El Consejo de Defensa de la República Bolivariana activa una medida constitucional excepcional que otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias equivalentes a un estado de guerra
El 3 de enero de 2026, el Consejo de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela anunció oficialmente la activación del estado de conmoción exterior, una medida excepcional prevista en el artículo 338 de la Constitución. El decreto fue dado a conocer en un mensaje oficial donde se muestra el momento de su firma.
En un vistazo: El estado de conmoción exterior es la respuesta constitucional de Venezuela a lo que el Gobierno describe como una amenaza externa inminente. Aunque legalmente no equivale a una declaración de guerra, activa poderes casi idénticos: movilización militar total, control estatal de infraestructura crítica, cierre de fronteras y restricción temporal de garantías civiles. El decreto, con vigencia inicial de 90 días prorrogables, reorganiza el Estado bajo lógica de defensa nacional y refuerza el control del Ejecutivo sobre todos los poderes públicos. Más allá del marco constitucional, la medida tiene consecuencias profundas en el orden institucional, la economía y los derechos fundamentales de los venezolanos.
Qué es y cómo se difundió
El estado de conmoción exterior es una herramienta constitucional diseñada para situaciones de conflicto o amenaza externa que ponga en peligro la seguridad de la nación. No es lo mismo que una declaración formal de guerra, pero le otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para responder a ese escenario.
Los ejes centrales del decreto
1. Movilización militar general
El Gobierno ordena el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana en todo el país bajo "defensa integral".
2. Control de infraestructura crítica
Se autoriza la ocupación militar de servicios públicos, sistemas de energía, agua y comunicaciones, así como industrias estratégicas.
3. Cierre y vigilancia de fronteras
Las fronteras terrestres, marítimas y aéreas quedan bajo control rígido del Estado para resguardar la soberanía territorial.
4. Restricción temporal de garantías constitucionales
Derechos como la libertad de tránsito y de reunión pueden limitarse. No pueden suspenderse derechos fundamentales como la vida, la prohibición de tortura o el debido proceso.
Aunque la Constitución protege ciertos derechos fundamentales incluso durante estados de excepción, la historia de Venezuela muestra que estos períodos han derivado en extensiones prolongadas y restricciones más amplias de las inicialmente contempladas.
5. Duración y control institucional
El decreto tiene una vigencia inicial de 90 días prorrogables. Debe ser remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación y al Tribunal Supremo de Justicia para revisión constitucional.
Contexto y motivaciones
El anuncio se produce en medio de tensiones con Estados Unidos, que Venezuela califica de "agresión militar" tras explosiones y enfrentamientos reportados en Caracas y otras regiones. El Gobierno venezolano afirma que la medida busca proteger la soberanía nacional y responder a una amenaza externa.
El decreto surge en un contexto de escalada militar sin precedentes: apenas horas después de operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano, el Gobierno activa el mecanismo constitucional más cercano a un estado de guerra que permite la legislación del país.
¿Una guerra sin declaración?
Aunque legalmente no es una declaración de guerra, el decreto activa poderes equivalentes a los de un estado de guerra en la práctica: movilización total de fuerzas, control de sectores clave y restricción de garantías civiles bajo la lógica de defensa nacional.
La diferencia entre el estado de conmoción exterior y una declaración de guerra es más jurídica que práctica. Ambos escenarios otorgan al Ejecutivo capacidades similares de reorganización estatal, control militar y restricción de libertades. La distinción fundamental radica en el marco legal internacional y las implicaciones diplomáticas, no en el impacto sobre la población.
Implicaciones políticas
El decreto no sólo reorganiza la estructura estatal para responder ante la amenaza externa; también refuerza el control del Ejecutivo sobre los poderes públicos, la seguridad y la economía. Estados de excepción en Venezuela han mostrado un patrón de extensión más allá de su finalidad original, con un impacto profundo en la vida política y social del país.
La activación del estado de conmoción exterior concentra poder en el Ejecutivo en un momento de máxima tensión. Históricamente, los estados de excepción en Venezuela se han caracterizado por prórrogas sucesivas y una interpretación expansiva de las facultades otorgadas, lo que plantea interrogantes sobre el alcance real y la duración efectiva de las medidas decretadas.
¿Dónde encontrar el texto oficial?
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela: será la edición donde se publique el decreto para que surta efectos legales.
- Sitios oficiales del Estado: Presidencia de la República, Ministerio de Comunicación e Información.
- Repositorio de la Asamblea Nacional: donde debe ser remitido para su evaluación y aprobación.
Resumen final
El estado de conmoción exterior decretado el 3 de enero de 2026 coloca a Venezuela en una situación de emergencia absoluta frente a lo que el Gobierno describe como agresión extranjera. Más allá de su enunciado constitucional, la medida tiene consecuencias profundas en el orden institucional, la seguridad y los derechos civiles, y su difusión oficial incluye un video donde se observa la firma del documento por parte del Consejo de Defensa.
El decreto activa el mecanismo de excepción más cercano a un estado de guerra que contempla la Constitución venezolana. Aunque formalmente mantiene límites sobre derechos fundamentales, otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias de movilización, control y restricción que transforman radicalmente la estructura del Estado y las libertades ciudadanas durante su vigencia.
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