Durante la Revolución Francesa, la Ley del Máximum nació de la movilización popular para someter el mercado al derecho a la existencia. Diez meses después, la élite revolucionaria la usó para recortar los salarios de los trabajadores parisinos. Al debilitar a los sans-culottes y volver contra ellos su propia conquista, el Gobierno Revolucionario destruyó la fuerza social que podía haberlo salvado en Termidor.
El golpe salarial
En Lo que la Revolución Francesa esconde conté cómo el movimiento popular parisino se organizó desde abajo y obligó a la Convención a intervenir sobre el mercado: si la subsistencia estaba en peligro, precios y propiedad debían ceder terreno. Aquella historia probaba que el pueblo revolucionario no solo derribaba instituciones, también sabía construirlas. Quedaba una pregunta pendiente: ¿qué ocurre cuando esa conquista pasa a manos de una élite instalada en el Estado?
La Ley del Máximum General, aprobada en septiembre de 1793, respondía a esa pregunta con una fórmula doble: limitaba el precio de los bienes esenciales y fijaba salarios máximos, calculados sobre los de 1790 más un 50 %. Cada municipio debía traducir esa fórmula en su propia tabla. La mayoría lo hizo con rapidez. París —sede de la Convención, la Comuna y el Gobierno Revolucionario— fue la última: casi diez meses de retraso.
Ese retraso no fue un simple contratiempo administrativo. Es la clave de todo lo que sigue. Cuando la Comuna publicó por fin su tabla, el 23 de julio de 1794, aplicó la misma fórmula de 1790 sin corregir un solo número por el año de inflación transcurrido. Lo que en 1793 habría sido una subida se convirtió, sin tocar la fórmula, en un recorte severo: según reconstruyen George Rudé y Albert Soboul en El máximo de los salarios parisinos y el 9 de Termidor, un carpintero de primera clase pasó de ocho libras a tres libras y trece sueldos; un cantero, de cinco libras a tres libras y ocho sueldos.
En los talleres militares el conflicto era más crudo todavía. Allí el Estado no arbitraba entre trabajadores y empleadores: era el empleador. Los herreros, que podían cobrar hasta dieciséis libras y diez sueldos, quedaron limitados a entre cinco libras y cinco sueldos y seis libras.
La ley conquistada por el pueblo se había vuelto contra el pueblo.
De la alianza a la subordinación
En 1793, el movimiento popular y la dirección jacobina compartían enemigos —la contrarrevolución, el hambre, la guerra— pero no compartían intereses. Para los sans-culottes, el Máximum no era una preferencia económica: era el derecho a la existencia hecho ley, la barrera contra comerciantes y especuladores que convertían el hambre ajena en beneficio propio.
Esa misma exigencia llevó a los jacobinos al poder. Sin las secciones movilizadas por el hambre no habrían desplazado a los girondinos ni consolidado el Gobierno Revolucionario. El Máximum no era, pues, una concesión graciosa del Gobierno al pueblo: era la deuda que explicaba su propio poder.
Cuando el Gobierno decidió que alimentar a los ejércitos y contener los costes del Estado pesaban tanto como esa deuda, no estaba repartiendo cargas entre dos partes iguales: estaba eligiendo, desde la posición que el pueblo le había dado, no responder ante quien lo había puesto ahí. En los talleres militares esa elección era literal —el Estado, que ya pagaba a los herreros, decidió unilateralmente cuánto pagarles. Fue una elección discriminatoria, y esa elección lo situó frente al pueblo que lo sostenía.
El pueblo quería controlar el mercado para poder vivir. El Gobierno necesitaba controlar la sociedad para poder gobernar.
Mientras los dos objetivos coincidieron, la alianza sostuvo la revolución: las secciones aportaron organización, vigilancia e iniciativa; su presión desplazó a los girondinos y radicalizó la legislación. Pero esa misma autonomía —un pueblo capaz de imponer el Máximum podía también destituir funcionarios, vigilar representantes, exigir más— era una amenaza para quienes ya gobernaban.
La respuesta fue la centralización. El Decreto de Frimario, en diciembre de 1793, subordinó los poderes locales al Comité de Salvación Pública. Las corrientes capaces de traducir políticamente el hambre en exigencia fueron eliminadas: Jacques Roux se suicidó en prisión en febrero de 1794; Hébert y varios de los suyos fueron ejecutados en marzo; más de treinta y cinco sociedades seccionales cerraron sus puertas. El Gobierno no dejó de hablar en nombre del pueblo —impidió que el pueblo hablara por sí mismo.
Esa desarticulación explica el retraso del primer apartado. El Gobierno no aplicó el recorte en 1793 porque no podía permitírselo; lo aplicó en julio de 1794 porque ya no tenía enfrente a nadie capaz de impedirlo.
Una conquista popular cambia de función
El Estado no derogó el Máximum ni le cambió el nombre. Se lo apropió: lo integró en su propia regulación y subordinó su aplicación a sus necesidades. La ley conservó su forma; cambió de dueño.
No hace falta un plan trazado desde el principio para constatar el efecto. La intención puede discutirse. El resultado, no.
El tarifario y Termidor
La Comuna que fijó la tabla salarial ya no era la de las secciones: la dirigían el agente nacional Claude Payan y el alcalde Fleuriot-Lescot, ambos nombrados desde el poder central. Acordaron la tabla el 9 de julio de 1794 y la publicaron el 23. Cuatro días después, el 9 de Termidor —27 de julio—, Robespierre cayó en la Convención.
La cercanía entre ambas fechas no convierte el tarifario en la única causa de Termidor, pero tampoco permite tratarla como coincidencia. La misma Comuna que había recortado los salarios intentó movilizar después a las 48 secciones para defender a los robespierristas. Pedía ayuda a quienes acababa de golpear.
Rudé y Soboul sostienen que la publicación del tarifario llevó el malestar popular a su punto más alto, y que eso explica en buena medida la pasividad de las secciones aquella noche. París no se quedó del todo quieta —hubo protestas, hombres armados frente al Ayuntamiento— pero la fuerza se dividió y se dispersó. Ya no existía un movimiento capaz de imponer una dirección común.
El tarifario no creó esa debilidad por sí solo: la hizo visible. Cuando el Gobierno volvió a necesitar al pueblo, el pueblo tenía menos motivos y menos capacidad para responder.
Robespierre no era un termidoriano. Fue su principal víctima. Pero el Gobierno del que formaba parte había gastado, uno a uno, los recursos sociales que podían haberlo salvado.
La ley de hierro de la revolución
Robert Michels lo formuló más de un siglo después: toda organización, por democráticos que sean sus fines, genera una minoría que termina anteponiendo la conservación del aparato a las necesidades de su base. No hace falta corrupción ni traición consciente —basta con confundir, de buena fe, la organización con la causa que dice defender.
El caso francés lleva esa ley más lejos. La dirección jacobina no controlaba solo un partido: controlaba el Estado. Disponía de legislación, policía y coerción para imponer sus decisiones sobre la misma base que la había llevado al poder.
Ese es el patrón que sostiene este artículo: el Gobierno debilitó a su base para gobernar sin ella, y descubrió demasiado tarde que tampoco podía sobrevivir sin ella. Una revolución no cae solo cuando ganan sus enemigos. Cae también cuando su dirección confunde defender el proceso con conservar el aparato, y convierte al pueblo que la hizo posible en una población que solo debe obedecer.
La revolución empezó cuando el pueblo dejó de obedecer. Su derrota empezó cuando sus dirigentes decidieron que debía volver a hacerlo.
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