Aspero mundo

Cuando pensamos en Rosa Parks, la recordamos como una heroína tranquila, sentada en un autobús de Montgomery. Lo que solemos olvidar es que aquel gesto fue un acto de desobediencia castigado por la ley. Parks fue detenida, acusada y vilipendiada por “alterar el orden público”. Y, sin embargo, gracias a ella y a tantos otros que incomodaron al poder, hoy consideramos impensable la segregación racial en Estados Unidos. La protesta nunca nace para complacer ni para quedarse invisible. Como explicaba Charles Tilly, los movimientos sociales son repertorios de acción que interrumpen la normalidad, porque solo interrumpiendo se hace visible la desigualdad. Sidney Tarrow lo resumía de manera precisa: la protesta molesta porque abre un espacio de negociación política que de otro modo no existiría. Frente al argumento de que “hay que protestar sin molestar”, conviene recordar a Henry David Thoreau: obedecer leyes injustas es ser cómplice de la injusticia. Hannah Arendt insistía en que la desob...

  En España y en la mayoría de democracias modernas, un juez no puede abrir una investigación simplemente “por si acaso”. La ley exige un hecho concreto con apariencia delictiva y unos indicios razonables. Pero ¿de dónde viene esta prohibición? ¿Por qué está tan firmemente arraigada en nuestra tradición jurídica? La respuesta nos lleva a una larga historia de abusos y a una clara frontera entre sociedades democráticas y regímenes totalitarios. 2. El pasado: causas generales como norma Durante siglos, lo normal fue lo contrario. La Inquisición abría procesos contra comunidades enteras de conversos o sospechosos de herejía, sin necesidad de hechos probados. En la monarquía absoluta , los tribunales podían instruir sumarios generales contra colectivos o gremios bajo sospecha. En todos estos casos se trataba de investigaciones prospectivas : no se perseguía un delito ya cometido, sino que se buscaba si había algo que incriminar, sobre la base de la sospecha, la ideología o ...

El término genocidio fue acuñado en 1944 por el jurista polaco Raphael Lemkin. Su propuesta unía el prefijo griego genos (pueblo, raza) con el sufijo latino -cidio (matar). Lemkin quería dar nombre a un crimen que había visto repetirse en distintas épocas de la historia, pero que alcanzó su expresión más brutal en el exterminio nazi contra los judíos y otros grupos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su insistencia, en 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio , que estableció por primera vez una definición legal y universal de este crimen. Desde entonces, la convención es la referencia obligada para los tribunales internacionales y los debates políticos cuando se trata de valorar si un Estado o actor armado ha cometido genocidio. La definición jurídica de genocidio El Artículo II de la Convención de 1948 define el genocidio como: “Cualquiera de los actos perpetrados con la intención de...

En España, el acceso a la carrera judicial se presenta como la expresión máxima de la meritocracia: una oposición exigente, abierta a todo aquel dispuesto a prepararse con constancia. Sin embargo, los datos muestran otra realidad: el origen social de los jueces es marcadamente homogéneo y reproduce los privilegios de clase. La judicatura española, lejos de reflejar la pluralidad social, está compuesta en su mayoría por personas de familias de clase media-alta, con fuertes vínculos con el mundo jurídico, académico o con el funcionariado de élite. Este sesgo de origen plantea una pregunta incómoda: ¿puede una justicia formada casi exclusivamente desde los mismos entornos sociales cumplir con el ideal democrático de representar a toda la ciudadanía? 1. El perfil social de los jueces españoles El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado varios estudios que permiten trazar un retrato sociológico de la magistratura. Según el Estudio sociológico de la Carrera Judicial (2009), ...

En el imaginario democrático, el poder judicial se presenta como un cuerpo neutral que encarna la diversidad social y actúa como contrapeso frente a abusos del poder político. Sin embargo, la evidencia sociológica sugiere algo distinto: la judicatura no es un espejo de la sociedad, sino un grupo profesional cuya composición responde a un patrón social muy específico. Los jueces, en su mayoría, no provienen de entornos populares ni de trayectorias vitales heterogéneas. Por el contrario, su origen se concentra en sectores medios-altos, con recorridos educativos homogéneos y con valores afines a la estabilidad institucional. Comprender este sesgo de origen es fundamental para explicar la orientación conservadora del poder judicial y su tendencia a priorizar la preservación del orden sobre la transformación social. 1. Un reclutamiento sesgado Históricamente, el acceso a la carrera judicial ha estado condicionado por variables de clase. Preparar una oposición judicial requiere tiempo, recur...

La imagen extendida del poder judicial en las democracias contemporáneas es la de un cuerpo neutral, técnico y autónomo. Un poder del Estado cuya función consiste en aplicar la ley de manera imparcial, garantizando así la justicia y actuando como contrapeso frente a los abusos de los otros poderes. Sin embargo, numerosos estudios sociológicos han mostrado que esta visión es más mito que realidad. La judicatura no es un espacio abstracto ni neutro, sino una clase profesional con rasgos propios, estrechamente vinculada a los sectores privilegiados de la sociedad. Entender a los jueces como clase social permite explicar fenómenos que, de otro modo, parecerían anomalías: el conservadurismo sistemático de la jurisprudencia, la resistencia a las transformaciones sociales, e incluso el lawfare , entendido no como desviación puntual, sino como cristalización de una lógica profunda. 1. Origen social y trayectorias homogéneas La mayoría de quienes acceden a la carrera judicial provienen históric...

El concepto de lawfare —fusión de law (derecho) y warfare (guerra)— se ha vuelto recurrente en el debate político contemporáneo. Se refiere al uso estratégico del derecho y de los tribunales como armas de combate político, sustituyendo el espacio de la confrontación democrática por el del proceso judicial. Lo que en teoría debía ser un instrumento neutral de garantía de derechos se transforma en un mecanismo de persecución, desgaste o anulación de adversarios. La paradoja es clara: según Montesquieu, el poder judicial debía ser el gran contrapoder, un freno frente a las derivas autoritarias del ejecutivo o las mayorías legislativas. Pero la historia reciente y remota muestran algo distinto: la judicatura ha tendido a ser conservadora, aliada del orden establecido, rara vez del lado de quienes intentan transformarlo. Esta contradicción atraviesa el fenómeno contemporáneo del lawfare . 1. Montesquieu y el ideal ilustrado En El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu formuló la céle...