Washington no debe subestimar al adversario. Barry J. Pollack convierte irregularidades en costes reales, y el distrito judicial ya tiene un precedente demoledor: el caso Ali Sadr.
Washington puede tener a Nicolás Maduro sentado ante un juez en Manhattan, pero eso no convierte el caso en un trámite. El proceso se jugará en el detalle: en los papeles, en los plazos, en la cadena de custodia, en la credibilidad de los cooperantes, en cada esquina del "debido proceso". Y ahí aparece el factor Barry J. Pollack.
Pollack no es un abogado de "ruido". Es un abogado de litigio de precisión: de esos que convierten cualquier irregularidad en un problema real para la fiscalía. No porque vaya a "borrar" los hechos, sino porque puede obligar al Gobierno a ganarse cada milímetro del caso: justificar cada paso, limpiar cada sombra y pagar un precio procesal por cada atajo.
En la primera comparecencia tras la captura, Pollack ya fijó el tono: habló de "abducción militar" y anticipó una avalancha de escritos previos al juicio, además de la línea de la inmunidad como jefe de Estado. Eso no es teatro: es el manual de la defensa cuando quieres que el caso deje de ser un relato político y pase a ser una disección jurídica.
En un vistazo: Si Washington espera un juicio rápido y limpio contra Maduro, subestima el adversario que tiene enfrente. Barry J. Pollack no es un abogado mediático: es un cirujano procesal con historial probado en casos complejos (Enron, Assange, casos antimonopolio). Su estrategia no busca "tumbar" la acusación de golpe, sino desgastar cada eslabón: cuestionar la legalidad de la captura para forzar escrutinio judicial, invocar la inmunidad soberana como fuente de fricción continua, y sobre todo, explotar la dependencia del Gobierno en testimonios de cooperantes incentivados. El precedente clave está en el caso Ali Sadr (SDNY): fiscales documentados "enterrando" pruebas exculpatorias. Ese antecedente convierte las obligaciones Brady/Giglio en un campo minado. Pollack existe para que cada irregularidad tenga un coste procesal real.
La "abducción": no tumba la jurisdicción… pero ¿por qué Pollack insiste entonces?
Aquí conviene ser claro: la jurisdicción casi nunca cae solo porque el acusado haya sido "traído" de forma agresiva. Ese criterio está cristalizado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: el hecho de una captura forzosa no impide, por sí mismo, que un tribunal estadounidense juzgue al acusado. La decisión clave es United States v. Alvarez-Machain (1992): la Corte sostuvo que una abducción no bloquea el juicio en EE. UU.
Y hay un precedente que importa por analogía narrativa: Manuel Noriega. Tras su captura, también intentó convertir la forma de llegada a EE. UU. en un argumento estructural. En la práctica, esa vía se le estrelló: los tribunales rechazaron que eso destruyera la jurisdicción. Reuters lo recuerda expresamente al hablar del paralelismo Noriega–Maduro.
Entonces, ¿por qué Pollack insiste? Porque no busca "que el juez tire el caso a la basura" por la puerta de atrás. Busca algo más útil: forzar el escrutinio de cada fase (captura, traslado, custodia, interrogatorios, acceso a defensa, trato físico), condicionar el clima del juez para que el tribunal entre en "modo vigilancia", y preparar terreno de apelación y, sobre todo, de negociación. Si el Gobierno quiere un resultado, que lo pague en concesiones.
En un caso político, la "abducción" no es solo un argumento: es un marco. Y Pollack sabe manejar marcos.
La inmunidad: cuesta arriba, pero lo bastante seria como para molestar
La segunda palanca es la inmunidad soberana: la idea de que Maduro, como jefe de un Estado, debería estar protegido frente a la jurisdicción penal de otro país por actos oficiales.
Aquí el problema es evidente: EE. UU. no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde 2019, y en estas cuestiones los jueces suelen mirar de reojo a la posición del Ejecutivo. Reuters lo plantea como el gran choque: la defensa intentará empujar al tribunal a un terreno que el Gobierno quiere evitar.
Pero "cuesta arriba" no significa "inútil". Significa que Pollack puede construir el argumento con técnica (no con consignas), obligar al Gobierno a contestar en serio, y convertir la inmunidad en una fuente continua de fricción procesal. En un juicio que Washington querría rápido y limpio, fricción es poder.
El talón de Aquiles: cooperantes, incentivos… y el campo minado de Brady/Giglio
Si el caso se apoya de forma relevante en cooperantes (testigos que declaran a cambio de beneficios), la defensa tiene un camino clásico: demostrar que no son "testigos", sino activos comprados.
Aquí el precedente Noriega es oro puro como recordatorio de hasta dónde llega ese mundo. En pleno juicio, un testigo (Max Mermelstein) declaró en estrado que el Gobierno le había pagido 255.900 dólares como "recompensa" por su cooperación. Eso no es folklore: es munición para un jurado.
Y aquí entra lo realmente peligroso para el Gobierno: Brady y Giglio.
Brady v. Maryland obliga a la fiscalía a entregar a la defensa pruebas exculpatorias materiales. Giglio v. United States extiende esa obligación a material que afecte a la credibilidad (impeachment) de testigos, incluidos beneficios, tratos, pagos, contradicciones y "trapos sucios" relevantes.
El propio Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) lo reconoce como deber constitucional en su manual interno sobre descubrimiento y juicio.
La traducción práctica es simple: si hay cooperantes, Pollack va a exigir saberlo todo. Cada pago, cada promesa, cada rebaja de pena, cada ayuda logística, cada inmunidad, cada conversación. Y si algo aparece tarde o aparece "camuflado", el caso se complica.
El aviso serio: el SDNY ya se quemó con el "bury"
Esto no va solo de teoría. En el mismo ecosistema judicial —el Distrito Sur de Nueva York (SDNY)— existe un precedente reciente que convierte el "descubrimiento" en campo minado para la fiscalía: el caso Ali Sadr Hashemi Nejad.
Ahí, la jueza Alison J. Nathan documentó fallos repetidos de revelación y comunicaciones internas escandalosas. Lo más demoledor no es el adjetivo, sino la frase literal: un fiscal sugirió "bury" (enterrar) una prueba exculpatoria mezclándola con otros documentos ya divulgados; y otro estuvo de acuerdo. Está en una opinión judicial.
Ese antecedente cambia el tablero psicológico: un abogado como Pollack no solo pedirá Brady/Giglio; pedirá supervisión microscópica, registros claros, plazos, advertencias al Gobierno, y cualquier resbalón lo convertirá en mociones, sanciones o material de nulidad.
Y esto importa incluso si el Gobierno cree tener "razón de fondo": los casos se pierden también por forma, cuando la forma se convierte en duda razonable o en violación grave de garantías.
El jurado de Nueva York: donde Pollack suele ganar valor
En un caso así, el juicio real no es "Maduro sí / Maduro no". Es credibilidad: credibilidad del Estado, credibilidad de los testigos, credibilidad del relato.
Pollack tiene perfil de abogado para jurado. No por carisma, sino por método: reducir la acusación a decisiones concretas del Gobierno y obligar al jurado a mirar el procedimiento con lupa.
Su historial relevante aquí no son los titulares: son los resultados y el tipo de pelea.
Casos destacados:
En el universo Enron, defendió al contable Michael Krautz, que fue absuelto. En el "caso del pollo" (investigación antimonopolio por precios del pollo), una estrategia de desgaste llevó a jurados bloqueados (hung juries) y a que el Gobierno no obtuviera la victoria limpia que buscaba; Pollack aparece citado como lead counsel en ese contexto. En el caso Assange, su papel fue negociar la salida procesal que terminó en un acuerdo y liberación. Reuters lo atribuye a un trabajo de negociación prolongado y difícil, no a un golpe de suerte.
No es "milagroso". Es quirúrgico.
Quién es Pollack y por qué encaja tan bien en este caso
Dos rasgos lo definen para un proceso como este:
Capacidad técnica para casos complejos: fue contador público (CPA) antes de dedicarse al derecho, y eso se nota en cómo trabaja lo financiero, lo documental y lo pericial.
Peso institucional en la defensa penal: fue presidente de la National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL) y es profesor en Georgetown Law. Es decir: no es un "abogado mediático", es un abogado con capital profesional real.
Conclusión: el "modelo Noriega" es frágil si el Gobierno juega sucio; Pollack es el antídoto natural
Si Washington pretende que esto sea un juicio "de manual", rápido, con relato cerrado y testigos cooperantes funcionando como columna vertebral, se equivoca de enemigo. Pollack existe para que eso no ocurra.
Y la comparación con Noriega sirve justo para esto: en aquellos procesos, las grietas no siempre estaban en la acusación "de fondo", sino en la dependencia de testimonios incentivados, en la zona gris de operaciones de captura, y en la tentación del atajo procesal.
Pollack no va a "hacer milagros". Pero si alguien puede acercarse a ese límite —no porque cambie la realidad, sino porque convierte cada irregularidad en un coste— es él.
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