Del narco al petróleo: El Caribe como laboratorio de la nueva piratería estatal gringa
Cómo Washington está convirtiendo la "guerra contra el narco" en un dispositivo naval para capturar petróleo venezolano con destino a China en aguas internacionales
Desde hace meses, EE. UU. viene desplegando una fuerza naval extraordinaria en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Pero diciembre de 2025 revela el verdadero objetivo: el abordaje del petrolero Centuries, un buque legalmente registrado, no sancionado, con bandera panameña válida y carga china, marca el tránsito definitivo desde la sanción administrativa hacia la piratería estatal. No es retórica: es verificación documental de cómo un dispositivo militar que permanece activo se reconvierte sin cambiar de teatro.
En un vistazo: El despliegue naval estadounidense en el Caribe, que continúa operativo bajo la etiqueta de "guerra contra el narco-terrorismo", ha mutado hacia la captura de petroleros que transportan crudo venezolano. El caso del Centuries (20 de diciembre) representa la ruptura del marco legal: un buque sin sanciones, con registro panameño válido, tripulación china y carga con título legal chino fue abordado en aguas internacionales. Expertos estadounidenses en sanciones, incluido un ex investigador de OFAC, confirman que no existía base legal para la intervención. La escalada revela un patrón: criminalización por decreto, expansión de la sospecha mediante categorías elásticas (shadow fleet) y conversión del abordaje militar en validación jurídica. Venezuela, China y analistas legales coinciden en la calificación: piratería de Estado bajo estética de "aplicación de sanciones".
El preludio: el dispositivo naval que buscaba otro objetivo
Durante meses, el despliegue naval de EE. UU. en el Caribe se ha vendido bajo la épica de la "guerra contra el narco-terrorismo". Sin embargo, la realidad en cubierta sugiere otra cosa. Lo que describen informes de organizaciones como Human Rights Watch no es la persecución sistemática de grandes estructuras logísticas, sino una secuencia de episodios letales contra embarcaciones menores, marcados por la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas.
Si esa documentación es correcta, estamos ante algo todavía más grave: ejecuciones extrajudiciales en alta mar bajo el paraguas de la "seguridad nacional". A esto se suma un elemento que endurece el cuadro: organismos de Naciones Unidas han cuestionado el encaje de este tipo de prácticas con los estándares internacionales de derechos humanos cuando no hay transparencia, ni investigación efectiva, ni rendición de cuentas.
La pregunta incómoda: Si el objetivo era cortar el narcotráfico, ¿dónde está la presión sistemática sobre la logística grande (rutas, barcos nodriza, aseguramiento, financiación)? La imagen que queda es la de una fuerza enorme aplicada sobre objetivos pequeños, con un coste humano que debería haber encendido todas las alarmas.
El desequilibrio se vuelve todavía más difícil de justificar cuando se compara esa selección de objetivos con la escala del despliegue, descrita por analistas como extraordinaria para la zona: portaaviones, grupos de combate y miles de efectivos. Una maquinaria de proyección estratégica aplicada, durante meses, a blancos de bajo tonelaje y bajo valor logístico.
En este contexto, el giro hacia el petróleo no es una ocurrencia; es un dispositivo ya desplegado que encuentra un objetivo de más valor. El Caribe no cambia; cambia la mercancía a controlar.
El giro de diciembre: del "bloqueo" al abordaje
Diciembre de 2025 marca el fin de la ambigüedad. Dos abordajes en diez días exponen el tránsito desde la sanción administrativa hacia la ejecución material en el mar.
Skipper (10 de diciembre): La aplicación "dentro del marco"
Incautación "bajo ley" interna. El buque estaba sancionado desde 2022 por supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbollah. Washington actúa dentro de su propio guion: sanciono y luego confisco. El Departamento de Justicia presenta la incautación como ejecutada bajo orden judicial, lo que encaja con una lógica de "aplicación" dentro de su propio marco legal estadounidense.
Centuries (20 de diciembre): El punto de inflexión definitivo
Aquí está la ruptura documental del orden marítimo internacional. El buque no estaba sancionado, pero fue abordado en aguas internacionales alegando que transportaba "petróleo prohibido".
Datos técnicos del buque Centuries:
- IMO: 9206310
- Bandera: Panamá (bandera legítima y registrada)
- Propietario: Centuries Shipping Ltd. (Hong Kong)
- Construcción: 2001, Japón
- Tonelaje: 309.460 DWT
- Carga: 1,8 millones de barriles de crudo Merey venezolano con destino a China
- Tripulación: Aproximadamente 40 personas, mayoritariamente chinos
Estatus legal verificado del Centuries:
- NO figura en la lista de sanciones de OFAC (Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de EE. UU.)
- NO figura en listas de sanciones de la UE o el Reino Unido
- Licencia panameña válida y vigente a fecha de diciembre de 2025
- Registro verificado como buque operado legalmente por empresa de Hong Kong
La validación de expertos estadounidenses: cuando el sistema se delata
Jeremy Paner, ex investigador principal de OFAC (la propia agencia que gestiona las sanciones de EE. UU.), declaró públicamente que ni el buque ni la compañía propietaria estaban bajo sanciones. Su análisis es demoledor: la acción "contradice la declaración de Trump" de que el bloqueo se aplicaría solo a buques sancionados, y calificó el uso del término "ilícito" por parte de la secretaria de Seguridad Nacional como "definitivamente un mal uso del término".
La conclusión técnica de Paner es lapidaria: "Ausente una conexión con EE. UU., no hay absolutamente nada ilegal en relación con las sanciones respecto a la carga."
El Dr. Salvatore Mercogliano, historiador marítimo, confirmó que las bases de datos de navegación mostraban que el Centuries "parecía ser un buque legalmente registrado", añadiendo que el abordaje representa "una gran escalada" diseñada para "asustar a otros petroleros".
AFP verificó independientemente que el Centuries no aparecía en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro.
El cambio cualitativo: de la sanción a la captura arbitraria
Ya no es "confisco lo sancionado", sino "intervengo lo no sancionado" bajo una categoría elástica —shadow fleet— que permite extender la sospecha como si fuera una jurisdicción. Con 1,8 millones de barriles de crudo Merey destinados a China, el mensaje es nítido: EE. UU. ya no se limita a sancionar empresas; captura cargamentos en aguas internacionales.
El "bloqueo total" anunciado por la administración Trump deja de ser una metáfora para convertirse en una aduana militar en aguas internacionales. Y hay un detalle clave para entender la coherencia de la escalada: el 16 de diciembre Trump verbaliza el mecanismo con crudeza, hablando de "bloqueo total" y conectándolo explícitamente con terrorismo y narcotráfico, es decir, usando la etiqueta "seguridad" como marco que permite pasar de la sanción al abordaje.
El circuito de la ilegalidad circular
El núcleo de esta estrategia es un bucle autorreferente que sustituye el derecho internacional por decreto unilateral:
1. Criminalización por decreto
Washington decide qué es "delictivo" sin pasar por la ONU. No hay resolución del Consejo de Seguridad, no hay sentencia de tribunal internacional, no hay marco multilateral. La categorización es unilateral y la ejecución es inmediata.
2. Metástasis de la sospecha
Se expande la categoría shadow fleet. Ya no hace falta violar una ley universal; basta con que tu ruta sea opaca para ser un objetivo. El propio experto estadounidense en sanciones confirma: no hay base legal para aplicar sanciones a este cargamento.
El truco conceptual: La etiqueta "shadow fleet" convierte la opacidad comercial en delito presunto, sin necesidad de demostrar violación específica de ninguna norma internacional. Es sospecha convertida en jurisdicción.
3. Hecho consumado
El abordaje valida la sospecha. La acción militar no es el último recurso del derecho, sino su origen. Primero se captura, luego se justifica. El orden se invierte: el derecho no precede a la fuerza; la fuerza produce su propio marco legal retroactivo.
La respuesta internacional: no es retórica, es derecho
La calificación de "piratería" no es propaganda venezolana. Es una acusación respaldada por hechos verificables y secundada por potencias globales:
Venezuela: denuncia ante organismos internacionales
Denuncia oficial ante la OMI (Organización Marítima Internacional) por "secuestro de tripulaciones" y "grave acto de piratería internacional". Anuncia recurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró: "Estos actos no quedarán impunes."
China: confiscación de propiedad en aguas internacionales
China califica las acciones como "piratería internacional" y "robo flagrante". China tiene título legal sobre el petróleo del Centuries, lo que convierte el abordaje en confiscación de propiedad china en aguas internacionales. No es un asunto bilateral Venezuela-EE.UU.; es un desafío directo a los intereses comerciales chinos.
Expertos legales estadounidenses: sin base jurídica
Jeremy Paner, desde dentro del propio sistema de sanciones de EE. UU., confirma que no hay base legal para calificar la operación como aplicación legítima de sanciones. Cuando un ex investigador de OFAC dice que el uso del término "ilícito" es "definitivamente un mal uso", no está haciendo política; está haciendo análisis técnico.
La fisura interna: ni siquiera Washington está de acuerdo
En diciembre se intentó en el Congreso estadounidense frenar formalmente hostilidades no autorizadas contra Venezuela. La iniciativa cayó por un margen mínimo, señal de que el propio "marco legal" interno está siendo estirado hasta el límite.
Voces desde el propio sistema:
- Senador Chris Coons (demócrata): "Estoy gravemente preocupado de que Trump esté llevando a EE. UU. a una guerra con Venezuela mientras duerme."
- Senador Rand Paul (republicano): El abordaje "suena mucho al comienzo de una guerra."
El historiador marítimo Mercogliano es explícito: "Esta está diseñada para asustar a otros petroleros". No es aplicación de ley; es coerción estratégica mediante fuerza militar. El objetivo no es judicial; es disuasorio.
Conclusión: Una palada sobre la tumba del capitalismo global
No estamos solo ante una ofensiva contra Caracas. Al interceptar buques legalmente registrados, no sancionados, con bandera panameña válida y carga con título chino, EE. UU. ensaya una jurisdicción universal de facto que no pasa por ningún tribunal internacional, ninguna resolución de la ONU, ningún marco multilateral.
Pero el impacto va más allá de la diplomacia. Al sumar estos abordajes al uso del dólar como arma y la incautación de activos bancarios a voluntad, Washington está echando otra palada de tierra sobre la tumba del capitalismo global que ellos mismos crearon. Al romper la seguridad de las rutas comerciales y la inmunidad de la bandera legítima, se acaba con la confianza mínima necesaria para el comercio mundial.
El suicidio del orden internacional: Es un plan sin fisuras para la hegemonía a corto plazo, pero un suicidio para el orden internacional que sustenta el comercio marítimo global desde hace siglos.
El Centuries no transportaba "petróleo ilícito" según el derecho internacional: transportaba petróleo venezolano comprado legalmente por China en un buque legalmente registrado. Lo que Washington llama "aplicación de sanciones", expertos legales estadounidenses llaman "mal uso del término ilícito". Lo que Venezuela y China llaman "piratería", el derecho marítimo internacional respalda como violación de la libertad de navegación.
El petróleo ha revelado el guion definitivo: en la disputa por el poder, la libertad de los mares es la primera víctima. Y esta vez, no es retórica antiimperialista. Es verificación documental de la ruptura del derecho marítimo internacional por la primera potencia naval del mundo.
Los hechos son tozudos: el Centuries no estaba sancionado. Su propietario no estaba sancionado. Su bandera era legítima. Su carga tenía comprador legal. Y fue abordado en aguas internacionales por fuerzas militares estadounidenses.
Eso no es aplicación de sanciones. Es piratería de Estado.
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