El patriotismo dominante exige lealtad absoluta a quienes viven dentro del país y acepta cualquier concesión ante Washington. No es una contradicción: es una jerarquía.
El patriotismo dominante en España se vuelve inflexible cuando sirve para disciplinar a la población, pero extraordinariamente flexible cuando debe acomodarse a los intereses de una potencia superior.
En España se puede ser acusado de antipatriota por silbar el himno, cuestionar la monarquía, criticar al Ejército o discutir la organización territorial del Estado. Resulta mucho más difícil recibir ese calificativo por permitir que una potencia extranjera utilice territorio español para sus operaciones militares o por adaptar la política exterior del país a prioridades decididas en Washington.
El patriotismo español exige lealtad, unidad y sacrificios a quienes viven dentro del país, pero acepta como pragmáticas las limitaciones de la autonomía nacional cuando proceden de Estados Unidos.
Podríamos atribuirlo a la hipocresía. Sería una explicación sencilla, pero insuficiente. La contradicción desaparece cuando se comprende que este patriotismo no pretende defender una soberanía igual frente a todos. Funciona dentro de una jerarquía: se endurece ante los débiles y se flexibiliza ante los fuertes.
No es un patriotismo incoherente. Es un patriotismo de clase.
La bandera solo ondea en una dirección
La nación presenta como miembros equivalentes de una misma comunidad a personas que no poseen el mismo poder para determinar sus intereses. El empresario y el trabajador, el propietario y el inquilino, el gobernante y el gobernado aparecen unidos por una identidad anterior y superior a sus diferencias materiales. Todos son españoles y, por tanto, se supone que comparten un mismo interés nacional.
El problema es quién tiene capacidad para definir ese interés.
Cuando se pide moderación salarial para mejorar la competitividad, se exige un sacrificio por España. Cuando se reducen servicios públicos para tranquilizar a los mercados, se invoca la responsabilidad nacional. Cuando aumentan los presupuestos militares por compromisos adquiridos en el exterior, se habla de cumplir con los aliados. El interés de determinados grupos se transforma así en una necesidad colectiva, mientras que las demandas de quienes soportan sus costes pueden presentarse como egoísmo, insolidaridad o deslealtad.
Antonio Gramsci explicó que una clase dirigente no domina únicamente mediante la fuerza. Necesita conseguir que sus intereses particulares sean aceptados como expresión del interés general. La nación puede cumplir esa función: convierte una determinada distribución del poder en una comunidad sentimental y hace que las decisiones tomadas por unos pocos parezcan obligaciones compartidas por todos.
Esto no significa que toda identidad nacional sea falsa ni que cualquier patriotismo sea necesariamente reaccionario. Significa algo más preciso: la patria puede utilizarse para exigir sacrificios a la mayoría sin concederle el poder de decidir para qué debe sacrificarse.
La bandera cubre por igual al dueño del banco y a quien pierde su vivienda, pero no les concede la misma capacidad para decidir qué significa defender España. El patriotismo se convierte entonces en una tecnología de obediencia.
Dos ejemplos de una misma dirección
En 1953 la dictadura franquista firmó los Pactos de Madrid: concedió a Estados Unidos amplias facilidades militares en Rota, Morón y otras bases a cambio de ayuda económica y legitimación internacional. El régimen que hacía de la unidad y la independencia de España un principio sagrado encontró perfectamente compatible ese patriotismo con ceder capacidad operativa sobre territorio español a una potencia extranjera. Franco no elegía entre España y Estados Unidos, sino entre la autonomía nacional y la supervivencia de su régimen. La democracia heredó ese acuerdo: el Convenio de 1988 mantuvo Rota y Morón como piezas centrales del dispositivo estadounidense, y España se incorporó a la estructura militar integrada de la OTAN en 1999 pese a que el referéndum de 1986 había prometido lo contrario.
Cincuenta años después, en 2003, el Gobierno de Aznar convirtió a España en uno de los principales apoyos políticos de la invasión de Irak frente a una opinión pública abrumadoramente contraria: el CIS registró que el 90,8 % de los encuestados rechazaba la intervención. Aznar no llamó a esto renuncia, sino responsabilidad internacional y pertenencia al núcleo de las grandes potencias. La subordinación nunca se reconoce como tal: cambia de nombre.
Y sin embargo España también ha dicho que no cuando ha querido. En 1973, en plena dictadura, Carrero Blanco negó a la aviación estadounidense el uso de las bases para reabastecer a Israel. En 2026, el Gobierno rechazó que Rota y Morón sirvieran de apoyo al ataque contra Irán, y Washington respondió retirando aviones cisterna del territorio peninsular y amenazando con sanciones comerciales. El margen de veto existe y ha existido siempre. Lo que varía no es la capacidad de decir que no, sino la voluntad política de ejercerla.
No todo lo que perjudica a España perjudica a sus élites
Aquí se encuentra el núcleo del problema.
Habitualmente hablamos del interés de España como si fuera una realidad objetiva, única y reconocible. Pero una decisión puede reducir la autonomía estratégica del país y, al mismo tiempo, mejorar la posición internacional de su Gobierno, favorecer a determinados sectores empresariales, reforzar el papel de sus mandos militares o proporcionar legitimidad exterior a sus grupos dirigentes.
No todo lo que perjudica a España perjudica a sus élites.
José Carlos Mariátegui comprendió que las clases dominantes de un país pueden estar más vinculadas a los centros internacionales de poder que a un proyecto nacional autónomo. No hace falta equiparar la España actual con el Perú de comienzos del siglo XX para reconocer el mecanismo: una élite puede actuar como intermediaria de un poder exterior y utilizar simultáneamente el patriotismo para consolidar su autoridad interior. Su mapa de intereses es transnacional, aunque su discurso para gobernar continúe siendo nacional.
Por eso son patriotas cuando la patria refuerza su autoridad y pragmáticas cuando la soberanía dificulta su integración en el poder exterior. No necesitan elegir entre ambas posiciones.
Por eso no conviene medir la patria por sus símbolos, sino por sus resultados: importa menos que la bandera siga en el edificio que quién decide realmente la política exterior, la energía, el trabajo o la vivienda.
Los símbolos cumplen exactamente esa función de vigilancia desigual: sirven para controlar la lealtad de quienes no tienen poder para torcer el rumbo del país, y se vuelven flexibles para quienes sí lo tienen.
Al ciudadano no se le permite traicionar a la patria. A la élite, sí — siempre que esa traición le reporte un beneficio que después pueda presentarse como interés nacional.
Una patria que se vuelve implacable frente a sus ciudadanos, pero negociable frente a quienes pueden condicionar a sus élites, no es una comunidad de iguales. Es una jerarquía envuelta en una bandera.
Una jerarquía envuelta en una bandera
El problema nunca fue que determinados patriotas amasen demasiado a España. El problema es qué llaman España, qué intereses esconden bajo ese nombre y por qué la patria siempre termina exigiendo sacrificios a los mismos.
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