Frente al derrotismo sobre el poder de lo social, son el Estado y sus propios enemigos quienes nos devuelven la medida exacta de esa fuerza: el kratos, la potencia que emerge desde abajo y que ningún poder puede comprar ni cooptar. Las infiltraciones preventivas son su reconocimiento involuntario.
El kratos que el sistema no puede nombrar
Hay una sensación extendida en la izquierda española que conviene nombrar antes de cualquier análisis: la de que no importamos demasiado. Que somos ruido marginal. Que las asambleas, los sindicatos de barrio, los colectivos de vivienda y las redes de solidaridad son, en el fondo, un folclore político bien intencionado pero irrelevante.
Hay un dato que desmiente esa sensación de forma brutal: el Estado nos espía. No como metáfora. Como hecho documentado, judicializado y debatido en sede parlamentaria.
Para entender por qué, hay que recuperar una distinción que los griegos formularon con precisión. Llamaban arché al poder que viene de arriba: el que se ostenta, se delega, se institucionaliza. Y llamaban kratos a algo diferente y más primario: la fuerza bruta del número, el peso de la masa cuando deja de ser pasiva. No es un concepto de eficacia táctica ni de organización estratégica. Es algo anterior a todo eso: la potencia de quienes son mayoría en el momento en que se mueven. El kratos no se construye. Irrumpe.
Las élites siempre han temido al kratos más que a ninguna otra amenaza. No porque sea violento, sino porque es irracional en el sentido más literal: no obedece a la lógica institucional, no tiene interlocutor único, no se puede comprar ni cooptar. Pueden negociar con partidos, absorber líderes, financiar sindicatos. No pueden negociar con una multitud que simplemente ha dejado de obedecer.
Lo que el poder detecta en una asamblea de barrio, en una red de solidaridad, en una huelga de docentes, no es necesariamente eficacia organizativa. Es algo más inquietante: la señal de que la masa puede activarse. Que la gente está dejando de asumir su problema como individual. Que el número está empezando a sentirse número. Eso, antes incluso de que haya plan, es el kratos. Y eso es lo que asusta.
Lo que los casos de 2026 demuestran
En mayo de 2026, El Salto destapó que una agente de la Policía Nacional había operado más de un año bajo identidad árabe falsa en colectivos madrileños: Anticapitalistas, BDS y el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Entró al calor de las protestas por Gaza. No había delito que investigar. Había organización que vigilar.
Casi simultáneamente, los Mossos d'Esquadra fueron descubiertos infiltrando a dos agentes en una asamblea de docentes que preparaban una huelga contra el propio Govern de Salvador Illa. El Parlament reprobó a la consellera de Interior y al director Trapero por "una grave vulneración de derechos fundamentales" sin "ningún tipo de justificación operativa".
Este segundo caso cierra cualquier coartada ideológica: no es la policía nacional bajo un gobierno de derechas. Son los Mossos. Es un ejecutivo progresista. La infiltración no responde a una sensibilidad política concreta. Es estructural: el Estado, sea quien sea quien lo gestione, tiende a vigilar la organización autónoma.
El hecho solo ya es el argumento
No hace falta demostrar qué pretende exactamente el Estado cuando infiltra una asamblea de maestros o un colectivo climático. Basta con que lo haga. El simple hecho de que recursos públicos se dediquen a espiar a gente que convoca manifestaciones, organiza huelgas o firma peticiones de boicot ya contiene la respuesta a la pregunta de partida.
No se vigila lo que no preocupa. No se construye una identidad falsa durante meses para monitorizar algo irrelevante. La infiltración preventiva —sin instrucción judicial, sin delito concreto, sin más justificación que la "seguridad pública"— es en sí misma la declaración de que hay algo ahí que el poder considera necesario contener.
La doble moral lo confirma. El Ministerio del Interior lleva años ignorando una resolución del Consejo de Transparencia que le exigía informar del número de policías infiltrados. Pero cuando el investigador Jorge Jiménez publicó un manual colectivo para detectar infiltrados, fue detenido y procesado. La Agencia de Protección de Datos amenazó con sanciones millonarias por difundir los nombres de funcionarios cuya pertenencia al CNP constaba en el BOE.
La intimidad de los ciudadanos es penetrable por razón de Estado. La identidad del Estado es inviolable frente a los ciudadanos.
La prueba invertida
Volvamos a la sensación de partida: la de que no importamos.
Si fuera verdad, no haría falta infiltrarnos.
Nadie construye una identidad falsa durante meses, la mantiene durante años y le dedica recursos presupuestarios para vigilar algo irrelevante. El Estado no infiltra lo que no teme. Y lo que teme no es la marginalidad ruidosa —esa puede ignorarse. Lo que teme es la organización estable: los vínculos que permiten actuar juntos, la memoria compartida que convierte una queja en estrategia, la confianza que hace posible que una asamblea decida y ejecute.
Son el Estado y sus propios aparatos quienes nos devuelven, sin quererlo, la medida exacta de esa fuerza. Cuando Interior dedica millones a espiar a activistas por Palestina, a ecologistas y a maestros en huelga, está haciendo una evaluación de amenaza. Y está concluyendo que hay algo ahí que merece ser contenido.
El miedo del Estado es el termómetro más fiable de tu propia fuerza.
El kratos no necesita victorias espectaculares para existir, ni siquiera un plan. Basta con que el número empiece a sentirse número. El poder lo sabe. Por eso espía.
Este análisis se apoya en investigaciones publicadas por El Salto, La Directa, El Diario y Público, así como en iniciativas parlamentarias registradas en el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya entre mayo y junio de 2026. El concepto de kratos como potencia colectiva desde abajo remite a la distinción griega clásica entre poder delegado (arché) y fuerza emergente (kratos).
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