Venezuela antes de 1999 no era un paraíso perdido: era una vitrina de modernidad sostenida por petróleo, con más de la mitad del país viviendo fuera de esa vitrina, en la más absoluta de las pobrezas.
No se trata de idealizar a Chávez ni de absolver lo que vino después. Se trata de poner el punto de partida donde corresponde. Porque si el "antes" se pinta como un paraíso, el chavismo aparece como una anomalía; y si el "antes" se mira de frente, el chavismo aparece como respuesta (con aciertos reales en sus primeros años y con un deterioro posterior que también hay que nombrar).
En un vistazo: Este artículo recuerda que Venezuela antes de 1999 no era el paraíso que algunos pintan. Era un país petrolero con pobreza mayoritaria (55,6% de hogares en 1997), desigualdad alta, y un Estado cada vez menos capaz de redistribuir la renta petrolera. El Caracazo de 1989 y la crisis bancaria de 1994 no fueron accidentes: fueron síntomas de un modelo agotado. Chávez no causó el colapso, fue su beneficiario. Durante sus primeros años logró reducir la pobreza significativamente, pero gestó un modelo igualmente insostenible. La batalla por la memoria no es académica: es política. Criticar el chavismo desde la mentira de un "pasado idílico" es borrar a los millones que nunca estuvieron dentro de esa vitrina.
El pacto de Punto Fijo: estabilidad para unos, exclusión para muchos
Durante décadas, Venezuela vendió al exterior una imagen de democracia estable en una región de dictaduras. Pero esa estabilidad se apoyaba en un sistema de reparto de poder entre partidos y élites, con una economía rentista donde el petróleo lo determinaba todo: el presupuesto, la moneda, la importación de alimentos, la paz social y la corrupción.
Ese sistema evolucionó hacia lo que politólogos han descrito como partidocracia: un esquema donde dos partidos, AD y COPEI, terminan controlando en gran medida instituciones y canales de representación (incluyendo sindicatos y asociaciones), y donde la legitimidad democrática se ata a una condición material muy concreta: la capacidad del Estado de "repartir renta" y sostener bienestar.
El resultado estructural fue una modernidad desigual: urbanización rápida, consumo para capas medias, y una enorme periferia de pobreza. No es casual que la economía entrara en un declive secular mucho antes de 1999: el pico del PIB per cápita se alcanzó en 1977–1978 y, para 1998, el PIB per cápita real había retrocedido a niveles comparables a los de 1963 (una pérdida efectiva de décadas de progreso material).
Pobreza masiva: el país rico con mayoría pobre
Aquí no valen adjetivos: valen cifras.
En 1997, en pleno ciclo final del régimen previo a Chávez, más de la mitad de los hogares venezolanos vivía en pobreza (55,6%), según datos del INE trabajados en análisis técnicos.
Y esa pobreza no fue un fogonazo puntual: fue una realidad persistente. La misma serie semestral muestra que la pobreza en hogares se movió en niveles propios de crisis social: 55,6% (1er semestre 1997), 48,1% (2º semestre 1997), 49,0% (1er semestre 1998) y 43,9% (2º semestre 1998).
Y esto no era un bache puntual: era el saldo social de una economía que dependía del barril y, cuando el barril caía o la deuda apretaba, ajustaba siempre por abajo.
Desigualdad: un país partido en dos
La desigualdad no fue un "fallo", fue la forma de funcionamiento del modelo: concentración arriba, amortiguación abajo con clientelas, subsidios y promesas.
Los indicadores de desigualdad (como el Gini) sitúan a Venezuela en los 90 en niveles altos, en torno a 0,45–0,48, con una percepción de injusticia distributiva alimentada por el contraste entre opulencia ligada al petróleo y miseria periférica.
Y además hay un dato político clave: cuando la desigualdad sube, la legitimidad cae; y cuando la legitimidad cae, el país entra en fase de estallido o de salvación carismática. Esa fue la puerta de entrada del chavismo.
¿Cuánto del dinero del petróleo "se quedaba" en Venezuela?
Esta es la pregunta incómoda, y hay que formularla bien. El petróleo sí "se quedaba" en Venezuela en forma de exportación nacional, empleo directo e ingresos fiscales… pero el canal fiscal que convierte la renta petrolera en servicios, infraestructura y movilidad social se estrechó de forma crítica en los 90.
Los ingresos fiscales por petróleo cayeron del 27% del PIB en 1996 a menos del 13% en 1998, por la combinación de caída de precios internacionales y la propia estructura de costos/deducciones de la industria.
Además, la relación PDVSA–Estado se volvió parte del problema: internacionalización (activos en el exterior), reinversión fuera, y operaciones internas (incluida la venta a subsidiarias con precios de transferencia) que reducen la masa de recursos inmediatamente disponible para el presupuesto. Para entenderlo con un ejemplo concreto: PDVSA vendía crudo a sus propias filiales en el extranjero a precios inferiores al mercado internacional, lo que reducía las ganancias declaradas en Venezuela y, por tanto, los impuestos que debía pagar al Estado venezolano. Mientras tanto, esas filiales revendían el crudo al precio real de mercado y las ganancias quedaban fuera.
En paralelo, la "Apertura Petrolera" de los 90 ofreció incentivos fiscales muy generosos a empresas internacionales, incluyendo regalías preferenciales que en ciertos esquemas llegaban "hasta el 1%", muy por debajo del 16,67% tradicional. El objetivo era atraer inversión y elevar la producción, pero el resultado fue que se extrajo más petróleo con menor recaudación por barril.
Eso no significa "todo se lo llevaban fuera" (sería falso y simplista). Significa algo más concreto y más grave: el país exportaba riqueza, pero el canal fiscal que podía convertir esa riqueza en servicios, infraestructura y movilidad social estaba debilitándose, mientras crecían incentivos a la captura por arriba (contratos, intermediaciones, redes, fuga de capitales).
Y aquí está la bisagra que une la captura menguante de la renta petrolera por el Estado con el "paquete" de ajuste y el estallido del Caracazo, y con la posterior crisis bancaria y su rescate: cuando el Estado ve estrecharse el margen fiscal que convierte petróleo en ciudadanía material y, además, carga con deuda, el "ajuste" llega. Y llega casi siempre a la vida cotidiana de los de abajo.
El FMI, el "paquete" y el Caracazo: cuando el país explotó
El punto de quiebre no fue una elección. Fue una calle.
En 1989, Carlos Andrés Pérez lanzó un paquete de "estabilización" y liberalización acordado con el Fondo Monetario Internacional. Incluía: eliminación de controles de cambio y de precios, subida de tasas de interés, reducción del gasto público y, sobre todo, dos golpes directos al costo de la vida: gasolina +100% y tarifas oficiales del transporte público +30%.
La chispa concreta se conoce bien: subida del precio de la gasolina (con reducción del subsidio) y, como efecto inmediato, subida de las tarifas del transporte público. En la práctica, eso significó que el trabajador pobre —que vive lejos del centro, que necesita bus y metro para llegar a su empleo— amanecía pagando más antes de haber cobrado. Y cuando sube el transporte, sube también el coste de mover mercancías: alimentos, distribución, el día a día.
Por eso el Caracazo no es "disturbios" sin más: es hambre organizada por desesperación. No "hambre" como metáfora moral, sino como realidad: salarios que no ajustan al ritmo, comida que encarece, barrios enteros que ya vivían al límite y que de pronto quedan fuera del mercado de lo básico. Es la ruptura de la "economía moral", ese código implícito por el cual el pobre espera protección del Estado frente a las sacudidas del mercado. Cuando ese código se rompe, la calle explota.
La respuesta del Estado fue la represión. El balance oficial habló de 276–277 fallecidos, pero estimaciones independientes van de 400 a más de 3.000, además de indicadores indirectos (por ejemplo, 575 heridos en un solo hospital) y datos forenses/estadísticos como el porcentaje de muertes por armas de fuego (85,8% en una referencia universitaria), que apuntan a represión letal concentrada en zonas pobres.
Este evento importa por dos razones: desmiente la postal de "democracia ejemplar" (una democracia que responde así a un estallido social masivo tiene un problema de fondo), y marca el inicio del final: desde ahí, el régimen entra en decadencia acelerada.
El colapso bancario de 1994: rescate arriba, miseria abajo
Si el Caracazo fue la explosión social del "paquete", la crisis bancaria fue la demostración de que el sistema podía, además de letal, ser impune.
A comienzos de los 90 se había avanzado en liberalización financiera sin la supervisión y los cortafuegos institucionales necesarios. La crisis estalló en enero de 1994 con el colapso de Banco Latino y un efecto dominó que terminó afectando a casi la mitad de la industria bancaria. El gobierno intervino 17 de 49 bancos comerciales, que representaban más del 50% de los activos del sistema.
Lo decisivo para la percepción social fue el patrón político: cuando colapsa la vida de los pobres, se les pide "disciplina"; cuando colapsan bancos, llega el rescate. El clima macroeconómico se comía a la gente: inflación del 70,8% en 1994 y 103% en 1996, niveles extremos para una sociedad ya tensionada, pero esa situación no era tan importante como la del sector financiero.
Y luego está el dato que revienta la legitimidad: el costo fiscal del rescate, estimado —con referencias a FMI/LSE y otras fuentes— en 16,5% a 18% del PIB (1994–1995), con estimaciones máximas que lo elevan hasta el 31% del PIB.
Esa secuencia —ajuste que encarece la vida y estalla en la calle (1989) + rescate bancario de enorme magnitud (1994–95)— termina de componer la imagen: el país no solo era desigual, sino que además el Estado parecía operar como amortiguador de élites (financieras y políticas) más que como garante de ciudadanía material. Y, para una mayoría que ya venía de la pobreza, eso destruyó la última reserva de legitimidad.
Dicho de forma simple: la gente vio que el sistema podía apretarle el cuello, y que cuando sus propios beneficiarios quebraban, el Estado aparecía con chequera. Ahí se cocina el "por qué" de lo que vino después.
Entonces, ¿por qué Chávez?
Porque el país pre-1999 no era un "antes mejor". Era un modelo agotado: pobreza mayoritaria, desigualdad alta, Estado debilitado para redistribuir renta petrolera, crisis bancaria, estallido social reprimido, y una élite político-empresarial incapaz (o no dispuesta) a reformar el sistema.
Chávez entra como ruptura, no como accidente. Y aquí conviene decirlo sin rodeos: Chávez no fue la causa del colapso, fue el síntoma y el beneficiario de un colapso que ya había ocurrido en los hechos.
Y durante sus primeros años, el chavismo tuvo aciertos concretos que hay que nombrar: reducción significativa de la pobreza (que cayó del 49,4% en 1999 al 27,5% en 2006), expansión masiva del acceso a educación y salud mediante las misiones sociales, y una redistribución efectiva de la renta petrolera hacia sectores históricamente excluidos. Estos logros no fueron propagandísticos: fueron medibles y explican por qué Chávez mantuvo legitimidad popular durante años.
Pero ese modelo también gestó sus propias contradicciones: dependencia absoluta del precio del petróleo, instituciones cada vez más débiles, control político creciente, y una economía productiva que siguió sin desarrollarse. El deterioro posterior —que se agudizó especialmente desde 2013 en adelante— no anula los aciertos iniciales, pero sí confirma que la ruptura con el modelo anterior no vino acompañada de un modelo sostenible alternativo.
Cierre: la batalla por la memoria no es un debate académico
Cuando te venden "el pasado idílico", no es nostalgia: es ingeniería política. Es borrar la desigualdad que justificó la ruptura y convertir a los excluidos de ayer en culpables de hoy.
El chavismo puede ser criticado, pero no desde una mentira de partida. Antes de 1999, Venezuela era un país petrolero con una democracia de fachada social para demasiados, y con un reparto de renta que no construyó ciudadanía material para la mayoría. Y desde ese suelo real (no desde el mito), se entiende todo lo que vino después.
La pregunta que queda es incómoda pero necesaria: ¿qué legitimidad tiene quien pide volver a un pasado que nunca funcionó para la mayoría?
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