El neoliberalismo no quiere menos Estado: quiere un Estado fuerte para financiar y proteger al capital privado, y débil para regularlo y controlarlo. El fracaso de la fábrica de munición de General Dynamics en Mesquite, Texas, lo demuestra sin disfraces: beneficios privados, pérdidas públicas.
La fábrica privada que pagó el Estado
Un brazo robótico se incendió. No era la primera vez. Otros se movían descontroladamente y golpeaban máquinas cuidadosamente calibradas. El sistema encargado de moldear los cuerpos de los proyectiles agrietaba el acero y algunas prensas necesitaban golpes de mazo para seguir funcionando.
No son escenas de una sátira sobre la burocracia soviética. Ocurrieron en la fábrica altamente automatizada con la que Estados Unidos pretendía resolver su escasez de munición de artillería.
La planta había sido inaugurada en Mesquite, Texas, en mayo de 2024. Debía producir 30.000 cuerpos metálicos mensuales para proyectiles de 155 milímetros y contribuir a que Estados Unidos alcanzara una producción nacional de 100.000 unidades al mes. Su construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento fueron financiados por el Ejército estadounidense y encomendados a General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), división de uno de los mayores contratistas militares del mundo.
Según los datos proporcionados por el Ejército a ProPublica, el proyecto había costado ya 533 millones de dólares al contribuyente. Sin embargo, hacia marzo de 2026, casi dos años después de inaugurarse, la fábrica no había producido un solo cuerpo de proyectil que cumpliera las especificaciones contractuales.
El Ejército terminó paralizando dos de las tres líneas y amenazó con rescindir el contrato. Pero General Dynamics no fue expulsada. El proyecto fue renegociado, reducido y colocado nuevamente bajo la dirección de la misma compañía.
Mesquite no importa únicamente porque una gran empresa gestionara mal una fábrica. Importa porque permite ver de qué vive realmente una de las corporaciones privadas más poderosas del mundo: capital público, y ninguna consecuencia real cuando ese capital se pierde.
La ficción de la empresa autosuficiente
Mesquite fue estructurada como una instalación de propiedad y operación corporativas, el modelo denominado Contractor-Owned, Contractor-Operated (COCO). General Dynamics conservaba la propiedad y el control, pero el capital inicial, la maquinaria y la ingeniería fueron sufragados por el Ejército.
Conviene distinguir dos cosas para no simplificar de más. Que el cliente fuera el Estado no es, en sí mismo, reprochable: la industria armamentística no tiene ni puede tener otro comprador. No existe un mercado civil de proyectiles de artillería al que una empresa pueda dirigirse en lugar de al Ejército; eso es inherente al sector, no una elección ideológica de nadie, y no puede usarse como prueba de nada.
Lo que sí revela algo es quién puso el capital. Nada obliga a que, además de ser el único cliente posible, el Estado también sea quien arriesgue el dinero de construir la fábrica. Una empresa podría haber invertido sus propios recursos para levantar la planta y venderle luego al único comprador disponible — así funcionan otros contratistas de defensa. En Mesquite no fue así: fue el Ejército quien puso el capital inicial, compró la maquinaria y pagó la ingeniería. General Dynamics arriesgó su reputación, no su dinero.
La iniciativa que puso en marcha Mesquite no fue privada. Fue estatal.
Durante medio siglo, el neoliberalismo ha presentado a la empresa privada como creadora de riqueza y al Estado como una estructura parasitaria que consume una parte de esa riqueza mediante impuestos, regulaciones y burocracia. La iniciativa nacería en la sociedad civil y el Estado se limitaría a obstaculizarla.
Mesquite muestra la relación inversa. El Estado no apareció después para apropiarse de una parte del valor creado por General Dynamics. Apareció antes, y puso el capital que la empresa no quiso arriesgar.
Esto no demuestra que toda empresa pública funcione bien ni que toda empresa privada sea incompetente. Demuestra algo más corrosivo para el neoliberalismo: la propiedad privada no produce eficiencia ni riqueza por generación espontánea.
Una empresa puede ser eficiente bajo determinadas condiciones de competencia, supervisión, capacidad técnica y responsabilidad. Pero ninguna de esas cualidades está inscrita en una escritura de propiedad. Cuando el Estado pone el capital y asume el riesgo de la inversión inicial, la empresa deja de parecerse al sujeto autosuficiente descrito por la propaganda neoliberal. Se parece mucho más a una beneficiaria de la planificación pública.
La fábrica era privada. El dinero era público.
El Estado que el neoliberalismo necesita
El neoliberalismo nunca quiso realmente que el Estado desapareciera. Quiso seleccionar sus funciones.
El Estado que regula, protege a los trabajadores, redistribuye la riqueza o presta servicios públicos sería pesado, ineficiente e invasivo. El Estado que financia investigaciones, construye infraestructuras privadas, garantiza contratos y crea mercados empresariales se convierte, en cambio, en una institución imprescindible.
El problema nunca fue el tamaño del Estado. El problema era a quién servía.
La urgencia provocada por la guerra de Ucrania permitió flexibilizar las garantías ordinarias de contratación. El Ejército adjudicó el proyecto a General Dynamics sin un proceso competitivo y aceptó una tecnología que no había demostrado poder fabricar correctamente el cuerpo del proyectil requerido. Tampoco financió una primera línea experimental para comprobar si funcionaba. Financió tres.
La guerra explica la prisa, pero no explica por qué se prescindió de las pruebas y los controles. Esa fue una decisión distinta, y es la que de verdad importa aquí: una de las defensas habituales del neoliberalismo consiste en presentar los controles públicos como obstáculos burocráticos para la iniciativa privada, y la urgencia bélica sirvió de coartada perfecta para aplicarla. Mesquite muestra cuál era la verdadera función de esos controles. La competencia, las evaluaciones previas y las pruebas técnicas existían precisamente para impedir que cientos de millones de dólares públicos fueran comprometidos en una tecnología no validada.
Se eliminó la burocracia para acelerar la ejecución privada. El resultado no fue una ejecución más rápida, sino un fracaso más caro. General Dynamics obtuvo la libertad de actuar sin ataduras. El contribuyente conservó todo el riesgo.
No quieren menos Estado
El neoliberalismo promete que el mercado castiga la incompetencia. Una empresa que no cumple pierde clientes, contratos y financiación. Si persiste en sus errores, desaparece y deja paso a otra más eficiente.
Eso tampoco ocurrió en Mesquite.
General Dynamics incumplió sucesivos plazos y no superó las pruebas necesarias. Aun así, el Inspector General del Departamento de Defensa señaló que en diciembre de 2025 el Gobierno realizó 26,3 millones de dólares en pagos por progreso correspondientes a la segunda y tercera líneas, aunque ninguna había producido un cuerpo conforme. Y desde que el Ejército paralizó esas líneas, General Dynamics no ha sido apartada de nada: la misma división ha seguido recibiendo contratos de defensa por valor de 2.500 millones de dólares.
La compañía tampoco tuvo que devolver inmediatamente los 533 millones. El Ejército anunció que trataría de recuperar parte de los fondos mediante descuentos sobre futuros pedidos y General Dynamics se comprometió a aportar 200 millones de dólares para recuperar el proyecto. No quedó completamente indemne, pero tampoco fue expulsada. Continuó al frente de la planta y conservó su posición como proveedora fundamental del Estado.
Esa dependencia no fue accidental. En 2020 el Ejército había intentado diversificar la fabricación de estos componentes con un contrato a una pequeña empresa de Pensilvania; General Dynamics la compró, y volvió a ser el único productor estadounidense capaz de fabricarlos. No es un caso aislado: el propio Pentágono reconoció en 2022 que el número de grandes contratistas de defensa había caído de 51 a solo cinco desde los años noventa. El Estado, al no vigilar esa concentración, terminó atado a la única empresa capaz de fabricar lo que necesitaba — y sin margen para castigarla cuando falló.
El mercado no podía castigarla porque el Estado ya dependía de ella.
La crítica no necesita afirmar que los 533 millones desaparecieron o se convirtieron íntegramente en beneficios. Una parte se empleó en edificios, maquinaria e infraestructura que todavía podría llegar a funcionar. El problema es otro: fue el Estado quien puso el capital de la inversión inicial y quien asumió el riesgo, no la industria que se presenta como motor autosuficiente. Cuando el proyecto fracasó, el Estado tuvo que negociar otra vez con la misma compañía, sin exigirle ninguna consecuencia proporcional al fracaso.
Esa es la relación que el discurso neoliberal oculta. Presenta como mérito exclusivo de la empresa una capacidad creada con capital que la empresa nunca arriesgó. La financiación pública desaparece de la narración justo cuando comienza la acumulación privada.
La doble vara resulta evidente. Cuando fracasa una administración, el neoliberalismo atribuye el fracaso a su propia naturaleza: ha fallado porque era pública. Cuando fracasa una empresa, la propiedad nunca aparece como causa. Se habla de errores de gestión, dificultades técnicas o circunstancias excepcionales.
Si una fábrica pública hubiera recibido 533 millones de dólares y, casi dos años después de inaugurarse, no hubiera producido una sola pieza conforme, sería presentada como prueba definitiva de la incapacidad del Estado para gestionar la economía.
Como la fábrica era privada y estaba operada por General Dynamics, el fracaso se convierte en un problema particular que debe resolverse renegociando y concediendo otra oportunidad al contratista.
La propiedad privada disfruta de un privilegio ideológico extraordinario: sus éxitos demuestran la superioridad del sistema, pero sus fracasos nunca demuestran nada sobre él.
Es propaganda, no teoría económica
La industria armamentística estadounidense muestra la cara oculta del neoliberalismo. Las mismas élites que ensalzan la autosuficiencia de la empresa privada y presentan al Estado como un obstáculo viven del capital, los contratos y las infraestructuras que ese Estado pone y protege.
No quieren menos Estado.
Quieren menos Estado para regularlos, controlarlos y redistribuir la riqueza que acumulan. Pero quieren más Estado para financiar sus inversiones, proteger sus mercados y asumir los riesgos que no desean soportar.
Mesquite permite ver esa operación sin disfraces.
La fábrica y el control eran privados. El capital de la inversión inicial y las consecuencias del fracaso fueron enteramente públicos — y eso no lo exigía la naturaleza del sector armamentístico. Lo exigió quién decidió cómo repartir el riesgo.
Cuando el Estado pone el capital, asume la urgencia estratégica y concede una segunda oportunidad después de un fracaso demostrado sin exigir ninguna consecuencia real, seguir hablando de la superioridad natural de la iniciativa privada deja de ser una teoría económica. Es propaganda.
Es la coartada que permite a una actividad extractiva presentarse como agente de mercado. El capital no vive de competir por satisfacer una necesidad social — vive de haber capturado al Estado que esa necesidad obliga a mantener. No vende seguridad nacional: cobra por ella, con el margen que le deja no tener que competir, no tener que arriesgar y no tener que responder cuando falla.
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