Israel, la única democracia de Oriente Medio… ¿o una democracia con apellidos?

Israel suele presentarse en foros internacionales y en la prensa occidental como “la única democracia de Oriente Medio”. La fórmula funciona como un sello de legitimidad: elecciones periódicas, pluralidad de partidos, tribunales activos… todos los atributos formales de un sistema democrático.

Pero la democracia no es solo la celebración de elecciones. Una democracia se mide, sobre todo, por la igualdad de derechos entre quienes viven bajo el mismo Estado. Y aquí es donde aparece la contradicción.

En la práctica, Israel distingue entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda: entre quienes gozan de derechos plenos y quienes los ven limitados por su origen, su religión o su estatus legal. Esta diferencia no es un accidente ni una disfunción, sino que está institucionalizada en leyes, políticas y prácticas cotidianas.

Es una falacia común confundir lo que se dice con lo que se hace: repetir que un país es democrático no convierte automáticamente en democracia aquello que ocurre sobre el terreno. Si el voto convive con la exclusión, con dobles sistemas legales y con barreras de acceso a derechos básicos, el concepto de democracia se vacía de contenido.

Israel proyecta hacia fuera la imagen de una democracia consolidada, pero un repaso a su marco legal y a su práctica cotidiana revela otra realidad. No se trata de percepciones subjetivas, sino de mecanismos institucionales concretos que generan desigualdad: leyes que consagran privilegios, políticas urbanísticas discriminatorias, restricciones a la movilidad, exclusiones políticas y culturales. Estos son algunos de los puntos que muestran cómo, detrás del discurso, la igualdad democrática se fragmenta en la práctica.

1. Una ley que define al Estado para unos pocos

En julio de 2018, la Knéset aprobó la Ley Básica: Israel como Estado-nación del pueblo judío, una norma de rango cuasi-constitucional cuyo objetivo declarado era “anclar” en la legislación fundamental el carácter judío del Estado.

Los artículos centrales son reveladores:

Artículo 1: “El derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es único del pueblo judío”.
Artículo 3: “El idioma hebreo es el idioma oficial del Estado. El idioma árabe tendrá un estatus especial en el Estado; la regulación del uso del árabe en instituciones estatales o ante ellas será por ley”.
Artículo 7: “El Estado ve el desarrollo de asentamientos judíos como un valor nacional, y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación”.

En otras palabras:

La autodeterminación se reconoce solo a los judíos, no a todos los ciudadanos.
La lengua árabe, hablada por más de un millón y medio de ciudadanos árabes israelíes (aprox. 20 % de la población), perdió su estatus de idioma oficial.
Se promueve como política de Estado el crecimiento de asentamientos judíos, sin referencia alguna a comunidades no judías.

Cómo se traduce en hechos

Artículo 1 – Autodeterminación solo para los judíos

Hecho: Los palestinos con ciudadanía israelí (aprox. 20 %) no son reconocidos como colectivo con derecho a autodeterminación. No existe una circunscripción política o cultural que los reconozca como minoría nacional.
Ejemplo práctico: Los intentos de reconocer aldeas beduinas en el Néguev fracasan sistemáticamente. Muchas se clasifican como “no reconocidas”, lo que significa vivir sin acceso a agua, electricidad o servicios básicos, pese a estar dentro de Israel.

Artículo 3 – Hebreo como único idioma oficial

Hecho: Hasta 2018, el hebreo y el árabe eran lenguas oficiales. Con la nueva ley, el árabe quedó degradado a “estatus especial”.
Ejemplo práctico: Formularios administrativos, señalética y documentos oficiales se producen casi siempre en hebreo. El árabe queda relegado, sin obligación de uso igualitario. En la práctica, un ciudadano árabe encuentra más obstáculos para ejercer derechos administrativos en su lengua materna.

Artículo 7 – Desarrollo preferente de asentamientos judíos

Hecho: La ley obliga al Estado a “fomentar y consolidar” asentamientos judíos, sin mencionar en absoluto a las comunidades árabes.
Ejemplo práctico: Mientras se aprueban de manera sistemática planes de expansión para colonias judías en Cisjordania y nuevas localidades judías dentro de Israel, los pueblos árabes enfrentan rechazos masivos de planes urbanísticos. El resultado: entre 60.000 y 70.000 casas árabes “ilegales” bajo amenaza de demolición (HRW, 2020).

Legitimación de la desigualdad

La reacción fue inmediata: las minorías árabes de Israel, junto con organizaciones de derechos humanos y juristas, denunciaron que la ley institucionalizaba la discriminación. El presidente de la Lista Conjunta (coalición de partidos árabes) la calificó de “ley del apartheid”. Incluso sectores judíos críticos advirtieron que se estaba “constitucionalizando la desigualdad”.

En 2021, el Tribunal Supremo israelí rechazó las impugnaciones y confirmó su constitucionalidad, consolidando el principio de que el Estado pertenece, en primer lugar, al pueblo judío, y solo en segundo lugar a sus demás ciudadanos.

Así, lo que podría parecer un debate simbólico sobre identidad nacional se convierte en un mecanismo jurídico de exclusión. La ley no elimina formalmente el derecho al voto de los ciudadanos árabes, pero consagra en el corazón del sistema legal una jerarquía entre ciudadanos plenos y ciudadanos de segunda.

2. Tierra y vivienda reservadas

El 93 % de las tierras de Israel está bajo control estatal, y gran parte se gestiona en exclusiva para judíos a través del Fondo Nacional Judío (JNF), una institución cuya misión histórica es “desarrollar la tierra para el pueblo judío”. En la práctica, esto significa que el acceso a vivienda y suelo urbanizable está profundamente mediado por la identidad.

Las comunidades árabes, en cambio, enfrentan enormes obstáculos para obtener permisos de construcción. El resultado es que entre 60.000 y 70.000 hogares árabes se consideran “ilegales” y están bajo amenaza de demolición, no porque las familias no los necesiten, sino porque los permisos son casi imposibles de obtener.

Cómo se traduce en hechos

Control desigual de la tierra

Hecho: El JNF explícitamente arrenda tierras solo a judíos. Esto impide a ciudadanos árabes acceder a gran parte del territorio para construir viviendas o desarrollar actividades económicas.
Ejemplo práctico: En varias ocasiones, tribunales israelíes han avalado el derecho del JNF a priorizar a judíos, reforzando la exclusión estructural.

Permisos de construcción negados

Hecho: Los planes urbanísticos de pueblos árabes suelen ser rechazados o no actualizados durante décadas. Esto obliga a las familias a construir sin licencia.
Ejemplo práctico: En la ciudad árabe de Umm al-Fahm, la falta de aprobación de planes urbanísticos ha dejado miles de casas en situación de “ilegalidad”, expuestas a sanciones y demoliciones.

Demoliciones como política

Hecho: Según HRW (2020), el 97 % de las órdenes judiciales de demolición en 2015 afectaron a localidades palestinas dentro de Israel.
Ejemplo práctico: El pueblo beduino de Al-‘Araqib, en el Néguev, ha sido demolido más de 200 veces en la última década y media, y sus habitantes siguen resistiendo en carpas y estructuras provisionales.

Legitimación de la desigualdad

Mientras se aprueban planes de expansión para nuevas localidades judías o colonias en Cisjordania, los pueblos árabes dentro de Israel quedan atrapados en un círculo vicioso: no hay permisos → construcciones “ilegales” → riesgo permanente de demolición. El sistema de planificación no corrige la desigualdad, sino que la produce y la legaliza.

3. Familias divididas por ley

La Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel (aprobada en 2003 y renovada en 2022) impide que palestinos de Cisjordania o Gaza casados con ciudadanos israelíes puedan obtener residencia o ciudadanía. En la práctica, la norma solo se aplica a palestinos, no a matrimonios mixtos con extranjeros de otros países.

El resultado es devastador: miles de familias viven separadas o dependen de permisos temporales que pueden ser revocados en cualquier momento. No es solo un obstáculo administrativo, sino una política que convierte la vida familiar en un terreno de incertidumbre permanente.

Cómo se traduce en hechos

Un matrimonio, dos estatus legales

Hecho: Una ciudadana árabe-israelí que se case con un palestino de Cisjordania no puede hacer que su cónyuge obtenga ciudadanía ni residencia estable.
Ejemplo práctico: Muchas parejas deben vivir separadas a ambos lados del muro o moverse bajo regímenes de permisos que les obligan a renovar su estatus cada pocos meses o años, con riesgo constante de separación.

Seguridad como argumento

Hecho: El Estado justifica la ley en nombre de la “seguridad”, alegando que algunos palestinos vinculados por matrimonio podrían suponer un riesgo.
Ejemplo práctico: Sin embargo, no existen restricciones similares para matrimonios con personas de cualquier otra nacionalidad —solo con palestinos de los territorios ocupados—, lo que revela un sesgo claramente discriminatorio.

Niños sin estabilidad

Hecho: Los hijos de estas uniones sufren un limbo legal: uno de los padres puede residir de forma precaria o ser deportado.
Ejemplo práctico: ONG como Adalah han documentado cientos de casos de niños que crecen con un progenitor en riesgo de expulsión, lo que afecta su acceso a educación, salud y estabilidad emocional.

Legitimación de la desigualdad

La ley convierte el derecho básico a la vida familiar en un privilegio condicionado por la identidad. No se trata de una medida neutral de seguridad, sino de un mecanismo que fragmenta a la población árabe-israelí e impide que sus vínculos con palestinos de los territorios se traduzcan en una ciudadanía compartida. Es, en definitiva, un muro jurídico que se suma al muro físico.

4. Dos sistemas de justicia en Cisjordania

En los territorios ocupados de Cisjordania coexisten dos sistemas jurídicos paralelos:

Los colonos judíos están sujetos a la ley civil israelí, como si vivieran en Tel Aviv o Haifa.
Los palestinos, en cambio, viven bajo la ley militar israelí, impuesta desde 1967.

Esto significa que el marco legal no depende del lugar, sino de la identidad. Dos personas que cometen la misma infracción en el mismo territorio enfrentan tribunales, procedimientos y derechos completamente distintos.

Cómo se traduce en hechos

Detenciones y tribunales

Hecho: Los colonos son juzgados en tribunales civiles, con todas las garantías de un sistema democrático (abogados, apelaciones, juicios públicos).
Ejemplo práctico: Un adolescente colono detenido por vandalismo comparece ante un tribunal civil de menores, con plazos limitados de detención preventiva y acceso inmediato a defensa.
Hecho: Los palestinos, incluidos los menores, son juzgados por tribunales militares, donde la tasa de condena supera el 95 % según datos de ONG israelíes.
Ejemplo práctico: Un menor palestino acusado de lanzar piedras puede ser detenido por meses sin cargos formales bajo “detención administrativa” y enfrentar interrogatorios sin la presencia de sus padres.

Derechos de propiedad

Hecho: Colonos pueden registrar sus tierras bajo la legislación civil israelí.
Ejemplo práctico: Un palestino que posee tierras heredadas en Cisjordania puede perderlas por órdenes militares que declaren el área como “zona de entrenamiento” o “tierra estatal”, sin posibilidad real de apelación.

Libertad de movimiento

Hecho: Colonos circulan en carreteras exclusivas para israelíes, bajo protección militar.
Ejemplo práctico: Un palestino que viva en la aldea vecina debe pasar por checkpoints y controles militares para recorrer el mismo trayecto, a veces tardando horas más que un colono.

Legitimación de la desigualdad

Este doble sistema convierte Cisjordania en un espacio de apartheid jurídico: dos poblaciones conviven en el mismo territorio, pero bajo regímenes legales radicalmente distintos. El resultado es que la identidad determina no solo los derechos políticos, sino incluso el grado de protección frente al propio Estado.

5. Participación política limitada

En teoría, los ciudadanos árabes de Israel pueden votar, ser elegidos y formar parte de la Knéset (parlamento israelí). De hecho, existen partidos árabes que representan sus intereses, como Balad, Hadash o la Lista Conjunta. Sin embargo, esta inclusión es más formal que real: en la práctica, se les margina de los centros de poder.

Cómo se traduce en hechos

Exclusión de coaliciones de gobierno

Hecho: En más de siete décadas de historia, ningún partido árabe ha formado parte estable de una coalición de gobierno.
Ejemplo práctico: Incluso cuando la Lista Conjunta obtuvo 15 escaños en 2020 (el mejor resultado histórico para un partido árabe), fue sistemáticamente excluida de las negociaciones para formar gobierno.

Intentos de prohibición de partidos árabes

Hecho: La Comisión Electoral Central ha intentado en varias ocasiones descalificar a partidos árabes, alegando que “niegan el carácter judío del Estado” o que apoyan la resistencia palestina.
Ejemplo práctico: En 2019, el partido Balad fue objeto de una campaña de deslegitimación que buscaba su exclusión, aunque finalmente pudo presentarse tras intervención del Tribunal Supremo.

Lenguaje político que margina

Hecho: La narrativa dominante suele presentar a los partidos árabes como “quinta columna” o “enemigos internos”, restándoles legitimidad.
Ejemplo práctico: Líderes políticos han declarado abiertamente que “los árabes no son socios legítimos en el gobierno de Israel”, reforzando la percepción de exclusión estructural.

Legitimación de la desigualdad

Aunque el derecho al voto existe, el sistema político opera con un techo invisible: los árabes pueden estar en el parlamento, pero rara vez en el gobierno. La participación, por tanto, está permitida en la periferia, pero bloqueada en el centro del poder. La democracia, en este sentido, se vuelve asimétrica: una ciudadanía de segunda también en lo político.

6. Inversión en servicios públicos desigual

La discriminación no se limita al plano legal o político: también se refleja en la distribución de recursos públicos. Las comunidades árabes de Israel reciben menos inversión en educación, infraestructuras y servicios básicos que las comunidades judías.

Cómo se traduce en hechos

Educación con menos recursos

Hecho: Escuelas árabes reciben menos financiación por alumno que las judías.
Ejemplo práctico: Según el Equality Index elaborado por la ONG Sikkuy, la brecha en inversión educativa se traduce en aulas más saturadas, infraestructuras más deterioradas y menos programas extracurriculares en localidades árabes.

Infraestructuras de segunda

Hecho: Localidades árabes carecen con frecuencia de servicios de agua corriente, alcantarillado adecuado o transporte público eficiente.
Ejemplo práctico: Muchos pueblos árabes dentro de Israel siguen sin estar conectados plenamente a la red de transporte nacional, lo que dificulta el acceso a empleo y servicios de salud.

Brechas en inversión estatal

Hecho: El Equality Index muestra de forma sistemática que el gasto público en comunidades árabes es inferior al promedio nacional.
Ejemplo práctico: Los presupuestos municipales de pueblos árabes son notablemente menores a los de localidades judías de tamaño similar, lo que limita el desarrollo urbano y la prestación de servicios básicos.

Seguridad y protección policial

Hecho: La tasa de homicidios en comunidades árabes es muy superior a la media nacional, pero la respuesta policial es deficiente.
Ejemplo práctico: ONG y líderes comunitarios denuncian que la policía apenas resuelve una fracción de los asesinatos en zonas árabes, mientras dedica recursos mucho mayores a crímenes en áreas judías.

Legitimación de la desigualdad

La brecha en servicios no es un accidente, sino el resultado de políticas de asignación presupuestaria que perpetúan la desigualdad. El mensaje implícito es claro: no todos los ciudadanos merecen la misma inversión del Estado. La democracia, en este caso, se quiebra en el nivel más tangible: la calidad de vida cotidiana.

7. Jerusalén Este: ciudadanía precaria

Tras la anexión de Jerusalén Este en 1967, Israel no concedió automáticamente la ciudadanía a los palestinos que vivían allí. En su lugar, les otorgó un estatus de “residentes permanentes”.

Esto significa que pueden vivir y trabajar en la ciudad, tener acceso a la sanidad y a la seguridad social israelíes, pero no son ciudadanos plenos:

No tienen pasaporte israelí, solo un documento de viaje limitado.
No pueden votar en elecciones nacionales, solo en las municipales.
Su residencia puede ser revocada bajo ciertas condiciones.

Cómo se traduce en hechos

Revocación de residencia

Hecho: El Ministerio del Interior puede retirar el estatus de residente si la persona vive fuera de Jerusalén durante un periodo prolongado.
Ejemplo práctico: Miles de palestinos han perdido su derecho a vivir en su propia ciudad porque estudiaron o trabajaron en Cisjordania, en otro país o incluso en barrios de Jerusalén que quedaron fuera de las fronteras municipales.

Criterio de “centro de vida”

Hecho: Israel exige a los residentes palestinos demostrar que Jerusalén es su “centro de vida”: vivienda, empleo, hijos escolarizados.
Ejemplo práctico: Familias que no pueden presentar suficientes pruebas documentales pierden la residencia, aunque hayan nacido y vivido siempre en la ciudad.

Impacto en la vida cotidiana

Hecho: Desde 1967, se han revocado más de 14.000 permisos de residencia a palestinos de Jerusalén Este, según datos de ONG locales.
Ejemplo práctico: Personas que pierden la residencia se ven obligadas a mudarse a Cisjordania, separándose de su familia inmediata o quedando sin acceso a servicios básicos.

Legitimación de la desigualdad

La figura de la “residencia permanente” crea un régimen de ciudadanía condicional para los palestinos de Jerusalén Este. No son inmigrantes, pero tampoco ciudadanos. Viven en su ciudad natal, pero bajo la amenaza constante de perder el derecho a permanecer en ella. Una democracia no puede sostenerse cuando a parte de la población se le concede solo un permiso revocable para existir en su propio hogar..

8. Restricciones de movimiento

La libertad de circulación es un derecho básico en cualquier democracia. Sin embargo, para los palestinos en Cisjordania y Gaza, desplazarse está condicionado por un entramado de checkpoints, bloqueos, permisos y carreteras segregadas.

Mientras los colonos judíos se mueven libremente bajo la protección del ejército, los palestinos enfrentan un régimen de control que fragmenta sus vidas cotidianas.

Cómo se traduce en hechos

Checkpoints en Cisjordania

Hecho: Existen más de 500 puestos de control y obstáculos físicos en Cisjordania.
Ejemplo práctico: Un trayecto de 20 km que debería durar 30 minutos puede convertirse en un viaje de horas para un palestino, según la intensidad de los controles.

Carreteras segregadas

Hecho: Algunas carreteras están reservadas al tráfico israelí (colonos y ciudadanos israelíes), mientras que los palestinos deben usar rutas alternativas más largas.
Ejemplo práctico: La carretera 443 conecta Tel Aviv con Jerusalén; para colonos es rápida y directa, pero los palestinos tienen prohibido circular en varios tramos.

Bloqueo de Gaza

Hecho: Desde 2007, Israel mantiene un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre Gaza, restringiendo severamente la salida de personas y bienes.
Ejemplo práctico: Incluso estudiantes con becas en universidades extranjeras no siempre logran permisos de salida. Muchos pierden oportunidades académicas o laborales por la imposibilidad de viajar.

Permisos de trabajo

Hecho: Miles de palestinos dependen de permisos temporales para trabajar en Israel. Estos permisos son revocables en cualquier momento.
Ejemplo práctico: Un trabajador palestino con empleo fijo puede perder su sustento de un día para otro si su permiso es cancelado, sin derecho a recurso inmediato.

Legitimación de la desigualdad

Las restricciones de movimiento no son un efecto colateral de seguridad: se han convertido en una infraestructura de control que fragmenta el territorio y las vidas palestinas. En una democracia, la movilidad de los ciudadanos debería ser un derecho; en los territorios controlados por Israel, se convierte en un privilegio condicionado por la identidad.

9. Justicia y seguridad desiguales

La seguridad y la justicia son pilares fundamentales de cualquier democracia: todos los ciudadanos deberían tener derecho a la misma protección del Estado. Sin embargo, en Israel este principio se rompe cuando se compara la situación de las comunidades árabes y las judías.

Las localidades árabes sufren tasas desproporcionadamente altas de criminalidad y violencia armada, mientras la respuesta de las fuerzas de seguridad es muy inferior a la desplegada en zonas judías.

Cómo se traduce en hechos

Altas tasas de homicidios

Hecho: Aunque los árabes representan alrededor del 20 % de la población, en algunos años han concentrado más del 60 % de las víctimas de homicidios en Israel.
Ejemplo práctico: En 2021, de los 125 asesinatos registrados en Israel, más de 100 ocurrieron en comunidades árabes.

Baja resolución de crímenes

Hecho: La policía resuelve una proporción mucho menor de asesinatos en comunidades árabes que en judías.
Ejemplo práctico: Estudios de ONG locales indican que la tasa de resolución de homicidios en pueblos árabes ronda el 25 %, frente a más del 70 % en zonas judías.

Falta de presencia policial preventiva

Hecho: La inversión en comisarías, patrullas y programas comunitarios de seguridad es significativamente menor en áreas árabes.
Ejemplo práctico: En varias ciudades árabes densamente pobladas, no existe una comisaría de policía operativa, lo que deja el control en manos de clanes locales o redes criminales.

Percepción de abandono

Hecho: Encuestas del Pew Research Center muestran que la mayoría de árabes israelíes creen que el Estado no los trata en pie de igualdad y que la policía no protege adecuadamente sus comunidades.
Ejemplo práctico: Líderes árabes han denunciado reiteradamente que el Estado “mira hacia otro lado” ante el aumento de armas ilegales en sus localidades.

Legitimación de la desigualdad

La diferencia en seguridad y justicia no es solo un problema de eficacia policial: es un síntoma de desigualdad estructural. Cuando el Estado protege más a unos ciudadanos que a otros, está trazando una línea entre quienes son merecedores de seguridad y quienes no. Y sin igualdad en la protección más básica —la vida—, la democracia queda reducida a una formalidad vacía.

10. Símbolos que excluyen

Los símbolos nacionales de un Estado deberían funcionar como un espacio de identificación compartida entre todos sus ciudadanos. En Israel, sin embargo, la bandera, el escudo y el himno proyectan una identidad exclusivamente judía, dejando fuera a cerca de un 20 % de la población que es árabe-palestina.

Cómo se traduce en hechos

La bandera

Hecho: La bandera israelí está diseñada con los colores y la simbología del tallit (manto de oración judío) y la Estrella de David.
Ejemplo práctico: Para los ciudadanos árabes, el símbolo nacional que ondea en las instituciones públicas no refleja ninguna parte de su historia o cultura; es un emblema religioso y étnico ajeno a ellos.

El escudo

Hecho: El escudo oficial de Israel muestra la menorá, el candelabro del Templo de Jerusalén, un símbolo central del judaísmo.
Ejemplo práctico: No existe ningún elemento que represente la herencia árabe-palestina dentro del territorio, lo que refuerza la idea de que el Estado no es “su casa”, sino la de otro pueblo.

El himno nacional

Hecho: El himno Hatikva (“La esperanza”) expresa “el alma judía” que anhela Sión y Jerusalén.
Ejemplo práctico: A los ciudadanos árabes —musulmanes, cristianos o drusos— se les pide cantar un himno que celebra exclusivamente el retorno del pueblo judío a su tierra, un relato del que ellos quedan explícitamente excluidos.

Legitimación de la desigualdad

El resultado es que los símbolos que deberían unir a la ciudadanía funcionan, en realidad, como un recordatorio constante de exclusión. Para un ciudadano árabe-palestino, la bandera, el escudo y el himno no representan su identidad ni su historia, sino que los sitúan en la posición de extraños dentro de su propio Estado. Una democracia que no logra integrar simbólicamente a todos sus ciudadanos refuerza, incluso en el plano emocional y cultural, la división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Conclusión: Democracia con apellidos

Las urnas existen, sí. Israel celebra elecciones periódicas, con partidos de distintas tendencias y una vida parlamentaria activa. Pero las democracias no se definen solo por el acto de votar: lo que marca la diferencia es la igualdad sustantiva de derechos.

Y ahí es donde aparece la contradicción: las leyes, las políticas y las estadísticas muestran que Israel es un Estado que distingue entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Si eres judío, gozas de autodeterminación reconocida por la Ley del Estado-nación (2018). Si eres árabe, tu identidad nacional no existe legalmente.
Si eres judío, puedes registrar y expandir tu comunidad con apoyo del Estado. Si eres árabe, tu pueblo se enfrenta a planes urbanísticos rechazados y a casas demolidas: más de 60.000 viviendas árabes bajo amenaza.
Si eres judío y te casas con alguien del extranjero, tu cónyuge obtiene residencia. Si eres árabe y te casas con un palestino de Cisjordania, tu familia puede quedar separada por la Ley de Ciudadanía y Entrada.
Si eres judío colono en Cisjordania, te juzga la ley civil; si eres palestino vecino, te juzga un tribunal militar con una tasa de condena superior al 95 %.
Si eres judío, tus representantes pueden aspirar a gobernar; si eres árabe, tus partidos entran en la Knéset pero rara vez en el gobierno, y hasta han intentado prohibirlos.
Si eres judío, estudias en una escuela con más financiación por alumno. Si eres árabe, lo haces en aulas más saturadas y con menos recursos.
Si eres judío en Jerusalén, tu ciudadanía es plena; si eres palestino en Jerusalén Este, tu estatus es solo “residencia permanente”, revocable si te mudas.
Si eres judío, circulas libremente por carreteras rápidas; si eres palestino, te frenan checkpoints y permisos.
Si eres judío en una ciudad desarrollada, la policía protege tu barrio; si eres árabe, tu comunidad acumula más del 60 % de los homicidios del país con una resolución policial mínima.
Si eres judío, tu identidad está inscrita en la bandera, el escudo y el himno. Si eres árabe, los símbolos nacionales te recuerdan a diario que no eres parte del “nosotros”.

Israel no es una dictadura, pero tampoco es una democracia plena. Es un sistema híbrido: una democracia para unos, una ciudadanía condicionada para otros. En la práctica, funciona como un Estado colonial dentro de sus propias fronteras y en los territorios que controla: privilegia a una población y subordina a otra, estableciendo distintos niveles de derechos.

Los paralelismos históricos son claros:

Como en la Sudáfrica del apartheid, existen sistemas legales separados para dos poblaciones distintas.
Como en la Argelia francesa, los colonos tienen plenos derechos mientras la población nativa es gobernada bajo leyes excepcionales.
Como en la Irlanda bajo dominio británico, los símbolos nacionales y las estructuras políticas se diseñan para excluir a la población local de la soberanía.

Las urnas legitiman un relato democrático, pero la vida cotidiana revela una estructura colonial: apropiación de tierras, jerarquías legales, control militar y exclusión cultural.

Por eso se puede decir que Israel es una “democracia con apellidos”: democrática para los judíos, colonial para los palestinos. Y lo más revelador es que los propios ciudadanos árabes lo expresan: encuestas del Pew Research Center muestran que la mayoría percibe discriminación sistemática y cree que el Estado no los trata en pie de igualdad.

En definitiva: si eres judío, Israel es una democracia. Si eres árabe, no puedes decir lo mismo. Y lo dices, porque lo vives.

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