La huelga docente valenciana, las dimisiones de equipos directivos y las movilizaciones que recorren otras comunidades no son una protesta sindical más: revelan algo sobre el tipo de democracia que esta sociedad está dispuesta a sostener.
He dedicado ya dos textos a la huelga indefinida de la educación pública valenciana: uno sobre las dimisiones de los equipos directivos y otro sobre lo que las aulas están diciendo cuando dicen basta. No voy a repetir aquí lo allí contado. Doy por sabido el contexto: la primera huelga indefinida del sector desde 1988, centenares de cargos directivos dimitidos, un 78% del profesorado rechazando el preacuerdo, movilizaciones paralelas en Madrid, Cataluña y Aragón. Lo que me interesa ahora es otra cosa. Quiero preguntarme qué dice todo esto sobre la democracia en la que vivimos.
I. Por qué esto no es solo una huelga
Conviene decirlo sin rodeos: la educación pública no es un servicio más. No es una prestación administrativa colocada al lado de otras prestaciones. No es una ventanilla, ni una oficina, ni una carretera, ni un trámite.
La escuela pública es una infraestructura democrática. Una carretera comunica territorios. Un hospital protege cuerpos. Una escuela pública produce ciudadanía común. O debería producirla.
Sin una buena escuela pública, la democracia queda mutilada. Puede conservar sus urnas, sus parlamentos, sus debates televisivos y sus apelaciones solemnes a la Constitución. Pero pierde la base material que permite que la ciudadanía sea algo más que una palabra. Porque ser ciudadano no consiste únicamente en tener derecho a votar cada cuatro años. Ser ciudadano exige saber leer el mundo, interpretar discursos, distinguir información de propaganda, comprender una norma, defender un derecho, no depender por completo de la autoridad del jefe, del cura, del tertuliano, del algoritmo o del propietario.
Una democracia sin buena educación pública no produce ciudadanos libres. Produce votantes administrados.
La democracia liberal se sostiene sobre una promesa hermosa: todos somos iguales, todos contamos, todos podemos llegar. Pero esa promesa se vuelve falsa cuando las condiciones materiales de partida son profundamente desiguales. No todos los niños llegan al aula con una habitación tranquila para estudiar, con libros en casa, con estabilidad emocional, con padres que dominan los códigos invisibles del sistema, con acceso a academias, idiomas o refuerzo. Ahí entra la escuela pública. Su función democrática no es hacer milagros, sino abrir una brecha en la reproducción hereditaria del privilegio. Impedir que el destino de un niño quede completamente escrito por la renta y el barrio de su familia.
Pero eso exige presupuesto. Y la retórica dice una cosa mientras los datos dicen otra. Según la OCDE, España destina alrededor del 4,04% de su PIB a la educación, frente al 5,1% de media de la organización. El peso de la educación en el gasto público total ha caído del 4,0% en 2001 al 3,5% en 2022. Cuando lo público no llega, el coste se desplaza al bolsillo de las familias: el gasto privado familiar en España representa el 31,8% del gasto educativo total, frente al 19,5% de media de la OCDE.
Este mecanismo se completa con lo que en política educativa se llama, eufemísticamente, libertad de elección. En las clases con recursos significa elegir, comparar, desplazarse, pagar, complementar, escapar. En las clases populares significa, demasiadas veces, adaptarse a lo que queda. Save the Children ha documentado que la red concertada actúa en muchos casos como mecanismo de separación por origen socioeconómico, con cuotas formalmente voluntarias —presentes en entre el 66% y el 75% de los centros concertados— que en la práctica funcionan como barrera de entrada. EsadeEcPol ha mostrado cómo diseños de admisión como la zona única intensifican la segregación: no hace falta cerrar la puerta a nadie, basta con organizar un sistema donde quien tiene más renta, más tiempo y más capital cultural pueda elegir mejor.
Así, lo que se vende como libertad funciona en realidad como un dispositivo de segregación: unos usan el sistema para seleccionar entorno; otros quedan concentrados en la escuela pública que todos dicen defender y pocos financian suficientemente.
Una democracia que abandona la escuela pública no necesita quitarle el voto a nadie. Le basta con dejar que unos lleguen al espacio público con lenguaje, seguridad, contactos y capacidad de interpretación, mientras otros llegan con menos palabras, menos tiempo y menos herramientas para defenderse. Se vuelve censitaria sin decirlo.
II. La trampa de los promedios
Una de las trampas del debate educativo es que muchas palabras parecen técnicas, grises, administrativas. Ratios. Plantillas. Burocracia. Sustituciones. Desdobles. Pero detrás de esas palabras hay una realidad brutal.
La ratio no es un número. Es la diferencia entre conocer a un alumno o perderlo dentro del grupo. Entre detectar a tiempo una dificultad o verla cuando ya se ha convertido en fracaso. Entre enseñar y gestionar masas.
El poder siempre tiene un promedio tranquilizador a mano. Puede decir que la ratio alumno-profesor en España no es mala —y, en abstracto, no lo es: en el curso 2022-2023, considerando Primaria y primera etapa de Secundaria, España registró 11,7 alumnos por profesor, por debajo de la media europea de 12,5. Pero esa ratio incluye profesorado de apoyo, especialistas, orientadores, desdobles y centros rurales con pocos alumnos. Cuando se observa el tamaño medio real de las clases en la primera etapa de Secundaria, el panorama cambia: España se sitúa en torno a 25 alumnos por aula, por encima de la media de la OCDE (23) y de la UE (21).
La estadística consuela a la administración. Pero no enseña por el profesor.
Una plantilla no es una línea presupuestaria: son sustituciones que llegan a tiempo, orientadores, especialistas, equipos estables. Sin plantilla suficiente, la inclusión se convierte en una palabra bonita pegada sobre una práctica imposible. La burocracia no es una molestia menor: es tiempo de enseñanza convertido en formulario, energía pedagógica desviada hacia plataformas, protocolos e informes que muchas veces sirven más para proteger administrativamente al sistema que para mejorar la vida del aula. La climatización no es comodidad: es dignidad material. Las infraestructuras no son decoración: son el cuerpo físico de la escuela.
El abandono de la escuela pública rara vez se declara abiertamente. Nadie sale a decir: queremos degradar la educación común. El abandono se administra. Se reparte en ratios excesivas, bajas sin cubrir, orientadores saturados, docentes agotados y presupuestos que nunca llegan donde deberían llegar.
La escuela pública no se destruye de golpe. Se fatiga. Y cuando ya está fatigada, se culpa de su fatiga a quienes la sostienen.
Extraña democracia esta
Una democracia que no quiere buenos hospitales públicos acepta que la salud dependa de la renta. Una democracia que no quiere vivienda pública acepta que vivir dignamente dependa del mercado. Pero una democracia que no quiere una buena educación pública acepta algo todavía más grave: que también la inteligencia, la palabra, la autonomía y el futuro dependan del origen social. Entonces la igualdad deja de ser una promesa política y se convierte en decoración institucional.
La huelga docente valenciana, como las movilizaciones que recorren otras comunidades, no interrumpe la normalidad democrática. La revela. Nos obliga a mirar lo que normalmente preferimos no ver: que esta democracia habla mucho de futuro, pero regatea con quienes tienen que enseñarlo; habla mucho de igualdad, pero abandona la institución que podría hacerla menos falsa; habla mucho de libertad, pero deja que la libertad educativa funcione como nombre elegante de la desigualdad.
Extraña democracia esta. Tan extraña que dice necesitar ciudadanos críticos, pero no parece dispuesta a sostener la escuela pública que podría formarlos.
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