Heredada del final del franquismo y convertida después en doctrina de Estado, la política de apaciguamiento hacia Marruecos se ha vuelto contra Pedro Sánchez, que insiste en una versión diplomática tan contraintuitiva como difícil de explicar. Una versión que tampoco el contexto golpista de la política española permite sostener.
Existe una versión diplomática de la crisis de Ceuta y existe una versión que puede ser creída.
Según la primera, más de 70.000 personas alcanzaron en dos días una de las fronteras más vigiladas del norte de África sin que Marruecos tuviera ninguna responsabilidad relevante. Una sentencia del Tribunal Supremo fue tergiversada en las redes sociales, las mafias aprovecharon la situación y las autoridades marroquíes no pudieron evitar que la movilización desbordase la frontera.
Esa versión es fiel a la tradición: es el apaciguamiento de siempre, aplicado una vez más. Pero esta vez resulta contraintuitiva, y por eso tan impopular. El error de Sánchez no está en la política heredada, sino en empeñarse en sostener esa versión diplomática cuando la dimensión de lo ocurrido ya no la hace creíble.
Pedro Sánchez aseguró el 31 de agosto que "no hay ninguna información" que permita atribuir responsabilidad a Marruecos. Defendió la cooperación con Rabat y advirtió de que desconfiar del país vecino agravaría la situación. Dos días después se conoció un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia de la Policía Nacional especializada en fronteras, remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Según publicó Cadena SER, el informe sostiene que la movilización no fue incidental.
El CENIF no identifica al autor intelectual ni atribuye formalmente la planificación al Gobierno marroquí. No hace falta que lo haga para que la completa inocencia de Rabat resulte inverosímil. Una cosa es que no exista una orden firmada por Mohamed VI y otra que más de 70.000 personas puedan concentrarse, desplazarse y atravesar una frontera fuertemente vigilada sin conocimiento, tolerancia o participación de los aparatos de seguridad marroquíes.
Nadie se lo cree, salvo quienes necesitan fingir que lo creen.
El problema es que esta ficción no es nueva. España lleva décadas utilizándola para contener sus conflictos con Marruecos. Lo nuevo es que la magnitud de lo ocurrido en Ceuta la ha vuelto insostenible al mismo tiempo que la oposición ha dejado de protegerla.
El viejo statu quo
Pedro Sánchez no inventó la política de apaciguamiento hacia Marruecos. La heredó y profundizó, pero su lógica procede del final del franquismo.
La Marcha Verde de 1975 fijó el reparto de papeles. Desde entonces, la relación bilateral funciona como un teatrillo entre aliados del mismo bloque occidental, con un guion fijo: Marruecos reclama y se queja, España minimiza, y ninguno de los dos gestos altera el orden estratégico de fondo. España, vinculada a Estados Unidos por sus acuerdos de bases desde los años cincuenta, y Marruecos, socio estratégico de Washington en el norte de África, compartían una prioridad ajena a sus disputas: preservar la estabilidad del estrecho de Gibraltar y la continuidad de la monarquía marroquí.
El objetivo no era resolver los conflictos entre ambos países, sino mantenerlos congelados. Las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta, Melilla, las aguas canarias o el Sáhara podían persistir siempre que no desembocaran en una confrontación abierta.
Durante los años ochenta, esa práctica se convirtió en doctrina: la llamada política del colchón de intereses. La idea era simple — cuantas más relaciones comerciales, policiales y diplomáticas hubiera entre los dos países, más caro le resultaría a Marruecos romper la relación y más moderada sería su conducta.
Pero el colchón terminó funcionando en una sola dirección. España interiorizó los costes de cualquier ruptura mientras Marruecos conservaba la capacidad de suspender selectivamente su cooperación: elevar la tensión migratoria, cerrar una aduana, reducir la vigilancia fronteriza. Madrid, a cambio, debía rebajar la gravedad del incidente y reconstruir cuanto antes la relación.
Salvo la excepción de Perejil, todos los gobiernos españoles aceptaron esas reglas. En julio de 2002, José María Aznar respondió militarmente a la ocupación marroquí del islote porque se trataba de una agresión territorial concreta, limitada y reversible. España recuperó el territorio y regresó de inmediato a la desescalada: Perejil no inauguró una política de firmeza, fue una interrupción táctica.
Después continuó el mismo modelo, con gobiernos del PSOE y del PP. El sistema no exigía creer en la inocencia marroquí. Bastaba con aceptar que denunciar su responsabilidad costaría más que mantener la ficción.
La presión que rebasó el límite
La primera de las dos condiciones que sostenían esa ficción —que la presión marroquí se mantuviera en una escala disimulable— se rompió en dos días. Los días 30 y 31 de julio cruzaron irregularmente la frontera entre 70.000 y 72.000 personas, según las cifras del Ministerio del Interior. Una movilización comparable a la población entera de Ceuta ya no podía reducirse a una relajación puntual de la vigilancia ni a una operación de mafias.
Una interpretación falsa de una sentencia del Supremo contribuyó a movilizar a miles de personas, pero no explica que Marruecos permitiera su llegada hasta la frontera, ni que sus agentes las guiaran hacia determinados puntos de acceso.
La prueba más comprometedora llegó dos semanas después. Ante una nueva convocatoria prevista para el 15 de agosto, Marruecos mantuvo durante más de 48 horas un dispositivo de seguridad que impidió otra entrada masiva.
Cuando Marruecos quiso cerrar la frontera, la cerró.
Una presión limitada puede silenciarse o presentarse como un incidente fronterizo. Una movilización de más de 70.000 personas en 48 horas destruye el espacio de ambigüedad que permite a la diplomacia fingir que no sabe lo que está viendo. Marruecos superó el límite de lo disimulable. Sánchez, sin embargo, respondió con el procedimiento de siempre: minimizar la responsabilidad de Rabat y proteger la cooperación bilateral. Pero el viejo procedimiento ya no podía producir los mismos resultados.
La política que se volvió contra Sánchez
La posición del presidente resulta todavía más difícil después del giro sobre el Sáhara Occidental de 2022, cuando el Gobierno presentó su respaldo al plan marroquí de autonomía como el comienzo de una nueva etapa basada en la estabilidad, la cooperación y el respeto mutuo.
España hizo una concesión estratégica inmediata y difícilmente reversible. Marruecos respondió con contrapartidas parciales y sometidas a su voluntad: la normalización de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla nunca llegó a consolidarse, y Rabat conservó la capacidad de suspender unilateralmente el tránsito, como volvió a ocurrir con el cierre de la aduana de Melilla en 2025.
La crisis de Ceuta revela la naturaleza de aquella transacción: España no obtuvo una garantía de estabilidad, obtuvo una tregua revocable — y con ella, una cárcel diplomática. Si Sánchez responsabiliza a Marruecos, reconoce que el giro del Sáhara no eliminó la principal palanca de presión de Rabat. Si sigue exculpándolo —como hizo también al situar buena parte del ruido informativo en campañas rusas e israelíes que Bruselas no ha logrado confirmar como origen de la movilización—, confirma la imagen de un Gobierno dispuesto a negar lo evidente para proteger una relación desigual.
La novedad decisiva es que la oposición ya no protege esa ficción. El PP rompió el consenso bipartidista y usa contra Sánchez la misma desescalada que también practicó cuando gobernaba —la misma que toleró, por ejemplo, cuando Marruecos cerró unilateralmente la aduana comercial de Melilla en 2018—. Le basta con señalar la contradicción entre el relato de Sánchez y unos hechos incompatibles con la inocencia marroquí; no necesita explicar qué represalias aplicaría ni cómo respondería Marruecos.
La crisis de Ceuta se incorpora así al golpe blando contra el Gobierno, que ya se apoyaba en filtraciones sincronizadas, causas judiciales promovidas por asociaciones afines y movilizaciones ciudadanas coincidiendo con el Día de Ceuta. No hace falta acreditar una conspiración coordinada para llamarlo así: una frontera desbordada, una intervención exterior apenas disimulada y un Gobierno que la niega son material más que suficiente para una ofensiva destituyente, exista o no detrás un plan único.
La ficción que ya no protege
Ese golpe blando funciona porque se apoya en una contradicción verdadera. Sánchez no es una víctima pasiva: su política hacia Marruecos creó la vulnerabilidad que ahora explotan sus adversarios, aunque estos oculten que ayudaron a construirla. No paga por haberse apartado de la política tradicional hacia Marruecos, sino por continuar aplicándola cuando ya han desaparecido las condiciones que permitían sostenerla.
España sigue minimizando. Marruecos sigue presionando.
Lo único que ha cambiado es que ahora la ficción ya no protege a quien la sostiene.
Comentarios
Publicar un comentario