En agosto de 1933, apenas siete meses después de la llegada de Hitler al poder, el liderazgo sionista firmó con la Alemania nazi un acuerdo que permitía la salida de judíos alemanes a Palestina. El relato amable lo presenta como un rescate. La letra pequeña dice otra cosa: era un filtro económico que decidió, desde el principio, quién entraba en el proyecto y quién quedaba fuera.
En Israel, la única democracia de Oriente Medio… ¿o una democracia con apellidos? sostuve que la etiqueta de «única democracia» funciona, en la práctica, como un cierre del debate: un sello que da por zanjada una discusión que en realidad ni siquiera ha empezado. Repasaba allí leyes, políticas y prácticas que mostraban un sistema con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, una jerarquía de derechos que las urnas no corrigen sino que legitiman.
En Israel como reliquia colonial del sueño europeo apuntaba que esa contradicción no es una desviación reciente ni un accidente histórico, sino una arquitectura: una forma deliberada de organizar la pertenencia y la exclusión que entronca con la tradición colonial europea de finales del siglo XIX.
Ambos artículos describen la estructura desde el presente y desde el marco general. Pero falta una pregunta incómoda y necesaria: ¿esa arquitectura aparece en algún momento concreto, o es un consenso difuso que se va decantando con los años? Si la tesis es que el sistema selecciona, ordena y jerarquiza desde el principio, entonces tiene que haber un momento documentable en el que esa selección se firma, se debate y se ejecuta. Y lo hay. Es el Acuerdo Haavara, agosto de 1933.
La tesis de este artículo es sencilla: el Haavara no es un episodio aislado de la prehistoria del Estado de Israel, sino el momento más limpio y menos discutible en el que puede observarse cómo el proyecto sionista, ya en su fase formativa, decide quién entra y quién queda fuera. Y lo decide aplicando un filtro que no es étnico ni religioso, sino económico: el capital como condición de pertenencia. Lo que vino después —la estratificación interna del mundo judío, la marginación mizrají, la exclusión palestina— se entiende mucho mejor cuando se ha visto cómo se construyó el primer estrato.
I. El acuerdo
El 25 de agosto de 1933, apenas siete meses después de la llegada de Hitler al poder, se firmó en Berlín un pacto entre tres partes muy distintas: la Federación Sionista de Alemania, el Anglo-Palestine Bank (el embrión de lo que hoy es el Banco Leumi de Israel) y las autoridades del Tercer Reich. Era el llamado Acuerdo Haavara —haavara significa «transferencia» en hebreo—, y permitía a los judíos alemanes que decidieran emigrar a Palestina liquidar parte de sus activos en Alemania y recuperar su valor al llegar al destino.
El mecanismo era ingenioso. El emigrante depositaba su dinero en una cuenta bloqueada en Alemania, y ese capital se utilizaba para comprar bienes industriales alemanes —maquinaria, cemento, hierro, generadores, equipos agrícolas— que la empresa Haavara Ltd. exportaba a Palestina. Una vez allí, esos bienes se vendían en el mercado local y el inmigrante recibía el equivalente en libras palestinas. No era una operación filantrópica ni un rescate humanitario al uso: era una transferencia de capital productivo organizada como salida.
Hasta aquí, lo que se suele contar. El problema empieza cuando se mira quién podía acogerse al acuerdo y quién no.
II. El filtro
El acceso al Haavara no era universal. Estaba condicionado a una cifra muy concreta: 1.000 libras palestinas. Esa cantidad no había salido de la imaginación de los negociadores, sino del propio sistema de inmigración británico. La administración del Mandato gestionaba la entrada de judíos en Palestina mediante un esquema de certificados organizado por categorías, y la Categoría A1 —destinada a «capitalistas»— exigía exactamente ese umbral. Quien podía acreditar 1.000 libras tenía la entrada garantizada al margen de las cuotas. Quien no, dependía de la «capacidad de absorción» que los británicos quisieran reconocerle, normalmente muy estrecha.
Conviene ponerle escala a la cifra. Mil libras palestinas en 1933 equivalían aproximadamente a 5.000 dólares de la época, lo que en moneda actual rondaría los 65.000 euros. Era una suma astronómica para cualquier trabajador, pequeño comerciante o profesional sin patrimonio. El Haavara, lejos de eludir esa barrera, estaba diseñado precisamente para convertirla en accesible para quienes ya tenían los activos: el acuerdo permitía transformar esos bienes bloqueados en Alemania en el capital de entrada exigido en Palestina.
El resultado fue exactamente el que cabía esperar. De los aproximadamente 525.000 judíos que vivían en Alemania en 1933, solo unos 60.000 pudieron acogerse al mecanismo a lo largo de los años en que estuvo activo: en torno a un 11,5 % de la población. Los otros nueve de cada diez quedaron fuera. La burguesía judía alemana —comerciantes, industriales, profesionales con patrimonio— pudo negociar su salida y conservar parte de sus bienes. El proletariado, los pequeños comerciantes sin capital y los judíos sin medios quedaron atrapados en un sistema que, como acabaría demostrándose, se cerraba sobre ellos.
Esto no fue un fallo del diseño. Fue el diseño.
III. Las cifras de la operación
Entre 1933 y 1939, el Haavara movió volúmenes considerables. Se transfirieron entre 130 y 140 millones de Reichsmarks, lo que equivale a unos 8,1 millones de libras palestinas o, en valor actualizado, alrededor de 349 millones de euros de 2021. No era dinero abstracto: se materializaba en bienes concretos que entraban a Palestina mientras el resto del mundo se hundía en la Gran Depresión. Cemento, hierro, yeso, madera para la construcción. Tractores, sistemas de riego y fertilizantes para la agricultura. Generadores y componentes eléctricos para la energía. Maquinaria textil y herramientas de precisión para la industria ligera.
Esos bienes alimentaron empresas que hoy pertenecen al núcleo histórico de la economía israelí. La cementera Nesher, que se convirtió en proveedora dominante del Yishuv. Solel Boneh, la constructora del movimiento obrero sionista que levantó buena parte de la infraestructura urbana de Tel Aviv y Haifa. La Palestine Electric Company de Pinhas Rutenberg, embrión de la red eléctrica del país. Y junto al capital físico llegó capital humano altamente cualificado: ingenieros, médicos, abogados, científicos, técnicos formados en una de las economías industriales más sofisticadas de Europa.
Mientras el resto del mundo estaba paralizado por el desempleo masivo y el colapso financiero, una franja muy concreta de Palestina se industrializaba a marchas forzadas. No por casualidad ni por talento espontáneo de los recién llegados, sino porque un mecanismo financiero diseñado a tal efecto canalizaba capital y conocimiento desde la economía alemana hacia un proyecto territorial concreto.
El propio emigrante, eso sí, no recuperaba el cien por cien de su patrimonio. La pérdida en el proceso oscilaba entre el 6 % en 1934 y el 50 % en 1938, debido al deterioro del marco del Reich y a los subsidios necesarios para que los productos alemanes resultaran competitivos en el mercado palestino. El sistema, por tanto, servía simultáneamente a tres objetivos: canalizaba la salida de una franja de población judía, estimulaba las exportaciones alemanas en plena Depresión y financiaba la industrialización del Yishuv. Tres beneficiarios y una población filtrada.
IV. La ruptura del boicot
Mientras todo esto ocurría en silencio, en el resto del mundo se estaba librando una batalla muy distinta. Desde marzo de 1933, organizaciones obreras, comunidades judías y sectores antifascistas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Polonia habían lanzado un boicot económico contra la Alemania nazi. Era, sin más, la única herramienta de presión disponible: si se asfixiaban las exportaciones alemanas, se asfixiaba al régimen. La estrategia se sostenía sobre una premisa simple, pero la unidad del frente antifascista era condición indispensable para que funcionara.
El Haavara hizo justo lo contrario. Al canalizar bienes industriales alemanes hacia Palestina, abría nuevos mercados para esa misma economía a la que el resto del mundo intentaba aislar. La crítica fue inmediata y virulenta. El Bund —la Unión General de Trabajadores Judíos, principal organización socialista judía de Europa del Este— denunció el acuerdo como una traición de clase. Sectores socialistas y comunistas judíos lo calificaron de pacto con el enemigo. La acusación era directa: mientras el movimiento obrero internacional intentaba presionar a Hitler por la única vía pacífica disponible, el liderazgo sionista estaba debilitándola desde dentro.
Lo más revelador, sin embargo, es que la oposición no vino solo desde fuera. Dentro del propio sionismo, la reacción fue feroz. Ze'ev Jabotinsky y los sionistas revisionistas consideraron el acuerdo una humillación nacional y una colaboración inaceptable con el régimen que estaba persiguiendo a los judíos en Alemania. La discusión se prolongó durante dos años en debates internos extremadamente duros, hasta que el Congreso Sionista de Lucerna de 1935 ratificó finalmente el acuerdo por amplia mayoría.
Este detalle importa más de lo que parece. El Haavara no fue una operación técnica que se coló por inercia, ni una decisión administrativa de bajo perfil que se ejecutó sin que nadie reparara en sus implicaciones. Fue una decisión política deliberada, debatida en dos congresos, con plena conciencia de que rompía la solidaridad antifascista internacional, y que se aprobó precisamente porque se priorizó la construcción del proyecto territorial sobre cualquier otra consideración.
V. El acuerdo se mantiene mientras la situación empeora
Aquí entra el dato que más incomoda al relato amable del Haavara. El acuerdo se firmó en agosto de 1933, cuando el régimen nazi acababa de empezar y todavía podía argumentarse —como hacen Nicosia o Yf'aat Weiss— que nadie sabía hasta dónde iba a llegar la persecución. Pero el Haavara no se agotó en 1933 ni en 1934. Se mantuvo activo, ejecutándose con normalidad, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Seis años en los que la situación de los judíos alemanes no hizo sino empeorar de manera continua, pública y conocida.
La información circulaba: la prensa internacional cubrió ambos episodios, las comunidades judías de medio mundo los denunciaron, el Bund y los sectores antifascistas los utilizaron precisamente como argumento contra el acuerdo. Aun así, el Haavara siguió funcionando.
Esto no es un detalle menor. Si el Haavara hubiera sido únicamente una operación de emergencia diseñada en un contexto de incertidumbre, habría sido razonable esperar una reorientación a medida que la información disponible cambiaba. Lo que se observa es lo contrario: el acuerdo se mantuvo estable, su mecánica no se modificó para incluir a quienes carecían de capital, y la salida selectiva por umbral económico siguió funcionando con los mismos parámetros mientras la persecución se intensificaba sobre quienes ya estaban excluidos del mecanismo.
La pregunta, entonces, ya no es si en 1933 se podía prever lo que vendría. Es por qué, sabiéndolo en 1936, en 1937, en 1938 y en 1939, no se modificó el filtro.
VI. El silencio sobre los demás
Y aquí aparece la otra cara del problema, la que rara vez se nombra. Mientras se desplegaba toda la maquinaria política, financiera y organizativa para canalizar la salida de la fracción de la judería alemana con capital, ¿qué se hizo —desde el propio liderazgo sionista y desde las potencias occidentales— por la inmensa mayoría judía que no tenía 1.000 libras palestinas?
La respuesta es, fundamentalmente, nada comparable. No hubo un Haavara para los obreros judíos polacos, lituanos o rumanos, que constituían el grueso demográfico del judaísmo europeo y vivían en condiciones de pobreza estructural. No hubo un Haavara para los pequeños comerciantes alemanes sin patrimonio significativo, ni para las familias que habían sido empobrecidas precisamente por las leyes nazis de exclusión laboral. No hubo un mecanismo equivalente que permitiera, por ejemplo, transferir mano de obra a Palestina sin exigir capital previo, financiar colectivamente la salida de comunidades enteras, o presionar a la administración del Mandato para flexibilizar las cuotas de la Categoría C —la de trabajadores— que sí podrían haber acogido a esos perfiles.
La explicación oficial siempre apeló a una limitación práctica: los británicos no permitían más entradas, los recursos eran escasos, la «capacidad de absorción» del Yishuv tenía un techo. Pero esa explicación tropieza con un hecho incómodo. La capacidad de absorción para inmigrantes con capital sí se amplió: el Haavara, precisamente, sirvió para eludir las cuotas británicas convirtiendo a sus beneficiarios en «capitalistas» elegibles. Lo que faltó no fue capacidad técnica, sino voluntad política de aplicar la misma creatividad, la misma negociación bilateral, la misma movilización institucional al rescate de los judíos sin capital.
Y faltó porque, sencillamente, el proyecto no los necesitaba. Una población de obreros sin patrimonio podía aportar mano de obra, pero no aportaba lo que el Yishuv estaba construyendo: una base industrial, una clase propietaria, una infraestructura de capital. Los pobres no encajaban en lo que se estaba edificando, y por eso no se diseñó para ellos ningún mecanismo equivalente al que sí se diseñó para quienes podían contribuir con activos.
VII. La etnocracia como marco
Aquí conviene detenerse un momento en algo que el relato sobre el Haavara suele dejar implícito y que importa nombrar con precisión: los 60.000 emigrantes que se beneficiaron del acuerdo eran, prácticamente en su totalidad, judíos asquenazíes —es decir, judíos europeos de tradición centro y nororiental, en este caso concreto alemanes—. No fue una casualidad sociológica. Era la composición étnica de la judería alemana de los años treinta, y era también el grupo al que pertenecía la práctica totalidad del liderazgo sionista que negoció y ratificó el acuerdo. Lo que se transfirió a Palestina no fue solo capital económico abstracto: fue capital concentrado en un grupo étnico-cultural muy específico, que llegó a un territorio donde ya existía una comunidad judía mayoritariamente sefardí y mizrají preexistente, mucho más pobre y peor conectada con las redes de poder europeas. El Haavara no se limitó a seleccionar por clase: seleccionó simultáneamente por origen, porque la clase y el origen coincidían en la geografía concreta de la judería europea de la época.
Y aquí es donde el Haavara conecta directamente con la tesis colonial del proyecto sionista que desarrollé en Israel como reliquia colonial del sueño europeo. Toda empresa colonial moderna ha funcionado siempre del mismo modo: un grupo procedente de la Europa industrializada desembarca en un territorio con población autóctona, llega con capital, conocimiento técnico, redes institucionales y respaldo de una potencia metropolitana, y se instala en posición de mando sobre quienes ya estaban allí. Es el patrón de la Argelia francesa, de la Sudáfrica boer y británica, de la Rodesia colonial, de las plantaciones del Caribe. El Haavara responde exactamente a ese esquema, solo que aplicado al caso sionista: la metrópoli es la economía industrial alemana, el respaldo institucional es el del Mandato Británico, la población autóctona es la palestina —y, en menor medida, la sefardí preexistente—, y los desembarcados son los asquenazíes con capital. Lo que el Haavara financió no fue, por tanto, simplemente el estrato superior de una futura democracia: financió la base material de una empresa colonial europea de tipo clásico, con su jerarquía étnica, su capital de origen metropolitano y su población nativa subordinada. Que el grupo colonizador fuera él mismo un pueblo perseguido en Europa no altera la mecánica del proyecto. La altera, eso sí, en el plano simbólico, y por eso el relato posterior insiste tanto en separar lo uno de lo otro.
Para comprender cómo se proyecta esta arquitectura inicial sobre la realidad posterior del Estado, conviene apoyarse en un marco conceptual que viene de la propia academia israelí. El geógrafo Oren Yiftachel, en Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine (University of Pennsylvania Press, 2006), define Israel no como una democracia liberal clásica sino como un régimen específicamente diseñado para facilitar la expansión y el control de un grupo étnico dominante en un territorio en disputa. En una etnocracia, la ciudadanía no es un estatus uniforme, sino una jerarquía estratificada en la que el acceso a la tierra, al poder político y a los recursos económicos depende del origen étnico y de la ubicación geográfica.
El Haavara no creó este sistema completo, pero sí financió y consolidó el estrato superior, étnicamente asquenazí, que después ocuparía las posiciones de control institucional y económico antes incluso de que el Estado existiera formalmente. Las empresas, las redes profesionales, los centros urbanos, las instituciones educativas y las cadenas de mando del proyecto sionista quedaron desde muy temprano en manos de un grupo étnico concreto, no por azar ni por superioridad cultural, sino porque ese grupo había llegado primero y con capital. Cuando en las décadas siguientes se sumaron al proyecto otros grupos en condiciones muy distintas —empezando por los mizrajíes—, la jerarquía étnica ya estaba establecida y consolidada. Encontraron un país donde los puestos de arriba ya tenían apellido.
VIII. La continuidad: el caso mizrají
Si el Haavara fuera un episodio aislado, la tesis de la continuidad estructural se sostendría con dificultad. No lo es, y aquí es donde el trabajo del sociólogo israelí Shlomo Swirski —Israel: The Oriental Majority (Zed Books, 1989)— resulta decisivo. Swirski demostró que la marginación de los judíos mizrajíes —los procedentes de países árabes y musulmanes, que llegaron en oleadas masivas en las décadas de 1950 y 1960— no fue, como sostuvo durante años el relato oficial, una consecuencia de su «falta de adaptación» o de un supuesto retraso cultural. Fue, por el contrario, una consecuencia estructural de cómo se había construido la economía del país antes de 1948.
El contraste entre las dos oleadas —la asquenazí del Haavara y la mizrají de los años cincuenta— es difícil de explicar como casualidad. Los inmigrantes alemanes de los años treinta llegaron con activos transferidos legalmente vía Haavara y fueron integrados en los centros industriales y urbanos. Los inmigrantes mizrajíes llegaron desposeídos de sus bienes, en muchos casos confiscados en sus países de origen, y fueron asentados en ma'abarot —campamentos de tránsito— y, después, en las llamadas «ciudades de desarrollo» levantadas en la periferia desértica y fronteriza, lejos de los centros económicos. Los primeros ocuparon el papel de propietarios, profesionales y técnicos cualificados. Los segundos, el de mano de obra industrial y agrícola para las empresas que ya existían. El capital cultural europeo de los unos quedó normalizado como referencia; la cultura árabe-oriental de los otros fue marcada como atrasada y se trató, de manera explícita, como un obstáculo a superar.
La estratificación interna del mundo judío no es un episodio menor de la historia israelí, ni una nota a pie de página. Es la prueba de que la lógica selectiva inaugurada en 1933 no se quedó en 1933.
Quien llegó primero, con recursos, ocupó el centro. Quien llegó después, sin ellos, la periferia. Y el mecanismo que decidió ese orden no fue el azar ni el mérito: fue una arquitectura económica que se había levantado años antes con un filtro muy concreto.
El proyecto no se construyó para todos
Si se aparta el relato y se observa el mecanismo, la imagen es más simple de lo que parece. El Acuerdo Haavara no fue un rescate universal ni una operación humanitaria a gran escala. Fue un filtro. Para acogerse a él había que tener capital, y eso definía no solo quién podía irse, sino quién podía empezar de nuevo y quién quedaba atrás. El nueve de cada diez judíos alemanes que no cumplía los requisitos no era un descarte indeseado del sistema: era la consecuencia natural de un sistema diseñado para seleccionar. Y cuando la persecución se intensificó —en 1935, en 1938, en 1939—, el filtro no se modificó. Se mantuvo intacto mientras los excluidos quedaban cada vez más expuestos.
Ese capital, además, no se evaporaba al cruzar el Mediterráneo. Se convertía en estructura: en fábricas, en empresas, en ciudades, en redes profesionales, en ventaja acumulada. Esa ventaja se transmitió a la generación siguiente y definió los centros de poder antes incluso de que existiera un Estado. Su sombra cayó sobre dos colectivos a la vez: sobre la población autóctona —palestinos y judíos sefardíes y mizrajíes ya instalados en el territorio—, que se encontró desbordada por una élite recién llegada con respaldo institucional y capital industrial; y sobre las oleadas migratorias judías posteriores, que llegaron a un país ya jerarquizado y se vieron empujadas hacia los márgenes que el primer reparto había dejado libres.
A partir de ahí, el reparto sigue una lógica colonial reconocible, pero con un matiz que conviene precisar. No se trata solo de que «los que llegan primero ocupan el centro y los que llegan después la periferia», porque cuando los asquenazíes desembarcan vía Haavara ya hay población en el territorio: hay palestinos, que son la inmensa mayoría demográfica, y hay también una comunidad judía sefardí y mizrají preexistente, instalada en Palestina desde hacía siglos en muchos casos. El proyecto no llega a un espacio vacío que después se llena en orden cronológico. Llega a un territorio habitado y se impone sobre él. Los recién llegados, gracias al capital transferido, a la cualificación profesional y al respaldo institucional del Mandato, se sitúan por encima de la población preexistente —tanto palestina como judía no europea— y construyen las estructuras económicas, urbanas e institucionales que después funcionarán como centro. Los que llegarán más tarde sin recursos —los mizrajíes de los años cincuenta— tampoco se sumarán a un país en construcción: se incorporarán a un país ya construido, donde la jerarquía está fijada y donde su lugar reservado es el de la mano de obra para el aparato productivo que el Haavara ayudó a levantar. Y ese reparto no es producto de las leyes del mercado ni del paso natural del tiempo. Es la consecuencia directa de una decisión política tomada en 1933, ratificada en 1935, mantenida durante seis años con conocimiento creciente de lo que estaba ocurriendo, y proyectada después sobre todo lo que vino.
El Haavara importa más allá de lo que el acuerdo concreto significó para las 60.000 personas que se beneficiaron de él. Importa porque es el momento más limpio, más documentable y menos discutible en el que se ve operar la lógica que define al proyecto: una pertenencia condicionada al capital, una ciudadanía organizada por niveles, una arquitectura que selecciona quién entra, en qué posición y con qué derechos.
Y, sobre todo, importa porque deja al descubierto una verdad incómoda: el proyecto no se construyó para todos los que estaban implicados en él. No se construyó para todos los judíos —los pobres, los obreros, los judíos del Este sin capital quedaban fuera del plan—, pero tampoco se construyó contando con la población autóctona del territorio. Los palestinos, que eran la inmensa mayoría demográfica de Palestina en 1933, no aparecen en el cálculo del Haavara como interlocutores ni como sujetos: aparecen, en el mejor de los casos, como un dato del entorno que el proyecto debe gestionar. Y los judíos sefardíes y mizrajíes ya instalados en el territorio tampoco fueron consultados sobre la transformación que las nuevas estructuras industriales y financieras iban a imponer sobre la economía y la sociedad local. El proyecto se construyó para un grupo muy concreto y sobre todos los demás.
No estamos ante una democracia que se haya torcido con el tiempo. Estamos ante un sistema que, desde 1933 y con plena conciencia de lo que hacía, decidió funcionar de un modo muy concreto: seleccionar, ordenar, jerarquizar. No todos podían entrar. Ni siquiera todos los judíos. Y a quienes ya estaban en el territorio nadie les preguntó.
A partir de ahí, todo lo demás es desarrollo.
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