Aspero mundo

Denuncia Falsa "Instrumental": El Mito Útil que Confunde Resultado con Mentira Por qué llamar "mentira" a lo que el sistema llama "no probado" es el atajo que sostiene todo el relato El debate sobre denuncias falsas en divorcios se sostiene sobre una trampa conceptual: confundir "no probado" con "mentira probada". Este artículo separa los tres planos que la narrativa polarizada mezcla deliberadamente: el delito del art. 456 CP (falsedad dolosa acreditada), la denuncia no probada (insuficiencia de prueba penal) y la instrumentalización táctica (mala fe procesal). La diferencia no es semántica, es estructural. Los datos oficiales de 2023 muestran una tasa de condena del 80,64% cuando el caso llega a juicio, mientras las denuncias falsas probadas son históricamente ínfimas. Pero el relato ignora los datos y convierte el sobreseimiento provisional —respuesta legal a insuficiencia probatoria— en e...

La Zona Gris Inevitable Cuando un delito ocurre en privado, sin testigos ni rastros físicos, el derecho penal enfrenta su límite estructural. Esa zona gris es inevitable. Su explotación política, no. Más del 63% de las absoluciones en violencia de género se deben a insuficiencia probatoria. Menos del 1% a falsedad penalmente demostrada. Esos dos datos deberían cerrar el debate sobre la "plaga de denuncias falsas", pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque la política ha encontrado en la Zona Gris Judicial —ese espacio donde el sistema penal no puede alcanzar certeza condenatoria— el terreno perfecto para fabricar certezas ideológicas. Cuando un delito ocurre en privado, mediante un patrón de control sin testigos ni pruebas físicas directas, la dificultad probatoria no es un fallo: es una característica estructural. Este artículo cuantifica la Zona Gris, explica por qué existe, y desmonta la trampa conceptual que convierte "no se pudo...

Archivo y absolución no certifican mentira. Son resoluciones sobre prueba, no sobre verdad. La confusión entre estos conceptos alimenta un mito que los datos desmienten de forma rotunda. El debate público confunde sistemáticamente tres categorías jurídicas distintas: archivo, absolución y denuncia falsa. Las dos primeras responden a límites probatorios en un sistema garantista. La tercera es un delito específico que exige dolo demostrado y un procedimiento propio. Esa confusión no es inocente: permite convertir la duda razonable en acusación de mentira masiva. Los datos oficiales cortan el ruido: en 2023, de 199.282 denuncias, solo 2 acabaron en condena por denuncia falsa. Este artículo desmonta la trampa conceptual que contamina el debate. Por qué este artículo existe En el artículo anterior desmonté el mito más rentable del debate público: la idea de una falsedad masiva que explicaría los archivos y las absoluciones. El mapa real apunta a otra...

Los datos oficiales revelan que el problema no es la mentira, sino la incapacidad del sistema para proteger la prueba Durante años se ha instalado la idea de que el principal fallo del sistema penal en violencia de género son las denuncias falsas. Es un espejismo estadístico. Cuando se analiza el funnel judicial —de la denuncia al archivo, del archivo al juicio, y del juicio a la sentencia— aparece otra realidad: las denuncias falsas son residuales, mientras que el silencio forzado, la insuficiencia probatoria y la dispensa del 416 LECrim generan una fuga masiva de casos. Lo que existe no es una epidemia de mentira, sino un sistema que no logra sostener la verdad hasta el final. El debate sobre la violencia de género en España se ha ido llenando de insinuaciones, sospechas y anécdotas extremas que acaban convertidas en diagnóstico general. El libro Esto no existe , de Juan Soto Ivars, es un ejemplo de esta deriva: construye un relato sobre casos exce...

No es un abuso, ni una anomalía: es el mecanismo contramayoritario que sostiene el poder real. El lawfare no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando como fue diseñado: un aparato judicial no electo capaz de frenar, inhabilitar o descarrilar a actores políticos mediante procesos interminables, interpretaciones expansivas y ciclos mediático-judiciales. Lo que sigue no es teoría: es el patrón real, documentado y operativo de cómo se construye una persecución legal con apariencia de neutralidad democrática. La justicia no es neutral: es el mecanismo de último recurso que protege a la minoría propietaria frente al poder numérico de la mayoría. Esta frase resume no solo este artículo: resume el diseño institucional de las democracias modernas. El lawfare no es una desviación del Estado de Derecho; es la expresión contemporánea y extrema de una arquitectura que nació contramayoritaria y sigue siéndolo. Su función hi...

Lo que puede deducirse del caso antes de que se publique la sentencia La filtración del fallo del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, sin acompañarlo de la sentencia íntegra, ha abierto un debate público inmediato. Pero sin conocer los fundamentos —el “por qué”— la discusión siempre se llena de ruido. Mientras llega la sentencia, solo cabe analizar lo que sí está disponible y, sobre lo que se conoce, cuál es la hipótesis de fundamento de culpabilidad más probable. En una entrada anterior sobre este tema en el blog, “ Guía rápida para formarse una opinión ” , se defendía un criterio básico: para valorar un asunto conviene esperar a los hechos completos. La filtración del fallo del Supremo —sin explicar su motivación— contradice ese principio. Conocemos el resultado. Pero no conocemos la argumentación jurídica que lo sustenta. Esa asimetría permite que cada quien rellene el vacío según su posición ...

No se trata de un caso de corrupción ni de un pacto oculto. El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta dos principios básicos del Estado de derecho: el deber de reserva y el deber de transparencia institucional . Entender qué se discute realmente es la única manera de opinar con fundamento. Todo comienza cuando el empresario Alberto González Amador , pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, envía a la Fiscalía un correo electrónico reconociendo haber cometido dos delitos fiscales y ofreciendo un acuerdo de conformidad. Poco después, algunos medios difunden que la Fiscalía habría pactado secretamente con él un trato de favor. Para desmentirlo, la Fiscalía General del Estado publica una nota informativa explicando que no existió tal pacto y que el correo lo había enviado el propio empresario. Esa nota es el origen del caso: el juez instructor interpreta que al publicarla, el fiscal general reveló datos reservados de un procedimiento, y lo...

Bajo la superficie del relato oficial de la Transición —pactos, consenso, reconciliación— se esconde un actor que rara vez ha ocupado el centro del debate: el poder judicial. Heredero directo del aparato franquista, sin depuración ni reforma profunda, fue mucho más que un árbitro de la legalidad. Con toga y martillo, fijó los límites del cambio, protegió los pilares del viejo orden y escribió, desde los tribunales, el guion silencioso de la nueva democracia. En un trabajo anterior analizamos cómo, durante la Segunda República (1931–1936), el poder judicial español abandonó progresivamente cualquier pretensión de neutralidad institucional para convertirse en un actor político de primer orden: intervino selectivamente en la persecución penal, obstaculizó las reformas impulsadas por el poder legislativo y, en última instancia, operó como un instrumento de la contrarrevolución legal frente al proyecto democratizador republicano. Aquella experiencia evidenció que la llamada “división de pod...