Cada vez que un colectivo se pone en huelga contra un gobierno, aparece el mismo argumento: «¿Dónde estabais antes?». En el caso valenciano, ese argumento ignora lo que realmente ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido tiene una secuencia clara.
El conflicto no empezó en 2024
Los problemas estructurales de la educación pública valenciana no nacieron con ningún cambio de gobierno. Vienen de antes. Mucho antes.
Los recortes aplicados desde 2010 dejaron al profesorado valenciano en una posición que no se ha corregido del todo desde entonces. El complemento específico autonómico —la parte del salario que depende de la Generalitat— lleva casi dos décadas sin actualizaciones significativas. Las ratios máximas por aula siguen rigiéndose por decretos de racionalización del gasto público de 2012. Y el gasto público por alumno en la Comunitat se sitúa 330 euros por debajo de la media nacional.
El resultado acumulado es concreto: entre 2021 y 2024, los salarios de la función pública subieron un 9,8% mientras la inflación acumulada llegó al 19,38%. Eso se traduce en una pérdida neta del 9,58% de poder adquisitivo en solo tres años. La diferencia retributiva con las comunidades mejor pagadas supera los 680 euros mensuales en términos generales, y rebasa los 800 euros en cuerpos como el profesorado técnico de Formación Profesional.
Este es el suelo del conflicto. No una ocurrencia reciente ni una consigna partidista.
Durante el Botànic no hubo huelga porque había negociación
El argumento de la instrumentalización política se apoya en un dato real: durante las dos legislaturas del gobierno de coalición del Botànic (2015-2023) no se convocó ninguna huelga general en la enseñanza pública valenciana. Cierto. Pero ese dato, presentado solo, engaña.
No hubo huelga general porque existía una vía alternativa: la negociación colectiva. No porque el profesorado aceptara mansamente sus condiciones. La diferencia es importante. Durante esa etapa, sindicatos y administración mantuvieron una mesa de negociación que produjo acuerdos. No suficientes. No siempre a tiempo. Pero acuerdos.
El más relevante llegó en abril de 2023, cuando la consellera de Educación Raquel Tamarit firmó con todos los sindicatos de la Mesa Sectorial —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— un acuerdo de ampliación de plantillas. El plan preveía la incorporación de 3.000 maestros de Infantil, Primaria y Educación Especial en dos cursos: 1.660 plazas para 2023-2024 y 1.329 para 2024-2025. De ellas, 2.200 eran plazas estructurales de nueva creación y 800 servían para estabilizar los refuerzos coyunturales del Programa de Actuación para la Mejora.
No fue un regalo. Fue el resultado de años de presión, negociación y acuerdos parciales. Y fue firmado por unanimidad.
El nuevo gobierno anuló el acuerdo. Ahí está el detonante.
En mayo de 2024, ya con el Partido Popular y Vox en el Consell, la Conselleria de Educación anunció la denuncia formal y la declaración de nulidad de ese acuerdo de plantillas. La justificación técnica se apoyó en tres argumentos: el acuerdo había sido firmado por un gobierno en funciones, carecía de los informes de impacto presupuestario preceptivos, y su plan de financiación desnaturalizaba los fondos del PAM.
Puede discutirse la solidez jurídica de esos argumentos. Lo que no puede ignorarse es el efecto material: 3.000 plazas de maestros que habían sido negociadas, firmadas y publicadas quedaron sin efecto. Para el profesorado valenciano, no fue un trámite administrativo de corrección técnica. Fue la supresión de un compromiso que el sector consideraba ganado.
Lo que la huelga reclama existe. Y los datos lo confirman.
Sobre ese fondo histórico y ese detonante concreto se articulan las reivindicaciones de la huelga indefinida convocada en mayo de 2026: mejora salarial, reducción de ratios, refuerzo de plantillas, reducción de la carga burocrática e infraestructuras dignas. No son demandas abstractas. Cada una tiene documentación detrás.
En cuanto a las ratios, el arreglo escolar provisional para el curso 2024-2025 contempló la supresión de hasta 150 aulas de Infantil y Primaria. La Conselleria justificó la medida por el descenso de la natalidad. Los sindicatos respondieron que esa caída demográfica podía haberse usado para reducir ratios y mejorar la atención al alumnado, no para cerrar aulas.
En cuanto a las infraestructuras, la revisión del Plan Edificant —que delegaba en los ayuntamientos obras de construcción, reforma y ampliación de centros— derivó en la paralización de 15 proyectos en 12 municipios, con un presupuesto ya asignado de entre 63 y 65 millones de euros. Municipios como Sagunto, Burjassot, Mislata o Borriol vieron suspendidas actuaciones urgentes en centros de alta vulnerabilidad.
La respuesta del gobierno confirma que había materia real
El argumento definitivo contra la tesis de la huelga política lo ofrece la propia Conselleria. Ante la persistencia de los paros —cada jornada supone una detracción de hasta 200 euros del salario de quienes los secundan—, la administración presentó a finales de mayo de 2026 un macroplan plurianual para 2026-2029 dotado con más de 3.300 millones de euros: 7.742 nuevos docentes en cuatro años, reducción de ratios, infraestructuras y climatización escolar.
Una consecuencia, no una provocación
La huelga docente valenciana no se entiende mirando solo el momento en que estalló. Se entiende siguiendo el proceso que la generó: décadas de deterioro salarial e infrafinanciación, años de negociación que produjeron un acuerdo, y una decisión del nuevo gobierno de anular ese acuerdo.
Que esa secuencia coincida con un cambio de signo político no la convierte en maniobra partidista. La convierte en consecuencia.
Una huelga no se desmonta con una sospecha. Se desmonataría demostrando que no hay pérdida salarial, que las plantillas son suficientes, que las ratios son razonables, que los acuerdos firmados se respetan. Como eso es mucho más difícil, se recurre al atajo de siempre: acusar de partidista a quien protesta. Pero el atajo no responde al problema. Solo lo tapa.
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