Cinco semanas de huelga indefinida, una propuesta de 3.300 millones y el conflicto sigue abierto. La administración ha ofrecido una salida política, no una solución educativa. La tabla que incluye este articulo lo demuestra.
Más que una reclamación salarial
La huelga del profesorado valenciano no se entiende bien si se presenta como una simple reclamación salarial. Esa es la lectura cómoda: unos trabajadores piden más dinero, la administración ofrece una subida y el conflicto debería terminar. Pero esa explicación es falsa o, como mínimo, incompleta.
El conflicto tiene una dimensión salarial, pero también afecta a las condiciones reales de trabajo en los centros: ratios, plantillas, carga burocrática y modelo lingüístico. Por eso la propuesta de la administración no ha cerrado la huelga tras cinco semanas. Porque no responde al conjunto del problema.
La situación puede resumirse así:
| Reclamación | Respuesta de la administración | Valoración | Carencias |
|---|---|---|---|
| Recuperación del poder adquisitivo perdido | Subida progresiva de 200 euros mensuales hasta enero de 2028, pactada en solitario con CSIF y ANPE (33,5% de la representación), rompiendo la unidad sindical | Insuficiente. Mejora el salario nominal pero se impone como techo cerrado e innegociable | La revisión IPC prevista para 2028 queda condicionada al presupuesto, no es automática. STEPV, CCOO y UGT —mayoría del profesorado— la han rechazado |
| Bajada generalizada de ratios | Nuevos máximos: 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 28 en Bachillerato, aplicados de forma progresiva | Parcial. Hay cifras concretas, pero el calendario es lento y los sindicatos mayoritarios lo consideran insuficiente | No establece reducción inmediata. La Conselleria reconoció que no puede bajar las ratios para el próximo curso |
| Aumento estructural de plantillas | 7.742 nuevos puestos en cuatro años: 5.000 contrataciones fijas y 2.742 vinculados a la reducción de ratios | Positiva en su alcance, pero diferida. El grueso de la mejora se aplaza varios años | Sin garantía de que los puestos sean suficientes y sostenidos. Falta saber qué parte cubre necesidades reales de apoyo y diversidad |
| Protección del valenciano como lengua vehicular | Mantenimiento de la normativa lingüística autonómica vigente, sin modificaciones | Rechazo explícito. La administración lo trata como línea roja | No recoge ninguna medida de blindaje o refuerzo del valenciano en la enseñanza pública |
| Reducción real de la carga burocrática | Expediente Digital Docente, simplificación administrativa y derecho a la desconexión digital | El punto más aceptable de la propuesta | Pendiente de comprobar si reduce tiempo de trabajo real o solo digitaliza la misma carga |
Una oferta política, no una solución educativa
La tabla muestra algo importante: la administración no se niega a todo, pero tampoco resuelve lo esencial. Ha ofrecido una salida política al conflicto, no una solución educativa de fondo.
Con las ratios ocurre algo parecido. Las cifras concretas que ofrece la administración pueden parecer un avance sobre el papel. Pero una ratio más baja no es solo una condición laboral: es una condición pedagógica. No se enseña igual a veinte alumnos que a treinta. No se detectan igual los problemas, no se atiende igual la diversidad ni se acompaña igual al alumnado vulnerable. Y si el calendario de aplicación se extiende varios cursos, el alivio en las aulas queda pospuesto indefinidamente.
La administración ha elegido una estrategia reconocible: dividir el frente sindical, cerrar el bloque salarial con una minoría y presentar el conflicto como si dependiera de que los sindicatos acepten una propuesta razonable.
El punto lingüístico expone con más claridad el carácter político del conflicto. La administración no negocia el valenciano porque forma parte de su propio proyecto ideológico. Para los sindicatos y para una parte del profesorado, la defensa del valenciano como lengua vehicular no es un detalle administrativo, sino una cuestión de modelo educativo y de cohesión social. Que sea una línea roja para la Conselleria explica por qué muchos docentes perciben que no están negociando con un interlocutor neutral.
Por qué tiene sentido continuar
Por eso resulta tramposo reducir la huelga a una pelea por dinero. El salario importa, por supuesto. Pero la huelga habla también de la escuela que se quiere construir.
La oferta de la Conselleria no responde a estas preguntas. Mejora algunas cosas, pero deja abiertas las principales carencias. Las demandas centrales de la mayoría del profesorado siguen sin estar recogidas. Ese es el motivo por el que muchos docentes consideran que la propuesta es un apaño: no porque no contenga ninguna mejora, sino porque no responde a la raíz del problema.
Medidas diferidas, pactos incompletos, negociación rota desde dentro
La pregunta no es si el profesorado debe conformarse con algo. La pregunta es si una escuela pública deteriorada durante años puede arreglarse con medidas diferidas, pactos alcanzados con una minoría sindical y una negociación rota deliberadamente desde dentro.
La respuesta, a la vista de la tabla, es que no. Y por eso tiene sentido continuar.
La administración ha hecho una propuesta útil para intentar cerrar la huelga. No ha hecho una propuesta suficiente para resolver la crisis de fondo de la educación pública valenciana.
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