78.000 docentes, 810.000 alumnos y la primera huelga indefinida desde 1988. Detrás de las cifras, un sistema al que la administración lleva años desangrando en silencio, confiando en que el profesorado seguiría sosteniéndolo a coste de su salud, su tiempo y su dignidad.
No es una huelga. Es una declaración de supervivencia.
El 11 de mayo de 2026, los docentes valencianos pararon las aulas porque ya no quedaba otra forma de gritar. La primera huelga general indefinida en la educación pública valenciana desde 1988 no es una anomalía: es el diagnóstico de un sistema exhausto. Se equivocaron quienes creían que el profesorado seguiría sosteniéndolo todo en silencio. El aula dijo basta.
I. Lo que denuncian los datos, no las consignas
El día a día en un centro público valenciano se ha convertido en una carrera de obstáculos insostenible. Pero esta vez, las cifras hablan por sí solas. No es retórica sindical: es estadística verificable, repetida hasta el agotamiento por sindicatos, federaciones de familias y ecoauditorías independientes. Y, sin embargo, la administración sigue tratando el problema como si fuera ruido de fondo.
Salarios a la cola del Estado
Un docente valenciano cobra 2.747 € brutos mensuales de entrada, sin trienios. Uno vasco, en idénticas condiciones, cobra 3.309 €. La diferencia no es un accidente estadístico: es una decisión política. El complemento específico autonómico —la parte que la Generalitat sí controla— está congelado desde 2010. Diecinueve años sin tocarse.
| Comunidad | Salario base | Complemento específico |
|---|---|---|
| Euskadi | 3.309,09 € | 1.129,76 € |
| Comunitat Valenciana | 2.747,41 € | 713,17 € |
| Diferencia | −561,68 € | −416,59 € |
La pérdida acumulada de poder adquisitivo del profesorado valenciano desde 2007 ronda el 20%, según Intersindical Valenciana. Esto no es ir a la huelga por dinero. Es exigir que el mismo trabajo cobre lo mismo en Valencia que en Vitoria.
Aulas que enferman
El 86,8% de los centros valencianos ha superado los 27°C en sus aulas, el umbral legal de confort térmico. En la provincia de Alicante, esa cifra asciende al 94,2%. Cuatro de cada diez centros han registrado, además, temperaturas inferiores a 17°C durante el invierno. Los datos no son de un sindicato cualquiera: provienen de una ecoauditoría de STEPV respaldada por la federación de familias FAMPA-València y la Confederación Gonzalo Anaya.
Esto no es incomodidad. Es trabajar y aprender en espacios que la propia ley considera insalubres, mientras la administración firma instrucciones de papel y promete planes climáticos para 2030.
Ratios imposibles
Veinticinco alumnos en Infantil y Primaria. Treinta en ESO. Veinticinco en Bachillerato. Con esos números, hablar de inclusión, atención a la diversidad o acompañamiento emocional ante el alarmante aumento de problemas de salud mental adolescente es una broma cruel. Los sindicatos piden bajar a 15 y 20. No es maximalismo: es lo mínimo para que la palabra educación no sea un eufemismo administrativo.
Burocracia que devora la docencia
Plataformas digitales mal diseñadas, informes redundantes, actas que duplican lo que ya existe. Cada hora que un docente pierde rellenando formularios es una hora que no dedica a quien debería: el alumnado. La administración ha convertido al profesorado en oficinistas de su propia precariedad.
II. Lo que está en juego
No se está jugando un convenio. Se está jugando si la escuela pública valenciana sigue siendo pública, o si se la deja caer hasta que solo quien pueda pagar concertada o privada acceda a una educación digna. Eso tiene un nombre: desmantelamiento por agotamiento. Y se ejecuta así, exactamente así: congelando salarios, masificando aulas, dejando que los edificios se degraden y multiplicando el papeleo hasta que el profesional capaz se marche y el vocacional se queme.
La consellera Carmen Ortí dice estar "abierta al diálogo". Los docentes llevan desde septiembre de 2025 esperando esa apertura. Hubo paros en mayo de 2024, en diciembre de 2025, en marzo de 2026. Ninguno desbloqueó nada. La huelga indefinida no es el primer recurso: es el último que queda cuando los anteriores han sido sistemáticamente ignorados.
Ir a la huelga indefinida perdiendo dinero de la nómina por cada jornada de protesta es el último recurso desesperado de un colectivo que se niega a normalizar el deterioro del servicio público.
III. A quien dice que esta huelga "perjudica a los alumnos"
Habrá quien diga que parar las aulas es abandonar al alumnado. Conviene responder con datos, no con consignas.
Lo que perjudica al alumnado es estudiar en aulas a 30°C. Lo que lo perjudica es compartir clase con 29 compañeros más cuando necesita atención individualizada. Lo que lo perjudica es que sus profesores lleguen agotados, mal pagados y desbordados por una burocracia que les roba la energía. Lo que lo perjudica es que los mejores docentes se vayan a comunidades que sí les pagan lo que merecen.
La huelga no ataca el derecho a la educación; lo defiende. Los docentes están parando hoy para evitar que el sistema público termine de hundirse mañana.
IV. Por eso paran
La movilización del 11 de mayo no es un punto final: es un punto de partida. Paran porque la administración solo ha entendido el lenguaje de la presión después de haber probado todos los demás. Paran porque las cifras ya no admiten discusión y las palabras ya no admiten demora.
No defienden un gremio. Defienden un derecho. El derecho a una educación pública digna en la Comunitat Valenciana no se negocia: se conquista. Y se conquista hoy, en las calles de València, Alicante, Castelló y Elx, porque mañana puede ser demasiado tarde.
Ese es el fondo del asunto. Una administración que ha confundido la paciencia del profesorado con su rendición, y un colectivo que, por primera vez en casi cuatro décadas, ha decidido demostrar lo contrario. La escuela pública valenciana no se está cayendo por sí sola. La están dejando caer. Y son los docentes, con las familias detrás, quienes han decidido sostenerla con las manos.
La escuela pública no se cae. La están tirando. Y son los docentes quienes la sostienen con las manos.
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