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Orden público. Ley Corcuera (1992, PSOE) → Ley Mordaza (2015, PP) → reformas anunciadas en 2023 y 2024 que siempre encallan en lo mismo: pelotas de goma, devoluciones en caliente, presunción de veracidad policial. Tres gobiernos, un núcleo intocado.
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Poder judicial. Cinco años de bloqueo del CGPJ presentados como guerra existencial. Pacto bilateral PSOE-PP en 2024: 5 vocales para APM, 3 para JJpD, 0 para la AJFV —la segunda asociación más numerosa de la carrera judicial—. El conflicto era escenario; el reparto era el plan.
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Frontera sur. Tarajal, 2014, PP: al menos 14 muertos. Melilla, 2022, PSOE: al menos 23 muertos. Las devoluciones exprés pasaron del 9,3% de las entradas (2017, Rajoy) al 11,1% (2020, Sánchez). El lenguaje cambia de la seguridad a los derechos humanos; la frontera no se mueve.
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OTAN. 1986: el PSOE, que llegó al poder criticándola, hace campaña por el "sí" en el referéndum. 2026: una propuesta para siquiera votar sobre la permanencia es rechazada por PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN juntos. Cuarenta años, el mismo límite.
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Deuda. Lo que tarda años o no llega nunca para los derechos sociales, tardó semanas para la deuda: en 2011, PSOE y PP reformaron la Constitución en tiempo récord, sin referéndum, para blindar el pago de la deuda con prioridad absoluta y fijar el déficit estructural en el 0,4% del PIB.
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Monarquía. Aquí ni hace falta encarecer: el artículo 56.3 hace que la pregunta no llegue siquiera a tramitarse. La Mesa del Congreso inadmite, con el voto conjunto de PP, PSOE y Vox, cualquier intento de investigar a la Corona.
Vivienda, modelo productivo, fiscalidad de las grandes fortunas, memoria del 78: la lista sigue, con la misma estructura.
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