La absolución del arquitecto financiero del Tercer Reich no fue un error del tribunal. Fue el primer acto constitutivo de un orden que todavía hoy sostiene la misma frontera entre lo técnico y lo político.
En Schacht: el rostro de las élites de Weimar que eligieron el nazismo... y le sobrevivieron absueltas e impunes sostuve que absolver a Schacht en Núremberg fue, para las élites occidentales que lo juzgaban, una forma de autoabsolución. Queda una pregunta que aquel artículo dejó abierta: ¿cómo pudo el derecho hacerlo posible? ¿Qué lenguaje jurídico permitió que el arquitecto financiero del rearme alemán saliera del tribunal sin condena?
Esta entrada intenta responderla.
No todos los responsables de un crimen se parecen a un criminal. Algunos llevan uniforme. Otros firman órdenes. Y otros, como Hjalmar Schacht, diseñan los mecanismos que hacen posible todo lo anterior sin mancharse las manos.
Su absolución no fue un error. Fue algo más inquietante: la prueba de que existe un tipo de poder que el derecho internacional, en su forma moderna, no sabe —o no quiere— juzgar.
La coartada perfecta: la neutralidad técnica
Schacht no negó los hechos. No negó su papel en la reconstrucción económica del Tercer Reich ni su contribución al rearme alemán. Su defensa fue más sofisticada: redefinió su actividad.
No era política. Era técnica.
Schacht se presentó ante el tribunal como un experto que operaba dentro de los límites de su profesión, optimizando instrumentos financieros sin intervenir en los fines del Estado. En esa formulación, la responsabilidad desaparece: el técnico ejecuta, no decide.
Esa fue su coartada. Y funcionó. No porque fuera convincente en términos morales, sino porque encajaba perfectamente en la lógica del tribunal.
Un tribunal sin lenguaje para la economía
El Tribunal Militar Internacional (IMT, International Military Tribunal) estaba diseñado para juzgar crímenes visibles: agresión, ocupación, deportación, exterminio. Sabía identificar la violencia cuando esta adoptaba forma física o administrativa. Pero no cuando se presentaba como arquitectura financiera.
Mientras figuras como Konstantin von Neurath fueron condenadas por su implicación directa en la administración de territorios ocupados —como Protector de Bohemia y Moravia firmó los decretos que suprimieron la libertad de prensa, prohibieron sindicatos y supervisaron la persecución de los judíos checos—, Schacht operaba en otro plano: el de las condiciones de posibilidad.
El tribunal podía trazar una línea clara entre la firma de Neurath y el sufrimiento humano. No podía trazarla entre una operación financiera de Schacht y un cadáver. Y sin embargo, sin esos créditos, la Luftwaffe de Göring nunca habría despegado.
El derecho penal de la época exigía un nexo causal directo entre acto y resultado. La causalidad sistémica de la economía era un concepto demasiado avanzado —o demasiado peligroso— para ser aplicado.
El ejemplo que lo demuestra: el sistema MEFO
El sistema MEFO (Metallurgische Forschungsgesellschaft) no fue una anécdota técnica. Fue una pieza clave del rearme alemán.
A través de una red de pagarés emitidos por una empresa fantasma —constituida por Siemens, Krupp y Rheinmetall y respaldada por el Estado— Schacht permitió financiar el rearme de forma masiva sin que apareciera en el presupuesto oficial del Reich ni presionara directamente sobre las divisas. Miles de millones de marcos en armamento, financiados con una moneda paralela invisible al escrutinio internacional.
Sin ese sistema, el ritmo del rearme habría sido mucho más lento, si no inviable.
El propio juez soviético Iona Nikitchenko, en su voto particular, calificaría este mecanismo como "una aventura de estafa a escala nacional". No fue una solución financiera ingeniosa: fue un instrumento decisivo para hacer operativa la política expansionista del régimen.
La defensa posible
Conviene reconocer que existe una lectura contraria y no es trivial. Quienes defienden la decisión del tribunal señalan que la Carta de Londres exigía demostrar conocimiento específico de planes de guerra agresiva, no solo contribución a la capacidad militar, y esa prueba estricta la fiscalía no logró establecerla. Añaden que Schacht rompió con Hitler en 1937 por el ritmo del rearme, dejó el Reichsbank en 1939 y acabó en un campo de concentración en 1944 tras el atentado del 20 de julio. Incluso Telford Taylor, fiscal jefe de los juicios industriales posteriores, admitió años después que el caso era más endeble de lo que la acusación mostró en su momento.
Estos argumentos no son desdeñables. Pero no refutan la tesis; la desplazan. Porque incluso concediendo todo lo anterior, lo que queda en pie es el problema: un hombre diseñó los instrumentos que armaron al régimen, firmó los decretos de exclusión económica, y ningún marco jurídico disponible pudo traducir esa contribución en responsabilidad penal.
Si la defensa técnica funciona, lo que revela es el límite de la técnica jurídica, no la inocencia del técnico.
El voto del orden opuesto
No todos aceptaron esa lógica. El juez soviético Iona Nikitchenko emitió un voto particular claro: la absolución de Schacht era injustificable porque sus acciones habían sido esenciales para la preparación de la guerra. Para él, no había separación posible entre economía y violencia. Schacht, al poner todos los recursos del país al servicio del rearme, era un co-conspirador necesario. La distinción entre quien dispara y quien compra la bala era, en ese marco, irrelevante.
Lo que Nikitchenko articulaba no era una opinión individual de conciencia. Era la doctrina de un orden político completo, una concepción del derecho que no aceptaba la separación entre técnica y política porque partía de una premisa distinta: toda estructura económica es ya una decisión política, y quien la diseña responde por lo que esa estructura hace posible.
En la sala del tribunal, en miniatura, se libraba ya la disputa que iba a organizar el siglo: si la economía sería un ámbito protegido del escrutinio político o si toda infraestructura económica sería juzgable como acto político. Dos premisas ideológicas enfrentadas, no dos interpretaciones técnicas del mismo código.
Nikitchenko perdió. No solo perdió su voto: perdió la concepción del orden que defendía. Apenas unos años después, la Guerra Fría cerraría definitivamente cualquier posibilidad de que esa voz tuviera peso en la arquitectura occidental. Su voto particular es, en ese sentido, uno de los últimos momentos en que el orden alternativo tiene asiento formal en la mesa donde se está decidiendo la forma del mundo.
Si Nikitchenko perdió, ¿qué ganó?
La coartada
Schacht no fue absuelto porque fuera inocente. Fue absuelto porque encarnaba un tipo de poder que el sistema no podía integrar en su lógica penal sin cuestionarse a sí mismo. Núremberg fue eficaz para juzgar el horror visible. Pero se detuvo ante quienes lo hicieron posible desde los despachos, los balances y los flujos de capital.
Y la razón no es jurídica, es ideológica. No hace falta recurrir a una teoría del cálculo para explicarlo: no es que los jueces temieran verse acusados por haber movilizado sus propias economías durante la guerra. La clave es más profunda y más incómoda. El marco mental que Schacht invocaba en su defensa —la economía como ámbito técnico, no político— era también el marco mental del tribunal. Schacht no tuvo que convencer a los jueces de una tesis heterodoxa. Tuvo que invocar una premisa que los jueces ya compartían. Lo que Nikitchenko les pedía, en cambio, era abandonar esa premisa. Y eso sí era impensable.
Por eso la absolución es perfectamente coherente. El sistema no falló. Hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer.
Y lo que ocurrió en Núremberg no quedó confinado a Núremberg. La sentencia se firmó en el mismo momento en que se estaba construyendo, simultáneamente, la arquitectura económica del mundo de posguerra. Bretton Woods se había firmado dos años antes. El Plan Marshall estaba a meses. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el GATT, la independencia del Bundesbank, todo el andamiaje institucional que iba a organizar Occidente durante medio siglo estaba naciendo en esos mismos años. Y todo ese andamiaje asumía, sin necesidad de enunciarlo, lo que el tribunal acababa de consagrar en el caso Schacht: que la gestión económica es un ámbito técnico, no político, y por tanto no responde ante la deliberación democrática.
No se trata de decir que Núremberg creó el orden de posguerra. Se trata de ver que Núremberg fue consistente con ese orden, y que al serlo, lo ratificó en el plano jurídico-simbólico. La absolución de Schacht no fue un fallo del nuevo sistema: fue uno de sus actos constitutivos. El momento en que el orden emergente se miró en el espejo y decidió qué tipo de frontera iba a trazar entre la política y la economía.
Schacht no es una excepción histórica. Es la escena fundacional.
Lo que en él fue una estrategia individual de defensa, el orden liberal de posguerra lo institucionalizó. Y lo que ese orden institucionalizó, el neoliberalismo lo llevó décadas después a su forma pura. Bancos centrales blindados, tribunales arbitrales de inversión, organismos supranacionales sustraídos al voto, reglas fiscales constitucionalizadas. Como ha documentado Quinn Slobodian, los arquitectos del orden neoliberal no fueron una reacción tardía a la socialdemocracia: venían trabajando desde los años treinta precisamente en el problema de cómo encapsular la economía frente a la democracia de masas. Wendy Brown ha mostrado cómo esa lógica ha terminado reformulando todo lo político como cuestión técnica de gestión. Wolfgang Streeck, analizando la arquitectura europea, ha descrito cómo el espacio de decisión democrática ha sido vaciado con paciencia metódica.
No es que vivamos bajo un régimen criminal. No es ese el paralelismo. Lo que Schacht inaugura es otra cosa: la posibilidad de construir órdenes políticos donde las decisiones más consecuentes —qué se produce, quién paga la crisis, cómo se distribuye el esfuerzo social— quedan protegidas de la deliberación pública por una frontera llamada técnica. Y con ellas, sus responsables.
Por eso el voto de Nikitchenko sigue siendo importante. No como curiosidad jurídica ni como reivindicación nostálgica, sino porque articuló, en el último momento en que pudo hacerse dentro del nuevo orden, la pregunta que ese orden iba a hacer imposible: ¿puede alguien diseñar las condiciones materiales de un daño sin responder por él?
La pregunta no ha perdido vigencia. Ha cambiado de escenario. Y sigue sin respuesta.
Después de todo, la respuesta afirmativa supondría la condena del orden capitalista anterior y actual, cuyas acciones parecieran no tener consecuencias sobre el mundo real.
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