Cada año, las sanciones económicas unilaterales están asociadas con más de medio millón de muertes. Solo en la última década analizada, eso suma aproximadamente seis millones de personas. La evidencia empírica ya existe. La pregunta es por qué ese dato no ocupa el mismo lugar moral que otras formas de violencia.
La evidencia
Hay una forma de matar que no levanta protestas. No necesita soldados ni bombardeos. No deja imágenes que circulen en redes. Funciona bloqueando importaciones, colapsando sistemas sanitarios, impidiendo que los medicamentos lleguen. Es lenta, técnica, plausiblemente denegable. Y la ejerce, con frecuencia, el mismo bloque de países que se presenta ante el mundo como guardián de los derechos humanos. Esa no es una acusación retórica. Es lo que mide la evidencia empírica.
Un estudio publicado en Effects of international sanctions on age-specific mortality: a cross-national panel data analysis, en The Lancet Global Health, por Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot (2025), ofrece la estimación más rigurosa realizada hasta la fecha sobre el impacto de las sanciones en la mortalidad. A partir de un panel de 152 países entre 1971 y 2021, los autores estiman que las sanciones unilaterales están asociadas con aproximadamente 564.258 muertes anuales, con un intervalo de confianza del 95% entre 367.838 y 760.677.
No es una correlación sin más. El estudio aplica cuatro métodos diseñados para abordar preguntas causales en datos observacionales: equilibrio de entropía, análisis de eventos, tests de causalidad de Granger y variables instrumentales. Los propios autores reconocen las limitaciones inherentes a los datos no experimentales, pero el patrón es robusto: los efectos se consolidan con el tiempo, no preceden a las sanciones, y se mantienen en especificaciones alternativas.
La magnitud es comparable, en términos de mortalidad agregada, a la de los conflictos armados contemporáneos. La diferencia es que esto no lo llamamos guerra.
La violencia que no parece violencia
Las sanciones no destruyen ciudades. No generan imágenes. No producen el tipo de daño visible que obliga a reaccionar.
Pero matan. No de forma explosiva, sino mediante mecanismos acumulativos que afectan a lo que en salud pública se denominan determinantes estructurales de la vida.
Como documentan Rodríguez, Rendón y Weisbrot, las sanciones provocan una caída de los ingresos públicos, limitan la capacidad de importar bienes esenciales y dificultan el acceso a financiación internacional. A esto se añade el fenómeno del overcompliance o sobrecumplimiento: bancos, aseguradoras y empresas evitan incluso operaciones legalmente permitidas por temor a sanciones secundarias, bloqueando en la práctica la importación de medicamentos, alimentos o equipos médicos.
El dato que rompe el relato
Las sanciones no afectan a todos por igual. Golpean sobre todo a quienes no tienen capacidad de defensa económica ni poder político.
Según estima el estudio, el 51% de las muertes asociadas a las sanciones globales en el periodo analizado corresponde a niños menores de cinco años. Si se añade la población mayor de 60 años, ambos grupos concentran aproximadamente el 77% de los fallecimientos. Son, precisamente, los grupos con menor capacidad de defensa económica y sin presencia en el mercado laboral.
Si se proyecta la tasa anual sobre la última década analizada —2010 a 2021—, la estimación arroja alrededor de seis millones de muertes acumuladas atribuibles a sanciones unilaterales. Es una cifra del orden de magnitud de algunas de las mayores catástrofes humanitarias del siglo XX. La diferencia es que no tiene nombre propio, no tiene fecha de inicio ni de fin, y no genera comisiones de investigación.
Esto no es un efecto colateral marginal. Es la consecuencia directa de actuar sobre los cimientos materiales de la vida.
No todas las sanciones son iguales
El estudio introduce una distinción que merece atención. Las sanciones unilaterales —especialmente las de carácter económico y las vinculadas a Estados Unidos— muestran efectos estadísticamente significativos sobre la mortalidad en prácticamente todos los grupos de edad analizados. En cambio, el análisis no encuentra evidencia comparable en el caso de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Los propios autores son prudentes al interpretar este resultado. En muchas de sus especificaciones, el coeficiente para las sanciones de la ONU es positivo aunque no estadísticamente significativo. Una posible explicación es que las sanciones multilaterales, adoptadas en un organismo deliberativo con participación de los países afectados, suelen diseñarse con mayor atención a sus consecuencias humanitarias.
La asimetría que nadie discute
Los estudios clásicos sobre eficacia de las sanciones —desde los análisis de Robert A. Pape hasta los trabajos de Gary Clyde Hufbauer y colaboradores— han señalado de forma consistente que estas medidas rara vez logran los objetivos políticos que declaran. Las tasas de éxito son bajas y disminuyen cuando los casos se analizan con criterios rigurosos.
Si se cruzan ambos resultados, emerge una asimetría difícil de ignorar: la capacidad de las sanciones para producir daño material es elevada; su capacidad para generar cambios políticos en los gobiernos a los que van dirigidas es limitada.
La eficacia de este instrumento tampoco es independiente de quién lo aplica. El dominio del dólar y del euro en las transacciones globales permite extender el alcance de las sanciones más allá de las jurisdicciones formales, convirtiendo lo que en teoría es una medida de presión política en un mecanismo de asfixia sistémica.
La coartada de los derechos humanos
Occidente no actúa en un vacío moral. Actúa dentro de un lenguaje que él mismo ha contribuido a consolidar: el de los derechos humanos. Ese lenguaje permite distinguir entre quienes protegen derechos y quienes los violan.
Pero esa distinción funciona porque no todos los derechos ocupan el mismo lugar. Como argumento en Los derechos humanos son el arma favorita de Occidente, la separación introducida en 1966 entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales no fue una decisión filosófica neutral. Fue una decisión política con dos padres concretos: la Guerra Fría como pretexto táctico y el liberalismo anglosajón como legitimación intelectual. El resultado fue una jerarquía operativa en la que las violaciones visibles e inmediatas de derechos civiles son exigibles, mientras que el daño material queda subordinado a dinámicas económicas y a interpretaciones progresivas.
Lo que el estudio demuestra
El trabajo de Rodríguez, Rendón y Weisbrot no se limita a documentar casos aislados. Muestra, a escala global, que las sanciones unilaterales están asociadas con aumentos significativos de la mortalidad, que afectan de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables y que alcanzan magnitudes comparables a las de la violencia armada.
Y, sin embargo, ese daño no ocupa el mismo lugar en el juicio moral ni en la percepción pública.
No porque sea invisible. Sino porque el sistema que decide qué cuenta como violación fue diseñado, hace casi sesenta años, para no tener que llamarlo así.
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