En plena polarización, con el marco del lawfare plenamente disponible y juristas solventes señalando las debilidades del auto, el grupo histórico del centroizquierda mediático ha decidido no proteger a un expresidente socialista imputado. La explicación no está solo en el caso Plus Ultra: está en agosto de 2009.
I. Una frialdad activa
Miguel Ángel Campos, jefe de Tribunales de la Cadena SER, ha defendido en antena la solidez de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra con una frase que vale más que cualquier paráfrasis.
«Si no hay agua en la piscina, ningún juez de la Audiencia Nacional se atreve a dar un paso así.»
Miguel Ángel Campos, jefe de Tribunales de la Cadena SERCampos ha descrito al instructor, José Luis Calama, como un magistrado «serio, minucioso y discreto», descartando explícitamente que quepa hablar de lawfare y calificando de «absolutamente errónea» la estrategia del PSOE de enmarcar la causa como persecución política. El especial de Hora 25 dedicado al auto pivotó sobre la contundencia de los indicios económicos y los mensajes intervenidos por la UDEF.
No es solo la SER. El País publicó un editorial titulado «Zapatero, imputado» exigiendo al expresidente explicaciones públicas inmediatas y advirtiendo al Partido Socialista que «no puede conformarse con cuestionar a los jueces». La cabecera más influyente del centroizquierda español decidió no construir cortafuegos institucionales para amortiguar el impacto político de la imputación. El Grupo PRISA, en bloque, ha optado por una distancia editorial activa con el expresidente socialista.
II. La extrañeza
Conviene detenerse aquí un momento.
Estamos en pleno apogeo de la polarización mediática española, en un clima en el que cualquier movimiento judicial contra figuras del PSOE activa de manera casi automática el reflejo defensivo del bloque progresista. El marco del lawfare está plenamente disponible: es el recurso narrativo habitual ante causas que afectan al socialismo o a sus socios de Gobierno, y otros medios del mismo espacio sí lo han activado en este caso. Y, sin embargo, el grupo histórico de ese bloque —SER y El País— ha hecho lo contrario: ha avalado al instructor, ha subrayado la solidez de los indicios y ha exigido explicaciones al expresidente. No con neutralidad informativa: con respaldo editorial activo.
La extrañeza crece cuando se mira el propio auto. Voces jurídicas relevantes han señalado debilidades técnicas evidentes. Javier Pérez Royo lo ha calificado de «auto vacío», cuestionando que se sostenga una acusación de tráfico de influencias sin acreditar una relación o presión directa de Zapatero sobre los funcionarios de la SEPI que aprobaron el rescate. Es decir: PRISA dispone tanto del marco discursivo del lawfare como de argumentos jurídicos solventes para cuestionar la instrucción. Tendría munición de sobra para construir un escudo. Ha decidido, en cambio, dar peso prioritario a los flujos de dinero y a las cuentas bloqueadas, y restar visibilidad a las carencias procesales.
No es solo que no defienda a Zapatero. Es que renuncia explícitamente a herramientas que sí utiliza en otros frentes.
A nadie con memoria debería sorprenderle. PRISA suele cobrar sus deudas.
III. Agosto de 2009: la fractura
En agosto de 2009, en plenas vacaciones y por la vía urgente del Real Decreto-Ley, el Gobierno de Zapatero aprobó —en contra del dictamen previo del Consejo de Estado— la regulación de la TDT de pago. La medida permitió a Mediapro lanzar Gol TV y explotar comercialmente unos derechos del fútbol que disputaba encarnizadamente con Sogecable, filial audiovisual de PRISA.
El grupo arrastraba entonces una deuda corporativa superior a los 5.000 millones de euros, y el fútbol de pago a través de Digital+ era su principal garantía de solvencia. La irrupción de Gol TV por decreto asestó un golpe financiero del que Sogecable no se recuperó.
La reacción de la propia SER en aquel momento es el dato decisivo. En su informativo principal del 13 de agosto de 2009, la emisora denunció al aire que el Real Decreto se aprobaba «sin fundamento legal» y con «carácter de urgencia», y añadió una frase que merece reproducirse íntegra:
«La medida favorece, sobre todo, los intereses económicos y comerciales del grupo de comunicación al que pertenece la Sexta, la TV que dirigen varios amigos personales de Zapatero y Sebastián.»
Servicios informativos de la Cadena SER, 13 de agosto de 2009No es un detalle menor. La principal emisora del bloque progresista acusó en directo a un presidente socialista en activo de legislar para favorecer a sus amigos. Aquello no fue una discrepancia coyuntural: fue la fractura del viejo «PRISOE» y el final de la sintonía heredada de los gobiernos de Felipe González.
IV. El presidente que abrió la puerta a los competidores
El contexto es importante para entender qué tipo de presidente fue Zapatero para PRISA. Su Gobierno favoreció la aparición de nuevos actores en el espacio progresista: La Sexta alteró el equilibrio televisivo, Público disputó una parte del imaginario de izquierdas que el grupo había administrado casi en régimen de monopolio simbólico durante tres décadas.
No fue solo una diversificación mediática: fue una redistribución del poder de influencia. Zapatero no fue para PRISA un presidente socialista cualquiera. Fue el dirigente que intentó emancipar al PSOE de su tutela y abrió la puerta a sus competidores directos.
El subsuelo del poder mediático
Conviene decirlo con honestidad: la conexión entre la guerra del fútbol de 2009 y el tratamiento editorial de 2026 es una hipótesis interpretativa, no una certeza demostrable. No hace falta imaginar una consigna explícita ni una sala de mando donde alguien ordene no proteger a Zapatero. Las cosas no funcionan de manera tan burda. Funcionan por sedimentación, por cultura empresarial, por memoria histórica de grupo.
Por eso este episodio importa. No porque demuestre una conspiración, sino porque deja ver el subsuelo del poder mediático español. Bajo la superficie de la polarización hay una capa más antigua, menos visible y más material: la disputa por quién manda en la construcción del sentido común. Y Zapatero, durante un tiempo, tocó ese nervio.
El caso es además un recordatorio incómodo: en el régimen del 78 hay muchas más cuentas pendientes que las ideológicas. Tendemos a leer la política española como un choque permanente entre izquierda y derecha, pero por debajo de esa lectura operan deudas de otro tipo —empresariales, financieras, regulatorias, personales— que sobreviven a los gobiernos y condicionan silenciosamente lo que un medio decide amplificar, matizar u olvidar. Concesiones administrativas, adjudicaciones de licencias, decretos audiovisuales, rescates bancarios, indultos, nombramientos de reguladores, batallas por los derechos del fútbol o por el control de empresas estratégicas: cada una de esas decisiones dejó ganadores y perdedores que no olvidan. La memoria del poder en España no se organiza solo por bloques ideológicos. Se organiza también por agravios concretos.
La radio tiene memoria. Las ondas parecen desaparecer en el aire, pero no siempre se disuelven. Algunas quedan flotando durante años, suspendidas sobre los despachos y los consejos de administración. Y cuando llega el momento adecuado, vuelven a sonar.
PRISA no necesita declarar una guerra contra Zapatero. Le basta con no rescatarlo.
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