Los Acuerdos del Plaza: cuando la clase política japonesa se reveló como administración colonial de Estados Unidos
Cuando los intereses de Washington chocan con los de un aliado, su clase dirigente no resiste: actúa como una administración colonial y convierte el sacrificio nacional en decisión propia. Los Acuerdos del Plaza de 1985 son el precedente que lo demuestra.
¿Dudas de que la clase política europea actúe hoy como una administración colonial de Estados Unidos? Este artículo es para ti: te cuento el precedente que lo demuestra.
En 1985, Estados Unidos necesitaba devaluar el dólar para proteger su industria y reducir su déficit comercial. Japón aceptó apreciar el yen, aunque aquella decisión perjudicaba la base exportadora de su economía. Los errores posteriores de Tokio agravaron el daño, pero el episodio original reveló la jerarquía real del bloque occidental: cuando los intereses de Washington chocan con los de un aliado, la clase dirigente de ese aliado actúa como una administración colonial y convierte el sacrificio nacional en decisión propia.
Aquel episodio no demuestra que Washington ordenara todas las decisiones posteriores de Tokio, ni que fuera responsable exclusivo de sus décadas perdidas. Demuestra algo políticamente más importante: Estados Unidos pudo trasladar a Japón parte del coste de sus propios desequilibrios, y la clase dirigente japonesa aceptó que su país absorbiera el ajuste.
El problema era estadounidense
A comienzos de los años ochenta, Estados Unidos arrastraba un grave desequilibrio propio. La política monetaria restrictiva de Paul Volcker disparó los tipos de interés, mientras el gasto fiscal y militar de Ronald Reagan disparaba el déficit público. La combinación atrajo capital extranjero y encareció el dólar: el economista Maurice Obstfeld calcula que la divisa estadounidense se apreció cerca de un 50 % entre 1980 y comienzos de 1985. El dólar fuerte abarataba las importaciones, pero encarecía las exportaciones norteamericanas y hundía a la industria del país.
Japón se había convertido en su principal competidor. Automóviles, acero, maquinaria, semiconductores y electrónica japoneses ganaban terreno en el mercado estadounidense, y el Congreso exigía protección frente a esas importaciones. Washington necesitaba devaluar el dólar, pero no estaba dispuesto a asumir solo las consecuencias del ajuste: Japón debía apreciar su moneda, abrir su mercado y reducir su dependencia exportadora.
Tokio no negociaba en igualdad de condiciones. Estados Unidos podía restringir por su cuenta el acceso de los productos japoneses a su mercado mediante aranceles y represalias comerciales, y Japón dependía además militarmente del paraguas de seguridad estadounidense. Era una potencia industrial cuya soberanía real estaba limitada por su dependencia comercial y militar de Washington: podía aceptar una solución negociada o exponerse a una ofensiva proteccionista contra los sectores que sostenían su prosperidad.
Japón acepta pagar
El 22 de septiembre de 1985, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y Reino Unido se reunieron en el hotel Plaza de Nueva York. El acuerdo pactó una depreciación ordenada del dólar; Japón asumió además compromisos de apertura económica y estímulo de su demanda interna. Formalmente fue una decisión de cinco Estados soberanos. En la práctica, permitió que Estados Unidos trasladara a sus aliados parte del coste de corregir un desequilibrio que había creado su propia política.
La industria exportadora perdió competitividad de golpe, y Japón entró en la endaka fukyō, la recesión del yen caro. Tokio esperaba que el acuerdo evitara un proteccionismo aún más dañino, preservara su acceso al mercado estadounidense y abaratara las materias primas que importaba. El yen fuerte también le permitió comprar activos en el extranjero: la clase dirigente japonesa no actuó sin cálculo propio.
La decisión de fondo no fue monetaria, sino política: la élite de Tokio decidió que preservar la relación con Estados Unidos pesaba más que defender su modelo industrial. Antes de decidir cómo responder a la apreciación del yen, ya había aceptado qué intereses debían prevalecer.
Administrar el daño
Para frenar la recesión, el Banco de Japón bajó el tipo de interés cinco veces entre enero de 1986 y febrero de 1987, del 5 % al 2,5 %, y lo mantuvo ahí hasta mayo de 1989, mucho después de que la economía ya creciera con fuerza. Ese dinero barato infló una burbuja bursátil e inmobiliaria; cuando estalló, dejó un agujero de crédito incobrable que la banca japonesa tardó una década en reconocer y sanear.
De esas decisiones son responsables las autoridades japonesas, no Washington: como han mostrado economistas como Obstfeld y Adam Posen, las décadas perdidas no se explican solo por la revaluación del yen. Pero Plaza sí encendió la mecha: provocó el choque cambiario al que Japón respondió con dinero barato, y esa respuesta fue la que acabó alimentando la burbuja. Estados Unidos impuso el ajuste inicial; Tokio convirtió su gestión en una catástrofe cuyo estancamiento arrastra todavía la economía japonesa, cuatro décadas después.
El precio de ser aliado
Una administración colonial no necesita recibir órdenes diarias de una metrópoli, ni carecer de parlamento, elecciones o soberanía jurídica. Aquí el término describe la función de una clase dirigente que acepta resolver con sacrificios propios los problemas de la potencia hegemónica, y que después limita su autonomía a gestionar las consecuencias.
La clase política japonesa pudo decidir cómo responder al yen caro: bajar tipos, estimular la demanda, proteger sectores, favorecer la inversión exterior. También pudo equivocarse, y se equivocó gravemente. Lo que no cuestionó fue la prioridad fijada por Estados Unidos: Japón debía perjudicar su propia competitividad para aliviar el déficit comercial norteamericano. La marioneta no decide; la administración subordinada sí, pero empieza a decidir después de haber aceptado qué intereses deben prevalecer.
Esto no es un fenómeno del pasado. Como he mostrado en esta serie sobre la clase política europea, ese mismo comportamiento se repite hoy: la renuncia alemana a la energía rusa, sostenida por su clase dirigente pese al coste que supone para la competitividad industrial del país, es su expresión más clara. Los Acuerdos del Plaza demuestran que no se trata de una anomalía reciente, sino de un patrón con cuarenta años de antigüedad.
El imperio establece qué debe preservarse.
Sus administradores coloniales se encargan de que sus ciudadanos paguen la factura.
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