El estómago y no las ideas es el motor de las revoluciones

OPINIÓN · HISTORIA · REVOLUCIÓN FRANCESA

Tercera entrega de la serie sobre la Revolución francesa: el hambre que la hizo posible y la ley que la memoria cívica decidió olvidar.

Este artículo cierra una serie de tres textos dedicada a recuperar la dimensión popular y material de la Revolución francesa. En el primero, «Lo que la Revolución francesa esconde», vimos cómo el relato heredado ha reducido la participación del pueblo a una sucesión de estallidos violentos, ocultando su capacidad para organizarse, deliberar e imponer una política propia. En el segundo, «Termidor: cuando la revolución se vuelve contra el pueblo», analizamos cómo esa fuerza popular fue finalmente desarmada y cómo la Revolución acabó volviéndose contra quienes habían proporcionado el impulso necesario para hacerla posible.

Queda, sin embargo, una cuestión fundamental: ¿qué puso realmente en movimiento a ese pueblo? La Ilustración proporcionó a la Revolución buena parte de su lenguaje, pero no su fuerza. El krátos capaz de derribar el Antiguo Régimen no salió de los libros ni de los salones, sino de unas masas empujadas a la acción por una necesidad mucho más elemental: el hambre. Sin sus cuerpos en las calles, las grandes ideas revolucionarias habrían seguido siendo ideas.

Y esa pregunta no es solo histórica. Es una pregunta sobre qué se nos permitió heredar de la Revolución y qué no. Porque de todo lo que el pueblo conquistó con su hambre, solo una parte pasó a formar parte del legado aceptable: la igualdad ante la ley, la ciudadanía, la soberanía nacional. Lo que exigió ir más allá —que la vida estuviera por encima de la propiedad— fue silenciosamente descartado de esa memoria cívica, precisamente porque no era compatible con el orden que se construyó después. Este tercer artículo trata de recuperar ambas cosas: el hambre que hizo posible la Revolución y el principio político que aquella hambre consiguió convertir en ley, antes de que se decidiera que era mejor olvidarlo.

En un vistazo

→ El motor no fue la idea, fue el hambre: en 1789 el gasto en pan llegó a absorber más de las tres cuartas partes del salario de un trabajador.

→ El pueblo ya resolvía el problema por su cuenta —la taxation populaire— antes de que existiera ninguna ley, y las autoridades lo perseguían como delito.

→ La Convención legalizó esa exigencia el 29 de septiembre de 1793, pero con una fórmula centralizada que aplicó mal, sobre todo en la propia París, la ciudad que la había impuesto con las armas.

→ Su derogación en 1794 trajo hambruna, no prosperidad, y la memoria cívica conservó la igualdad y la ciudadanía, pero descartó el principio que amenazaba a la propiedad.

Las ideas no toman fortalezas

La historia oficial suele explicar la Revolución francesa como el resultado político de la Ilustración. Voltaire, Rousseau y Montesquieu habrían erosionado intelectualmente el Antiguo Régimen; la burguesía habría transformado aquella crítica en un programa político; y el pueblo habría aparecido después como ejecutor material, unas veces heroico y otras brutal, de una revolución concebida por otros.

El relato contiene una parte de verdad, pero invierte el orden de las fuerzas. Las ideas podían deslegitimar el absolutismo, formular nuevos derechos y concebir otra fuente de soberanía. Lo que no podían hacer era tomar la Bastilla, marchar sobre Versalles, asaltar las Tullerías, cercar la Convención ni derrotar físicamente a quienes defendían el viejo orden.

Una revolución no se produce cuando una idea es verdadera, sino cuando existe una fuerza capaz de imponerla.

Los intelectuales proporcionaron conceptos. Los juristas redactaron constituciones. Los representantes pronunciaron discursos. Pero el poder material que quebró las instituciones del Antiguo Régimen procedía de quienes ocuparon las calles, se armaron y estuvieron dispuestos a enfrentarse a soldados y autoridades.

Sin ellos no habría habido Revolución, sino crítica ilustrada de salón. Quizá reformas parciales, alguna concesión real o una modernización administrativa, pero no el derrumbe de un orden construido durante siglos.

Lo que puso al pueblo en movimiento

Quienes arriesgaron su vida no salieron a la calle para resolver una controversia sobre la división de poderes ni para decidir si la soberanía debía residir en el rey, en la nación o en la voluntad general. Esas formulaciones podían dar sentido político a la rebelión, pero no explican la energía social que la sostuvo.

El motor era mucho más inmediato: el pan.

En 1788, una mala cosecha agravó una crisis económica que ya golpeaba a las clases populares. Los cálculos de Ernest Labrousse situaron el gasto habitual en pan alrededor de la mitad del presupuesto de un trabajador; durante los meses de mayor carestía de 1789 llegó a absorber más de las tres cuartas partes de sus ingresos. Su investigación sobre precios, salarios y coste de la vida mostró, como resume el historiador Claude Michaud al comentar su obra, la «influencia provocadora» de los precios y los salarios sobre el desencadenamiento y el ritmo de la Revolución (Persée, Ernest Labrousse: Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle).

Cuando casi todo el salario debía destinarse al pan, cualquier subida dejaba de ser una oscilación del mercado. Marcaba la frontera entre comer y no comer.

El problema no desapareció con la caída de la monarquía. Durante 1792 y 1793, la guerra, la depreciación del asignado, las dificultades de abastecimiento y el acaparamiento real o supuesto volvieron a disparar los precios. La Revolución había proclamado derechos universales, pero seguía sin garantizar el acceso a los alimentos más elementales.

Desde los despachos, la libertad comercial podía presentarse como una conquista contra las regulaciones del Antiguo Régimen. Desde las colas ante las panaderías, significaba la libertad del comerciante para retener el grano, esperar una subida y venderlo a quien pudiera pagarlo.

Eso fue lo que convirtió la escasez en conflicto político. El hambre dejó de percibirse como una desgracia natural y comenzó a entenderse como el resultado de unas decisiones humanas. El pueblo defendía que las autoridades debían garantizar el abastecimiento y que ningún comerciante podía invocar la libertad económica para enriquecerse con el hambre.

Si había grano, pero no podía comprarse; si unos acumulaban mientras otros pasaban hambre; si el derecho del propietario impedía a la comunidad asegurar su supervivencia, entonces el problema ya no era la fatalidad. Era el orden social.

Y frente a ese orden social, el pueblo no esperó pasivamente a que llegara una ley. Allí donde el hambre apretaba, aplicó por su cuenta el mismo principio que la Revolución tardaría meses en legislar: fijaba el precio justo del grano, obligaba a los comerciantes a vender a esa tasa y organizaba el reparto sin esperar autorización de nadie. Fue lo que se conoció como la taxation populaire — y tanto el Antiguo Régimen como los primeros años de la propia Revolución la trataron como lo que era para las autoridades: un delito. Los motines de subsistencia se reprimían, a veces con la cárcel, a veces con la horca. Esa es la distancia real entre la práctica y la ley, y es también lo que estaba en juego en la lucha que llevó al Máximum: no inventar el principio, que el pueblo ya aplicaba por su cuenta, sino conseguir que el Estado dejara de perseguirlo como crimen y lo reconociera como derecho.

La libertad de dejar morir

La burguesía revolucionaria había convertido la propiedad en uno de los derechos fundamentales del nuevo régimen. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 la definió como un derecho «inviolable y sagrado». Era una ruptura con el sistema señorial, pero también el fundamento del nuevo orden que estaba naciendo.

Para las clases populares, aquella libertad contenía una contradicción intolerable. ¿Podía considerarse sagrado el derecho de un individuo a disponer de sus bienes cuando su ejercicio condenaba a otros al hambre? ¿Era legítima una propiedad que permitía especular con aquello que los demás necesitaban para seguir vivos?

Los sans-culottes no aspiraban necesariamente a abolir toda propiedad. Entre ellos había artesanos, pequeños comerciantes, tenderos, asalariados y maestros de taller. Defendían con frecuencia la propiedad ligada al trabajo personal. Lo que rechazaban era su transformación en un poder ilimitado sobre la comunidad: el acaparamiento, la especulación y el enriquecimiento construido sobre la necesidad ajena.

Jacques Roux, una de las principales voces de los Enragés, expresó esta acusación ante la Convención el 25 de junio de 1793:

«La libertad no es más que un vano fantasma cuando una clase de hombres puede matar de hambre a la otra impunemente».

La igualdad también era una ficción, añadía, cuando el monopolio permitía al rico ejercer sobre sus semejantes un poder de vida y muerte (Jacques Roux, Manifiesto de los Enragés).

La frase iba directamente al centro de la contradicción revolucionaria. La libertad política no valía nada si la propiedad otorgaba a una clase la capacidad material de decidir sobre la existencia de otra. Quien controlaba aquello que los demás necesitaban para vivir podía ejercer sobre ellos una soberanía más real que la proclamada en cualquier constitución.

La libertad comercial llevada hasta sus últimas consecuencias se convertía así en la libertad de dejar morir.

Robespierre había formulado unos meses antes la traducción jurídica de esa exigencia. En su discurso sobre las subsistencias del 2 de diciembre de 1792 sostuvo que el primer derecho era el derecho a existir y que la primera ley social debía garantizar a todos los miembros de la sociedad los medios necesarios para conservar la vida. Los alimentos indispensables no podían tratarse como mercancías ordinarias ni quedar sometidos a las mismas reglas que los bienes de los que se podía prescindir (Maximilien Robespierre, Discurso sobre las subsistencias).

El fundamento político del Máximum ya estaba planteado: antes que el derecho a comerciar está el derecho a existir.

Cuando el hambre impone la ley

La idea precedió a la ley, pero no bastó para producirla. El 4 de mayo de 1793 se aprobó un primer Máximum aplicado fundamentalmente a los cereales. La medida resultó insuficiente. La crisis continuó y las secciones parisinas, los sans-culottes, los Enragés y otros sectores radicales intensificaron la presión contra el acaparamiento y en favor de unos precios accesibles.

Las jornadas del 4 y 5 de septiembre llevaron esa presión hasta las puertas de la Convención. El pueblo armado no compareció como espectador de la política, sino como el poder material que obligaba a los representantes a actuar. La Convención no descubrió entonces que el pueblo tenía hambre. Descubrió que el hambre había adquirido organización, lenguaje y armas.

El 29 de septiembre de 1793 se aprobó la Ley del Máximum General. La medida no nació solo de esa presión popular: coincidió también con las urgencias de una economía de guerra que necesitaba requisar grano y suministrar a un ejército en movilización total, y para la que el control de precios era una herramienta de supervivencia militar tanto como social. Que incluso el Estado en guerra concluyera que no podía gobernar sin domesticar el mercado no debilita el argumento popular: lo confirma desde otro ángulo.

Pero la ley recogió la exigencia popular con una lógica distinta a la que la había producido. La taxation populaire fijaba el precio en cada mercado, ajustado a la cosecha, la distancia y la escasez real del lugar. La Convención, en cambio, impuso una fórmula única para todo el país: el precio de 1790 más un tercio, con un recargo por transporte calculado departamento a departamento desde París. Era una norma pensada para gobernar desde el centro lo que el pueblo llevaba meses resolviendo desde el propio mercado. En ningún sitio se notó tanto como en la capital: París dependía de grano transportado desde departamentos lejanos, y el recargo fijado por la fórmula no cubría ese coste real. Muchos productores prefirieron no vender en el mercado parisino antes que hacerlo por debajo de coste, y las mismas secciones que habían impuesto el Máximum con las armas fueron de las primeras en sufrir su desabastecimiento.

La norma establecía límites para los precios de numerosos productos de primera necesidad y regulaba también los salarios. No abolía la propiedad privada ni eliminaba el mercado, y esa segunda parte —el maximum des salaires— acabaría volviéndose contra quienes habían impuesto la ley. El 5 de termidor del año II (23 de julio de 1794), cuatro días antes de la caída de Robespierre, la Comuna de París, ya depurada de Enragés y hebertistas, aplicó una tarifa salarial que recortó de forma drástica los ingresos de los trabajadores parisinos: los carpinteros pasaron de 8 libras a un tope de 3 libras y 13 sueldos; los canteros, de 5 libras a 3 libras y 8 sueldos; los herreros de los talleres de armas, de 16 libras y 10 sueldos a 5 libras y 5 sueldos. Cuando las secciones populares, que habían impuesto el Máximum con las armas, vieron que ese mismo instrumento se usaba para disciplinar sus salarios, dejaron de sentirlo como propio. Es una de las razones por las que apenas se movilizaron para defender a Robespierre el 9 de termidor.

Pero eso no anula el significado fundamental de la ley de septiembre. La Revolución había aceptado que el precio de los bienes indispensables no podía quedar enteramente sometido al mercado. La comunidad política se atribuía el derecho a intervenir cuando la búsqueda del beneficio amenazaba la supervivencia colectiva. El acaparamiento dejaba de ser una simple conducta comercial para convertirse en una agresión contra la República.

El hambre se había convertido en conciencia política; la conciencia, en movilización; la movilización, en poder; y el poder popular, finalmente, en ley.

La conquista que debía olvidarse

La memoria cívica posterior conservó de la Revolución francesa aquello que podía integrarse en el nuevo orden burgués: la igualdad ante la ley, la ciudadanía, la representación política, la soberanía nacional y la libertad individual. Todos esos principios podían convivir con una sociedad organizada alrededor de la propiedad privada y el beneficio.

La Ley del Máximum resultaba mucho más incómoda. No fue borrada del conocimiento histórico —la historiografía profesional, de Albert Mathiez a Florence Gauthier, la ha estudiado en detalle durante un siglo—, pero sí fue apartada de la memoria pública, la que se enseña y se hereda como legado cívico de la Revolución. Ahí quedó vinculada al relato del Terror y presentada como una anomalía económica provocada por la guerra y la radicalización política. Fue Hippolyte Taine, desde la historiografía liberal del siglo XIX, quien fijó esa lectura: el Máximum como aberración autoritaria, no como principio político. Sus problemas reales —el desabastecimiento que golpeó primero a la propia París, el mercado negro, la aplicación desigual de una fórmula pensada para gobernar desde el centro lo que el pueblo ya regulaba desde el mercado— permitieron desacreditar no solo la medida, sino el principio que contenía.

Ese principio era demasiado peligroso para el mundo que nació después: si una sociedad dispone de los recursos necesarios, nadie debería poder apropiárselos hasta el punto de impedir la supervivencia de los demás.

La prueba de que el problema era el principio, y no su ejecución técnica, llegó con su derogación. El 24 de diciembre de 1794, la Convención ya dominada por los sectores liberales abolió el Máximum General y reinstauró la libertad ilimitada de comercio. No llegó la prosperidad prometida por el libre mercado. Llegó el colapso del asignado, la escalada de precios y una hambruna severa durante el invierno de 1794-1795. El pueblo había conseguido convertir la necesidad en derecho. El nuevo orden, en cuanto pudo, volvió a convertirla en fatalidad.

Los cuerpos y las palabras

La Revolución francesa fue también una revolución de ideas. Negarlo sería absurdo. Pero fueron cuerpos concretos, castigados por la carestía, los que proporcionaron la fuerza necesaria para destruir el viejo orden, y fue ese mismo pueblo el que, durante un instante excepcional, consiguió escribir en la ley una conclusión que el orden posterior se ha esforzado en neutralizar:

La vida humana está por encima de la propiedad, y el derecho a comer está por encima del derecho a enriquecerse.

Y en la propia historia del Máximum late una advertencia que va más allá del siglo XVIII: la facilidad con que una élite, incluso salida del propio pueblo, convierte en instrumento de poder aquello que nació como conquista desde abajo. La fórmula centralizada que acabó desabasteciendo a París y la tarifa salarial que golpeó a los trabajadores en pleno Año II no fueron accidentes aislados ni desviaciones técnicas: fueron el mismo gesto repetido dos veces, el de una administración que toma una exigencia popular, la reformula desde arriba atendiendo a otros cálculos —de gobierno, de guerra, de disciplina social— y termina aplicándola contra quienes la habían impuesto con las armas. El pueblo conquista; el poder administra; y entre una cosa y otra, con demasiada frecuencia, se pierde justo aquello por lo que se había luchado.