La derecha española lleva años sin poder gobernar con sus aliados naturales —la derecha nacionalista catalana y vasca— porque prefiere la España que debería existir según su ideología a la España que existe de verdad. El "pucherazo" de la ley de nietos es el último síntoma de esa desubicación estratégica, no una explicación de nada.
Feijóo lo llama "ingeniería electoral". Abascal, "golpe de Estado a cámara lenta". Figaredo cifra, sin un solo estudio que lo respalde, en diez o quince los escaños que la "ley de nietos" regalaría al PSOE. Pero hay una lectura más honesta: la derecha española no sabe gobernar España porque en realidad no comprende su realidad, una realidad que contradice su visión ideológica del país. Gobernar España exige sumar a Cataluña y al País Vasco, y sus aliados naturales ahí no son la izquierda, sino la propia derecha nacionalista —Junts, el PNV—, con la que podría entenderse en lo económico y en lo institucional si aceptara que esos territorios son lo que son, y no lo que ella querría que fueran. Como no puede darse esa aceptación, queda descolocada: no gobierna con la izquierda, a la que combate, ni con normalidad con sus aliados naturales, a los que no logra aceptar del todo. Lo que le queda, cuando la aritmética no cuadra, es la sospecha —de Cataluña, del País Vasco, y ahora de la ley de nietos— como forma de gestionar una incomodidad que es suya, no del país.
La ley de nietos es una deuda histórica real, documentada, con nombres y apellidos de quienes tuvieron que salir de España por el franquismo, y la derecha no la procesa como deuda: la procesa como "factor distorsionador", el mismo reflejo que ya describí en «El nacionalismo español es un nacionalismo banal» —cuando el país real no coincide con la España que tienen en la cabeza, el problema no es su idea de España, es el país—. Y aquí conviene separar dos preguntas que mezclan a propósito: si los nietos del exilio tienen derecho a recuperar la nacionalidad, cuestión moral e histórica que no debería depender de a quién beneficie, y si esos nuevos españoles van a votar PSOE por defecto, cuestión empírica cuya respuesta no le gusta a quien la formula.
I. Una deuda, no un cálculo
Conviene empezar por lo que nadie discute en serio, aunque se hable como si se discutiera: la nacionalidad no se les retiró a esas familias por accidente administrativo. Se les retiró, o se vieron forzadas a renunciar a ella, por el exilio republicano tras la Guerra Civil y la represión franquista posterior. La Ley de Memoria Democrática, y la vía conocida como "ley de nietos" que de ella se deriva, no inventa un derecho: cierra una herida abierta hace casi noventa años por el mismo Estado que ahora, paradójicamente, algunos invocan para impedir su reparación.
Ese es el problema de fondo con el marco "pucherazo": convierte una obligación histórica en una transacción electoral. Si nacionalizar a los nietos del exilio "beneficia" al PSOE, según ese razonamiento, habría que sopesarlo. Si "perjudicara" al PP, ¿lo defenderían con el mismo fervor con el que ahora lo combaten? La pregunta contesta sola. Un derecho no deja de serlo porque incomode electoralmente a quien gobierna, ni se legitima porque beneficie a quien lo reclama. Y quien solo defiende derechos cuando le votan bien no está defendiendo derechos: está defendiendo su cuota de poder con vocabulario jurídico.
II. La premisa que no se sostiene
Pero aceptemos, solo por un momento, jugar en el terreno que la derecha ha elegido: el electoral. Incluso ahí, la premisa se rompe.
Feijóo da por hecho que dos millones y medio de nuevos nacionalizados equivalen a dos millones y medio de votos PSOE. Los microdatos del CIS —barómetros de enero de 2025 a marzo de 2026, más de 3.700 nacionalizados encuestados— cuentan otra historia, mucho más incómoda para quien necesita un enemigo homogéneo:
No hay bloque. Hay comunidades con trayectorias políticas opuestas, y la que más rápido crece en el censo exterior —la del propio "efecto ley de nietos"— no está garantizada para nadie.
III. Lo que sí explica la fractura, y lo que no
Aquí es donde conviene resistir la tentación de otra simplificación, esta vez desde el lado contrario. Es fácil pensar que quien llega a competir por trabajo, vivienda o servicios con población inmigrante irregular se vuelve más conservador por interés económico directo, como se ha documentado en algunos contextos de Estados Unidos. Es una hipótesis razonable, pero los datos españoles no la sostienen como explicación principal de lo que vemos aquí.
Lo que mejor explica que los venezolanos y los cubanos nacionalizados voten mayoritariamente a la derecha no es su posición en el mercado laboral español. Es la experiencia nacional de la que vienen. Marruecos, Ecuador, Argentina, Venezuela, Cuba y México no son solo países de nacimiento: son trayectorias políticas distintas, con relaciones muy diferentes con la izquierda y la derecha en sus propios contextos, y esa experiencia viaja con cada persona con independencia de su situación económica aquí. Es memoria política, no competencia laboral. Esa misma lógica —experiencias nacionales distintas, no una ideología común de "el inmigrante"— explica tanto que venezolanos y cubanos se decanten con fuerza hacia la derecha como que marroquíes, ecuatorianos y argentinos lo hagan hacia la izquierda.
Esto no es un matiz menor. Es la prueba de que ni la derecha ni quienes defendemos la nacionalización tenemos derecho a tratar a "los nacionalizados" como una masa uniforme que vota lo que a cada uno le conviene que vote.
Van a tener que ganarse ese voto, comunidad por comunidad, como cualquier partido se lo gana a cualquier otro electorado. Eso es lo contrario de un pucherazo. Es, precisamente, democracia funcionando.
IV. El voto que nunca decidió nada
Y aun si toda la premisa fuera cierta —si de verdad existiera ese bloque homogéneo que no existe—, habría que recordar algo que la propia historia del voto exterior desmiente: el CERA nunca ha decidido unas elecciones generales en España. Solo vota, de media, en torno al 10% del censo inscrito. Su comportamiento ha sido volátil de una convocatoria a otra, y ha favorecido tanto al PSOE como al PP según la comunidad y el momento: en las últimas generales, el recuento del CERA movió un único escaño en toda España, y lo hizo del PSOE al PP, en Madrid.
Hay, además, un ángulo que a la derecha le convendría mirar antes de indignarse: el propio PP gallego lleva dos décadas cultivando con esmero el voto exterior, en una comunidad donde el CERA pesa más que en ninguna otra. Nadie en Génova denunció "ingeniería electoral" mientras ese electorado parecía suyo. Solo empieza a sonar la alarma cuando deja de estarlo garantizado.
Cuando una comunidad vota como ellos esperan, es fidelidad histórica. Cuando empieza a votar de otra manera, es fraude.
La descolocación no la resuelve la sospecha
El miedo real no es al procedimiento. El procedimiento —actas, interventores, escrutinio físico, controles reforzados tras Melilla— ya se sostiene solo, y quien quiera comprobarlo tiene los mecanismos para hacerlo, empezando por el propio PP, que tiene interventores en todas esas mesas. El problema de fondo es otro, y ya tiene nombre en esta misma serie: una derecha que no gobierna con la izquierda porque la combate, y que tampoco gobierna con normalidad con sus aliados naturales —Junts, el PNV— porque no acaba de aceptar que Cataluña y el País Vasco son lo que son. La ley de nietos es la misma incomodidad en otro escenario: una España real, plural, con deudas históricas concretas, que no encaja en la España que tienen en la cabeza.
Nacionalizar a los nietos del exilio no es un pucherazo. Es saldar una deuda que abrió el mismo Estado que hoy algunos invocan para no pagarla. Y esa España nueva tampoco es, como algunos querrían desde el lado contrario, un granero automático de votos progresistas: es plural, fracturada, imprevisible, y va a tener que ser conquistada elección tras elección, como cualquier otro electorado.
Lo único que no va a hacer es esperar a que la derecha decida si le conviene reconocerla.
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