El PP la aprobó. El PSOE prometió derogarla. Nadie lo ha hecho. La permanencia de la Ley Orgánica 4/2015 bajo gobiernos de distinto signo no es una incoherencia: es una confesión política sobre quién manda realmente cuando se trata de controlar la calle.
Una ley de Estado, no una ley del PP
La llamada Ley Mordaza suele explicarse como una ley del Partido Popular. Una norma aprobada en 2015, en plena resaca del 15M, para proteger al Gobierno frente a la protesta social. Esa lectura es cierta, pero insuficiente. Porque si la Ley Mordaza fuera solo una ley del PP, un gobierno progresista la habría derogado cuando tuvo ocasión.
No lo ha hecho.
La ha criticado, prometido reformar, negociado, suavizado y administrado. Pero no la ha desmontado. Y ese detalle, aparentemente menor, es el argumento político más importante de este artículo.
La no derogación de la Ley Mordaza no revela solo una incoherencia del PSOE. Revela algo más profundo: hay zonas del Estado que no entran en la alternancia. Pueden cambiar los ministros, los discursos y la escenografía ideológica. Pero determinados instrumentos de control permanecen porque cumplen una función que ningún gobierno quiere perder.
La calle es una de esas zonas.
El régimen del 78 puede permitirse diferencias entre partidos en muchos campos: impuestos, política territorial, memoria democrática, feminismo, educación o retórica cultural. Pero cuando se trata de conservar capacidad de intervención sobre la protesta, la distancia se reduce. El PP lo formula con lenguaje de orden. El PSOE lo gestiona con lenguaje de prudencia. Uno habla de autoridad. El otro habla de equilibrio institucional. Pero el resultado práctico es el mismo: el Estado conserva sus herramientas de control sobre el espacio público.
Cómo funciona: no prohibir, sino encarecer
Para entender por qué la ley resulta tan útil para el Estado, conviene mirar cómo funciona en la práctica, no en el debate parlamentario.
Su mecanismo principal no es la prohibición sino el encarecimiento. No necesita impedir formalmente una manifestación. Le basta con hacer que participar en ella pueda tener un coste económico, jurídico y psicológico. No necesita llenar cárceles. Le basta con llenar expedientes.
La ley desplaza el conflicto desde el terreno penal —donde hay garantías judiciales— hacia el administrativo sancionador. El acta policial goza de presunción de veracidad. El ciudadano queda obligado a defenderse desde una posición materialmente débil.
La multa es políticamente tan eficaz precisamente porque no convierte al sancionado en preso político. No provoca una gran reacción pública. No produce imágenes escandalosas. No exige un gran juicio. Funciona de manera más silenciosa: identifica, sanciona, desgasta, intimida y disuade.
Los datos permiten medir ese silencio.
España acumula el 43% de todas las infracciones europeas por posesión o consumo de cannabis, superando a países con el doble de población. La ley no actúa principalmente sobre la protesta organizada: actúa sobre la vida cotidiana de quien menos margen tiene.
El dato de las 212 sanciones por manifestaciones no comunicadas es el más revelador. El Estado no necesita prohibir la protesta organizada porque ya la rodea por flancos laterales: desobediencia, resistencia, falta de respeto, grabación de agentes, ocupación del espacio público. La protesta sigue existiendo como derecho formal. Pero el individuo que protesta queda rodeado de riesgos administrativos.
Eso no es democracia plena. Es democracia administrada.
No es una rareza española: es una tendencia europea
Lo que hace más difícil ignorar este argumento es que no es un fenómeno exclusivamente español.
| País | Instrumento | Lo que revela |
|---|---|---|
| Reino Unido | Public Order Act 2023. Aprobada por los conservadores, mantenida por los laboristas | En 2023, el 89% de intervenciones restrictivas iba contra el activismo ecológico. En 2026, el 83% va contra protestas propalestinas. El instrumento no cambia; cambia el objetivo |
| Alemania | Investigación de Letzte Generation bajo el art. 129 del Código Penal: formación de organización criminal | No hace falta un gobierno de extrema derecha para que avance la lógica securitaria. Basta con que el Estado redefina la desobediencia civil como amenaza |
| Francia | Sainte-Soline, marzo de 2023: 5.200 granadas en dos horas, dos personas en coma, helicópteros médicos bloqueados 90 minutos | No fue un exceso puntual. Fue una doctrina aplicada contra una protesta ecologista |
El informe Rule of Law Report 2026 de Civil Liberties Union for Europe describe un declive acumulativo de las libertades civiles en la Unión Europea, y señala que la propia Comisión Europea omite sistemáticamente el derecho a la protesta pacífica en sus informes anuales. La convergencia no es casual. Es estructural.
La respuesta está en el deterioro del contrato social europeo. Durante décadas, las democracias liberales pudieron presentarse como sistemas capaces de integrar conflicto mediante bienestar, crecimiento y expectativas de futuro. Esa promesa está rota. La vivienda expulsa. El trabajo no garantiza vida digna. La juventud se sabe bloqueada. En ese contexto, los Estados anticipan conflicto y quieren conservar instrumentos para contenerlo cuando llegue.
El contraste con otras reformas lo confirma. Mientras la reforma garantista de la Ley Mordaza lleva años encallada, el Estado sí aprobó en 2026 la Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, para endurecer la respuesta penal frente a delitos leves reiterados. La maquinaria institucional es torpe cuando se trata de devolver garantías y muy ágil cuando se trata de ampliar castigos.
Una confesión política
La no derogación de la Ley Mordaza no debe entenderse como un simple incumplimiento programático. Es una confesión política.
Muestra que la alternancia tiene límites. Que hay zonas donde el Estado se protege a sí mismo por encima de los discursos partidistas. Que el progresismo institucional puede prometer derechos en campaña y administrar coerción en el gobierno. Que PP y PSOE, con lenguajes opuestos y electorados distintos, coinciden en lo esencial cuando se trata de conservar la capacidad del Estado de controlar el espacio público.
Eso no es una acusación de conspiración. Es una descripción de función. Las instituciones no necesitan ponerse de acuerdo para preservar aquello que les resulta útil a todas. Les basta con no actuar.
La Ley Mordaza no se toca porque el Estado, en su núcleo, no quiere tocarla.
La pregunta que queda abierta no es si eso es democrático. La pregunta es si una democracia que se pertrecha cada vez más frente a su propia ciudadanía puede seguir llamándose así sin que la palabra pierda su contenido.
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