El caso del magistrado francés que perdió todo por investigar Gaza
Sancionar en vez de juzgar: el cambio de paradigma y el caso de la CPI. Cuando el poder judicial se convierte en objetivo de coerción financiera
Se está consolidando un cambio de paradigma en el ejercicio del poder: cuando la confrontación entra en el terreno jurídico —o cuando la justicia amenaza con tocar a un aliado—, el conflicto ya no se pelea con recursos, alegatos y procedimientos. Se desplaza a una arquitectura de coerción financiera y administrativa: listas negras, congelación de activos, cierres de cuentas, prohibiciones de viaje, cancelación de servicios. No es un debate sobre derecho; es castigo sin juicio.
En un vistazo: El año 2025 ha consolidado un nuevo paradigma en el ejercicio del poder: cuando la justicia amenaza con tocar a un aliado, el conflicto ya no se resuelve en los tribunales sino mediante coerción financiera. Este artículo conecta dos casos que ejemplifican esta deriva: las sanciones estadounidenses contra jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar crímenes en Gaza, y la sanción europea contra Jacques Baud por su análisis sobre Ucrania. En ambos casos, el mecanismo es idéntico: congelación de activos, prohibición de viaje, exclusión del sistema financiero y digital. El resultado: "muerte civil" sin juicio previo. Los testimonios del juez francés Nicolas Guillou —cuentas bancarias cerradas, reservas de hotel canceladas, exclusión de plataformas digitales— documentan cómo este sistema convierte la independencia judicial o intelectual en un acto de heroísmo económicamente insostenible. Cuando el derecho se responde con ruina financiera, lo que entra en crisis no es un tribunal concreto: es la posibilidad misma de un orden jurídico que limite al poder.
De esto se habla poco en grandes medios, entre otras razones porque el mecanismo es técnico, gris y aparentemente "legalista". Pero sus efectos son contundentes: desactivar el control judicial sustituyéndolo por sanción.
El caso europeo de Jacques Baud encaja en esa deriva: un analista sancionado por "amenazas híbridas" mediante congelación de activos y prohibición de entrada, sin proceso penal previo. El análisis completo está en "Jacques Baud y la sanción europea: cuando disentir se paga con la ruina".
El episodio de la Corte Penal Internacional (CPI) es el mismo patrón, pero a un nivel institucional más alto y más peligroso: aquí el objetivo no es el disenso, sino la función judicial.
1. La novedad: no se sanciona a un Estado, se sanciona al juez
El 6 de febrero de 2025, la Casa Blanca firmó la Orden Ejecutiva 14203, declarando que la CPI había incurrido en "acciones ilegítimas e infundadas" contra Estados Unidos y "nuestro aliado cercano Israel", y habilitando sanciones contra individuos (bloqueos de bienes, restricciones de transacciones, etc.).
El salto cualitativo está ahí: juzgar pasa a ser tratado como una conducta sancionable cuando el objeto del juicio es políticamente intocable. Verfassungsblog lo formula con precisión: esto no es solo un ataque a la CPI, es "sanctioning of law" (sancionar el derecho).
2. La escalada de 2025: oleadas de designaciones personales
La secuencia es clara y documentada:
- 5 de junio de 2025: sanciones a cuatro jueces de la CPI.
- 20 de agosto de 2025: nueva oleada contra dos jueces y dos fiscales (incluidos Nicolas Yann Guillou y Kimberly Prost), intensificando la presión por el frente Israel/Palestina.
- 18 de diciembre de 2025: sanciones a dos jueces más (Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin), invocando de nuevo la EO 14203 y vinculándolo a decisiones sobre el caso Gaza/Israel.
La idea que se transmite al resto del ecosistema judicial internacional es obvia: firmar tiene coste personal.
3. "Muerte civil" demostrable: el caso Guillou
Aquí el mecanismo deja de ser abstracto. La sanción no opera como gesto diplomático, sino como exclusión material de la vida normal.
Guillou, magistrado francés de la CPI, ha descrito públicamente cómo las sanciones lo dejan "efectivamente en listas negras" para buena parte del sistema bancario y de servicios vinculados a empresas estadounidenses:
- Cuentas bancarias cerradas en Francia por entidades que temen represalias de Washington
- Cancelaciones automáticas de reservas de hotel en territorio francés realizadas a través de Expedia (empresa estadounidense)
- Cierre inmediato de cuentas en plataformas como Amazon, PayPal y Airbnb
- Imposibilidad de realizar transacciones digitales básicas en la vida cotidiana
Eso es exactamente lo que vuelve eficaz esta tecnología de poder: no hace falta condena penal para destruir la vida civil; basta con cortar el acceso al sistema.
Y lo más brutal: las sanciones incluyen restricciones migratorias que alcanzan a los familiares de los designados. Cuando la sanción se personifica y se extiende al entorno, el mensaje se amplifica: "esto puede arrastrar a tu familia". En ese punto, la justicia deja de ser institución y pasa a ser heroísmo individual.
4. La perversión jurídica: inmunidad funcional y el silencio cómplice de Europa
Sancionar jueces europeos rompe la lógica de la inmunidad funcional que protege a funcionarios internacionales para ejercer sin represalias. No es solo presión política: es un secuestro financiero de la función judicial.
Y crea un conflicto de soberanías humillante para Europa. Francia ha calificado públicamente las sanciones contra Guillou como un "ataque al tribunal" y una medida "contraria al principio de una judicatura independiente". Sin embargo, el gobierno francés no ha logrado impedir que sus propios bancos nacionales cierren las cuentas de su magistrado.
Esta contradicción —retórica fuerte, acción nula— es reveladora: de jure se defiende la independencia de la CPI, pero de facto el ecosistema bancario y corporativo tiende a cumplir por miedo las designaciones estadounidenses para no arriesgar su acceso al circuito dólar.
La herramienta legal diseñada para combatir esta situación —el Reglamento (CE) nº 2271/96 (Estatuto de Bloqueo)— prohíbe a las empresas de la UE cumplir con sanciones extraterritoriales de terceros países. Pero la Comisión Europea se ha mostrado reticente a actualizar su anexo para incluir la EO 14203. No es que Europa no tenga herramientas; es que decide no usarlas.
El precedente es tóxico: si se acepta que un Estado puede castigar a un juez por sus autos, cualquier potencia con músculo económico podrá "anular" investigaciones futuras sin debatir el derecho. La discrepancia jurídica se responde con recursos y argumentación; la sanción busca otra cosa: disciplinar.
5. Baud como espejo europeo: sanción política (y Suiza como prueba)
El caso Baud muestra el mismo patrón aplicado al terreno intelectual: sanción administrativa, congelación de activos y veto de viaje bajo el marco de "amenazas híbridas" y FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference).
La clave probatoria es el contraste suizo: Suiza no adoptó ese régimen europeo específico sobre "amenazas híbridas" y, según la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), no está considerando replicar esas designaciones. La SECO argumentó que su marco jurídico no permite sancionar a un individuo por opiniones o actividades mediáticas bajo el pretexto de "amenazas híbridas".
No es un matiz: confirma que se trata de una herramienta política, no penal. Dos países que comparten valores democráticos trazan líneas completamente distintas sobre qué se puede castigar en nombre de la seguridad. Suiza dice: "No sancionamos ideas". Bruselas dice: "Sí, si las consideramos peligrosas". Y lo hace sin juicio, sin defensa, sin proporcionalidad.
6. Doble rasero operativo: la asimetría de poder
En septiembre de 2025, la Comisión Europea propuso sancionar a los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, y suspender concesiones comerciales a Israel como parte de una respuesta a la situación humanitaria en Gaza.
La propuesta se estancó inmediatamente. Mientras que la suspensión de preferencias comerciales requiere mayoría cualificada, las sanciones contra individuos requieren unanimidad, algo imposible de alcanzar debido al bloqueo de países como Hungría, la República Checa y la ambivalencia de Alemania.
El contraste es brutal:
- Sanciones estadounidenses contra jueces de la CPI: se ejecutan automáticamente por miedo corporativo al dólar. Los bancos franceses cierran cuentas de magistrados franceses sin que el gobierno pueda impedirlo.
- Sanciones europeas contra ministros israelíes: requieren unanimidad política, que el bloqueo pro-israelí hace imposible.
Esto no es hipocresía moral; es asimetría de poder. El "orden basado en reglas" se aplica con una selectividad estructural: se invoca con eficacia quirúrgica para proteger a un aliado, pero se paraliza cuando se trata de exigir responsabilidades a ese mismo aliado.
7. El efecto disuasorio: intimidación extendida
El objetivo no es solo castigar a unos pocos. Es introducir un chilling effect: convertir la independencia judicial en un acto de riesgo personal inaceptable.
Si un juez sabe que una decisión judicial puede llevarlo a la insolvencia, a la exclusión tecnológica y a arrastrar a su familia en restricciones migratorias, la imparcialidad se vuelve un acto de heroísmo casi imposible de exigir de forma generalizada. El resultado es un condicionamiento de futuras investigaciones sobre crímenes de guerra o abusos de poder por parte de potencias nucleares o sus aliados.
Cierre
El caso Baud y las sanciones contra jueces de la CPI son dos síntomas de la misma tendencia: evitar el control judicial sustituyéndolo por sanción administrativa. En un caso se castiga el discurso; en el otro se castiga el acto de juzgar. El efecto es idéntico: se vacía el derecho por dentro sin necesidad de abolirlo formalmente.
Y eso deja una conclusión seca: cuando la respuesta a un auto judicial es una lista negra financiera, lo que entra en crisis no es un tribunal concreto. Es la posibilidad misma de un orden jurídico que limite al poder.
Referencias principales
Orden Ejecutiva y sanciones estadounidenses:
- Executive Order 14203 - White House, 6 de febrero de 2025
- U.S. Department of State - Sanciones de agosto 2025
- U.S. Department of State - Sanciones de diciembre 2025
Análisis jurídico:
- Verfassungsblog - "The Sanctioning of Law"
- Opinio Juris - "US Sanctions Against the ICC: From Stupor to Action"
Testimonios y reportajes sobre "muerte civil":
- The Guardian - "Into the void: how Trump killed international law"
- AP News - "Cut off by their banks and even iced out by Alexa"
- Global Issues - "ICC Judges & Officials, Under US Sanctions, Live Under Rigid Isolation"
Caso Jacques Baud:
Respuesta francesa:
- France Diplomatie - "Sanctions against International Criminal Court judges"
- Ministry for Europe and Foreign Affairs - Statement at UN
Estatuto de Bloqueo europeo:
- European Commission - "Extraterritoriality (Blocking statute)"
- Palestinian Centre for Human Rights - Activación del Blocking Statute
Propuestas de sanciones a Israel:
- European Commission - "Suspension of trade concessions with Israel"
- Centre for European Reform - "Fixing the EU's broken Israel-Palestine policy"
- Reuters - EU proposes sanctions on Israeli ministers
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