumó el rechazo de Sánchez a elevar hasta el 5 % del producto interior bruto el gasto en defensa. Trump respondió al conjunto de esa indisciplina con amenazas comerciales y cuestionó públicamente la fiabilidad de España como aliado.
Feijóo pudo defender al Gobierno español frente a las amenazas de una potencia extranjera. Prefirió acusar a Sánchez de romper con sus aliados y presentarse como garantía de que España volvería a ser un socio fiable.
La ofensiva del PP contra Sánchez adquiere una nueva dimensión cuando la caída del Gobierno español comienza a interesar también a Estados Unidos e Israel. El PP quiere desalojarlo por razones internas; Washington y Tel Aviv necesitan sustituirlo por razones exteriores.
Y esa confluencia reproduce un mecanismo utilizado frecuentemente en América Latina: una potencia extranjera presiona a un Gobierno incómodo mientras cultiva y legitima a las fuerzas internas que, generando un clima de tensión creciente —cercano al golpe blando—, pueden proporcionarle el recambio que necesita.
La construcción del recambio
Esa negativa a ceder las bases tuvo una consecuencia diplomática inmediata. Semanas después, el embajador estadounidense, Benjamín León Jr., se reunió por separado con Feijóo, Ayuso y Abascal. Según la cronología recopilada por Maldita.es, los tres encuentros se celebraron durante la misma semana de mayo. Días antes, el propio embajador se había quejado públicamente, según recogió El País, de que Sánchez todavía no lo hubiera recibido en los más de tres meses que llevaba en el cargo.
Las embajadas mantienen relaciones habituales con los partidos de la oposición. Pero no toda reunión posee el mismo significado político ni puede separarse del momento en que se celebra.
Estados Unidos acababa de comprobar que el Gobierno español estaba dispuesto a obstaculizar sus operaciones militares. Trump amenazaba comercialmente a España y exigía un alineamiento mayor con su política de defensa. Mientras tanto, su embajador concentraba sus contactos en los dirigentes capaces de sustituir a Sánchez.
Los interlocutores tampoco eran neutrales. Vox ha convertido su alineamiento con Trump y Netanyahu en parte de su identidad internacional. Feijóo ofrece una versión más institucional de la misma rectificación: devolver a España al lugar que Washington considera propio de un aliado fiable. E Israel tiene, además, un motivo propio y directo: tras el reconocimiento español del Estado palestino y el paquete de medidas contra la ofensiva en Gaza, Netanyahu amenazó con un "precio inmediato" para España y excluyó a su representación del Centro de Coordinación Civil-Militar de Kiryat Gat. No hace falta buscar vínculos personales para explicar el interés israelí en el recambio: hay una amenaza de Estado a Estado, explícita y fechada.
Para alguien de izquierdas con memoria latinoamericana, la imagen resulta demasiado conocida como para despacharla como una rutina diplomática. Estados Unidos no ha intervenido en América Latina únicamente mediante golpes militares: su método histórico ha consistido también en cultivar a las fuerzas internas capaces de sustituir a un Gobierno incómodo, sin necesidad de una orden directa ni de una conspiración teledirigida. La pregunta relevante no es si Washington controla mecánicamente al PP. Esa formulación resulta demasiado burda y permite eludir el problema. La pregunta es otra: ¿está Estados Unidos construyendo una relación privilegiada con la oposición española porque representa el recambio de un Gobierno que ha dejado de obedecerlo?
Esa legitimación exterior no es solo simbólica: cambia el cálculo interno de la oposición. Cuando la confluencia de intereses entre el PP y las potencias extranjeras se hace visible, baja el coste de radicalizar la ofensiva interna, y con él el freno que normalmente contiene a una oposición institucional. Es entonces cuando la crítica política deja paso a las formas cada vez menos veladas de golpe blando.
Esta es la latinoamericanización de España: una oposición nacional que radicaliza su ofensiva mientras una potencia extranjera perjudicada por el Gobierno estrecha relaciones con quienes aspiran a sustituirlo. La presión actúa desde fuera; el cerco, desde dentro. No hace falta que todos los participantes obedezcan a un mando único para que sus actuaciones converjan en el mismo resultado.
El mismo enemigo
Durante la Transición, entender la política española sin mirar hacia la Embajada de Estados Unidos ya era un ejercicio incompleto. Los cables que el embajador Wells Stabler enviaba a Washington entre 1975 y 1978 —desclasificados y estudiados en los últimos años— muestran una implicación mayor de la que el relato oficial ha reconocido: Suárez y el Rey le mantenían informado de sus planes, medió en la legalización del PSOE y del PCE, y gestionó financiación estadounidense para la UGT a través del sindicato AFL-CIO. Washington no gobernaba España, pero decidía qué actores merecían su respaldo y cuáles no.
Medio siglo después, Washington y el PP han vuelto a encontrar en el mismo Gobierno al mismo enemigo.
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