Cuando los partidos usan el Estado como recurso y barrera de entrada, la democracia sigue siendo competitiva, pero el terreno de juego se diseña para proteger a los insiders.
Hay una forma incómoda —pero bastante precisa— de describir cómo funciona la democracia española: como un club donde puedes competir, sí, pero el propio club decide las cuotas, reparte la llave de la caja, controla parte del escaparate y nombra a los árbitros. Eso no convierte el sistema en "falso". Lo convierte en autoprotegido.
La tesis es simple: España no es solo una democracia parlamentaria nacida en 1978; funciona, además, como un sistema donde los grandes partidos operan como un "cártel". No en el sentido conspirativo de una sala oscura, sino en el sentido politológico preciso: partidos que, una vez instalados, usan el Estado como fuente de recursos y como marco regulatorio para estabilizarse, limitar la competencia y convertir la política en una profesión autorreferencial.
Esto no significa que "todo sea mentira", ni que "todas las elecciones den igual". Significa algo más incómodo: el pluralismo existe, pero el terreno de juego está diseñado —y se rediseña— de forma que favorece sistemáticamente a los insiders.
En un vistazo: Este artículo defiende que el régimen del 78 ha desarrollado un patrón de cartelización: partidos dominantes que usan recursos del Estado, reglas electorales, regulación mediática y control de nombramientos para estabilizar su posición y elevar barreras de entrada. La tesis se apoya en el concepto de "partido cártel" de Katz y Mair, y se comprueba con datos concretos de financiación pública (78-81% de los ingresos), diseño electoral, acceso mediático y reparto de órganos institucionales. El resultado: una democracia competitiva que incorpora mecanismos estructurales de autoprotección para los insiders.
Qué es un "partido cártel" y de dónde sale el concepto
El concepto lo formulan Richard S. Katz y Peter Mair en los años noventa. Su idea central: en ciertas democracias maduras, los partidos dominantes dejan de ser sobre todo organizaciones sociales (militancia, sindicatos, asociaciones) y pasan a ser agencias semiestatales: viven de recursos públicos, se profesionalizan, se cierran y compiten menos por proyectos sociales distintos y más por gestionar el mismo marco.
Katz lo "reformula" después con una frase que resume todo: el cártel es cuando los partidos "emplean recursos del Estado para limitar la competencia política y asegurar su propio éxito electoral".
En el modelo, el cártel no requiere que los partidos se lleven bien ni que no se insulten: requiere que compartan reglas de supervivencia.
Idea clave: La lógica del partido de masas es "dependo de la sociedad"; la lógica del partido cártel es "dependo del Estado".
Cómo funciona el cártel: el mecanismo, no el eslogan
El "cártel" se sostiene por una combinación bastante reconocible:
Financiación pública estable (y diseñada para premiar representación previa). Reglas electorales que elevan barreras de entrada (distritos pequeños, umbrales, fórmulas de reparto). Acceso mediático regulado que, en campaña, reproduce jerarquías previas. Control de nombramientos y órganos clave mediante cuotas parlamentarias. Profesionalización: menos partido-sociedad, más partido-Estado.
Este es el molde. Ahora, lo importante es comprobar si España encaja.
La pieza clave en España: el Estado como "financiador de los insiders"
Aquí el encaje es directo. La Ley Orgánica 8/2007 establece que el Estado otorgará "subvenciones anuales no condicionadas" a los partidos con representación en el Congreso, con cargo a los Presupuestos Generales, para gastos de funcionamiento.
Eso es exactamente "Estado como recurso": una estructura de ingresos estable para quien ya está dentro. Y además, la asignación se vincula a resultados/representación previos, reforzando la inercia (asientos y votos como llave de acceso a recursos).
No hace falta demonizarlo: toda democracia financia algo. El punto cártel es otro: cuando el diseño convierte ese apoyo en una ventaja competitiva estructural para los que ya dominan.
Dato clave: Según un análisis de Newtral (a partir de las cuentas rendidas y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas), en 2023 el 81% de los ingresos de los partidos fueron de origen público y en 2024 el 78%.
Para aterrizarlo todavía más: Gardena, trabajando también con cifras de fiscalización del Tribunal de Cuentas, muestra porcentajes de dependencia pública muy altos en partidos grandes (por ejemplo, en su desglose: PSOE ~80%, PP ~69%, Vox ~83%; y en otros, todavía más).
Esto importa por un motivo muy simple: cuando tu oxígeno depende del presupuesto público y de la representación previa, "perder escaños" ya no es solo perder poder; es perder financiación y estructura. Y eso empuja a comportamientos defensivos.
Detalle que refuerza la tesis: La propia LO 8/2007, además, restringe la financiación privada: fija límites a las donaciones y prohíbe las donaciones de personas jurídicas, entre otras reglas. O sea: el Estado no solo "da"; también acota parte de las vías alternativas.
El diseño electoral del 78: competencia, sí; entrada fácil, no
España vota en circunscripciones provinciales. Y lo decisivo no es solo "D'Hondt", sino el paquete completo:
Cada provincia es circunscripción (y Ceuta y Melilla también). Cada provincia tiene un mínimo inicial de 2 diputados (Ceuta y Melilla 1). Eso reduce la proporcionalidad efectiva porque baja el tamaño medio del distrito en muchas provincias. En el reparto de escaños al Congreso, se excluye a candidaturas que no alcancen al menos el 3% de votos válidos en la circunscripción. La atribución de escaños se hace con el método D'Hondt (la propia ley lo describe con su ejemplo).
Efecto neto: premia a fuerzas grandes en voto disperso y a fuerzas territoriales con voto concentrado; castiga a fuerzas pequeñas dispersas. Esto no es opinión; es una constatación clásica en la investigación sobre el sistema electoral español.
Traducido al lenguaje cártel: el sistema no impide que entren otros, pero hace que entrar sea caro, lento y dependiente de shocks.
Si quieres un ejemplo brutal (y fácil de entender): en 2008, Izquierda Unida obtuvo cerca de 970.000 votos y solo 2 escaños, mientras Coalición Canaria logró 2 escaños con unos 174.000 votos. No es que "hicieran trampa": es la combinación de tamaño de distrito + concentración territorial + fórmula.
Y en 2015, cuando irrumpen fuerzas nuevas, se ve el mismo patrón desde otro ángulo: el coste en votos por escaño no se reparte de forma homogénea; depende muchísimo del mapa provincial, y eso penaliza a quien tiene voto repartido pero no concentrado.
Medios en campaña: jerarquías previas convertidas en "minutos"
Aquí el encaje es todavía más literal, porque la LOREG estructura cómo se distribuye propaganda gratuita y cómo opera la autoridad electoral.
La ley prohíbe contratar publicidad electoral en medios públicos (y también en TV privada) y establece espacios gratuitos en RTV pública. La distribución de esos espacios se hace atendiendo a los votos de elecciones anteriores equivalentes.
Y, clave institucional: la Comisión de Radio y Televisión que propone la distribución se integra con un representante de cada partido con representación en el Congreso, y votan ponderadamente según la composición de la Cámara. Esto no es interpretación: está literalmente en el artículo 65 de la LOREG.
Además, la ley fija que la Junta Electoral tenga en cuenta preferencias "en función del número de votos" previos para ordenar la emisión.
Esto no es "censura": Es otra cosa: el sistema electoral-mediático incorpora la ventaja acumulada del pasado dentro de la campaña presente. Para un outsider, la campaña empieza ya perdiendo.
Colonización institucional: cuando el reparto de poder se vuelve reparto de órganos
Un sistema cártel no se mide solo por dinero y escaños. También por quién nombra a quién.
El CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) es, constitucionalmente, el órgano de gobierno de jueces y magistrados (artículo 122). En la práctica normativa vigente, la designación de sus vocales se hace por las Cortes, con elección por mayoría de tres quintos en cada Cámara.
Y en medios públicos pasa algo parecido: la ley de RTVE fija un esquema de elección parlamentaria del órgano de gobierno, con candidatos propuestos por grupos parlamentarios.
De nuevo: no hace falta convertir esto en "conspiración". Basta con ver la lógica: si los partidos controlan la llave de órganos estratégicos, el sistema se vuelve un ecosistema de cuotas. Y eso es un rasgo típico de cartelización: interpenetración partido–Estado.
Dato visible: Cuando no hay acuerdo entre los grandes, el sistema se bloquea. El caso más claro ha sido la renovación del CGPJ, cuyo mandato estuvo caducado durante años hasta el acuerdo de 2024, precisamente porque el mecanismo depende del pacto entre las fuerzas con capacidad de sumar mayorías cualificadas.
El cierre del circuito profesional: puertas giratorias como extensión del cártel
La profesionalización que mencionábamos se cierra con una salida "natural" del político hacia sectores regulados. Esto refuerza la idea de que la política es una profesión autorreferencial: entras, haces carrera dentro del ecosistema Estado-partido y sales a entornos donde el Estado regula y reparte rentas.
En España existe un marco legal que intenta poner freno (periodo de "enfriamiento" de dos años y control de conflictos), como recoge la Ley 3/2015 sobre el ejercicio del alto cargo.
Pero el propio funcionamiento del sistema muestra la grieta: la Oficina de Conflictos de Intereses puede autorizar compatibilidades y hay un flujo constante de autorizaciones y fichajes hacia grandes empresas (energía, defensa, telecom, consultoría), documentado de forma recurrente por prensa económica.
Y cuando se baja al detalle sectorial, proyectos de investigación periodística como YoIBEXtigo (La Marea) han inventariado decenas y decenas de casos en grandes energéticas y monopolios naturales o cuasi-monopolios, justo donde la regulación importa más.
Aplicación al régimen del 78: cuándo cuadra y cuándo deja de cuadrar
Dónde cuadra con fuerza
Cuadra especialmente en el ciclo largo donde el sistema fue dominado por dos grandes partidos estatales (con bisagras territoriales). Ahí el patrón cártel es reconocible:
Recursos públicos regulares para quien tiene representación. Reglas electorales con barreras de entrada efectivas. Campañas y propaganda con distribución basada en resultados previos y órganos donde pesan los partidos con escaños (LOREG, art. 65). Reparto parlamentario de piezas institucionales clave, con incentivos al bloqueo cuando no hay pacto. Cierre del circuito profesional, con pasarelas hacia sectores regulados pese a las salvaguardas formales.
En conjunto: El "régimen del 78" puede leerse como democracia competitiva + estructura de autoprotección de los partidos instalados.
Dónde hay que matizar
Desde la crisis económica y la ruptura del bipartidismo, el "cártel" se tensiona: entran nuevos actores, cambia la aritmética, el sistema se fragmenta. Pero ojo: que entren nuevos no elimina la lógica cartelizada si los incentivos básicos (financiación, reglas, nombramientos, accesos) siguen ahí.
De hecho, esto encaja con una lectura típica del modelo: el cártel puede "romperse" o puede ampliarse (se incorporan nuevos actores a las mismas reglas y a la misma dependencia del Estado). En el lenguaje de Mair, el problema de fondo es el mismo: partidos cada vez más "clase política profesional", cada vez menos conectados con sociedad.
Conclusión: el precio de la autoprotección institucional
¿Se puede decir que el régimen del 78 es un "régimen de partidos cártel"? Sí, si lo dices con precisión:
El régimen del 78 ha desarrollado —sobre todo durante su fase de bipartidismo— un patrón claro de cartelización: partidos dominantes que usan recursos del Estado, reglas electorales, regulación mediática y control de nombramientos para estabilizar su posición y elevar barreras de entrada.
Y ahora la parte políticamente explosiva: la cartelización no necesita consenso social para sobrevivir; necesita presupuesto, normas y control institucional. Por eso produce un subproducto que contribuye a la desafección. Cuando el partido ya no depende de cuotas y militancia para sostenerse —porque depende sobre todo del Estado— rompe el cordón umbilical con la sociedad civil.
Ahora bien, sería excesivo atribuir toda la desafección política española a este mecanismo. La crisis económica de 2008-2014, con su impacto brutal en empleo y bienestar, jugó un papel central en erosionar la confianza institucional. Los casos de corrupción recurrentes (Gürtel, ERE, Púnica, etc.) golpearon directamente la legitimidad del sistema. Y los cambios generacionales —con cohortes menos vinculadas emocionalmente al relato fundacional del 78— también explican parte del distanciamiento. La cartelización es coherente con la evidencia de dependencia de ingresos públicos y con la deriva profesionalizante descrita por la literatura sobre el tema, pero opera dentro de un paisaje más amplio de causas.
Y aquí engancha la pregunta de la polarización. Un sistema cartelizado puede convivir con una polarización alta porque la polarización es, muchas veces, competencia simbólica sobre un marco compartido: se grita mucho, pero el suelo institucional y las reglas de supervivencia no se tocan.
Desarrollando esta idea: la polarización afectiva (el rechazo emocional al "otro bando") puede crecer precisamente porque la competencia real —sobre cómo se reparten recursos, cómo se accede al Estado, qué barreras protegen a los insiders— está fuera de la mesa. Lo que queda es la disputa identitaria, cultural, simbólica. Es la paradoja del cártel: cuanto más protegido está el marco, más teatral se vuelve la pelea dentro de él. Y cuando los votantes perciben que nada cambia estructuralmente pese a la bronca mediática, la reacción típica es la que describe la literatura sobre "cartel parties" y crisis de representación: cierre institucional arriba, frustración abajo, y desplazamientos hacia outsiders, abstención, cinismo y, sí, más polarización afectiva. No es que la polarización "pruebe" la cartelización, pero sí son fenómenos compatibles: uno puede ser síntoma de que el otro funciona demasiado bien.
El precio de la autoprotección: Cuando el sistema se protege demasiado bien, acaba generando el combustible de quienes prometen "reventarlo".
Comentarios
Publicar un comentario