El debate político español discute las consecuencias de la economía, pero casi nunca las reglas que las producen: el marco económico queda fuera de la polarización.
España vive instalada en la polarización. Gobierno y oposición se enfrentan por la justicia, Cataluña, la inmigración, la memoria histórica o la legitimidad de las instituciones. Casi cualquier asunto puede convertirse en una batalla política.
Casi. Hay un terreno donde el combate se apaga: las reglas que organizan la economía. La economía sí se discute, pero en sus consecuencias (cuántos impuestos se pagan, qué ayudas se dan, cómo se compensa a quien sale perdiendo), no en las reglas que las producen. Este artículo no descubre nada: constata un hecho.
El caso Cuerpo
Carlos Cuerpo, hoy vicepresidente primero del Gobierno, es ministro de Economía desde diciembre de 2023. Según el recuento de Público, en sus dos primeros años:
Lo que el PP le preguntó antes ilustra el hecho. En septiembre de 2024 lo interpeló para saber si el Gobierno presentaría a tiempo ante Bruselas el Plan Fiscal Estructural, el plan de gasto y deuda que las reglas europeas exigen a cada país. En octubre le preguntó si el Banco de España seguía siendo independiente tras nombrar gobernador al exministro José Luis Escrivá.
Exigir que se cumpla una regla europea y reclamar la independencia de un organismo técnico no es discutir el marco: es darlo por bueno.
Consecuencias, no reglas
La economía se discute constantemente: impuestos, salarios, pensiones, vivienda, gasto, poder adquisitivo. Y las diferencias importan. Pero casi siempre se trata de consecuencias. Llamo reglas a lo que fija el espacio de lo posible antes de que gobierne nadie: las reglas fiscales europeas, que limitan cuánto puede gastar y endeudarse un país; el artículo 135 de la Constitución, que da prioridad al pago de la deuda; la independencia del banco central; la libre circulación de capitales. Las consecuencias son lo que se decide dentro de ese espacio: cuánto se recauda, a quién se ayuda, qué se compensa.
Ahí está el límite del debate, porque buena parte de esas consecuencias no se resuelven sin tocar las reglas. Tomemos la vivienda. Se discute el tope al alquiler o la ayuda al inquilino; mucho menos qué reglas fiscales y de mercado condicionan que se construya vivienda asequible. Se parchea el efecto sin discutir la causa.
No es solo España
El politólogo Peter Burnham llamó despolitización al proceso por el que decisiones que siguen siendo políticas se colocan a distancia de la confrontación y se presentan como exigencias técnicas: estabilidad, credibilidad, disciplina. Lo que era una elección se convierte en una restricción.
Y no ocurre solo aquí. La socióloga Stephanie Mudge documentó, en los sistemas de partidos occidentales entre 1945 y 2004, cómo ideas económicas ajenas al consenso de posguerra se convirtieron en sentido común, también en buena parte de la izquierda.
Eso no pacifica la política. Los politólogos Evelyne Hübscher, Thomas Sattler y Markus Wagner analizaron 166 elecciones desde 1980 en dieciséis democracias de la OCDE (el club de países ricos) y comprobaron que la austeridad, es decir, los recortes de gasto y las subidas de impuestos para reducir el déficit, aumenta la abstención, el voto a partidos no convencionales y la polarización. El efecto es mayor cuando la izquierda y la derecha convencionales defienden ambas esa restricción. Mi lectura es que, sin diferencias en las reglas, el conflicto busca otros terrenos: la nación, la identidad, los jueces. Así puede haber una política feroz y unas reglas intactas.
Dónde termina el desacuerdo
Las escasas preguntas a Cuerpo no prueban que PSOE y PP tengan la misma política económica. Constatan dónde termina el desacuerdo.
Y ese límite tiene un coste. Trabajar sobre las consecuencias puede mitigar los problemas, pero no resolverlos: mientras las reglas que los producen sigan intactas, algunos nunca tendrán solución, solo gestión.
Se pelea por las consecuencias. Mucho menos, por las reglas que las producen.
Comentarios
Publicar un comentario