Antes de preguntar si los españoles lucharíamos por nuestro país, habría que preguntar qué está haciendo ese país por nosotros. Porque no se puede exigir sacrificio a quienes ya viven sacrificados.
El reciente debate planteado por El País sobre si los españoles estaríamos dispuestos a luchar por nuestro país parte de una premisa demasiado cómoda: que todavía existe un contrato social bidireccional entre el Estado y la ciudadanía. La pregunta parece patriótica, pero en realidad es política. Exigir a una generación que esté dispuesta a dar la vida por su nación requiere una contrapartida elemental: que esa nación le garantice una vida digna.
La respuesta negativa no debería interpretarse como cobardía ni falta de espíritu colectivo. Es algo más frío y más grave: una evaluación racional de la realidad. Antes de preguntar qué estaríamos dispuestos a hacer por nuestro país, habría que preguntar qué está haciendo ese país por nosotros.
El contrato roto
Durante las últimas décadas, buena parte de la ciudadanía ha visto cómo se debilitaban las condiciones que daban sentido a la idea misma de pertenencia. La sanidad pública se satura, la educación pierde recursos, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera imposible. La juventud encadena empleos inestables, salarios insuficientes y expectativas cada vez más estrechas. No se le ofrece proyecto vital, pero se le pide disponibilidad moral. No se le garantiza futuro, pero se le exige patriotismo.
El Estado no puede tratar a sus ciudadanos como consumidores precarizados de lunes a viernes y como patriotas disponibles cuando llega la geopolítica. No puede abandonar a una generación en el mercado del alquiler, en la temporalidad laboral, en la ansiedad económica, para después invocarla en nombre de la bandera cuando necesita obediencia o sacrificio.
La exigencia unidireccional
El sacrificio no puede exigirse siempre en la misma dirección. Si la ciudadanía ha de estar dispuesta a defender al Estado, el Estado debe demostrar antes que está dispuesto a defender a la ciudadanía. Y defenderla no significa proteger una frontera abstracta, sino garantizar vivienda, trabajo digno, sanidad, educación y horizonte vital.
La pregunta "¿lucharías por tu país?" presupone que el país sigue siendo una comunidad de protección. Pero para mucha gente esa comunidad se ha convertido en una maquinaria distante que exige mucho y devuelve poco. Una administración que reclama impuestos, paciencia y lealtad, mientras la vida cotidiana se vuelve más cara, más insegura y más agotadora.
No se está pidiendo a la ciudadanía que defienda su casa, su salario, su hospital o su escuela. Se le está pidiendo que se identifique con una arquitectura geopolítica que rara vez se traduce en seguridad material para su vida concreta.
Se le habla de amenazas exteriores mientras las amenazas interiores —precariedad, pobreza laboral, vivienda imposible, deterioro de lo público— llevan años instaladas en su propia biografía.
¿Lucharías por un país que no lucha por ti?
Quizá el problema no sea que los españoles hayan dejado de querer defender su país. Quizá el problema sea que muchos han dejado de sentir que ese país los defiende a ellos. Cuando una sociedad llega a ese punto, la pregunta militar llega tarde.
Entonces, ¿lucharías por un país que no lucha por ti? Para millones de personas esa pregunta tiene una respuesta anterior y más urgente: primero habría que sentir que el país lucha por ti. Y esa batalla —la del sueldo que no alcanza, el alquiler que se come media vida, el miedo a enfermar, la imposibilidad de tener hijos— lleva años perdida en silencio. Sin titulares. Sin mapas en los informativos.
La verdadera guerra, para demasiada gente, ya es llegar a fin de mes.




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