Cuatro semanas de huelga pacífica y ejemplar. Cadenas humanas, sentadas, cánticos. La única violencia real: un policía empujó a una profesora jubilada. La administración valenciana respondió acusando a los docentes de violentos. Es el reflejo involuntario de un sistema que ha aprendido a gestionar el ritual y el simulacro —la protesta mansa que desfila, entrega un comunicado y vuelve a casa—, pero que ante una protesta social auténtica ya no sabe qué hacer.
El domingo 1 de junio, al término de la novena mesa de negociación en la Conselleria de Educación de Valencia, un agente de la Policía Nacional empujó por la espalda a una profesora jubilada de 68 años que caminaba tranquila frente al edificio. El vídeo lo recogió todo: la mujer caminando, el agente con casco que se dirige hacia ella, el empujón, la caída contra el asfalto. La profesora tuvo que ser atendida en un centro sanitario.
Era la cuarta semana consecutiva de huelga indefinida en la educación pública valenciana. Cuatro semanas de una protesta que los sindicatos, los medios y quienes la habían vivido describían como ejemplar: cadenas humanas rodeando la Conselleria, sentadas, cánticos, una movilización organizada y sostenida, con apoyo social creciente y sin incidentes reseñables.
Al día siguiente, en rueda de prensa, la consejera de Educación Carmen Ortí dijo esto: "No solo condeno la violencia de anoche, también la que se produjo sobre nosotros."
La operación está contenida en esa frase. No es una torpeza verbal. Es una lógica política.
Hay sistemas que no se derrumban cuando la gente deja de creer en ellos. Se derrumban cuando la gente deja de fingir que cree. Esa es la intuición central de Alexei Yurchak, antropólogo ruso estudioso del colapso soviético, en Everything Was Forever, Until It Was No More (Todo fue eterno hasta que dejó de serlo), su análisis del socialismo tardío. El sistema no funcionaba porque todos creyeran en sus consignas, sus rituales, sus ceremonias. Funcionaba porque casi todos seguían reproduciendo las formas. Se asistía a los actos, se repetía el lenguaje oficial, se cumplían los gestos. El sistema podía estar vacío por dentro, pero seguía pareciendo sólido mientras sus sujetos representaran correctamente el papel asignado.
No hace falta convertir Valencia en Moscú para aprender algo de esa lógica. La comparación literal sería absurda. La comparación estructural, en cambio, es útil: los sistemas decadentes, aunque sean muy distintos entre sí, tienden a parecerse en algo. Cuando pierden espíritu, se agarran desesperadamente a las formas.
La democracia liberal no fue solo un procedimiento. No era únicamente votar cada cierto tiempo, aceptar alternancias, respetar instituciones. También era una promesa material: estabilidad, ascenso social, servicios públicos, vivienda, futuro. La democracia no se sostenía solo por su forma jurídica, sino por una expectativa de vida mejor.
Ese espíritu se ha ido rompiendo. Lo que queda, cada vez más, es la cáscara: urnas, parlamentos, ruedas de prensa, mesas de negociación, apelaciones constantes a la responsabilidad. Todo sigue funcionando formalmente. Todo conserva su lenguaje. Pero la promesa material que daba vida a esas formas se ha debilitado hasta el extremo.
La democracia postconsumista ya no puede garantizar lo que prometía. Pero sí puede exigir que todos sigan comportándose como si el pacto siguiera en pie.
La protesta que el poder tolera y la que no puede tolerar
La protesta aceptable para este tipo de sistema es la protesta mansa y ritual: la que confirma el decorado democrático, la que desfila, grita, entrega un comunicado y vuelve a casa. Esa protesta no amenaza al poder. Incluso le resulta útil, porque demuestra que el sistema tolera el disenso.
Hay otra protesta. La que no se limita a expresar malestar sino que intenta producir consecuencias. La que ocupa espacio durante más tiempo del previsto. La que interrumpe actos. La que convierte una queja dispersa en sujeto colectivo. La que no se limita a decir estamos descontentos, sino que obliga a responder a la pregunta que el poder quiere evitar: ¿qué vais a hacer?
Los docentes valencianos llevaban cuatro semanas haciendo exactamente eso. Sin violencia. Con una organización y una persistencia poco habituales en la protesta social española reciente. Y el único episodio de violencia real en todo ese tiempo fue la caída de una profesora jubilada contra el asfalto, empujada por un policía.
La consejera Ortí convirtió ese episodio en empate.
La inversión moral
La acusación de violencia cumple una función política precisa. No describe necesariamente la realidad de la protesta. La recoloca. La saca del terreno del conflicto social y la introduce en el terreno del orden público. Ya no se discute qué reclaman los docentes, qué está ocurriendo en la escuela pública valenciana o qué responsabilidad tiene la administración. Se discute si los manifestantes se han pasado.
Ese desplazamiento es decisivo. Cuando el poder consigue que el debate pase del deterioro de la educación pública al comportamiento de quienes protestan, ya ha ganado una parte de la batalla. El foco se mueve de la causa al síntoma.
No es violencia deteriorar servicios públicos. No es violencia exigir vocación a trabajadores saturados. No es violencia convertir la paciencia de los docentes en recurso presupuestario. Violencia, nos dicen, es protestar contra eso de una forma que moleste.
Yurchak vio algo parecido en otro mundo histórico. Cuando el espíritu desaparece, la forma se vuelve sagrada. Ya no importa tanto creer como repetir. Ya no importa tanto que el lenguaje diga algo verdadero como que siga ocupando el lugar que debe ocupar.
En las democracias postconsumistas ocurre algo semejante con el lenguaje democrático. Se habla de diálogo, pero muchas veces se quiere decir desgaste. Se habla de responsabilidad, pero muchas veces se quiere decir obediencia. Se habla de protesta legítima, pero solo se reconoce como legítima aquella que no presiona lo suficiente para cambiar nada.
Lo que se criminaliza, en el fondo, no es la protesta. Es la pretensión de que la democracia tenga consecuencias.
Lo que Valencia revela
Por eso la frase de la consejera Ortí importa más allá de su torpeza aparente. Al equiparar la violencia policial sobre una profesora con las supuestas "violencias" de una huelga legítima, no comete un error. Ejecuta una operación: la administración deja de estar bajo examen y coloca bajo examen a los manifestantes. Ya no se pregunta qué medidas reales se han adoptado, qué condiciones han cambiado, qué compromisos se han cumplido. Se pregunta si los docentes han molestado demasiado.
Una democracia viva no teme la protesta que incomoda. La escucha, la discute, la negocia. Una democracia agotada necesita convertir la incomodidad en amenaza, porque ha olvidado que la presión social forma parte de la democracia cuando la democracia aún tiene algo de vida.
Lo que Valencia muestra no es la violencia de los profesores.
Es la fragilidad de un sistema que ya solo sabe defender sus formas contra quienes le exigen contenido.
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