La polarización no es un fallo del debate público. Es un sistema con agenda propia: la lucha descarnada por el poder. Y esa agenda excluye sistemáticamente los problemas que importan para el buen gobierno del país.
El debate público español sobre la justicia produce mucho ruido. Produce indignación, titulares, declaraciones, tertulias y bandos. Lo que no produce, casi nunca, es análisis del mecanismo.
Eso no es un accidente.
La polarización no es un fallo del sistema político. Es un sistema en sí mismo, con su propia lógica, sus propios incentivos y sus propios beneficiarios. Y esa lógica no tiene nada que ver con el buen gobierno del país. Tiene que ver con algo más simple y más descarnado: la lucha por el poder. Capturarlo, mantenerlo, desgastar al adversario. El buen gobierno puede ser en el mejor de los casos un subproducto. Nunca es el fin.
Para ganar esa lucha hacen falta temas que enciendan, no temas que iluminen. Temas que hablen al vientre, que activen tribu, que construyan un enemigo identificable y una víctima con la que solidarizarse. La polarización selecciona los temas públicos con ese criterio. Y esa selección tiene un sesgo estructural que casi nadie nombra: los problemas técnicos, farragosos, cuyos efectos son graves pero diferidos e invisibles, quedan sistemáticamente fuera. No por descuido. Porque no sirven a ningún bando.
Eso tiene consecuencias muy serias para el país. Una sociedad colonizada por la polarización no solo discute mal. Discute los temas equivocados. Y mientras lo hace, los mecanismos institucionales que deberían estar bajo escrutinio permanecen intactos.
La agenda de la polarización
La polarización necesita combustible permanente. Necesita escándalos, filtraciones, declaraciones, resoluciones judiciales que se puedan leer como victorias o derrotas de bando. Necesita que cada episodio confirme el relato previo.
Esa agenda tiene ganadores claros: los partidos que viven de la movilización emocional, los medios que viven del conflicto, los operadores políticos que necesitan mantener encendida la indignación de su base. Y tiene perdedores igualmente claros: los ciudadanos que necesitan que el Estado funcione bien con independencia de quién gobierne.
El buen gobierno requiere otra cosa completamente distinta. Requiere identificar dónde fallan las instituciones, entender por qué fallan, y estar dispuesto a reformarlas aunque la reforma no dé titulares y no beneficie a ningún bando en particular. Eso es exactamente lo que la lógica de la polarización hace imposible. No porque nadie quiera el buen gobierno en abstracto. Sino porque en la práctica siempre pierde frente a lo que moviliza.
Los temas que la polarización no puede ver
Hay una categoría entera de problemas públicos que la polarización excluye de manera sistemática. Son los problemas técnicos: aquellos cuya comprensión exige esfuerzo, cuyos efectos son graduales y difusos, y que no producen un villain claro ni una víctima identificable con la que solidarizarse.
Estos problemas pueden ser gravísimos. Pueden afectar a derechos fundamentales, a la calidad de las instituciones, a la vida concreta de los ciudadanos. Pero son invisibles para la agenda polarizada exactamente porque no sirven a ningún bando. No activan base. No construyen relato. No dan titulares.
La polarización no solo distrae. Protege activamente el malfuncionamiento. Cuanto más técnico y estructural es un problema, menos probabilidad tiene de ser discutido. Y cuanto menos se discute, más tiempo permanece sin resolver.
El resultado es una paradoja perversa: los problemas más serios para el funcionamiento real del país son exactamente los que la conversación pública, tal como la organiza la polarización, es incapaz de ver.
Un ejemplo: cuando la instrucción se vuelve policial
El funcionamiento real de la instrucción judicial en España es uno de esos temas. Técnico, farragoso, aparentemente alejado de la vida cotidiana. Y sin embargo con consecuencias gravísimas para cualquier ciudadano, sea del bando que sea.
La cuestión es esta. Cuando la policía investiga, produce un relato: selecciona hechos, ordena indicios, formula hipótesis, construye una narrativa. Ese relato no es neutral. Responde a la lógica del aparato investigador, que tiende a ampliar, a acumular, a no descartar. La ley es clara al respecto: según el artículo 297 de la LECrim, el atestado policial tiene valor de denuncia, no de prueba. Es una hipótesis de partida, no una verdad ya formada.
El juez de instrucción está precisamente para controlar ese relato. Para depurarlo. Para separar lo que tiene relevancia penal de lo que es acumulación biográfica, sospecha sin indicio o material íntimo sin conexión con la causa. Esa función garantista es la frontera entre el Estado de derecho y la vigilancia general.
Pero esa función falla con más frecuencia de lo que el debate público reconoce. No necesariamente por mala fe. A menudo por saturación, por rutina, por una asimetría material de medios difícil de salvar: un juzgado unipersonal desbordado frente a unidades policiales especializadas con analistas, herramientas de cruce de datos y capacidad técnica para producir informes de gran volumen y apariencia de rigor. El juez no siempre valida el relato policial por convicción. A veces lo valida porque el diseño del sistema lo empuja a delegar en quien controla técnicamente el material.
El juez no está para creer a la policía. Está para controlarla. Cuando eso falla, la instrucción cambia de naturaleza: deja de ser un proceso garantista y se convierte en un proceso policial. Eso no es un matiz procesal. Es una anomalía democrática.
El caso Plus Ultra y la filtración de los datos privados de José Luis Rodríguez Zapatero ilustra el problema con precisión. La incorporación íntegra de más de mil páginas de conversaciones privadas y datos personales ajenos al núcleo penal —y su posterior filtración, facilitada porque los anexos policiales carecían de los mecanismos de trazabilidad que sí protegían los documentos judiciales— no fue un accidente técnico. Fue la imagen exacta del expurgo omitido: material que nunca debió entrar en el procedimiento con ese volumen, o que debió ser depurado antes de circular.
Pero el debate público no preguntó eso. Preguntó quién filtró. A quién beneficiaba. Qué bando ganaba el día.
Por qué ningún bando lo pone sobre la mesa
Que las instrucciones se vuelvan policiales en lugar de garantistas es perfectamente inútil para la agenda polarizada. Y lo es por razones simétricas en ambos bandos.
Esa es la victoria real de la polarización. No que nos haga discutir mal. Sino que nos hace discutir los temas equivocados mientras los problemas reales permanecen intactos.
Lo que el país pierde
Una democracia necesita que sus instituciones funcionen bien con independencia de quién gobierne. Necesita jueces que controlen a la policía, no que la validen. Necesita instrucciones que protejan al investigado frente al aparato del Estado, no que lo expongan. Necesita un debate público capaz de identificar esos fallos y exigir que se corrijan.
Nada de eso es compatible con una conversación pública organizada exclusivamente alrededor de la lucha por el poder.
La crítica real empieza cuando somos capaces de preguntar si el poder policial está suficientemente controlado por el poder judicial aunque el investigado nos caiga mal. Cuando entendemos que la presunción de inocencia y la delimitación estricta de la causa no son privilegios de los poderosos sino defensas frente al Estado. Cuando dejamos de confundir el escándalo con la vigilancia democrática.
Eso requiere salir de la lógica de bando. Y la polarización está diseñada precisamente para que eso no ocurra.
Una democracia no se degrada solo cuando condena injustamente a alguien. También se degrada cuando el procedimiento permite que el relato policial adquiera demasiada fuerza antes de ser depurado, y cuando la conversación pública, en lugar de preguntar quién puso el límite, se limita a preguntar a quién perjudica la filtración.
El escándalo no es la filtración. El escándalo es que la polarización haya convertido la lucha por el poder en el único tema posible, y que mientras eso ocurre, el país se administre solo.
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