La imputación del expresidente se apoya de manera decisiva en el contenido de un teléfono intervenido en Miami en 2021, sin orden judicial y bajo una doctrina fronteriza que España nunca aceptaría como estándar ordinario de investigación penal. Esa prueba, sin juez en origen, es hoy el motor de una causa con enorme impacto político.
La pregunta que nadie está haciendo
La prueba central del caso Zapatero no es una declaración, ni un contrato, ni una transferencia bancaria, ni un documento firmado por el expresidente. La pieza decisiva, al menos por lo que hasta ahora se ha conocido, es otra: el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, intervenido por las autoridades estadounidenses en Miami en 2021 y remitido años después a España.
Ese dato cambia por completo la discusión.
Porque si la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero se apoya de manera sustancial en conversaciones extraídas de ese teléfono, la pregunta importante no es solo qué dicen esos mensajes. La pregunta anterior, más incómoda y mucho más decisiva, es esta: cómo se obtuvieron.
En un Estado de derecho, una prueba no vale únicamente por su contenido. Vale también por su origen.
Una conversación puede parecer relevante —incluso muy relevante— y al mismo tiempo no poder ser utilizada si fue obtenida vulnerando garantías esenciales. Esa es precisamente la diferencia entre una investigación penal sometida a reglas y una operación que acumula materiales hasta encontrar algo útil.
El caso tiene, por tanto, un núcleo que el debate público apenas está mirando con la atención necesaria: el posible traslado al proceso penal español de una prueba digital obtenida bajo la lógica fronteriza estadounidense. Y ahí empieza el verdadero problema.
Una frontera sin juez
El 9 de mayo de 2021, Rodolfo Reyes aterrizó en el aeropuerto internacional de Miami. Las autoridades federales le denegaron la entrada, cancelaron su visado y lo retuvieron para su deportación. Durante ese periodo de retención, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional —Homeland Security Investigations, HSI— intervinieron su teléfono móvil y realizaron una copia forense integral de su contenido.
No hablamos de una investigación judicial española. No hablamos de una medida acordada por la Audiencia Nacional. Lo que ocurrió fue un control migratorio que produjo prueba penal.
Para entender por qué eso importa, hay que saber qué es la frontera estadounidense desde el punto de vista jurídico. Cuando una persona llega a un aeropuerto americano, no se encuentra ante un espacio jurídico normal. Se encuentra ante una zona de control reforzado donde las autoridades migratorias y de seguridad disponen de poderes mucho más amplios que los de la policía ordinaria.
Ese poder tiene nombre: Border Search Exception, excepción de registro en frontera. Bajo esa doctrina, la Cuarta Enmienda —que protege frente a registros e incautaciones irrazonables— se aplica de manera debilitada. Las autoridades pueden inspeccionar dispositivos electrónicos sin orden judicial, sin causa probable y sin sospecha individualizada.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció en Riley v. California que un teléfono móvil no puede equipararse a cualquier objeto físico, porque permite reconstruir la vida entera de una persona. Pero esa intuición garantista no ha llegado a la frontera. Y en la jurisdicción concreta del aeropuerto de Miami —el Undécimo Circuito federal—, el estándar es especialmente permisivo:
La consecuencia es concreta: lo que en otro aeropuerto americano habría requerido causa probable y control judicial, en Miami no requería nada. Si Reyes hubiera aterrizando en Nueva York, la extracción forense de su teléfono habría exigido una orden judicial. En Miami, bastó con que existiera una frontera.
No hay juez detrás de esa prueba. Ese es el problema.
El itinerario de una prueba sin garantías
El volcado del móvil de Reyes no llega a España como resultado de una investigación judicial española que pide colaboración a Estados Unidos. Llega por otro camino. El itinerario es este:
Ese orden no es neutro. La garantía llega cuando el daño procesal, mediático y político ya se ha producido. No es lo mismo verificar una prueba antes de usarla que usar primero una prueba y buscar después el blindaje formal que permita sostenerla en juicio.
Hay que añadir otro elemento: dentro del material volcado, las referencias a Zapatero no eran el objeto de la investigación estadounidense. La HSI investigaba a Reyes por lavado de dinero venezolano y evasión de sanciones. Las conversaciones sobre el rescate de Plus Ultra aparecieron de forma incidental. Lo que en el debate se llama «hallazgo casual».
Pero un hallazgo casual no se legitima solo por ser casual. Para que pueda usarse limpiamente, la diligencia de la que procede debe ser legítima y proporcionada. Y aquí está la paradoja: si una extracción forense puede practicarse en frontera sin orden judicial y sin sospecha individualizada, entonces lo que en Estados Unidos se presenta como inspección fronteriza en España se parece mucho a una pesca de arrastre. Se copia primero una vida digital completa y después se descubre dentro de ella algo útil para otra causa.
España no debería llamar hallazgo casual a lo que, bajo sus propios estándares, se aproxima peligrosamente a una investigación exploratoria.
El problema constitucional español
En nuestro sistema, el acceso policial al contenido de un dispositivo digital no puede ser una operación rutinaria o administrativa. Requiere motivación, proporcionalidad, delimitación del objeto y control judicial.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal distingue con claridad entre incautar un dispositivo y acceder a su contenido. La policía puede ocupar un teléfono en determinadas circunstancias. Pero ocupar no es abrir. Incautar no es leer. Tener físicamente un dispositivo no equivale a disponer jurídicamente de toda la vida digital de su titular. Si aceptamos lo contrario, el Estado de derecho se disuelve por la vía técnica.
Ahora bien, hay una defensa previsible. La jurisprudencia española sobre prueba transfronteriza no exige que la diligencia extranjera cumpla los requisitos procesales españoles. El principio locus regit actum —el acto se rige por la ley del lugar donde se realiza— implica que la licitud se mide con las reglas del país donde se practicó la medida. El Tribunal Supremo ha reforzado esta orientación en la STS 854/2025, sobre las comunicaciones de EncroChat obtenidas en Francia y usadas en España, sosteniendo que el juez español no puede anular lo que otro Estado hizo legalmente dentro de su soberanía.
Esa doctrina debilita la idea de una nulidad automática. Pero no resuelve el problema del caso Reyes. Lo desplaza. Porque EncroChat no es Miami.
El Tribunal Supremo ha establecido —en las STS 655/2020 y 718/2020— que las pruebas obtenidas en terceros países no disfrutan de la presunción automática de validez que sí tienen las provenientes de Estados miembros de la UE. En esos casos, el juez español tiene la obligación de ejercer un control constitucional reforzado: comprobar que el procedimiento del tercer país respetó las garantías esenciales y que el acceso a la intimidad no fue arbitrario.
Un registro forense practicado sin orden judicial, sin sospecha individualizada y sin control de ningún tipo no pasa ese examen. O no debería pasarlo.
La frontera real
La nulidad de una prueba no es un recurso para favorecer culpables. Es una defensa estructural del sistema. Sirve para recordar que el Estado no puede perseguir delitos importando vulneraciones de derechos fundamentales. Y aquí aparece además el riesgo del blanqueo probatorio: lo que en España no se podría hacer directamente —acceder al contenido de un móvil sin autorización judicial— se acepta si otro Estado lo hizo primero bajo un estándar más laxo.
La comisión rogatoria puede acreditar la cadena de custodia y pedir autorización formal de uso. Pero no puede convertirse en una coartada para evitar la pregunta constitucional española: si esa prueba, aun siendo legal allí, es admisible aquí como base de una imputación penal.
España no puede decirle a Estados Unidos cómo debe controlar sus fronteras. Pero sí puede decidir qué tipo de pruebas acepta en sus tribunales. Si admite sin control reforzado el volcado del móvil de Reyes bajo el argumento de que «en Estados Unidos era legal», no está respetando la soberanía norteamericana. Está rebajando su propio estándar constitucional.
El móvil de Reyes es, según las informaciones conocidas, una de las claves que permitieron orientar la investigación hacia Zapatero. No es una pieza marginal. Es el motor de la causa. Y ese motor arrancó en una frontera extranjera, bajo una lógica de excepción que aquí no aceptaríamos como estándar ordinario de investigación penal, sin ningún juez detrás.
Una prueba sin juez en origen no puede ser la columna vertebral de una imputación penal en España.
Si lo es, el problema ya no es Zapatero. El problema es nuestro Estado de derecho.
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