Tras años de investigación, despliegue de la UCO y cobertura mediática masiva, el rastro económico documentado en el caso Ábalos se reduce a 95.437 euros en una década. La desproporción entre el tamaño del relato y la materialidad de las pruebas no es un fallo del sistema: es el sistema mostrando, una vez más, su modo de operar característico.
El 6 de mayo de 2026, tras catorce sesiones de juicio, el caso contra José Luis Ábalos y Koldo García quedó visto para sentencia en el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción había pedido 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su exasesor. Ambos llevaban en prisión provisional desde noviembre de 2025, en Soto del Real, por riesgo "extremo" de fuga.
El relato acusatorio hablaba de cuatro millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas durante la pandemia. La investigación de la UCO, tras años de trabajo, había documentado 95.437 euros sin justificar a lo largo de casi diez años. Menos del 2,5% de la cifra denunciada. Unos 800 euros al mes. El resto descansaba, esencialmente, en el testimonio de un coacusado —Víctor de Aldama— que negociaba rebaja de pena.
Hay algo en esa desproporción que merece pensarse en voz alta.
I. La paradoja del juicio sin dinero
En España se repite mucho que la justicia "no funciona". Y sinceramente, creo que ocurre exactamente lo contrario: funciona demasiado bien. Una cosa es que sea lenta, desigual o selectiva. Y otra muy distinta pensar que el sistema no sabe protegerse cuando realmente lo necesita.
El juicio a Ábalos y Koldo deja una imagen extraña para cualquiera que lo mire sin pasión partidista. Años de investigación. UCO. Fiscalía Anticorrupción. Registros. Auditorías. Análisis patrimoniales. Seguimientos. Cobertura mediática masiva. Un exministro sentado en el Tribunal Supremo. Peticiones de 24 años de cárcel. Prisión provisional desde finales de 2025.
¿Y el rastro económico documentado por la propia UCO tras todo ese despliegue?
95.437 euros sin justificar en casi diez años. Unos 800 euros al mes. Menos del 2,5% de los cuatro millones de los que habla la acusación.
Esto no demuestra automáticamente que Ábalos sea inocente. Puede que el dinero existiera y se gastara sin dejar rastro. Puede que el tribunal considere suficiente el testimonio de Aldama. Puede que aparezcan elementos probatorios que hoy no se ven con claridad. Pero hay algo que la sentencia, sea cual sea, no va a cambiar: la gigantesca desproporción entre el tamaño del relato construido durante años y la materialidad de las pruebas económicas finalmente aportadas al juicio.
Porque no estamos hablando de un pequeño caso local. Estamos hablando de una supuesta gran trama de corrupción de Estado. Y aun así no aparecen cuentas millonarias. Ni patrimonio oculto gigantesco. Ni mansiones inexplicables. Ni empresas pantalla descomunales. Ni un enriquecimiento acorde al relato construido durante años. La acusación acaba dependiendo sobre todo de testimonios, interpretaciones y reconstrucciones indirectas, mientras el dinero —el supuesto núcleo material de toda corrupción— prácticamente desaparece de la escena.
II. El proceso como pena
En la literatura sobre lawfare hay una idea que conviene recuperar y que ya analicé en Manual práctico del lawfare: cuando la justicia elige a quién castigar: el proceso es ya el castigo. No hace falta que la condena llegue, ni que sea firme, ni que se sostenga en casación. Basta con que el procedimiento se prolongue lo suficiente, se mediatice lo suficiente, y produzca el efecto suficiente. Lo demás es ornamento jurídico.
Años de titulares. Años de sospecha. Años de demolición pública. Años convirtiendo a una persona en símbolo nacional de corrupción aunque el rastro económico real sea extraordinariamente débil para la magnitud del caso. Cuando llega la sentencia —absolutoria, condenatoria, parcial, recurrida—, el trabajo político ya está hecho. La carrera, destruida. El nombre, asociado para siempre a la palabra. El mensaje, lanzado al resto de la clase política: esto le puede pasar a cualquiera.
El castigo ya no necesita necesariamente una condena definitiva. El proceso ya cumple gran parte de la función.
Esta es la primera función del dispositivo: destruir al individuo concreto. Pero no es la única, y probablemente tampoco la principal. Para entender la segunda función hay que mirar más allá del caso particular y preguntarse a qué sirve estructuralmente la activación masiva del aparato judicial-mediático.
III. El mensaje al sistema
Las élites económicas no necesitan que la justicia intervenga constantemente. La mayor parte del tiempo prefieren que el orden se reproduzca por mecanismos más silenciosos: medios, mercado, partidos disciplinados, opinión pública gestionada, miedo social, precariedad. La judicialización masiva es, de hecho, un síntoma de que esos mecanismos están fallando.
Pero cuando todo eso empieza a fallar, cuando la legitimidad política se erosiona y el malestar social crece, siempre queda un último mecanismo de estabilización: el aparato judicial. Ahí la justicia deja de aparecer solo como árbitro neutral y pasa a funcionar como mecanismo de cierre del sistema.
Como expliqué en El mito del poder judicial neutral, esto no requiere fabricar pruebas. No requiere una conspiración. Basta con la composición sociológica de una judicatura mayoritariamente conservadora, con una fiscalía permeable a presiones, con un ecosistema mediático que amplifica selectivamente, con la lógica corporativa de cuerpos que protegen su autonomía actuando en una dirección reconocible. El resultado emerge sin que nadie tenga que coordinarlo:
El mensaje de fondo no es jurídico. Es político: "el sistema todavía tiene capacidad para destruir". Y ese mensaje, por sí solo, ya cumple la función disciplinaria que se le pide al aparato.
IV. La objeción y su respuesta
Llegados a este punto, conviene anticipar la objeción más obvia: ¿pero Ábalos no era el número tres del PSOE en activo? ¿A qué élite sirve destruir al exministro del gobierno? ¿No contradice eso la tesis de la justicia al servicio de las élites dominantes?
La objeción es solo aparente. El lawfare no opera al servicio de un partido concreto, sino de un orden. Y ese orden necesita demostrar periódicamente su capacidad de destruir, con independencia de quién sea el destruido en cada momento. El mensaje al conjunto de la clase política es más importante que el destino del señalado:
Nadie está a salvo, todos pueden ser objeto del dispositivo, las líneas que no conviene cruzar se aprenden viendo cómo terminan quienes las cruzan.
Esa es la función disciplinaria del proceso, y opera con independencia de la afiliación partidaria del procesado. Lo que se castiga, en última instancia, no es tanto la corrupción individual —que en muchos casos existe y debe perseguirse— como la pérdida de control sobre el propio dispositivo. Cuando el sistema activa toda su maquinaria contra alguien, ese alguien suele haber atravesado, en algún momento, alguna línea que no le correspondía atravesar.
La cuestión decisiva no es si el procesado pertenece al gobierno o a la oposición. Es si el aparato judicial-mediático está funcionando con criterios homogéneos o con activación selectiva. Y esa pregunta solo se responde comparando: comparando el despliegue contra este caso con la inacción ante otros casos equivalentes, comparando la celeridad procesal aquí con la lentitud allá, comparando las filtraciones que sí aparecen con las que nunca llegan.
V. El verdadero error
Por eso pienso que el verdadero error es repetir que la justicia española no funciona. Funciona. Y precisamente por eso, cuando las élites necesitan reordenar el tablero, disciplinar actores o restaurar autoridad, la justicia aparece como el último mecanismo de control capaz de garantizar que las cosas sigan funcionando dentro de los límites aceptables para el poder.
El juicio sin dinero no es una anomalía del sistema. Es el sistema mostrando, una vez más, su modo de operar característico: el proceso como pena, la sospecha como condena, el dispositivo como mensaje. La desproporción entre el relato y la prueba no es un defecto a corregir: es exactamente el síntoma de que el procedimiento penal ha cumplido funciones que no son estrictamente penales.
Y no es un caso aislado. La condena exprés al Fiscal General del Estado por la filtración del correo del abogado de la pareja de Ayuso —dictada en siete días laborables, con la ponente inicial apartada del caso, en un país donde los sumarios judiciales se filtran sistemáticamente sin consecuencia alguna— ilustra el mismo mecanismo desde otro ángulo: la activación selectiva del aparato cuando el objetivo es institucionalmente relevante. La absolución de la tertuliana que insinuó que la mujer del presidente del Gobierno era un hombre y la vinculó sin pruebas con el narcotráfico marroquí, calificada por la jueza como "gracieta" amparada por el "humor satírico", muestra el reverso del mismo dispositivo: ciertos relatos se permiten, ciertos otros se persiguen, y la línea que los separa no parece coincidir exactamente con la gravedad jurídica de los hechos. Tres casos, tres direcciones distintas del mismo aparato, una sola lógica de fondo.
Quizá el objetivo ya no sea demostrar de forma incontestable grandes corrupciones. Quizá baste con algo mucho más eficaz: producir un clima político, mediático y judicial capaz de destruir, disciplinar o neutralizar.
No hace falta fabricar pruebas falsas. Basta con seleccionar objetivos, amplificar sospechas, prolongar procedimientos y convertir la propia investigación en condena pública. La condena penal, si llega, será la confirmación formal de un veredicto que el dispositivo ya emitió hace tiempo. Si no llega, el dispositivo habrá funcionado igual: el daño ya está hecho.
Coda: la justicia como mecanismo de cierre
El caso Ábalos no se entiende aislado. Forma parte de una secuencia más amplia que recorre la política española contemporánea, desde la condena al Fiscal General del Estado hasta los procesos abiertos contra dirigentes de uno y otro signo. En cada uno de esos casos puede haber, perfectamente, hechos delictivos reales. La culpabilidad no excluye el lawfare. Lo revela.
Lo que define al fenómeno no es la inocencia del procesado, sino la activación selectiva del aparato. La pregunta no es si Ábalos cobró comisiones. La pregunta es por qué, tras años de despliegue investigador masivo, el rastro económico documentado se reduce a 800 euros al mes mientras el relato mediático lo había convertido en símbolo nacional de corrupción. Esa brecha es el dato político relevante.
La justicia no es neutral. Es el mecanismo de último recurso que protege la arquitectura del orden cuando los demás mecanismos —medios, mercado, partidos, opinión pública— empiezan a fallar.
Por eso el verdadero error es pensar que la justicia española no funciona. Funciona. Funciona exactamente para lo que está diseñada: reordenar el tablero cuando hace falta, disciplinar actores cuando se desvían, restaurar la autoridad cuando se erosiona. El caso Ábalos no es una excepción a esa regla. Es una de sus aplicaciones más visibles.
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