Incendios, burocracia y polarización. Lo que el desastre de Los Gallardos nos muestra.

Opinión · España · Incendios forestales

Un año después de que un pacto de Estado contra los incendios se rechazara por «cortina de humo», Los Gallardos demuestra que la polarización no es un efecto colateral de la mala gestión: es lo que la oculta.

En un vistazo

→ 2025: Sánchez propone un pacto de Estado contra incendios. El PP lo rechaza y lo llama «cortina de humo».

→ 2026: tras Los Gallardos (13 muertos), Sánchez y Feijóo presentan pactos por separado, sin retomar el original.

→ El mecanismo: la pelea por el mérito del pacto ocupa el espacio que debería ocupar la pregunta de por qué el plan seguía sin homologar — un incendio apagando otro incendio.

→ En el terreno: plan local sin homologar, plan de autoprotección inexistente, aviso masivo descartado sin alternativa a su altura.

→ Un año después: nada ha cambiado — cada administración sigue señalando a la de al lado mientras ninguna corrige lo suyo.

Hace casi un año, tras una campaña de incendios que calcinó más de 354.000 hectáreas en España —el triple de la media de la última década—, el Gobierno propuso a la oposición un pacto de Estado frente a la emergencia climática. El PP lo rechazó entonces calificándolo de «cortina de humo». Doce meses después, Moncloa nunca llegó a impulsarlo formalmente. El 9 de julio de 2026, un incendio en Los Gallardos (Almería) mató a trece personas y arrasó 7.000 hectáreas. Cuarenta y ocho horas más tarde, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo visitaron la zona cero por separado, cada uno con su propia propuesta de pacto contra los incendios. No hace falta buscar una metáfora mejor para explicar lo que ha fallado: la tenemos delante, con fecha y protagonistas.

La polarización no es el ruido de fondo que acompaña a la mala gestión de las emergencias. Es lo que la oculta. Mientras cada incendio se convierte en una guerra de anuncios rivales —un pacto aquí, un pacto allá, cada uno firmado por separado para que ningún bando ceda protagonismo al otro—, esa disputa ocupa todo el espacio de atención que debería dedicarse a preguntar por qué el plan seguía sin homologar. Nadie tiene que planearlo: el espectáculo de la pelea basta por sí solo para que la pregunta incómoda no llegue a hacerse. Los Gallardos no es solo el resultado de una vulnerabilidad territorial que no se corrigió a tiempo. Es la prueba, con nombres y fechas verificables, de que ese mecanismo funciona exactamente como parece.

Es un incendio apagando otro incendio: mientras se combate uno a golpe de titular —quién tuvo antes la idea del pacto—, el otro, el real, el que mató a siete personas en un camino sin salida, deja de estar en el centro de la conversación.

El caso del pacto de Estado lo ilustra con una precisión incómoda. Cuando el Gobierno lo planteó en 2025, la respuesta del PP no fue exigir medidas más ambiciosas: fue descartar la necesidad misma de sentarse a negociar, y hacerlo además acusando al proponente de electoralismo. Un año después, con trece muertos de por medio, Feijóo ha reclamado en Almería «un gran acuerdo» de prevención, coordinación y respuesta —el mismo tipo de acuerdo que su partido tachó de maniobra política cuando lo propuso Sánchez—. Y en vez de retomar la propuesta original, la ha presentado como iniciativa propia, «cuando gobierne». El resultado es que España sigue sin un pacto de Estado contra los incendios, pero tiene ya dos borradores rivales, cada uno con la firma de un partido distinto.

La discusión no es qué medidas tomar. Es de quién es el mérito de proponerlas.

El mismo patrón sobre el terreno

Esa simulación de acción se repite donde las obligaciones normativas existen pero no se convierten en protección. Los Gallardos figuraba en el Plan INFOCA como municipio en zona de peligro, lo que le obligaba a tener un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales homologado. No lo tenía. La Diputación de Almería sabía del problema: el 25 de febrero de 2026, cuatro meses y medio antes de la tragedia, presentó en el propio Los Gallardos un programa gratuito de asistencia técnica para renovar los planes de 49 municipios del Consorcio de Bomberos del Levante. El proceso seguía en trámite cuando llegó el fuego. En toda Andalucía, solo 139 municipios cuentan con un plan homologado, pese a que la inmensa mayoría de su territorio está clasificado en riesgo medio o alto. No es un fallo puntual de un ayuntamiento pequeño: es la norma.

→ Curato: nueve personas huyeron a pie por un camino que creían transitable; era una vía sin salida hacia unas colmenas. Siete murieron allí hacia las cuatro de la madrugada.

→ ES-Alert: descartado por criterios técnicos defendibles —cobertura indiscriminada, instrucciones contradictorias—, pero sin una alternativa a su altura.

→ INFOCA 2026: hasta un 40% de los turnos sin cubrir en zonas sensibles de Málaga al inicio de la campaña, según CCOO.

La decisión de no activar el sistema de aviso masivo ES-Alert añade un matiz distinto: aquí sí hubo un criterio técnico defendible. El problema no es que se descartara esa herramienta, sino que no existía una alternativa a su altura. El aviso quedó en manos de alcaldes y patrullas recorriendo caminos rurales, un sistema que la velocidad del fuego —quince kilómetros en dos horas— desbordó por completo. Familiares de las víctimas sostienen que nunca llegó ninguna instrucción antes de que el humo las alcanzara.

Sobra normativa, falta ejecución

Nada de esto era imprevisible en abstracto. La Directriz Básica de Protección Civil ante incendios forestales, aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2026, define el riesgo como el producto del peligro por la vulnerabilidad. El peligro —calor extremo, viento, sequía— no se podía evitar. La vulnerabilidad sí: viviendas dispersas, caminos sin salida, población envejecida y extranjera con barreras idiomáticas, planes sin homologar. El problema no es que España carezca de normativa. Sobra. El decreto que obliga a los PAIF, el plan que obliga a los PLEIF, la directriz que obliga a evaluar la vulnerabilidad: todo existe en el papel. Lo que falta es la capacidad —o la voluntad— de convertir esas normas en procedimientos operativos antes de que llegue el fuego, no después.

Cuando todos son responsables de una parte —el Estado de la directriz, la Junta del dispositivo, el ayuntamiento del plan local, el propietario de su parcela—, nadie responde por el fracaso del conjunto. Ese reparto competencial puede ser razonable sobre el papel, pero en la práctica funciona como un escudo de irresponsabilidad colectiva, y la polarización es lo que impide que alguien lo señale: cada bando tiene un fragmento de culpa que endosar al otro, y ninguno tiene interés en que se audite la cadena completa.

Gobernar cuesta, discrepar rinde

Las víctimas de Los Gallardos no necesitaban un pacto de Estado firmado con un año de retraso, ni dos pactos rivales firmados con trece muertos de diferencia. Necesitaban un plan homologado, una franja de seguridad y una orden clara antes de que el camino de Curato se convirtiera en una trampa. Dentro de un año volveremos a comprobar cuál de las dos cosas ha llegado antes: la protección real, o el siguiente anuncio.

Los Gallardos no es una anomalía ni un accidente del sistema: es su retrato más fiel. Un año entero para convertir una tragedia en dos fotos rivales en la misma zona cero es tiempo de sobra para haber homologado un plan, dotado un dispositivo o blindado una franja de seguridad; no lo fue para acordar nada, porque acordar no reporta rédito electoral y discrepar sí. Esa es la clase política que tenemos: una que mide cada catástrofe por lo que puede rascar de ella, no por lo que puede evitar que se repita.

Mientras gobernar exija ceder terreno al adversario y mantener la poltrona solo exija señalarlo, seguirá siendo más rentable competir por el titular del pacto que firmarlo.

Los Gallardos no cayó por falta de leyes. Cayó porque a quienes debían aplicarlas les importaba más seguir en el cargo que merecerlo.