La segunda mentira del armamento norteamericano no es narrativa: es contable. Durante ocho años consecutivos, el Departamento de Guerra de Estados Unidos no ha podido demostrar con certeza cómo gestiona 4,65 billones de dólares en activos. Como un agujero negro, el sistema absorbe dinero, información y responsabilidad sin dejar rastro. Lo que emerge no es solo despilfarro. Es la arquitectura de lo que no se puede ver.
En el artículo anterior, La mentira del armamento occidental, argumentaba que el relato sobre la superioridad militar norteamericana funciona como una construcción narrativa: selectiva, amplificada y, en momentos clave, directamente distorsionada. El problema no era la calidad de las armas. Era que esa calidad se presenta como si fuera suficiente para ganar, sin mostrar lo que cuesta sostenerla, lo que falla al medirla, ni lo que se oculta al no poder auditarla.
Hoy toca la segunda capa. Y es más incómoda.
Ocho veces la misma respuesta
En diciembre de 2025, el Departamento de Guerra de Estados Unidos —rebautizado así por orden ejecutiva de Trump en septiembre, con un coste estimado de hasta 2.000 millones de dólares en señalética, papelería y sistemas informáticos— acumuló su octava denegación de opinión consecutiva en su auditoría financiera anual.
Ocho años. Ocho veces la misma respuesta.
Conviene ser preciso sobre lo que eso significa, porque la confusión entre "auditoría fallida" y "denegación de opinión" es exactamente el tipo de matiz que permite que el problema pase desapercibido. Una auditoría fallida constataría que las cuentas están mal. Una denegación de opinión —disclaimer of opinion, en el lenguaje técnico del Inspector General del Departamento— significa algo más grave: que los auditores no pueden obtener evidencia suficiente ni fiable para emitir ningún juicio sobre el estado financiero de la institución. No es que los números sean incorrectos. Es que no se puede determinar si son reales o ficticios.
En 2025, esa imposibilidad abarcaba aproximadamente 4,65 billones de dólares en activos.
| Año fiscal | Resultado | Activos evaluados | Debilidades materiales |
|---|---|---|---|
| 2018 | Denegación de opinión | $2,7 billones | 20 |
| 2019 | Denegación de opinión | $2,9 billones | 25 |
| 2020 | Denegación de opinión | $3,1 billones | 26 |
| 2021 | Denegación de opinión | $3,5 billones | 28 |
| 2022 | Denegación de opinión | $3,5 billones | 28 |
| 2023 | Denegación de opinión | $3,8 billones | 28 |
| 2024 | Denegación de opinión | $4,1 billones | 28 |
| 2025 | Denegación de opinión | $4,65 billones | 26 |
En ocho años el volumen de activos que nadie puede verificar ha crecido casi un 72%. El número de debilidades materiales detectadas en los controles internos, mientras tanto, se ha mantenido prácticamente inmóvil: entre 25 y 28 cada año. El agujero negro no se está cerrando. Se está expandiendo.
Lo que no se puede auditar no se puede proteger
El informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre el balance de 2024 ofrece un dato que merece leerse despacio: el 95,2% de la propiedad, planta y equipo del Departamento —808.700 millones de dólares— está vinculado a debilidades materiales. El 96,2% del inventario —354.600 millones— también. Eso no significa que falte esa cantidad. Significa que el sistema no puede verificar qué posee, en qué estado se encuentra ni dónde está.
Las consecuencias no son solo contables. Son operativas.
El programa F-35, el sistema de armas más caro de la historia, ofrece el ejemplo más documentado. Los auditores de 2025 determinaron que el Departamento no registró con precisión los activos de su fondo global de repuestos compartido entre usuarios. La GAO ha señalado que la flota de F-35 solo puede cumplir todas sus funciones de combate el 30% del tiempo, en parte debido a problemas de mantenimiento y gestión de piezas. En un sistema donde no se puede auditar el inventario, tampoco se puede optimizar la cadena de suministro. El resultado es que una plataforma de billones de dólares pasa la mayor parte del tiempo inutilizada, no por fallo tecnológico, sino por incapacidad de gestión básica.
La arquitectura del fraude posible
Aquí es donde el problema deja de ser técnico.
La pregunta relevante no es si existe corrupción dentro de un sistema con estas características. La pregunta es si un sistema así puede funcionar durante décadas sin generarla. Y la respuesta honesta es que no hay forma de saberlo, porque el sistema impide que se sepa.
Eso no es un matiz menor. Es la definición de un entorno propicio para el fraude: ausencia de trazabilidad, fragmentación de la información e imposibilidad de establecer responsabilidades claras. POGO —Project On Government Oversight— lleva años advirtiendo exactamente eso: que sin una base contable verificable, el fraude no solo es difícil de detectar, sino imposible de medir.
Y hay un mecanismo concreto que convierte esa vulnerabilidad en algo más que teórica: las llamadas Otras Autoridades de Transacción (OTAs). Son instrumentos de contratación que permiten eludir las leyes y regulaciones de adquisición estándar, presentados como herramientas de agilidad e innovación. La GAO ha advertido reiteradamente que la falta de datos sobre su uso impide saber si producen mejores resultados o simplemente facilitan la adjudicación de contratos sin competencia ni transparencia de precios.
Llamemos a esto por su nombre: corrupción. No como acusación a personas concretas, sino como descripción de un sistema. La corrupción no requiere necesariamente a un funcionario llenándose los bolsillos. Requiere un entorno donde nadie puede demostrar que eso no está ocurriendo. Y ese entorno existe, está documentado y lleva ocho años siendo señalado por las mismas instituciones de control del Estado. Cuando el fraude no puede medirse, no desaparece. Se vuelve estructural.
El presupuesto que no conoce consecuencias
Y entonces llega el dato que hace que todo lo anterior resulte aún más difícil de explicar.
El presupuesto del Departamento de Guerra no ha parado de crecer durante los ocho años en que no ha podido superar una sola auditoría. En 2018, cuando falló la primera, disponía de 682.500 millones de dólares. Para el año fiscal 2026 se ha solicitado 1,01 billones: un incremento del 13,4% sobre el ejercicio anterior, justificado bajo la doctrina de "Paz a través de la Fuerza" y proyectos como el sistema antimisiles "Golden Dome".
La propia GAO ha calculado que su trabajo ha generado 1,45 billones en ahorros para los contribuyentes desde 2002, con un retorno de 123 dólares por cada dólar de su presupuesto. Es la institución que ha documentado todo este caos. Su presupuesto representa una fracción minúscula del Departamento que audita.
En cualquier empresa privada, ocho años consecutivos de denegación de opinión habrían provocado el colapso del valor bursátil y la sustitución de toda la dirección. En el Departamento de Guerra, han provocado un aumento del presupuesto.
Esto no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como funciona.
El rebranding como síntoma
Hay un detalle que resume esta lógica mejor que cualquier análisis. En septiembre de 2025, mientras el Departamento acumulaba su octavo fracaso de auditoría, Trump firmó una orden ejecutiva para restaurar el nombre histórico de "Departamento de Guerra". El coste estimado del cambio —señalética, papelería, redirecciones de URL, sistemas informáticos— asciende a hasta 2.000 millones de dólares.
Lo que el relato cubre
En el artículo anterior describía cómo Estados Unidos ha construido un relato sobre su armamento que responde a la pregunta equivocada: no "¿puede sostenerse este sistema en una guerra larga?", sino "¿es este sistema tecnológicamente superior?". La respuesta a la segunda pregunta es sí. La respuesta a la primera es mucho menos clara.
Lo que aparece aquí es el complemento necesario de ese relato. No solo se exagera la eficacia del armamento. También se oculta —o más precisamente, no se puede demostrar con claridad— cuánto cuesta realmente, cómo se gestiona ese gasto y qué parte de él desaparece en un sistema diseñado para no dejar rastro verificable.
La mentira del armamento norteamericano no es solo narrativa. Tiene también una dimensión contable.
Y en esa dimensión, la línea entre mala gestión, despilfarro y corrupción no es borrosa porque el problema sea complejo.
Siguiente artículo de la serie: qué significa todo esto en términos geopolíticos reales, cuando el "amo" no puede demostrar ni cómo gasta su dinero.
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