El fascismo italiano no fue una anomalía histórica ni una irrupción irracional. Fue una respuesta funcional a un problema muy concreto: la incapacidad de las élites para imponer disciplina económica cuando el trabajo había aprendido a organizarse.
Lo que las élites necesitaban y no podían tener
Para entender el fascismo italiano hay que empezar por la pregunta correcta. No "¿por qué surgió Mussolini?" sino "¿qué problema tenían las élites burguesas que la democracia no podía resolver?"
La respuesta es concreta: necesitaban imponer austeridad. Reducir salarios, recortar el gasto social, desmantelar las protecciones laborales acumuladas durante la guerra, recuperar el control sobre el proceso productivo. Todo eso era necesario, desde su perspectiva, para restaurar los márgenes de beneficio que el conflicto bélico y la movilización obrera habían erosionado.
El problema era que el trabajo se había organizado como nunca antes. El Biennio Rosso (1919–1920) no fue solo conflictividad social. Fue una demostración de poder. En 1920, Italia registró 1.881 huelgas industriales y más de 16 millones de jornadas perdidas. En septiembre de ese año, más de 600.000 trabajadores ocuparon las fábricas del triángulo industrial —Milán, Turín, Génova— y mantuvieron la producción bajo comités propios. No estaban reclamando mejores condiciones. Estaban demostrando que la jerarquía empresarial era, en teoría, prescindible.
Por qué la democracia era el obstáculo
Entre 1919 y 1922, Italia tuvo seis gabinetes diferentes. Esa inestabilidad no reflejaba el mal funcionamiento de la democracia: reflejaba que estaba funcionando. El sistema parlamentario daba cauce legal a la resistencia organizada del trabajo. Cualquier gobierno que intentara imponer recortes severos enfrentaba una oposición que podía bloquearlo electoralmente o derrumbarlo en las calles.
Cuando en 1920 el gobierno liberal de Giolitti optó por mediar en la ocupación de fábricas en lugar de ordenar el desalojo por la fuerza, las élites lo interpretaron como la abdicación final. El Estado no era incapaz de actuar: había decidido no hacerlo porque en un marco democrático el coste político era insoportable.
El fascismo como colaborador necesario
Es aquí donde el fascismo cobra su verdadero sentido. No como un movimiento que conquista el poder a pesar de las élites, sino como un instrumento que estas reconocen, financian y legitiman porque resuelve su problema.
Industriales, banqueros y economistas liberales de prestigio —como Luigi Einaudi, que años después sería presidente de la República italiana— no apoyaron al fascismo por afinidad ideológica con las camisas negras. Lo toleraron, y en muchos casos lo aplaudieron, porque Mussolini ofrecía lo que la democracia no podía ofrecer: la capacidad de imponer disciplina económica sobre un trabajo organizado sin el coste político que eso generaba en un sistema parlamentario.
El contrato era claro aunque nunca se firmara en ningún papel. Las élites aportaban legitimidad, financiación y silencio. El fascismo aportaba el instrumento coercitivo que hacía posible lo que la democracia bloqueaba. La austeridad no fue una consecuencia accidental del régimen de Mussolini. Fue la razón por la que las élites lo dejaron llegar.
El fascismo no fue una ruptura con el liberalismo económico. Fue su brazo ejecutor en un contexto de bloqueo político. — Clara E. Mattei, The Capital Order (2022)
La ejecución del contrato
Tras la Marcha sobre Roma (1922), el régimen no instauró de inmediato un totalitarismo de mando centralizado. Su primera fase fue de una ortodoxia económica que habría satisfecho a cualquier acreedor internacional. El ministro De' Stefani aplicó lo que Clara Mattei llama la "trinidad de la austeridad": fiscal (recorte del gasto, reforma tributaria regresiva, eliminación de impuestos sobre los beneficios de guerra), monetaria (estabilización de la lira, retorno al patrón oro) e industrial (prohibición de huelgas, desmantelamiento de los comités de fábrica).
La violencia de los squadristi fue el complemento extraoficial: destruyó la infraestructura sindical antes de que la legislación la terminara de suprimir. En paralelo, el régimen ejecutó el primer programa masivo de privatizaciones de una economía moderna —telefonía, seguros, autopistas, siderurgia— devolviendo a las élites industriales los sectores que el Estado liberal había intervenido. Cada privatización era un pago. Una confirmación de que el acuerdo se estaba cumpliendo.
Los resultados fueron los que las élites esperaban. En 1920, Italia perdió más de 16 millones de jornadas laborales por huelgas. En 1923, menos de 300.000. En 1929, menos de 100.000. El salario real retrocedió a niveles de 1913, anulando todos los avances de la posguerra.
La prueba definitiva: el caso Matteotti
Si hubiera alguna duda sobre la naturaleza del acuerdo entre el capital y el fascismo, el caso Matteotti la disipa. En 1924, el líder socialista Giacomo Matteotti fue asesinado después de documentar públicamente el fraude electoral del régimen. Fue el momento en que el fascismo mostró, sin ninguna ambigüedad, lo que era y hasta dónde estaba dispuesto a llegar.
La respuesta del capital internacional no fue la sanción ni la condena. Fue el préstamo. En 1926, J.P. Morgan & Co. organizó un crédito de 100 millones de dólares al régimen de Mussolini. Thomas Lamont, socio de Morgan, se describía a sí mismo como "misionero" del fascismo italiano. No porque ignorara la violencia: porque esa violencia había demostrado que el contrato se iba a cumplir sin importar el coste.
Cuando el instrumento desarrolló su propio proyecto
Hay un capítulo de esta historia que la tesis de Mattei no puede ignorar, y que conviene señalar con honestidad: el fascismo no se quedó donde las élites lo habían colocado.
A partir de la segunda mitad de los años veinte, y de forma acelerada durante la Gran Depresión, el régimen fue abandonando la ortodoxia austera de su primera fase. El IRI —Instituto para la Reconstrucción Industrial, creado en 1933— nacionalizó sectores enteros de la economía que el fascismo había privatizado apenas una década antes. El gasto militar se disparó. La política de autarquía económica de los años treinta, orientada a la autosuficiencia nacional, era todo menos compatible con los principios del liberalismo económico que De' Stefani había aplicado con tanta disciplina.
Los mismos industriales y financieros que habían aplaudido al régimen en los años veinte empezaron a ver con creciente incomodidad cómo Mussolini desarrollaba una agenda imperial y bélica que no estaba en el contrato original. El instrumento había adquirido voluntad propia. Y esa voluntad terminó arrastrando al país —y al capital italiano— a una guerra que destruyó todo lo que el acuerdo inicial pretendía preservar.
Conclusión: quién es el sujeto de esta historia
La historia del fascismo italiano suele contarse con Mussolini como protagonista. Ese encuadre oscurece lo esencial. El protagonista de esta historia son las élites burguesas que necesitaban imponer una agenda económica que la democracia bloqueaba, y que encontraron en el fascismo al colaborador que hacía posible lo que ellas solas no podían hacer.
Mussolini no inventó la austeridad ni la impuso contra la voluntad del capital. La ejecutó por encargo. Y el capital lo sabía, lo financió y lo celebró mientras el contrato se cumplió. Pero el fascismo nunca fue solo un gestor económico. Tenía su propia lógica de poder, su propia sed de expansión, su propio proyecto de Estado totalitario. Cuando esa lógica se impuso sobre el contrato inicial, las élites que lo habían patrocinado ya no podían frenarlo.
El problema no es que el fascismo funcione mal. Es que, para ciertos objetivos —restaurar beneficios, disciplinar el trabajo, imponer austeridad sin fricción—, funciona con una eficacia que la democracia no puede igualar sin dejar de ser democracia. El problema es lo que viene después, cuando el instrumento deja de serlo.
Fuente principal: Clara E. Mattei, The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism (University of Chicago Press, 2022).
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