El precedente Noriega: cómo convertir una intervención militar en operación de justicia. Del descabezamiento militar a la sentencia moral: el patrón que se repite
Escribo con niebla de guerra. Si lo que se está reportando es cierto —y en este momento solo tenemos cables de Reuters y AP, declaraciones de Trump y el silencio estruendoso desde Caracas—, no estamos ante "otro episodio latinoamericano", sino ante un umbral nuevo. Pero incluso si los hechos terminan siendo distintos, el tipo de operación que se está describiendo merece análisis, porque marca un patrón que conviene reconocer antes de que se normalice.
En un vistazo: Este artículo analiza la supuesta captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses como un posible punto de inflexión en las intervenciones militares en América Latina. La tesis central: la captura es solo el primer acto; el juicio es el acto decisivo. Siguiendo el precedente de Panamá 1989 y Manuel Noriega, un juicio puede funcionar como arma política aunque sea jurídicamente discutible, convirtiendo la intervención militar en "operación de justicia" y al enemigo político en "criminal". Si se normaliza este método —golpe de fuerza sobre una capital seguido de un tribunal propio—, entramos en un mundo donde la soberanía es condicional y la justicia es una extensión del poder.
Reuters y AP informan de una operación militar estadounidense de gran escala sobre Venezuela y de un mensaje de Trump afirmando que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y "sacados del país". El dato que convierte el episodio en algo mucho más serio —porque no es propaganda ajena, sino vacío propio— es lo que se atribuye a Delcy Rodríguez: dice que no saben dónde están Maduro y Cilia Flores y exige "prueba de vida". Eso no prueba por sí mismo que estén en custodia de EE. UU., pero sí confirma que la cadena de mando está, como mínimo, en un agujero.
A partir de ahí, lo decisivo no es solo lo que haya ocurrido, sino cómo se ve. AP y Financial Times describen una noche de explosiones en Caracas, aeronaves a baja cota, golpes sobre instalaciones y cortes de electricidad. Incluso aunque el Estado responda después, la imagen que queda en la retina es devastadora: el enemigo operando sobre tu capital. Y esa dimensión visual importa porque el poder también es percepción: un régimen puede administrar una crisis; lo que no puede administrar es la impresión de que "nos han entrado hasta la cocina".
Un régimen no puede permitir bajo ningún concepto que su enemigo lo descabece. No por orgullo, sino por supervivencia. Si la cúspide es vulnerable, todo el aparato entra en modo pánico: sospechas internas, purgas, luchas por la sucesión, fracturas en el mando militar. Y, encima, el golpe propagandístico es perfecto: la derrota ya no es discutible, se ve.
Ahora bien, el error sería creer que la operación termina con la captura. El patrón histórico enseña lo contrario: la captura es el primer acto; el juicio es el acto decisivo. Y aquí el precedente es clarísimo: Panamá 1989, Manuel Noriega. Reuters ya está marcando el paralelismo: sería la intervención más directa en la región desde aquella invasión.
Entre la captura y el juicio: la construcción del relato
Lo que ocurre entre ambos momentos no es un paréntesis administrativo, sino una operación narrativa. El detenido es trasladado, fotografiado, exhibido. Los medios reciben filtraciones calibradas: "fuentes del Departamento de Justicia confirman", "se preparan cargos por narcotráfico". Se activan redes de aliados regionales que validan la acción. Todo esto antes de que haya un solo cargo formal. El objetivo es claro: cuando llegue el juicio, la culpabilidad ya debe estar instalada en el sentido común. El tribunal no descubre la verdad; la certifica.
El juicio como clausura política
Porque con Noriega pasó lo esencial: la acción militar podía discutirse, pero el juicio sirvió para reescribirla como moralidad. El invasor se convirtió en fiscal; el derribo de un gobierno, en "restauración del orden"; la violencia, en "justicia". Y lo importante —lo que hay que recordar porque viene de vuelta— es que hubo dudas serias sobre la integridad del proceso: dependencia de testigos criminales con incentivos, acuerdos de pena para sostener testimonios, y controversia pública por el uso de "felonious fifteen" (delincuentes excusados por delitos peores) como pilares de la acusación.
Esto no significa "Noriega era inocente". Significa otra cosa: un juicio puede funcionar como arma política aunque sea jurídicamente discutible. Y ese es el punto para Venezuela: un "juicio Maduro" no sería solo un procedimiento penal; sería una operación de clausura.
Convertir al enemigo en "criminal" tiene una utilidad brutal: hace imposible la negociación ("no se pacta con delincuentes"), reordena retrospectivamente toda la historia del chavismo como crimen continuado y permite presentar la conducta estadounidense como virtud punitiva.
En ese marco, la etiqueta del "narcoestado" funciona como dispositivo: no solo acusa, expulsa. Da cobertura moral a la intervención, legitima el castigo y fija una "verdad oficial" que luego se exporta a aliados, medios y organismos internacionales. Incluso si el proceso está lleno de sombras —pruebas indirectas, testigos dudosos, acuerdos opacos—, puede ser políticamente eficaz, porque su objetivo real no es la verdad, sino el cierre.
El umbral que no se descruza
Por eso, lo que está en juego no es solo Maduro. Es el método. Si se normaliza que una potencia ejecute un golpe de fuerza sobre una capital y luego selle la operación con un tribunal propio, entramos en un mundo donde la soberanía es condicional y la justicia es una extensión del poder.
Y las consecuencias no son abstractas. Otros gobiernos de la región —incluso aquellos que celebren hoy la caída de Maduro— quedan advertidos: la línea entre "aliado estratégico" y "objetivo legítimo" puede moverse. El derecho internacional queda subordinado al poder de facto.
El escenario que no se podía permitir
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el secuestro de Maduro —si es que ocurrió tal como se reporta— es precisamente el tipo de escenario que Venezuela no se podía permitir. No porque fuera imposible, sino porque era exactamente lo que había que evitar a toda costa.
Piénsalo en términos comparativos: ¿alguien puede imaginar a Zelensky secuestrando a Putin en medio de Moscú? La simple formulación de la pregunta revela la magnitud del desastre. No se trata solo de que sea técnicamente difícil; es que si ocurriera, significaría el colapso total de la capacidad defensiva rusa, la humillación estratégica definitiva.
Con Venezuela pasa lo mismo, pero peor: deja en evidencia la fragilidad de su capacidad de resistencia frente a la fuerza estadounidense. Y esa evidencia no es solo propaganda; es un hecho material que debilita aún más al régimen dentro de un proceso que, lejos de terminar, probablemente continuará.
Porque el mensaje que queda no es "capturaron a Maduro". El mensaje es: "pudieron entrar, operar y salir". Y ese mensaje, una vez instalado, erosiona todo lo demás: la moral interna, la lealtad de las fuerzas armadas, la confianza de los aliados, la credibilidad de cualquier promesa de defensa nacional.
Una vez cruzado ese umbral, ya no se "descruza". Lo que hoy parece una operación excepcional puede convertirse mañana en doctrina aplicable. La pregunta ya no es si ocurrió con Venezuela. Es con quién ocurrirá después.
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