Pero solo cuando los viola el enemigo. En 1966, una decisión táctica con legitimación ideológica partió los derechos humanos en dos. Esa fractura es la que hace posible todo lo demás.
Cuando Occidente habla de derechos humanos, el argumento siempre tiene la misma forma: nosotros los respetamos, ellos los violan. Irán persigue a las mujeres. China encarcela a los uigures. Rusia silencia a los disidentes. Todo eso es cierto. Y ninguno de esos regímenes merece un gramo de defensa.
Pero hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿por qué ese discurso apunta siempre hacia los adversarios geopolíticos y casi nunca hacia los aliados? ¿Y por qué ignora de forma tan sistemática lo que pasa dentro de casa? La respuesta no está en la hipocresía de tal o cual gobierno. Está en la arquitectura misma del sistema de derechos humanos. En lo que ocurrió en 1966. Y en por qué ocurrió.
I. 1948: los derechos son uno
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, descansaba sobre un principio explícito: todos los derechos son indivisibles e interdependientes. No puede existir libertad real sin seguridad material. El derecho a votar y el derecho a una vivienda digna no son categorías distintas: son las dos caras de la misma condición humana.
Ese principio no era retórica. Era la lección que Europa había extraído del fascismo: que la desesperación económica es el caldo de cultivo de la destrucción de las libertades políticas. Una democracia formal en la que millones de personas no pueden comer, trabajar o vivir con dignidad es una democracia vacía.
En 1948, los derechos humanos eran un proyecto unitario. Dieciocho años después, alguien decidió partirlos en dos. Y esa decisión cambió todo.
II. 1966: la fractura que lo explica todo
En 1966, la comunidad internacional adoptó dos pactos separados para desarrollar la Declaración Universal: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El principio de indivisibilidad quedó formalmente proclamado. Pero la separación lo vaciaba en la práctica: los derechos civiles se convirtieron en obligaciones inmediatas y exigibles; los económicos y sociales quedaron relegados a la realización progresiva, sujetos a los recursos disponibles, a lo que el mercado pudiera ofrecer.
Para entender por qué ocurrió esto hay que mirar dos fuerzas que convergieron en ese momento y que, por razones distintas, necesitaban exactamente el mismo resultado.
La Guerra Fría dio el pretexto. El liberalismo anglosajón dio la justificación. Juntos produjeron algo más duradero que cualquiera de los dos por separado: una arquitectura jurídica internacional que codificaba una visión muy concreta del mundo antes incluso de que esa visión llegara al poder político.
Cuando el neoliberalismo llegó con Thatcher y Reagan en los años ochenta, no tuvo que cambiar nada. El derecho internacional ya reflejaba exactamente su visión: los derechos que el mercado no puede garantizar no son obligación del Estado. Son aspiración. Son mérito. Son suerte. La victoria ideológica había ocurrido en 1966, discretamente, en un texto que casi nadie lee.
Esa fractura tiene dos consecuencias directas que llegan hasta hoy.
III. Primera consecuencia: el arma diplomática
Si los derechos que Occidente está obligado a garantizar son los civiles y políticos, y los económicos quedan fuera de esa obligación exigible, el sistema de derechos humanos se convierte en un instrumento perfectamente calibrado para señalar a los demás. Los adversarios geopolíticos de Occidente suelen violar los primeros. Las deficiencias de Occidente se concentran en los segundos. El sistema mide exactamente lo que a Occidente le conviene medir.
Arabia Saudí ejecuta a disidentes, prohíbe la libertad de expresión y somete a las mujeres a un sistema de tutela legal. Pero Arabia Saudí vende petróleo y compra armas occidentales. Las denuncias son escasas y los contratos continúan. Este patrón no es una excepción: es la norma.
El discurso no es mentira. Pero es un arma. Y las armas no tienen principios: tienen intereses.
IV. Segunda consecuencia: la exclusión que no tiene nombre
La otra consecuencia de la fractura de 1966 opera en el interior de las propias democracias occidentales. Si los derechos económicos y sociales no son obligación exigible del Estado sino territorio del mercado, entonces lo que el mercado produce —por muy injusto que sea— no puede llamarse violación de derechos humanos. Se llama circunstancia. Se llama precio del piso. Se llama competencia.
El economista Guy Standing lo llama el precariado: una clase definida por la inestabilidad crónica y la imposibilidad de planificar el futuro. Quien vive bajo esa angustia no tiene capacidad para la participación cívica sostenida. La inseguridad económica no necesita prohibir nada. Le basta con agotar. Y la fractura de 1966 garantiza que eso no se llame lo que es.
La pregunta que la fractura impide hacer
Nada de esto convierte en aceptables las violaciones de derechos humanos en otros países. Pero sí revela que el debate, tal como está planteado, es una trampa. Una trampa con origen conocido y fecha concreta: 1966.
Mientras el sistema internacional siga tratando los derechos civiles como obligación universal y los derechos económicos como aspiración de mercado, el discurso de derechos humanos seguirá siendo un instrumento de los que ya tienen poder para señalar a los que no lo tienen. Y la exclusión que ese mismo poder produce dentro de casa seguirá sin tener nombre.
Criticar la opresión ajena es fácil. Reconocer que el propio sistema fue diseñado para no tener que responder de sus exclusiones es mucho más difícil. Porque obliga a admitir que la arquitectura de los derechos humanos no es un principio universal. Es, también, una decisión política. Y que esa decisión se tomó hace casi sesenta años, con nombres y apellidos, por razones que todavía hoy nadie ha tenido que justificar.
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