Netanyahu amenazó con un "precio inmediato". Israel combatía en Irán mientras España le cerraba las bases. Y en julio, cincuenta mil personas entraron en Ceuta en un día.
El 10 de abril de 2026, Benjamin Netanyahu lanzó una amenaza inequívoca contra España. Después de excluir a los representantes españoles del centro encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de librar una guerra diplomática contra Israel y advirtió:
No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato.
Tres meses y veinte días después, cerca de 50.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos en apenas veinticuatro horas. La ciudad, con unos 85.000 habitantes, quedó desbordada. El Gobierno movilizó al Ejército y Pedro Sánchez calificó lo ocurrido como una "violación y un ataque a la integridad territorial" de España.
No sabemos si ambos acontecimientos están directamente relacionados. No existe una orden israelí conocida, una comunicación interceptada ni una confesión marroquí. Pero entre la amenaza de Netanyahu y el asalto a Ceuta aparecen suficientes hechos intermedios como para que la hipótesis de una represalia deje de ser una fantasía conspirativa y se convierta en la explicación más consistente con lo que sí sabemos.
La pregunta no es si tenemos ya pruebas suficientes para condenar a Israel. La pregunta es por qué España se niega siquiera a investigar si el ataque contra Ceuta fue el precio prometido.
Una entrada que Marruecos podía impedir
La palabra invasión resulta incómoda porque quienes cruzaron la frontera no formaban un ejército. Eran fundamentalmente jóvenes marroquíes, junto con personas procedentes de otros países africanos, convertidos en instrumento de una operación que probablemente ni conocían.
Pero la naturaleza civil de quienes entraron no elimina el carácter político del acontecimiento. Decenas de miles de personas no atraviesan en unas horas una de las fronteras más vigiladas de África sin que se haya producido, como mínimo, una quiebra extraordinaria del dispositivo marroquí.
Marruecos conoce perfectamente la capacidad desestabilizadora de la frontera. Ya la utilizó en mayo de 2021, cuando permitió la entrada en Ceuta de entre 8.000 y 10.000 personas como represalia por la acogida hospitalaria en España de Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario. Entonces quedó demostrado que Rabat puede abrir y cerrar la presión migratoria en función de sus necesidades políticas. En julio de 2026 entraron cinco o seis veces más personas.
Aceptar que todo se debió espontáneamente a un rumor sobre una sentencia judicial exige creer que decenas de miles de personas se movilizaron al mismo tiempo, alcanzaron la frontera y superaron el control marroquí sin que ningún poder político lo promoviera, facilitara o decidiera no impedirlo. Es posible. Pero no es la explicación más convincente, y Marruecos no necesitaba que nadie le diera una orden: lleva reclamando Ceuta y Melilla desde 1975 y tiene motivos propios de sobra. Lo que cambia es el cálculo de riesgo cuando ese motivo propio coincide con el interés de aliados capaces de reducir el coste internacional de la operación.
Dos agravios, un mismo destinatario
España no solo había ofendido a Netanyahu por Gaza. Semanas antes de la crisis, Madrid había impedido que las bases de Rota y Morón se usaran para las operaciones aliadas contra Irán —operaciones en las que el propio Israel era parte beligerante, no un espectador—. Cuando España dejó claro que esas instalaciones no podían emplearse contra Teherán, varios aviones estadounidenses abandonaron ambas bases.
El artículo de Ynet que se publicaría poco después no llegó, por tanto, en el vacío. Llegó tras dos fricciones sucesivas con el mismo país en menos de un mes: la oposición española a la ofensiva en Gaza y la negativa a ceder territorio para una campaña militar en la que Israel combatía directamente.
El 26 de abril, dieciséis días después de la amenaza de Netanyahu, el diario israelí Ynet publicó un análisis titulado "Cómo Israel puede ayudar a Marruecos a recuperar su norte". El texto defendía que la alianza creada por los Acuerdos de Abraham ofrecía una oportunidad para que Estados Unidos e Israel respaldasen las aspiraciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, y presentaba esa ayuda como una forma de castigar a un miembro de la OTAN que había elegido repetidamente la "obstrucción" en lugar de la cooperación.
No se trataba de una declaración oficial del Gobierno israelí. Pero tampoco era una especulación publicada después de los hechos para adaptarse a ellos. Era un artículo israelí que identificaba anticipadamente Ceuta y Melilla como el punto vulnerable donde España podía ser castigada mediante la alianza entre Israel, Marruecos y Estados Unidos.
Estados Unidos puso por escrito la reclamación marroquí
El segundo elemento es todavía más grave porque no procede de un artículo de opinión ni de una declaración improvisada.
El 22 de abril, doce días después de la amenaza de Netanyahu, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes estadounidense terminó el informe presupuestario para los programas de seguridad nacional y del Departamento de Estado correspondientes a 2027. Dentro del apartado dedicado a Marruecos, el Comité asignaba 40 millones de dólares a programas económicos y de financiación militar, elogiaba la alianza histórica entre Washington y Rabat y afirmaba:
Las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están situadas en territorio marroquí y continúan siendo objeto de una antigua reclamación de Marruecos.
A continuación, respaldaba los esfuerzos del secretario de Estado para promover conversaciones entre España y Marruecos sobre el "futuro estatus" de ambas ciudades. Así consta en las páginas 86 y 87 del documento oficial.
Conviene ser exactos. No estamos ante una ley aprobada por todo el Congreso ni ante un reconocimiento jurídico definitivo de la soberanía marroquí. Pero tampoco ante una frase insignificante: un órgano oficial de la Cámara de Representantes presenta a España como mera administradora, sitúa las dos ciudades en territorio marroquí y considera negociable su futuro. Es una ruptura evidente con la posición española y un respaldo político a la estrategia de Rabat.
La secuencia, ordenada, deja poco margen para la casualidad:
Cada episodio podría explicarse por separado. El conjunto resulta mucho más difícil de presentar como una sucesión de casualidades.
Una operación perfecta de guerra híbrida
Si Marruecos permitió deliberadamente el paso, la operación tuvo todas las características de una agresión híbrida. No necesitó disparar un solo proyectil ni cruzar la frontera con tropas. Le bastó con suspender temporalmente una vigilancia que controla con enorme eficacia cuando quiere hacerlo. Las víctimas fueron utilizadas como munición humana y España tuvo que asumir todos los costes: emergencia humanitaria, despliegue militar, tensión social, deterioro europeo y crisis política.
Marruecos obtiene presión sobre Ceuta y Melilla. Israel puede castigar al Gobierno europeo que más activamente ha combatido su política, tanto en Gaza como en Irán. Estados Unidos dispone de una advertencia contra un aliado que se negó a comportarse como vasallo. La derecha española recibe una crisis devastadora con la que acusar a Sánchez de haber perdido el control de las fronteras. Y la propia Unión Europea, en lugar de cerrar filas con un socio agredido en su integridad territorial, reacciona con una desproporción reveladora: Italia restablece controles fronterizos con España, Finlandia y Dinamarca piden directamente su exclusión de Schengen, y una veintena de países firman una carta de censura a Madrid. Un ataque contra la frontera exterior de la Unión termina convertido, gracias a esa reacción, en un argumento contra la propia España.
La alianza israelí-marroquí ya no es simbólica. Incluye cooperación militar, intercambio de inteligencia, drones, sistemas de defensa aérea y planes de trabajo conjuntos. A ella se suma Estados Unidos, protector de Israel, aliado histórico de Marruecos y potencia dominante dentro de la OTAN. No hace falta imaginar una conspiración omnipotente. Basta con reconocer un eje de intereses que ya existía antes de Ceuta y que Ceuta confirma.
(Durante la propia crisis, el embajador israelí ante Naciones Unidas calificó a Ceuta de "colonia española" y acusó a España de hipocresía —una declaración posterior a los hechos que la encargada de negocios israelí en Madrid tuvo que desmentir como posición oficial, pero que revela cómo se leía la crisis desde Israel mientras ocurría.)
La derecha que solo mira hacia dentro
La oposición española no ha ayudado a distinguir entre las dos preguntas que importan. El mismo viernes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó a Ceuta para calificar lo ocurrido de "ocupación premeditada y sin precedentes" y acusar al Gobierno de haber conocido de antemano lo que iba a pasar y no haber actuado, sin aportar una sola prueba de esa premeditación ni preguntarse en ningún momento quién pudo estar detrás de ella. Es un giro revelador: el mismo hecho que exigiría investigar si Marruecos, Israel o Estados Unidos tuvieron algún papel se convierte, en boca de la principal oposición, en un argumento exclusivamente doméstico contra Pedro Sánchez. Feijóo asume la premeditación —la parte más difícil de sostener de toda esta hipótesis— pero la atribuye por completo a la negligencia del Gobierno, no a quien pudo planificarla.
El resultado es que la oposición española y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ese mismo día acusó a Sánchez de "facilitar y promover" la inmigración ilegal sin mencionar en ningún momento a Marruecos, coinciden exactamente en el mismo punto: hubo premeditación, pero la responsabilidad es únicamente de España. Ninguno de los dos, con intereses tan distintos entre sí, señala jamás hacia Rabat, Tel Aviv o Washington. Cuando la oposición interna de un país adopta, sin saberlo o sin que le importe, el mismo relato que conviene a una potencia extranjera para cerrar cualquier pregunta incómoda, ya no hace falta que esa potencia mienta: le basta con que en España nadie quiera preguntar.
Feijóo no es un caso aislado. En mayo, cuando ya se sabía que Estados Unidos e Israel podían respaldar las pretensiones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, Santiago Abascal suavizó públicamente su discurso sobre Rabat: "Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo". El mismo líder que ha construido buena parte de su discurso sobre la defensa cerrada de la soberanía nacional se descubre incapaz de sostenerla cuando quien presiona esa soberanía no es Marruecos solo, sino Marruecos respaldado por Washington y Tel Aviv. Es difícil no leerlo como lo que parece: la derecha española sabe ladrar contra Rabat cuando Rabat actúa sola, y calla en cuanto detrás de Rabat aparecen sus propios referentes ideológicos y geopolíticos. Se puede llamar disciplina de bloque. También se puede llamar, sin exagerar, falta de patriotismo cuando quien pisa el territorio nacional cuenta con el visto bueno de los amos.
Son demasiadas coincidencias
La explicación oficial reduce la crisis a traficantes de personas, rumores sobre una sentencia y movimientos espontáneos. Es una explicación políticamente cómoda porque evita preguntar por qué Marruecos permitió que decenas de miles de personas alcanzaran y atravesaran la frontera. También evita formular una pregunta todavía más incómoda: ¿por qué el ataque se produjo después de que Netanyahu prometiera castigar inmediatamente a España, Estados Unidos respaldara la reclamación marroquí e Israel propusiera públicamente utilizar Ceuta y Melilla como instrumento de represalia?
Son demasiadas coincidencias. Netanyahu amenazó con un precio inmediato. Israel combatía en Irán mientras España le cerraba las bases. Un medio israelí explicó cómo usar a Marruecos para cobrarse la afrenta. Un comité del Congreso de Estados Unidos puso la reclamación marroquí por escrito. Y entonces, con esa cobertura ya tendida, Marruecos abrió la frontera y cincuenta mil personas entraron en Ceuta en un día. Israel nos enseñó los dientes en abril. En julio mordió donde más duele: en la soberanía de un territorio que España nunca ha sabido, ni querido, defender del todo.
Y si hacía falta una última confirmación de que España está sola frente a esto, la dio Europa. Mientras Ceuta se desbordaba, Italia cerraba fronteras con nosotros, Finlandia y Dinamarca pedían expulsarnos de Schengen y una veintena de socios firmaban una carta de censura contra Madrid. Ni un solo gobierno europeo se preguntó públicamente qué había detrás de lo ocurrido, ni ofreció ayuda. Ante una agresión, la Unión Europea no cerró filas: nos pasó factura.
Sánchez ha ido demasiado lejos. No es Chávez ni Castro, y conviene no fingir que lo es: es solo un político europeo más, dentro de una administración continental que sigue funcionando, en lo esencial, bajo tutela norteamericana. Ha usado la política exterior —Gaza, Irán, las bases de Rota y Morón— como arma de política interna, para marcar diferencias y sumar votos a su izquierda. Puede que tuviera razón en cada una de esas posiciones, una por una. Pero se ha permitido sostener ese pulso frente a potencias que no perdonan la insubordinación de un socio menor, y ahora está pagando la factura en el terreno más sensible que tiene España: su propia integridad territorial.
Queda la pregunta abierta: ¿cuál será su siguiente movimiento?
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